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CERTIFICADOS DEL ART. 80 LEY 20.744 - PLAZO DE ENTREGA - EL ART. 3 DEL DECRETO 146/01 NO ES INCONSTITUCIONAL

por Pedro A. Prado

 

Leyendo boletines de jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo me encontré con uno dedicado a los certificados del art. 80 LCT, en el que se publicaban extractos de fallos contradictorios en relación a la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 146/01, y me aboqué a su lectura.

El art. 80 LCT establece la obligación del empleador de entregar al trabajador cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, constancia documentada del ingreso de los fondos retenidos al trabajador con destino a los distintos órganos de la seguridad social y sindicales, y un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social.

Y prevé que si el empleador no cumpliera con su entrega dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor.

Si bien la norma no precisa a partir de cuándo podría válidamente formularse el requerimiento, y considerarse obligado al empleador a cumplir con la entrega, es evidente que no podría serlo antes de vencido el plazo legal fijado para que el empleador deposite o transfiera los aportes y contribuciones en cuestión correspondientes al mes de extinción del contrato de trabajo, lo que recién ocurre al mes siguiente del mismo, cuando los empleadores presentan la declaración jurada -formulario Afip 931- con el detalle de las retenciones y contribuciones correspondientes a todo su personal y abonan el importe resultante.

Ello es así en tanto los certificados a entregar con motivo de la extinción, deben lógicamente referir no sólo el tiempo de la prestación y las remuneraciones percibidas a lo largo del vínculo laboral, sino también los aportes y contribuciones efectuados durante ella.

Seguramente por esta razón se dictó el art. 3 del decreto 146/01 reglamentando el art. 80 LCT, postergando para treinta días después de extinguido el contrato, el plazo para habilitar la formulación del requerimiento. Aunque vale decirlo lo hizo defectuosamente en un doble sentido.

En primer lugar porque en sus considerandos no explicitó las razones que motivaron ese corrimiento, que desde la práctica como se observa está plenamente justificado. Dando lugar así a un innecesario debate con criterios encontrados sobre su constitucionalidad.

Fogoneado también por la oscura redacción del mentado art. 3 al fijar el plazo en treinta días a contar de la extinción, siendo que a la luz de la línea argumental que venimos exponiendo, incluso se quedó corto en ciertas hipótesis, ya que en los distractos habidos entre el primer día del mes -por ejemplo un 2-7-18- y el anterior al vencimiento del plazo de integración de los aportes y contribuciones para la generalidad de las empresas privadas –del 6 al 8-8-18-, hay más de treinta días. Formalmente sólo puede presentarse un formulario 931 por mes incluyendo a todo el personal. En otro caso si se hiciera una sola por el trabajador en cuestión sería incorrecto –expuesto quizá hasta a una eventual sanción-, y obligaría luego a hacer una segunda declaración jurada rectificativa.

Pero además es en cualquier caso innegable que el desplazamiento del plazo es indispensable en tanto no era en la práctica posible preparar en tan solo dos días los certificados, y basta pensar en la enorme cantidad de libros, registros y constancias de pago indispensables de localizar en los casos de relaciones más o menos extensas, que si datan de 15 o 20 años ni siquiera suele tenerse toda ella a mano. Amén de brindarle al empleador la posibilidad de regularizar algún retraso u omisión, en concordancia con el art. 132 bis LCT, que también otorga justificación a la norma reglamentaria.

De cuanto se ha expuesto es dable concluir que el art. 3 del decreto 146/01 más allá de todo defecto no puede ser calificado de inconstitucional, como señalaran sin embargo algunos fallos que a estar a los extractos no habrían merituado las razones aquí expresadas –CNAT Boletín Temático de Jurisprudencia. Certificado de Trabajo Art. 80 LCT, Actualización año 2015 en https://www.pjn.gov.ar/02_Central/ViewDoc.Asp?Doc=92693&CI=INDEX100 ).

Entendemos además que en los casos excepcionales de extinción de contratos de trabajo ocurridos más de treinta días antes de la fecha en que deben integrarse los aportes y contribuciones, corresponde interpretar que el plazo de dos días previsto en el art. 80 LCT comienza a correr a partir del vencimiento del término para depositarse o transferirse los mismos, que es lo que debió establecer dando claridad al tema el decreto reglamentario.