DECRETO 332/20 -PROGRAMA DE ASISTENCIA AL TRABAJO Y A LA PRODUCCIÓN

EMPRESAS ALCANZADAS  - INTERPRETACIONES -  DISCRIMINACIÓN - CASUÍSTICA

Por Pedro A. Prado

 

I.-Introducción

De la lectura del art. 4 del decreto 332/20 –cuyo texto agregamos al pié de este artículo- parecería en principio definitoria la exclusión de este régimen de beneficios de los sujetos que realizan las actividades y servicios declarados esenciales y cuyo personal fue exceptuado del cumplimiento del aislamiento obligatorio.

Pudiendo a lo sumo considerar que no rige la exclusión cuando parte el personal de éstas está sujeta al aislamiento –a lo que nos referiremos más adelante-.

Pero sin embargo tal lectura, como suele ocurrir con las normas dictadas durante estados de emergencia, que exigen obrar con rapidez para darles inmediata vigencia, podría considerarse errada cuando con más tiempo, se revelan  contradicciones entre los textos, oscuridades, o la aplicación de criterios que no se compadecen con el derecho aplicable, como entendemos acontece en el caso.

Lo que como veremos abre entonces interrogantes sobre:

a) cuál es realmente el sentido y alcance que se la ha querido dar al plan de asistencia, y

b) la justicia y legalidad de tal decisión.

En ambos órdenes encontramos ciertas objeciones, lo que debería conducir a interpretarlo adecuadamente determinando el real y justo  alcance del decreto.

Un ejemplo interesante en este orden por referir a una situación parecida, fue el  debate que originó días atrás la interpretación del art. 1 de la resolución 219/20, pues sin haber sido advertido, caía en una inequidad al disponer que quienes no trabajan por el aislamiento obligatorio, percibirían una suma mayor que quien trabaja, dando lugar a distintas objeciones, incluso la nuestra. Advertida así la razonabilidad de la crítica, la autoridad laboral dispuso su derogación por la resolución 279/00,  corrigiendo ese desfasaje.

Esto evidencia una postura más abierta de parte de las autoridades que conducen el país a la que no veníamos demasiado acostumbrados en el pasado.

Memoro por ejemplo cuando desde una cámara empresaria pyme se le pidió documentadamente al anterior gobierno -que se atribuía la defensa del sector empleador-  modificara la reglamentación del art. 3 del decreto 146/01 para intentar poner fin o al menos acotar  al abuso de los reclamos de la multa de 3 sueldos del art. 80 de la ley de contrato de trabajo, del que eran y siguen siendo víctimas muchos empleadores, para lo que bastaba la sola firma del Presidente de la Nación reglamentando razonablemente las obligaciones del citado art. 80 LCT, y a lo que ni siquiera se le dio respuesta, pese a las quejas discursivas denunciando la industria del despido. Y lo propio ha ocurrido con reclamos a gobiernos anteriores desoídos.

II.- Sujetos alcanzados por los beneficios del decreto. Interpretación y alcance que corresponde asignarle

 En el caso del decreto en análisis según decíamos el quid es identificar a quiénes alcanzan los beneficios del programa de asistencia para las pymes.

 Creemos que el régimen debe ser aplicable a todas las pequeñas y medianas empresas en que se acredite  el hecho esencial –y creo debería ser el único- que cabe exigirle a las mismas, y que es el que refiere el art. 3 inciso c. ( c. Sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo de 2020”), independientemente de que estén calificadas como esenciales o no esenciales por la normativa vigente, pues no se advierten razones criteriosas que justifiquen asistir sólo a una de estos grupos.

Es que resulta manifiestamente arbitrario y discriminatorio  que se excluya de los beneficios a las empresas que en pro del bien común y el interés general por aplicación  del art. 6 del decreto 260/20 continúan en actividad, poniendo de tal manera en riesgo la salud de los trabajadores y de los propios empresarios y asumiendo mayores responsabilidades y costos de funcionamiento,  cuando de todos modos y pese a esa reducida actividad esté presente la sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo de 2020, definida por el art. 3 primer párrafo como suficiente para obtener el beneficio.  

Pero todavía cabe decir que también resultaría arbitrario excluir y discriminar a las empresas que realizan actividades esenciales y que encuadran en alguno de los supuestos del art. 3 inc. a. y b.

El segundo de éstos prevé que tienen derecho a los beneficios las empresas  que tengan Cantidad relevante de trabajadores y trabajadoras contagiados, lo que es más probable que ocurra por los riesgos de exposición a que da lugar el cumplimiento de las  actividades esenciales, lo que justifica más aún darles  la protección justamente a éstas. Y por iguales razones nada justifica tampoco que se discrimine entre unas y otras en la hipótesis contemplada en el inc. a.

Más aún cuando el decreto en sus considerandos,  más allá de expresar que “la merma de la actividad productiva afecta de manera inmediata y aguda a las empresas, particularmente a aquéllas micro, pequeñas y medianas”, no explica ni justifica la razón por la que cabría excluir –si esta fuera realmente la intención de la norma- a las actividades esenciales.

Pero volviendo al art. 3 inc. c. hay que señalar también con relación  a  las contradicciones y a ciertas oscuridades del articulado del decreto, la que emerge entre el  inciso c. del art. 3 y el art 4 que reproducimos para que se vea claramente:

 ARTÍCULO 3°.- Los sujetos alcanzados por la presente norma podrán acogerse a los beneficios estipulados en los incisos a), b) y c) del artículo 2° del presente decreto en la medida en que den cumplimiento con uno o varios de los siguientes criterios: … a)Sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo de 2020.

ARTÍCULO 4°.- Se encuentran excluidos de los beneficios del presente decreto aquellos sujetos que realizan las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria y cuyo personal fue exceptuado del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, conforme las prescripciones del artículo 6° del Decreto N° 297/20 y de la Decisión Administrativa N°429/20 y sus eventuales ampliaciones, así como todas aquellas otras que sin encontrarse expresamente estipuladas en las normas antedichas no exterioricen indicios concretos que permitan inferir una disminución representativa de su nivel de actividad.

Y decimos contradicción pues si ciertas pymes  han tenido una sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo es porque realizan las actividades y servicios esenciales autorizados. 

Es decir que el propio art. 3 inc. c. evidencia que este requisito aplica a las actividades esenciales autorizadas a funcionar, que no pueden entonces luego ser excluidas por el art. 4. Lo que también avala la interpretación que sostenemos.

En suma y sin perjuicio de otros argumentos, entendemos que la recta interpretación de la norma es que todas las pymes que reúnan las condiciones previstas en el decreto, tienen derecho a acceder al programa de asistencia del decreto 332/20 mientras demuestren encontrarse en la situación descripta por el art. 3 inc. c. esto es que padezcan una sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo de 2020, sin importar si realizan actividades esenciales o no.

III.- En otro caso a quienes alcanzaría la exclusión del art. 4

En el interés de exponer claramente la discriminación que emerge del art. 4, omitimos referir hasta ahora que en realidad, si se considerare  razonable la cuestionada  exclusión de la pymes dedicadas a actividades esenciales, de todos modos la misma no alcanzaría a todas ellas.

En efecto reza el art. 4 que están excluidos  los “sujetos que realizan las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria” porque la norma agrega otro recaudo adicional al expresar Y cuyo personal fue exceptuado del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Conforme a ello y vistas las dos situaciones que deben darse para encuadrar en la exclusión del art. 4, si interpretamos literalmente la segunda condición, o sea que “el personal se encuentre exceptuado del cumplimiento del aislamiento”   no podría considerarse excluidas a aquéllas empresas en que parte de su personal  está obligado al aislamiento, cualquiera fuere la circunstancia que lo motiva.

 Es el caso por enunciar algunos, de los restaurantes y casas de comidas rápidas en los que funciona sólo el delivery, o el de las panaderías, confiterías y heladerías con atención no sólo al mostrador –en que pueden atender-,  sino en mesas -que está vedado-. Ejemplos en los que parte de su personal no puede prestar servicios.

Y otra hipótesis en igual sentido a considerar es el de las empresas que cumplen una única actividad de carácter esencial, pero donde no todo el personal está exceptuado del aislamiento, porque tiene trabajadores sin prestar servicios por alguna de las causas de dispensa de las Res. 202/20, 207/20 y 279/20, en cuyo caso   habría  que considerar también que aquél segundo recaudo para que medie la exclusión, esto es que el personal haya sido exceptuado del cumplimiento del aislamiento, alcanza a los casos de actividades esenciales en que parte del personal cumple el aislamiento obligatorio 

Este criterio que sostenemos parece también estar corroborado por el art. 11 en cuanto refiere que los empleadores “deberán acreditar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, la nómina del personal alcanzado y su afectación a las actividades alcanzadas”, lo que supone que habría trabajadores no alcanzados por los beneficios.

Otra oscuridad más emerge del art. 4 en cuanto refiere para definir las exclusiones a los  sujetos que realizan las actividades y servicios declarados esenciales”.  Así expresado, en tiempo verbal presente, deja dudas si se ha querido referir a quienes tienen por objeto tales actividades –las estén realizando o no- , o sólo a quienes actualmente las están realizando, interpretación que abriría la puerta a considerar alcanzados por los beneficios a aquellas  actividades calificadas de esenciales, que hayan cerrado o cierren sus establecimientos a partir del 20 de marzo.

Como se advierte, hay bastante tela para cortar y aclarar y puntualmente el art. 5 faculta a la Jepatura de Gabinete de Ministros, para establecer los criterios objetivos, sectores de actividad y demás elementos que permitan determinar las asistencias previstas en el presente decreto, por lo que es de esperar que por esta vía y otras que pudieren resultar necesarias, se hagan las aclaraciones y correcciones pertinentes, a los fines de que Trabajo y Afip puedan dictar las normas operativas para ejecutar rápidamente este Programa de Asistencia.

IV.- Síntesis

1.Cualquiera sea la lectura que se le adjudique al texto del decreto 332/20,  consideramos discriminatorio y contrario a derecho excluir de los beneficios del mismo a las empresas que cumplen actividades esenciales en la emergencia y satisfacen alguno de los extremos previstos en el art. 3 inc. a., b. y c.

2. Entendemos que del texto del decreto 332/20 se desprende en cualquier caso el derecho a los beneficios en favor de las pymes que cumplen actividades esenciales y satisfacen la exigencia del art. 3 inc. a., b. y c.  cuando parte de su personal no presta servicios

3. Es de esperar se produzcan las aclaraciones y modificaciones pertinentes para poner fin a la incertidumbre que el decreto ha generado

Nota: se autoriza su publicación con cita de la fuente

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DECRETO 332/20

ARTÍCULO 1°.- Créase el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria.

ARTÍCULO 2°.- El Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción consistirá en la obtención de uno o más de los siguientes beneficios:

 a. Postergación o reducción de hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.

b. Asignación Compensatoria al Salario: Asignación abonada por el Estado para todos los trabajadores y las trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, comprendidos en el régimen de negociación colectiva en los términos de la Ley N° 14.250 (texto ordenado 2004) y sus modificaciones, para empresas de hasta CIEN (100) trabajadoras y trabajadores.

c. REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria: Suma no contributiva respecto al Sistema Integrado Previsional Argentino abonada por el Estado para las y los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, comprendidos y comprendidas en el régimen de negociación colectiva en los términos de la Ley N° 14.250 (texto ordenado 2004) y sus modificaciones en empleadores y empleadoras que superen los CIEN (100) trabajadores y trabajadoras.

d. Sistema integral de prestaciones por desempleo: las y los trabajadores que reúnan los requisitos previstos en las Leyes Nros. 24.013 y 25.371 accederán a una prestación económica por desempleo conforme las consideraciones estipuladas en el artículo 11 del presente decreto.

ARTÍCULO 3°.- Los sujetos alcanzados por la presente norma podrán acogerse a los beneficios estipulados en los incisos a), b) y c) del artículo 2° del presente decreto en la medida en que den cumplimiento con uno o varios de los siguientes criterios:

a. Actividades económicas afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan.

 b. Cantidad relevante de trabajadores y trabajadoras contagiadas por el COVID 19 o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar relacionadas al COVID 19. c. Sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo de 2020.

ARTÍCULO 4°.- Se encuentran excluidos de los beneficios del presente decreto aquellos sujetos que realizan las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria y cuyo personal fue exceptuado del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, conforme las prescripciones del artículo 6° del Decreto N° 297/20 y de la Decisión Administrativa N°429/20 y sus eventuales ampliaciones, así como todas aquellas otras que sin encontrarse expresamente estipuladas en las normas antedichas no exterioricen indicios concretos que permitan inferir una disminución representativa de su nivel de actividad.

ARTÍCULO 6°.- Los sujetos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 3° del presente decreto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° del mismo, accederán a uno de los siguientes beneficios en materia de las obligaciones emanadas del sistema de seguridad social:

a. Postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.

b. Reducción de hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino devengadas durante el mes de abril de 2020. El beneficio de la reducción será establecido por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS en función de los parámetros que defina la normativa a dictarse según lo establecido en el artículo 3°. El beneficio estipulado en el inciso b) del presente artículo será para empleadores y empleadoras cuyo número total de trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, al 29 de febrero de 2020, no supere la cantidad de SESENTA (60). Aquellos empleadores y empleadoras, cuya plantilla de personal en relación de dependencia supere dicha cantidad, en las condiciones allí establecidas, deberán, a los efectos de gozar del mencionado beneficio, promover el Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresas previsto en el Capítulo 6 del Título III de la Ley N° 24.013, con los alcances y limitaciones que establezca la reglamentación.

ARTÍCULO 7°.- Instrúyese a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS a disponer vencimientos especiales para el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino devengadas durante los meses de marzo y abril del año en curso, y facilidades para el pago de las mismas, a los fines de la postergación establecida en el inciso a) del artículo 6° del presente decreto aplicable a los empleadores y empleadoras que defina la normativa a dictarse según lo establecido en el artículo 3°.

ARTÍCULO 8°.- La Asignación Compensatoria al Salario consistirá en una suma abonada por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL para todos o parte de las y los trabajadores comprendidos en el régimen de negociación colectiva (Ley Nº 14.250 (t.o. 2004) y sus modificaciones) para el caso de empleadores o empleadoras de hasta CIEN (100) trabajadores o trabajadoras, y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 3° del presente decreto, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° del mismo. El monto de la asignación se determinará de acuerdo a los siguientes parámetros:

a. Para los empleadores y empleadoras de hasta VEINTICINCO (25) trabajadores o trabajadoras: CIEN POR CIENTO (100%) del salario bruto, con un valor máximo de UN (1) Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

b. Para los empleadores o empleadoras de VEINTISÉIS (26) a SESENTA (60) trabajadores o trabajadoras: CIEN POR CIENTO (100%) del salario bruto, con un valor máximo de hasta un SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

c. Para los empleadores o empleadoras de SESENTA Y UN (61) a CIEN (100) trabajadores o trabajadoras: CIEN POR CIENTO (100%) del salario bruto, con un valor máximo de hasta un CINCUENTA (50%) del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

Esta Asignación Compensatoria al Salario se considerará a cuenta del pago de las remuneraciones del personal afectado, debiendo los empleadores o empleadoras, abonar el saldo restante de aquellas hasta completar las mismas. Dicho saldo se considerará remuneración a todos los efectos legales y convencionales. Al solicitar el beneficio, el o la empleadora deberá retener la parte correspondiente a los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino y obra social y el aporte al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJP). En caso que el empleador o la empleadora suspenda la prestación laboral el monto de la asignación se reducirá en un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) y podrá ser considerada como parte de la prestación no remunerativa definida en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 T.O. 1976 y sus modificaciones.

ARTÍCULO 9°.- El Programa REPRO Asistencia por la Emergencia Sanitaria consistirá en una asignación no contributiva respecto al Sistema Integrado Previsional Argentino a trabajadoras y trabajadores a través del Programa de Recuperación Productiva a cargo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, para empresas no incluidas en el artículo 8° y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 3° del presente decreto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° del mismo. La prestación por trabajador tendrá un mínimo de PESOS SEIS MIL ($6.000) y un máximo de PESOS DIEZ MIL ($10.000). A dichos efectos la Autoridad de Aplicación constituirá un nuevo Programa de Recuperación Productiva diferenciado y simplificado, manteniendo vigencia la Resolución N° 25 de fecha 28 de septiembre de 2018 de la ex Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo, del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, en todo lo que resulte compatible.

ARTÍCULO 10.- Elévanse durante el periodo que establezca la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, los montos de las prestaciones económicas por desempleo a un mínimo de PESOS SEIS MIL ($6.000) y un máximo de PESOS DIEZ MIL ($10.000). Deléganse en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL las facultades para modificar la operatoria del Sistema integral de prestaciones por desempleo.

ARTÍCULO 11.- Las empleadoras y empleadores alcanzados por los beneficios establecidos en el artículo 2º deberán acreditar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, la nómina del personal alcanzado y su afectación a las actividades alcanzadas. El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: a) Considerará la información y documentación remitidas por la empresa. b) Podrá relevar datos adicionales que permitan ampliar y/o verificar los aportados inicialmente y solicitar la documentación que estime necesaria. c) Podrá disponer la realización de visitas de evaluación a la sede del establecimiento, a efectos de ratificar y/o rectificar conclusiones.

ARTÍCULO 12.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS y la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL podrán dictar las normas operativas necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO 13.- El presente decreto resultará de aplicación respecto de los resultados económicos de las empresas ocurridos entre el 20 de marzo y el 30 de abril de 2020, inclusive.

ARTÍCULO 14.- Facúltase al PODER EJECUTIVO NACIONAL a extender la vigencia del presente decreto.

ARTÍCULO 15.- La presente medida entrará en vigencia en el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 16.- Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. ARTÍCULO 17.- Comuníquese, publíquese, etc.