LEYES
25.561 Y 25.972. EMERGENCIA. DESPIDOS
SIN CAUSA. SUSPENSIÓN.
VIGENCIA.
EXCLUSIONES. PRÓRROGAS. INCONSTITUCIONALIDAD
INTRODUCCION
REGIMEN VIGENTE
LEYES 25.561 Y 25.972, DECRETOS 264/02,
265/02 Y OTRAS NORMAS INCLUSO EL DTO 328/88
DECRETO 1433/05 INDEMNIZACION. ADICIONAL.PORCENTAJE-Vigente
desde el 1/12/05
DECRETO 2014/04. INDEMNIZACIÓN. PORCENTAJE. BASE DE CALCULO-Vigente
hasta 30/11/05
REGIMENES ANTERIORES. PRORROGAS POR DECRETO
DECRETO
2639/02. SUSPENSIÓN DE LOS DESPIDOS INCAUSADOS. NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO.
EXCLUSIÓN
DECRETO
883/02 PRORROGA DEL PLAZO POR 180 DIAS HABILES
DECRETO
662/03. NUEVA PRORROGA DEL PLAZO HASTA EL 30/06/2003
DECRETO 256/03 DE PRORROGA HASTA EL 31/12/2003
DECRETO 1351/03 NUEVA PRORROGA HASTA EL 31/03/2004
DECRETO 369/04 NUEVA PRORROGA HASTA EL 30/06/04
DECRETO 823/04. NUEVA PRORROGA HASTA EL
31/12/04. REDUCCIÓN
INTRODUCCION
SUSPENSION DE LOS DESPIDOS SIN CAUSA JUSTIFICADA.
La ley 25.561 dispuso
la suspensión de los despidos sin causa justificada por el plazo de 180 días,
estableciendo que de contravenirse dicha disposición los empleadores deben
abonar a los trabajadores el doble de la indemnización que les correspondiere.
A través de los
decretos 264/02 y 265/02 el Poder Ejecutivo Nacional estableció normas de
procedimiento a seguir en los supuestos de: a)despidos sin causa justificada
–mientras tiene vigencia su suspensión- y,
b) suspensiones y despidos por razones de fuerza mayor, causas
económicas y tecnológicas..
Lo curioso del caso,
es que ha habido una suerte de equiparación , en tanto
unos y otros pese a tener fundamentos objetivos distintos, quedan sometidos al
mismo proceso previo para validarlos.
En efecto, el art. 1 del decreto 264/02 determina el procedimiento a seguir en caso de quererse
producir despidos incausados,
distinguiendo entre despidos que por su número alcancen los porcentajes
reglados por la ley 24.013 para la aplicación del procedimiento de crisis, al
cual en tal caso quedan los mismos sometidos, y aquellos otros que no excedan
de dichos porcentajes, disponiendo len este supuesto levar a cabo la
tramitación que regula el decreto 328/02.
De la misma manera,
el art. 4 del decreto 265/02 que complementa la
reglamentación del procedimiento preventivo de crisis, establece expresamente
para el supuesto de suspensión, reducción de jornada o despido por razones de
fuerza mayor, causas económicas, tecnológicas,
falta o disminución de trabajo, que las empresas que no alcancen los porcentajes de
trabajadores determinados en el artículo 98 de la Ley 24.013 –respecto de las
cuales nada dice esta última-, deberán
seguir el procedimiento contemplado en el Decreto Nº 328/88.
Creemos que esta
equiparación procedimental importa desnaturalizar el
despido sin causa, pues parece una
contradicción exigir a quien está liberado por la ley de expresar las razones
de su decisión unilateral, que cumplimente recaudos tendientes en definitiva a
lo contrario, esto es a justificarla. El
exceso reglamentario que criticamos para nada pretende desconocer los nobles
objetivos de evitar que el desempleo se agigante, más allá de considerar que
las medidas que se necesitan para ello
no pasan solo por la prohibición sino fundamentalmente por la aprobación
de medidas concretas que genuinamente sirvan para crear nuevos empleos.
Dado que la
suspensión de los despidos tenía plazo determinado, se sucedieron luego una
serie de decretos de necesidad y urgencia que prorrogaron sucesivamente el
término de la misma, lo que mereciera cuestionamientos de inconstitucionalidad
por abuso de poder, según comentamos más abajo,
La
sanción de la ley 25.972 -a partir de su vigencia que data del 18/12/04-, vino
a zanjar esa cuestión, aunque con una técnica legislativa objetable, no ha
ratificado expresamente los decretos de necesidad y urgencia que sucesivamente
prorrogaron la suspensión de los despidos, haciendo referencia genérica sólo a
las “modificatorias” (sic) del art. 16 de la ley
25.561.
Si
bien dicha ley establece que, en caso de producirse
despidos en contravención a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a
los trabajadores afectados el porcentaje adicional que fije el Poder Ejecutivo
nacional “por sobre la indemnización que les corresponda conforme a lo
establecido en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus
modificatorias”, limitando así el
adicional al porcentual calculado sobre la indemnización de dicho artículo, el
decreto 2014/04 dictado con posterioridad –y que también puede verse mas abajo-
inexplicablemente señala en su art. 2 que “A los
efectos del cálculo de las sumas referidas en el artículo precedente, el
porcentaje adicional comprende todos los rubros indemnizatorios originados con
motivo de la extinción del contrato de trabajo”, lo que parece contradecir
lo normado en la ley y dará lugar seguramente a cuestionamientos acerca de su
constitucionalidad.
Además
de prorrogar la suspensión de los despidos, la ley 25.972 aclara que tal
suspensión no resultará aplicable a los empleadores respecto de los contratos
celebrados en relación de dependencia, en los términos de la Ley de Contrato de
Trabajo N° 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, a partir del 1° de enero de 2003, siempre que éstos
impliquen un aumento en la plantilla total de trabajadores que el empleador
poseía al 31 de diciembre de 2002.
El
decreto 2014/04 en uso de las facultades
emergentes del art. 4 de la ley 25.972 fijó en un
OCHENTA POR CIENTO (80%) adicional el porcentaje a abonar por sobre la
indemnización que corresponda.
En
noviembre de 2005 se dictó el decreto 1433/05 por el cual se fijó en un
CINCUENTA POR CIENTO (50%) el porcentaje de dicho adicional (en lugar del 80%)
a partir del 1 de diciembre de 2005, derogándose el decreto 2014/04. Quedó
reducido entonces a partir de dicha fecha el citado adicional al nuevo
porcentaje.
Seguidamente
transcribimos separadamente y en forma ordenada las normas que rigen para los
despidos que alcancen los porcentajes fijados en el art.
98 de la ley 24.013, que como vimos es el procedimiento preventivo de crisis de
empresas, y luego aquellos que no excedan de tales porcentuales, y que quedan
sujetos al decreto 328/88
También
se incluyen los decretos de necesidad y urgencia 883/02, 662/03, 256/03,
1351/03 y 369/04 que prorrogaron el
plazo durante el cual quedaron suspendidos los despidos sin causa justificada,
y el decreto 823/04 que prorrogó una vez
más la suspensión de dichos despidos desde el uno de julio hasta el treinta y
uno de diciembre de 2004, aunque reduciendo la duplicación de la indemnización
consistente en un cien por ciento (100%) a un ochenta por ciento (80%), y que
dispuso facultar al Poder Ejecutivo a reducir este porcentaje acorde a las
variaciones del índice de desocupación, disponiéndose además que la prórroga de
lo previsto por el art. 16 de la ley 25.561 quedará
sin efecto de pleno derecho en el momento en que la tasa de desocupación
resulte inferior al 10%.
Decíamos
más arriba que la técnica de prorrogar
la suspensión de los despidos por decretos de necesidad y urgencia
habían merecidos reparos constitucionales, y en tal sentido, en el último
trimestre de 2004 dos fallos sucesivos
consideraron que la prórroga por esa vía de la vigencia de las previsiones del art. 16 de la ley 25.561
es inconstitucional, en tanto el Congreso de la Nación estaba en período
de sesiones ordinarias y funcionando normalmente, en contravención a las
previsiones constitucionales que vedan el ejercicio de facultades legislativas
al Poder Ejecutivo en tales circunstancias. Vale mencionar que antes, en julio
de 2004 la Sala II de la C.N.A.T. se había expedido a
favor de la constitucionalidad del decreto 883/02.
El
fallo de la Sala Laboral de la Provincia de Córdoba acentúa que “no se advierten razones por las cuales no
se podía proceder conforme el mecanismo constitucional habilitado para ello,
máxime cuando si bien puede admitirse que la primera prórroga hubiese sido
dictada mediante el mecanismo de excepción, no encuentro argumentos jurídicos
que justifiquen las posteriores prórrogas sin la intervención del órgano
constitucional habilitado para ello”.
Parece
acertado lo resuelto no ya sólo desde lo jurídico, sino como un nuevo llamado
de atención ante estas prácticas políticas que convendría desterrar, volviendo
al culto del respeto y transparencia en todos los actos gubernamentales, en
resguardo de la seguridad jurídica y en beneficio de la fe pública.
.Pedro
A. Prado
REGIMEN VIGENTE
LEYES 25.561 Y 25.972 ,
DECRETOS 264/02, 265/02 Y DEMAS NORMAS APLICABLES INCLUIDO DECRETO 328/88. SUSPENSION DE LOS DESPIDOS SIN CAUSA JUSTIFICADA
1. LAS LEYES 25.561 Y 25.972 Y EL DECRETO
REGLAMENTARIO 264/02
2-PROCEDIMIENTO PREVENTIVO
DE CRISIS DE EMPRESAS
3-PROCEDIMIENTO
DEL DECRETO 328/88
1. LAS LEYES
25.561 Y 25.972 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO 264/02
Ley 25.561.
Artículo 16 — Suspéndese
la aplicación de la Ley N° 25.557, por el término de
hasta NOVENTA (90) días. Por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días quedan suspendidos
los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en
contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los
trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese,
de conformidad a la legislación laboral vigente.
Ley 25.972. Artículo 4 — Prorrógase la suspensión
de los despidos sin causa justificada dispuesta por el artículo 16 de la Ley N° 25.561 y sus modificatorias, hasta que la tasa de
desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC)
resulte inferior al DIEZ POR CIENTO (10%).
En caso de producirse despidos en contravención a
dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados
el porcentaje adicional que fije el Poder Ejecutivo nacional, por sobre la
indemnización que les corresponda conforme a lo establecido en el artículo 245
de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Esta disposición no resultará aplicable a los
empleadores respecto de los contratos celebrados en relación de dependencia, en
los términos de la Ley de Contrato de Trabajo N°
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, a partir del
1° de enero de 2003, siempre que éstos impliquen un aumento en la plantilla
total de trabajadores que el empleador poseía al 31 de diciembre de 2002.
Decreto 264/02.
Artículo 1º — En los supuestos de
despido sin causa justificada contemplados en el artículo 16 de la Ley N° 25.561 deberá sustanciarse con carácter previo a su
comunicación el procedimiento establecido en el Título III, Capítulo VI de la Ley N° 24.013 y sus normas reglamentarias.
Cuando no se alcancen los porcentajes de trabajadores determinados en el
artículo 98 del citado texto legal, deberá estarse a lo dispuesto por el Decreto N° 328/88.
Decreto 264/02
Artículo. 2° — En caso de
verificarse el incumplimiento al procedimiento previsto en el artículo
anterior, la autoridad administrativa del trabajo intimará, previa audiencia de
partes, el cese inmediato de los despidos, disponiendo las medidas para velar
por el mantenimiento de la relación de trabajo y el pago de los salarios
caídos.
Decreto 264/02
Artículo. 3° — El empleador que
lleve a cabo el despido de trabajadores omitiendo el procedimiento contemplado
en la presente reglamentación no podrá invocar las previsiones de los artículos
247 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. 1976) y 10
de la Ley N° 25.013, considerándose los citados
despidos sin causa justificada a los efectos de la aplicación del artículo 16
de la Ley N° 25.561.
Decreto 264/02.
Artículo 4° — La duplicación
prevista en el artículo 16 de la Ley N° 25.561
comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la
extinción del contrato de trabajo.
Decreto 264/02.
Artículo 5° — Facúltase al MINISTERIO
DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS a dictar las normas
aclaratorias, complementarias e interpretativas del presente.
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2-PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS DE EMPRESAS
Nota: Las normas que se
transcriben seguidamente rigen para:
a)Despidos sin
causa justificada, mientras tenga vigencia la suspensión de los mismos
dispuesta por el art. 16 de la ley 25.561 siempre que
se alcancen los porcentajes establecidos por el art.
98 de la ley 24.013.
b)Despidos o
Suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas que
superen los porcentajes fijados en el art. 98 de la
ley 24.013
Como señalamos al comienzo,
a las disposiciones de la ley 24.013 y
su decreto reglamentario 2072/94 sobre procedimiento preventivo de crisis, se
han venido a sumar las normas complementarias contenidas en el decreto 265/02
-------------------------------------------------------------------
Ley 25.561.
Artículo 16 — Suspéndese
la aplicación de la Ley N° 25.557, por el término de
hasta NOVENTA (90) días. Por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días quedan
suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos
en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los
trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese,
de conformidad a la legislación laboral vigente.
Decreto 264/02.
Artículo 1º — En los supuestos de
despido sin causa justificada contemplados en el artículo 16 de la Ley N° 25.561 deberá sustanciarse con carácter previo a su
comunicación el procedimiento establecido en el Título III,
Capítulo VI de la Ley N° 24.013 y sus
normas reglamentarias. Cuando no se alcancen los porcentajes de trabajadores
determinados en el artículo 98 del citado texto legal, deberá estarse a lo
dispuesto por el Decreto N° 328/88.
Ley 24.013. Art. 98.— Con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones
por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a
más del quince por ciento (15%) de los trabajadores en empresas de menos de
cuatrocientos (400) trabajadores; a más del diez por ciento (10%) en empresas
de entre cuatrocientos (400) y mil (1000) trabajadores, y a más del cinco por
ciento (5%) en empresas de más de mil (1000) trabajadores deberá substanciares
el procedimiento preventivo de crisis previsto en este capítulo.
Ley
24.013. Art. 99.— El procedimiento de crisis se
tramitará ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a instancia del
empleador o de la asociación sindical de los trabajadores.
En su
presentación, el peticionante fundamentará su solicitud, ofreciendo todos los
elementos probatorios que considere pertinentes.
Decreto 265/02.
Artículo 1º — La apertura del
procedimiento de crisis de empresas podrá ser requerida por cualquiera de los
sujetos habilitados en el artículo 99 de la Ley Nº 24.013. La autoridad administrativa
del trabajo podrá iniciarlo de oficio cuando la crisis implique la posible
producción de despidos, en violación a lo determinado por el artículo 98 de la
Ley Nº 24.013.
Decreto 265/02.
Artículo 2º — Cuando la apertura del
procedimiento sea solicitada por la asociación sindical representativa de los
trabajadores de la empresa en crisis, deberá fundar su petición por escrito,
indicando la prueba necesaria para la tramitación de las actuaciones.
Decreto 2072/94. Art. 1º.— Cuando el procedimiento
preventivo de crisis se inicie a instancias del empleador y se refiera a
empresas de más de cincuenta (50) trabajadores, la presentación inicial deberá
como mínimo, explicitar las medidas que la empresa propone para superar la
crisis o atenuar sus efectos.
En especial, indicará qué tipo de medidas propone el empleador en cada
una de las siguientes materias:
a) Efectos de la crisis sobre el empleo y en su caso, propuestas para su
mantenimiento.
b) Movilidad funcional,
horaria o salarial.
c) Inversiones, innovación
tecnológica, reconversión productiva y cambio organizacional.
d) Recalificación y
formación profesional de la mano de obra empleada por la empresa.
e) Recolocación interna o
externa de los trabajadores excedentes y régimen de ayudas a la recolocación.
f) Reformulación de
modalidades operativas, conceptos y estructuras remuneratorias y contenido de
puestos y funciones.
g) Aportes convenidos al
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
h) Ayudas para la
creación, por parte de los trabajadores excedentes, de emprendimientos
productivos.
Cuando la propuesta del empleador para superar la crisis incluya
reducciones de la planta de personal, la presentación inicial deberá:
a) Indicar el número y
categoría de los trabajadores que se propone despedir.
b) Cuantificar la oferta
indemnizatoria dirigida a cada uno de los trabajadores afectados.
Decreto 265/02.
Artículo 3º — La presentación que
efectúe el empleador instando el procedimiento deberá contener:
a) Datos de la
empresa, denominación, actividad, acreditación de la personería del
solicitante, domicilio real y constituido ante la autoridad administrativa del
trabajo;
b) Denuncia del
domicilio de la empresa donde efectivamente cumplen tareas los trabajadores a
los que afectan las medidas;
c) Relación de los
hechos que fundamentan la solicitud;
d) Las medidas a
adoptar, fecha de iniciación y duración de las mismas en caso de suspensiones;
e) La cantidad de
personal que se desempeña en la empresa y el número de trabajadores afectados,
detallando respecto de estos últimos nombre y apellido, fecha de ingreso,
cargas de familia, área donde revista, categoría, especialidad y remuneración
mensual;
f) El convenio
colectivo aplicable y la entidad gremial que representa a los trabajadores;
g) Los elementos
económico financieros probatorios tendientes a acreditar la situación de
crisis. Será obligatoria la presentación de los estados contables
correspondientes a los últimos tres años, los que deberán estar suscriptos, por
contador público y certificados por el respectivo Consejo Profesional. Las
empresas que ocupen a más de QUINIENTOS (500) trabajadores deberán acompañar el
balance social;
h) En caso de contar
con subsidios, exenciones, créditos o beneficios promocionales de cualquier
especie otorgados por organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal,
deberá adjuntarse copia certificada de los actos y/o instrumentos que disponen
los mismos;
i) Las empresas que
cuenten con más de CINCUENTA (50) trabajadores deberán cumplir, además, con lo
dispuesto por el Decreto Nº 2072/94.
Decreto 2072/94. Art. 2º.— En el caso de que la
presentación inicial no cumpliera con los requisitos legales y reglamentarios,
la autoridad de aplicación intimará la subsanación de los defectos, suspendiendo
la tramitación del procedimiento.
Decreto 2072/94. Art. 3º.— Créase
en el ámbito de la Subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis.
En la substanciación de los procedimientos preventivos de crisis, la
mencionada Unidad brindará asesoramiento técnico a los sindicatos y a los
empleadores, pudiendo solicitar informes, realizar investigaciones, y producir
dictámenes, con el fin de obtener un mejor resultado de su actuación y evaluar
adecuadamente la apertura y seguimiento de este procedimiento.
Ley 24.013. Art. 100.— Dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de efectuada la presentación, el Ministerio dará traslado a la
otra parte, y citará al empleador y a la asociación sindical a una primera
audiencia, dentro de los cinco (5) días.
Ley 24.013. Art. 101.— En caso de no existir
acuerdo en la audiencia prevista en el artículo anterior, se abrirá un período
de negociación entre el empleador y la asociación sindical, el que tendrá una
duración máxima de diez (10) días.
Decreto 265/02.
Artículo 5º — Si no hubiera acuerdo
en la audiencia prevista en el artículo 100 de la Ley Nº 24.013, dentro del
término de cinco días de celebrada la misma la autoridad administrativa del
trabajo examinará la procedencia de la petición antes de abrir el período de
negociación contemplado en el artículo 101 de la citada norma.
Ley 24.013. Art. 102.— El
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de oficio o a petición de parte
podrá:
a) Recabar informes
aclaratorios o ampliatorios acerca de los fundamentos de la petición.
b) Realizar
investigaciones, pedir dictámenes y asesoramiento, y cualquier otra medida para
mejor proveer.
Ley 24.013. Art. 103.— Si las partes, dentro de
los plazos previstos en este capítulo, arribaren a un acuerdo, lo elevarán al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quien dentro del plazo de diez (10)
días podrá:
a) Homologar el acuerdo
con la misma eficacia que un convenio colectivo de trabajo.
b) Rechazar el acuerdo
mediante resolución fundada.
Vencido el plazo sin pronunciamiento administrativo, el acuerdo se
tendrá por homologado.
Ley 24.013. Art. 104.— A partir de la
notificación, y hasta la conclusión del procedimiento de crisis, el empleador
no podrá ejecutar las medidas objeto del procedimiento, ni los trabajadores
ejercer la huelga u otras medidas de acción sindical.
La violación de esta norma por parte del empleador determinará que los
trabajadores afectados mantengan su relación de trabajo y deba pagárseles los
salarios caídos.
Si los trabajadores ejercieren la huelga u otras medidas de acción
sindical, se aplicará lo previsto en la ley 14.786.
Decreto 265/02. Artículo
6º — En los casos de suspensiones o
despidos colectivos en los que se hubiere omitido el cumplimiento del
procedimiento establecido en los artículos 98 y siguientes de la Ley Nº 24.013
o en su caso del Decreto Nº 328/88, la autoridad administrativa del trabajo
intimará, previa audiencia de partes, el cese inmediato de dichas medidas, conforme
las facultades previstas en el artículo 8º de la Ley Nº 14.786 y sus
modificatorias.
Decreto 265/02.
Artículo 7º — En caso de
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Nº 24.013, la
autoridad administrativa del trabajo intimará, previa audiencia de partes, el
cese inmediato de los despidos y/o suspensiones, a fin de velar por el
mantenimiento de la relación de trabajo y el pago de los salarios caídos,
conforme lo establecido por el mencionado ordenamiento.
Ley
24.013. Art. 105.— Vencidos los plazos previstos en este capítulo sin
acuerdo de parte se dará por concluido el procedimiento de crisis.
Decreto 265/02. Artículo 9º — Para el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE
RECURSOS HUMANOS hubiera celebrado acuerdos con los Estados Provinciales
delegando las facultades del artículo 99 de la Ley Nº 24.013, los
procedimientos preventivos de crisis correspondientes en dichas Provincias
serán sustanciados ante las administraciones provinciales del trabajo.
Decreto 265/02. Artículo 10. —
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en aquellos casos en los
cuales las empresas ocupen trabajadores ubicados en distintas jurisdicciones o
cuando se afecte significativamente la situación económica general o de
determinados sectores de la actividad o bien se produzca un deterioro grave en
las condiciones de vida de los consumidores y usuarios de bienes y servicios o
se encuentre en juego el interés nacional, la iniciación y trámite del
procedimiento quedará a cargo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE
RECURSOS HUMANOS.
Decreto 265/02. Artículo 11. —
La existencia de un procedimiento de crisis de empresas en trámite o concluido
no impedirá el uso de las facultades conferidas a la autoridad administrativa
del trabajo por la Ley Nº 14.786 y sus modificatorias.
Decreto 265/02. Artículo 12. —
El incumplimiento a las disposiciones del presente dará lugar a la aplicación
de las sanciones previstas en el Régimen General de Sanciones por Infracciones
Laborales —Anexo II— del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la Ley Nº
25.212, de acuerdo a la calificación de las infracciones que se verifiquen.
Asimismo, la autoridad administrativa del trabajo podrá solicitar la
suspensión, reducción o pérdida de los subsidios, exenciones, créditos o
beneficios promocionales de cualquier especie que le fueran otorgados por
organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal al empleador infractor.
Decreto 265/02. Artículo 13. —
Créase en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS el COMITE INTERMINISTERIAL DE PROCEDIMIENTOS DE
CRISIS DE EMPRESAS (CIPROCE), el que intervendrá, a requerimiento de la
autoridad administrativa del trabajo, en los trámites previstos en el presente
Decreto. El Comité estará integrado por un representante del MINISTERIO DE
TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS que lo presidirá, un
representante del MINISTERIO DE ECONOMIA y un representante del MINISTERIO DE
LA PRODUCCION designados por cada uno de los titulares de las citadas carteras
de estado. El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS
dictará las normas relativas al funcionamiento del Comité, el que tendrá
funciones de asesoramiento y cooperación en la búsqueda de soluciones que
puedan aportar los referidos ministerios.
Decreto 265/02. Artículo 14. — Facúltase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACION DE RECURSOS HUMANOS a dictar las normas aclaratorias y complementarias del presente.