SUBCONTRATACIÓN LABORAL Y DELEGACIÓN. SOLIDARIDAD

 

 INTRODUCCIÓN

 DISPOSICIONES LEGALES - ART 30 LEY 20.744

 FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 

 

 

 

 

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INTRODUCCIÓN

 La interpretación doctrinaria y judicial del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, fue siempre tema de encendidas polémicas, en especial en lo relacionado a determinar el alcance de la expresión ``trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento''.

A través de la ley 25.013 se ha introducido una modificación al segundo párrafo del art. 30 de la ley 20.744, que preveía la responsabilidad solidaria de los cedentes, contratistas o subcontratistas cuando se daban los presupuestos previstos por la norma, lo que ahora aparece limitado a los casos de incumplimiento de una serie de recaudos de contralor en materia laboral y previsional sobre la gestión de los cesionarios y subcontratistas con su personal.   

Pero la modificación más novedosa en la materia la ha generado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del fallo dictado en autos: ``Rodríguez c/ Cía. Embotelladora Argentina'' del 15-IV-1993, que transcribimos más abajo, en el que ha sentado nuevas bases interpretativas jurídicamente válidas frente al contenido de la norma y la realidad actual, flexibilizando de alguna manera por esta vía el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto expresa un criterio menos rígido que el sostenido mayoritariamente por la doctrina y la jurisprudencia hasta ese momento.

En efecto, la interpretación mayoritaria sostenía un criterio restrictivo de exclusión de la responsabilidad solidaria de quienes contratan con otras empresas la concreción de algún servicio en la que interviene personal de éstas.

La tendencia en tal sentido fue interpretar con un criterio amplio lo que se entiende por ``la actividad normal y específica del establecimiento'', de modo tal que quedaban abarcadas dentro de esta expresión actividades complementarias, accesorias, secundarias y las que completan dicha actividad normal.

Los contratos de concesión, distribución, franquicias y afines, reflejan según la opinión más generalizada un desdoblamiento de aquella actividad normal y específica, trasladando parte de la misma a terceros, razón que justificaría imponer la responsabilidad solidaria.

De igual modo, tareas de limpieza de fábrica, de mantenimiento o reparación de maquinaria, montaje industrial, gastronómicas en el ámbito de clubes y bancos y otras similares se las consideraba incluidas también dentro de la mención legal.

La postura minoritaria no admite sin embargo esta extensión y ampliación que se hacía contra legem a actividades que no reúnen las notas de ``normalidad'' y ``especificidad'' en cuanto no constituyen el objeto de la explotación.

El aludido fallo de la Corte establece las siguientes pautas interpretativas para evaluar la procedencia de la solidaridad, conforme lo sintetiza Podetti (a quien cita Morando en fallo aparecido en DT 1994-A-510) :

1) escrutinio de los recaudos legales que condicionan la obligación de garantía;

2) inaplicabilidad del dispositivo cuando un empresario suministre a otro un producto determinado, desligándose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución;

3) exclusión de los contratos de concesión, distribución, franquicia y afines;

4) garantía plena de los derechos del trabajador si mediare fraude laboral;

5) valoración de la actividad real del establecimiento, y no del objeto social de la empresa;

6) subordinar la solidaridad a que se trate de servicios contratados o subcontratados que complementen o contemplen la actividad normal de la empresa y a la existencia de una unidad técnica y de ejecución entre las empresas contratantes.

La Corte resolvió que se requiere una comprobación rigurosa de los presupuestos fácticos establecidos en el artículo 30 de la ley 20.744 por las graves consecuencias que derivan de la extensión de responsabilidad a terceros y, además, porque la obligación de garantía de un tercero tiene una fuerte presunción de inconstitucionalidad en tanto se trata de una norma que obliga al pago de deuda ajena, que se aparta de las reglas de los artículos 1195 y 1713 del Código Civil y 56 de la ley 19.550, vinculados a la intangibilidad patrimonial que garantiza el artículo 17 de la Constitución Nacional.

La Corte subrayó además, refiriéndose a los contratos de concesión que la ``finalidad económica de la referida contratación comercial se frustraría si el derecho aplicable responsabilizara sin más a los concedentes por las deudas laborales de los concesionarios, con perjuicio para la economía nacional por las indudables repercusiones que ello tendría en las inversiones en contratos de este tipo'', agregando al invocar otros precedentes que ``no debe prescindirse de las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo toda vez que constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia en el sistema en que está engarzada la norma''.

En autos: ``Miguez, Jorge c/Pepsi Cola S.A.'' (D.T., 1995-A-416), la Sala VIII de la C.N.A.T. resolvió, siguiendo los lineamientos del fallo de la Corte, que ``el ejercicio del derecho de contralor de parte del concedente es razonable en cuanto el no cumplimiento a las condiciones convenidas de parte del concedido perjudica el concepto que en el mercado tiene la marca del primero'', y que ``la mutua cooperación entre las empresas así como su estrecha relación no resultan suficientes para responsabilizarlas solidariamente en los términos del artículo 31 de la L.C.T.''.

Alvarez Magliano (TySS 1993-595) sintetiza el pensamiento del Alto Tribunal afirmando que hay solidaridad en los casos en que se contrata o subcontrata un aspecto o faceta de la actividad propia, ya se trate de bienes o servicios. Es que por ser parte de una ``actividad propia'', estos trabajos o servicios de alguna manera quedan, vuelven o pasan por la empresa cedente para continuar o terminar el proceso que hace a sus fines, completando o complementado así su actividad normal. Son los casos en los que existe en los hechos unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista, pues la primera delega todo o parte de los trabajos o servicios pero continúa o cierra el proceso, bien de su propio funcionamiento, bien de la puesta en el mercado de su producido.

La referencia a ``actividades accesorias'', parece tener una amplitud mayor incluso que la interpretación propuesta por la Corte Suprema de Justicia, en tanto del fallo aludido conforme a la visión de Vazquez Vialard (TySS 1993-417) resultaría excluida la solidaridad solamente cuando la cesión o subcontratación importe la segmentación horizontal de una actividad (referida al fraccionamiento en etapas del proceso de que se trate, v.gr. productivo, de distribución, etc.), mas no en los casos en que sea vertical (actividades propias de un ciclo que en parte se transfieren a un tercero, v.gr., el mantenimiento permanente de la maquinaria del establecimiento).

Si la segmentación vertical estuviere hoy excluida, con la reforma que propone el autor mencionado, al incorporar a las actividades "accesorias'' a la excepción de la solidaridad, podrían contratarse válidamente con terceros actividades tales como la limpieza y vigilancia del establecimiento y también el mantenimiento de las maquinarias, sin responder solidariamente ante el personal del contratista, aun cuando las tareas materia de la contratación sean indispensables para el logro del objetivo de la empresa.

Creemos que si de evitar fraudes se trata, en lugar de insistir en un debate estéril de fuerte contenido ideológico, sería más útil buscar alternativas que, a la par de garantirle al trabajador la adecuada protección, no carguen sobre las empresas principales una responsabilidad innecesaria y muchas veces injustificada, que en verdad tiene su razón de ser más que en argumentos jurídicos, en el interés -legítimo por supuesto- de evitarle al trabajador el riesgo de no percibir sus créditos.

La propuesta entonces es buscar formas genuinas de evitar el fraude, en lugar de generalizar ``castigos'' que no se compadecen con el principio de justicia.

 

DISPOSICIONES LEGALES

Ley 20.744. Art. 30.— (SUBCONTRATACIÓN y DELEGACIÓN. Solidaridad). Quienes cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.

Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el número del Código Unico de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones; copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo. Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la autoridad administrativa. El incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social. (texto según art.17 ley 25.013)

 

Ley 25.013. Artículo 17.- Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 30 del Régimen de Contrato de Trabajo (Ley 20.744 t.o.1976) por el siguiente texto:

"Los cedentes, contratistas o subcontratistas deberán exigir además a sus cesionarios o subcontratistas el número del Código Unico de Identificación Laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y la constancia de pago de las remuneraciones; copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo. Esta responsabilidad del principal de ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios o subcontratistas respecto de cada uno de los trabajadores que presten servicios, no podrá delegarse en terceros y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes y constancias a pedido del trabajador y/o de la autoridad administrativa. El incumplimiento de alguno de los requisitos hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social."

Las disposiciones insertas en este artículo resultan aplicables al régimen de solidaridad específico previsto en el artículo 32 de la Ley 22.250.

 

 

FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

 CS, 15-IV-1993. — ``Rodríguez, Juan R. c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A. y otro'' (R. 317.XXIII).

 Considerando:

1º) Que contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que, al confirmar parcialmente la de primera instancia, hizo extensiva la condena de pago de salarios e indemnizaciones motivadas en la ruptura de la relación laboral habida entre el actor y la demanda principal, la codemandada dedujo el recurso extraordinario federal cuya denegación dio origen a esta queja.

La Cámara consideró que la apelante no desvirtuó los fundamentos del fallo de primera instancia para extender la responsabilidad, sino ``por el contrario, ellos son claramente corroborantes de la segmentación de su proceso productivo, proceder que bien puede responder a una estrategia empresarial pero, de ningún modo, puede servir de argumento válido para declinar la responsabilidad solidaria que en el marco de la L.C.T. y de la realidad le cabe en virtud de la segregación de funciones que le son propias o con las que no se concibe un acabado cumplimiento de su giro comercial, a otras empresas'', con cita del artículo 30 de la L.C.T.

2º) Que el artículo 30 citado establece, en lo pertinente, la responsabilidad solidaria de ``quienes... contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le dé origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento...'' por las obligaciones laborales del contratista o subcontratista.

Con ellos se persigue evitar la interposición de ``hombres de paja'' entre un trabajador y su verdadero empleador y realizar los ponderables fines tuitivos del ordenamiento laboral (confr. antecedentes parlamentarios de la ley 20.744, opinión del senador Pennisi, Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Nación, año 1974, T. I, págs. 480/481).

3º) Que en el sub lite, el actor se hallaba vinculado laboralmente a la Compañía Embotelladora Argentina S.A., empresa dedicada, según surge de la sentencia de primera instancia, a la fabricación, venta y distribución de gaseosas de la línea Pepsi en la Capital Federal y Gran Buenos Aires.

La recurrente se dedica a elaborar los concentrados de las bebidas gaseosas, vendiéndolos a su vez a otras empresas. Compañía Embotelladora compraba a Pepsi Cola Argentina S.A.C.I. esos extractos, elaboraba el producto final y lo vendía y distribuía.

Estas circunstancias relativas a la actividad comercial normal y real de ambas empresas no se encuentran controvertidas en la causa. Por lo demás, también se tuvieron por acreditadas en otra análoga, sentenciada el 12-IX-1991 por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (autos ``Taboada c/ Compañía Embotelladora Argentina S.A. s/ despido''; (ver, en sentido similar, ``Saracco, Daniel H. c/ Compañía Embotelladora Argentina, S.A/ y otro'', CNTrab., Sala II, 12-IX-1991, TySS, 1992-239), en la que se pretendía la misma declaración de solidaridad a la que se hizo lugar en el sub lite. La Cámara juzgó allí que ``Pepsi ha elegido sólo producir concentrados concluyendo allí la etapa de elaboración industrial y luego comercializar ese producto a quienes se encarguen de fabricar la bebida gaseosa''. Y más adelante, que ``de acuerdo a los datos suministrados por el informe pericial contable, Compañía Embotelladora Argentina S.A. adquiría los concentrados por un precio determinado y luego a partir de ellos fabricaba la gaseosa que, aunque por razones comerciales y de identificación del producto obviamente correspondiera a la marca de la licenciataria originaria, no aparecía ligada en su resultado, precio y demás consecuencias a la fabricante del concentrado, surgiendo nítidamente la separación entre ambas explotaciones y sumándose a ello que su actuación sólo se limitaba a un ámbito geográfico —Gran Buenos Aires y Capital Federal—''.

4º) Que la recurrente, al expresar agravios ante la Cámara sostuvo, sobre la base del peritaje no impugnado en lo pertinente, que su actividad normal se limitaba a fabricar el concentrado, sin vincularse en absoluto con la fabricación y ulterior distribución de las gaseosas, realizada por una empresa jurídicamente independiente, cual es Compañía Embotelladora Argentina S.A. A su vez, afirmó, sin que haya sido controvertido por la contraparte, que Pepsi ``no participa en manera alguna en la distribución, dirección o supervisión de la actividad desarrollada por Compañía Embotelladora Argentina''. Por ello, consideró que no había mediado la contratación o subcontratación prevista por el artículo 30, L.C.T. En apoyo de esta consideración, argumentó que no obstaba a ello el hecho de que el objeto social de Pepsi estuviera formulado en términos amplios (``fabricación, industrialización, destilación y/o comercialización de toda clase de concentrados y/o licores y/o bebidas alcohólicas o no; compra, venta, consignación, fabricación, importación, exportación, transporte, almacenaje y distribución de productos y mercaderías de todo tipo y clase y materias primas industrializados o no...''), entendiendo que la norma laboral no se refiere al objeto sino a la actividad social, de acuerdo a la distinción efectuada en la Ley de Sociedades (art. 19, ley 19.550).

5º) Que la Cámara se limitó a afirmar que Pepsi había segmentado su proceso productivo y segregado funciones que le son propias, sin considerar la negativa que al respecto planteó la recurrente, ni la pericial que la fundó. Eso basta para descalificar la sentencia como acto de imparcial administración de justicia, por tratarse de una cuestión esencial para la solución del pleito.

Por otra parte, la Cámara omitió examinar la distinción propuesta por la apelante entre objeto y actividad social, de relevancia decisiva para resolver esta causa_

6º) Que, en las condiciones expuestas, la sentencia impugnada omite una apreciación crítica de los elementos relevantes de la litis en el punto discutido (Fallos, 303:1258, entre muchos otros) y se basa en pautas de excesiva latitud (cfr. ``Bariain, Narciso T. c/ Mercedes Benz Argentina S.A.'', pronunciamiento del 7-X-1986, TySS, 1987-120, entre otros) con grave lesión al derecho de defensa en juicio de la recurrente, por lo que debe descalificársela como acto judicial válido.

7º) Que la solución del presente caso puede contribuir al desarrollo del Derecho sobre la materia, en la que están involucradas modalidades de la contratación comercial que posiblemente tendrán considerable trascendencia para la economía del país. La cuestión a decidir reviste, por tanto, significativa importancia para el desarrollo del comercio interno e internacional, suscitando cuestión federal trascendente (cfr. art. 67, inc. 12 de la Const. Nac., actual art. 75, inc. 13, y art. 280 del CPCCN). Procede, por ello, y con el propósito de afianzar la seguridad jurídica, que esta Corte resuelva el fondo del asunto y decida, en uso de la facultad que le concede el artículo 16 de la ley 48, si un contrato de las características del que ocasiona esta controversia se encuentra subsumido en la norma del artículo 30, L.C.T. a fin de poner un necesario quietus en la evolución de las diversas tendencias jurisprudenciales que distan de ser pacíficas, como surge de numerosos pronunciamientos del fuero laboral.

8º) Que las gravísimas consecuencias que darán de la extensión de la responsabilidad patrimonial a terceros ajenos en principio a la relación sustancial que motivó la reclamación de autos, requiere la comprobación rigurosa de los presupuestos fácticos establecidos en el artículo 30 de la L.C.T. Esta exigencia de un escrutinio estricto de los recuadros legales que condicionan la obligación de garantía de un tercero, tiene su fundamento en la fuerte presunción de inconstitucionalidad que brota de toda norma —o de su interpretación— que obligue al pago de una deuda en principio ajena, solución que se aparta de la regla general consagrada por los artículos 1195 y 1713 del Código Civil y 56 de la ley 19.550, vinculados, en este aspecto, con la intangibilidad del patrimonio establecida por el artículo 17 de la Constitución Nacional.

9º) Que no corresponde la aplicación del artículo 30 de la L.C.T. toda vez que un empresario suministre a otro un producto determinado, desligándose expresamente de su ulterior procesamiento, elaboración y distribución. Este efecto se logra en la práctica comercial por contratos de concesión, distribución, franquicia y otros que permiten a los fabricantes o, en su caso, a los concedentes de una franquicia comercial, vincularse exclusivamente con una empresa determinada sin contraer riesgo crediticio alguno por las actividades de esta última, que actúa en nombre propio y a su riesgo. Esta finalidad económica de la referida contratación comercial se frustraría si el derecho aplicable responsabilizara sin más a los concedentes por las deudas laborales de las concesionarias, con perjuicio para la economía nacional por las indudables repercusiones que ello tendría en las inversiones, en contratos de este tipo. Esta Corte no puede omitir la consideración de estas circunstancias pues como reiteradamente ha juzgado ``no debe prescindirse de las consecuencias que naturalmente derivan de un fallo toda vez que constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia con el sistema en que está engarzada la norma'' (Fallos, 302;1284).

Este entendimiento resulta válido por cuanto deja plenamente vigente la debida y severa tutela de los derechos del trabajador en los supuestos en que aquella contratación sea tan sólo la apariencia para evadir la responsabilidad laboral (arts. 14 y 31 de la L.C.T.).

10) Que el artículo 30 de la L.C.T. contempla supuestos distintos de los que son materia de recurso. La norma comprende las hipótesis en que un empresario encomienda a un tercero la realización de aspectos o facetas de la misma actividad que desarrolla en su establecimiento. Son supuestos en los que contrata prestaciones que completan o complementan la actividad del propio establecimiento, esto es, ``la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa, a través de una o más explotaciones'' (art. 6º de la L.C.T.).

En los contratos de concesión, distribución y los demás mencionados, la actividad normal del fabricante o concedente excluye las etapas realizadas por el distribuidor o concesionario, por lo que no existe contratación de servicios en los términos del artículo 30 de la L.C.T.

11) Que no media en el caso la contratación o subcontratación prevista en el artículo 30 de la L.C.T., pues los trabajos y servicios de Compañía Embotelladora no corresponden a la actividad normal y específica de Pepsi Cola Argentina S.A.C.I., cual es la fabricación de los concentrados. No obsta a ello la lata formulación del objeto social, que ordinariamente tiene por fin asegurar la capacidad y el ámbito de actuación eventual de la persona jurídica, pues el artículo 30 citado precedentemente no se refiere al objeto ni a la capacidad societaria sino a la actividad real propia del establecimiento. Las figuras delegativas previstas por aquella norma, en lo pertinente, contratación y subcontratación, son inherentes a la dinámica del giro empresarial y, por ello, no cabe examinar su configuración con respecto al objeto social.

En el caso no se ha probado vinculación jurídica entre las accionadas. Tampoco que Pepsi tuviera participación de algún tipo en la actividad de Compañía Embotelladora. El solo hecho de que la primera provea a la segunda de materia prima no compromete, por sí mismo, su responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales de la segunda en los términos del artículo 30 de la L.C.T. Para que nazca aquella solidaridad es menester que un empresa contrate o subcontrate servicios que complementen o completen su actividad normal. Debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista, de acuerdo a la implícita remisión que hace la norma en cuestión al artículo 6º del mismo ordenamiento laboral. Esta unidad no ha sido probada en el presente caso.

12) Que tampoco se ha probado en el caso la concurrencia de las circunstancias que habilitan la aplicación del artículo 31 de la L.C.T., por lo que no corresponde que esta Corte se pronuncie al respecto. Por lo demás, las relaciones comerciales que habitualmente tienen lugar en estos casos no consisten en el control de la concesionaria —o en su caso, la beneficiaria de la franquicia— por parte de la concedente, sino que tienden a lograr una mutua colaboración. A su vez, los servicios que la concedente presta no implican, de ordinario, la asunción del riesgo del negocio propio del concesionario ni la toma de decisiones laborales relativas a los empleados de éste.

En consecuencia, corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y decidir el fondo del asunto de conformidad con lo expuesto en las consideraciones que anteceden, pues media en el caso el nexo necesario y directo entre lo debatido y resuelto- y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas (art. 15 de la ley 48).

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se rechaza la demanda respecto de Pepsi Cola Argentina S.A.C.I. (art. 16 de la ley 48).

Ricardo Levene (h.) — Mariano A. Cavagna Martínez — Carlos S. Fayt (en disidencia) — Augusto C. Belluscio (en disidencia). — Enrique S. Petracchi (en disidencia). — Antonio Boggiano. — Rodolfo C. Barra. — Julio S. Nazareno (en disidencia). — Eduardo Moliné O'Connor.

DIsidencia del doctor Belluscio

Considerando:

1º) Que contra la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que, al confirmar parcialmente la de primera instancia, hizo extensiva la condena de pago de salarios e indemnizaciones motivadas en la ruptura de la relación laboral habida entre los actores y la demandada principal, la codemandada dedujo el recurso extraordinario federal cuya denegación dio origen a la queja en examen.

Para así decidir, en lo que interesa, el a quo consideró que la apelante no logró rebatir los fundamentos invocados en el fallo de primera instancia para extender la responsabilidad, ``sino por el contrario, ellos son claramente corroborantes de la segmentación de su proceso productivo, proceder que bien puede responder a una estrategia empresarial pero, de ningún modo, puede servir de argumento válido para declinar la responsabilidad solidaria que en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo y de la realidad le cabe en virtud de la segregación de funciones que le son propias o con las que no se conciben un acabado cumplimiento de su giro comercial, a otras empresas'', con cita del artículo 30 de la L.C.T.

2º) Que la recurrente se agravia con sustento en la doctrina de la arbitrariedad y formula diversas tachas; cada una de ellas constituye una causal autónoma de modo que la sola aceptación de una bastaría para decidir la apertura y el acogimiento de la apelación deducida, no obstante que las cuestiones discutidas en la causa son, en principio, ajenas por su naturaleza a la esfera del mencionado recurso (Fallos, 298:24; 299:104 y otros muchos entre ellos ``Farrel, Martín D. c/ Universidad de Belgrano'', F. 532 XXII, sentencia del 2-X-1990, considerando 2º, TySS, 1991-686).

3º) Que la prescindencia de circunstancias concretas del caso, la omisión de una adecuada exégesis de las normas invocadas y el apoyo en pautas de excesiva latitud, redundan en el menoscabo de la adecuada fundamentación exigible a los fallos judiciales. Es en este punto en el que reside, a criterio del tribunal, el aspecto verdaderamente relevante del debate vinculado con la apelación sub examine.

En efecto, todo el peso de la argumentación efectuada por el tribunal a quo giró en torno a la denominada ``segmentación'' del proceso productivo de la codemandada, sin formular mención alguna acerca de los presupuestos en que —de acuerdo a los términos de la norma citada en la sentencia— la solidaridad se impondría: cesión total o parcial del establecimiento o explotación, contratación o subcontratación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de sus ámbitos (art. 30, L.C.T.), y sin examinar si las circunstancias del caso encuadraban en dicha normativa.

Tales consideraciones se imponían a fin de brindar a la apelante adecuada respuesta a los planteos que formuló en defensa de sus derechos. Ello es así, habida cuenta de los términos sostenidos en su expresión de agravios ante la Cámara al apelar la decisión de primera instancia, en los que sostuvo —en relación al tema a que motivó sus impugnaciones ante la Corte— no menos de cuatro argumentaciones relacionadas con el objeto social, la actividad específica de la empresa, las pruebas rendidas en la causa y la interpretación de las normas de la L.C.T. que, en su opinión avalaban su postura. Ninguna de ellas fue examinada por el a quo.

4º) Que, en las condiciones expuestas, la sentencia impugnada omite una apreciación crítica de los elementos relevantes de la litis en el punto discutido (Fallos, 303:1258, entre muchos otros) y se basa en pautas de excesiva latitud (conf. ``Bariain, Narciso T. c/ Mercedez Benz Argentina S.A.'', pronunciamiento del 7-X-1986, entre muchos otros) con grave lesión del derecho de defensa en juicio de la impugnante, por lo que debe descalificarse su carácter de acto judicial válido — en cuanto fue motivo de agravios— pues media la relación directa e inmediata requerida por la ley 48 para la procedencia de la vía extraordinaria.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y la queja interpuestos, y se deja parcialmente sin efecto la sentencia. — Augusto C. Belluscio.

 

Disidencia de los doctores Fayt, Petracchi y Nazareno

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación motivó la presente queja, es inadmisible (art. 280 del CPCCN).

Por ello, se desestima la queja. — Carlos S. Fayt. — Enrique S. Petracchi. — Julio S. Nazareno.

 

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