INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
 
JURISPRUDENCIA
 

La Inspección General de Justicia, cuyo  titular es el Dr Ricardo A. Nissen, ha distribuido un resumen de las resoluciones particulares más recientes y de mayor importancia dictadas en ese ámbito, y que tienen marcado interés profesional pues ponen de manifiesto los criterios jurisprudenciales vigentes en dicho organismo.

 

Bienvenida sea esta apertura publicista -por cierto que poco común en los últimos años en organismos dependientes del Poder Ejecutivo- que contribuye a la transparencia  de sus actos y va en favor de la seguridad jurídica.

 
 
INDICE GENERAL
 
Sección Asociaciones Civiles
 
Sección Fundaciones
 
Sección Sociedades
 
Sección Sociedades Anónimas
 
Sección Sociedades de Ahorro Previo
 
Sección Transferencias de Fondos de Comercio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDICE TEMÁTICO
 
Sección Asociaciones Civiles

 

ASOCIACIONES CIVILES. Constitución. Autorización para funcionar. Naturaleza y efectos. El nombre de la asociación civil. Requisitos. Vinculación de la asociación con un organismo oficial. Necesidad de la conformidad del mismo. INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA. Recursos contra sus resoluciones. Improcedencia de interponer un recurso jerárquico.

Resolución  IGJ nº 1327, Octubre 21 de 2003, en el expediente “Asociación de Profesionales de la Dirección General de Rentas".

 

ASOCIACIONES CIVILES. Objeto. Bien común. Alcances. Travetismo y transexualismo. Facultades de la Inspección General de Justicia. Denegación de la autorización para funcionar. Simples asociaciones.

Resolución IGJ 001142 de fecha 16 de Septiembre de 2003, en el expediente “Alitt – Asociación de lucha por la Identidad Travesti – Transexual Asociación Civil”.

 

ASOCIACIONES CIVILES. Otorgamiento de la personería jurídica. Facultades de la Inspección General de Justicia. Concepto de bien común. Efectos de la denegatoria de la personería jurídica. Simples asociaciones.

Resolución I.G.J. nº 1318, Octubre 17 de 2003, en el expediente “Pipa Club Buenos Aires PCBA”

  

ASOCIACIONES CIVILES. Asociados. Cómputo. Libro de Registro de Asociados. Importancia. Deficiencias del padrón. Relaciones entre los asociados y la entidad. Normativa aplicable. Revocación del mandato a las autoridades naturales. Organo competente.

Resolución IJG nº 1542, Diciembre 1 de 2003, Asociación de Ahorristas de la República Argentina – A.A.R.A. -.

 

ASOCIACIONES CIVILES. Poder disciplinario. Efectos de la sanción cuando el asociado es miembro de la comisión directiva. Asambleas. Irregularidad. Supuestos.

Resolución IGJ Diciembre 29 de 2003, en el expediente Asociación Civil Dobermann Club Argentino.

 

ASOCIACIONES CIVILES. Asambleas. Irregularidad. Denuncia. Violación al derecho de voto. Prueba. Improcedencia. Inspección General de Justicia. Facultades disciplinarias. Omisión en la presentación de los estados contables y en la conclusión de los trámites registrales de cambio de jurisdicción.

Resolución I.G.J. Diciembre 29 de 2003, Club de Automóviles Sport de la Argentina. Asociación Civil”.

 

ASOCIACIONES CIVILES. Asambleas.  Denuncia de irregularidad ante la Inspección General de Justicia. Asamblea de representantes. Naturaleza. Derecho de información de los representantes. Estados contables. Dictamen de la Comisión Fiscalizadora e Informe del auditor. Necesidad de su conocimiento previo al acto asambleario. Aplicación de la doctrina de los propios actos.

Resolución IGJ nº 1580, Diciembre 4 de 2003, Club Atlético Boca Juniors, denuncia promovida por Andreoli Abel José y otros.

 

ASOCIACIONES CIVILES. Asambleas. Obligatoriedad de sus decisiones. Impugnación. Causas. Excesivo rigorismo formal.

Resolución IGJ nº 1529, Noviembre 25 de 2003, en el expediente Club Atlético Boca Juniors, denuncia formulada por Andreoli Abel José y otros”.

 

ASOCIACIONES CIVILES. Administración. Comisión Directiva. Intervención por la Inspección General de Justicia. Supuestos de procedencia. Omisión a la obligación de llevar una contabilidad en forma legal. Incumplimiento del deber de información sobre la actividad de la asociación. Modificación del estatuto. Oponibilidad.

Resolución IGJ Diciembre 29 de 2003, en el expediente “BOXER CLUB ARGENTINO”

 

ASOCIACIONES CIVILES. Representación. Efectos de la quiebra del representante de la asociación civil sobre los actos celebrados por ésta. Nulidad. Desvinculación del administrador fallido. Impugnación de asambleas de asociados. Forma del cómputo de los votos. Supuestos que implican la aplicación de la doctrina de los propios actos. Acta de asamblea. Omisión en la entrega del acta. Naturaleza jurídica del acta.

Resolución IGJ nº 1556, Diciembre 2 de 2003, en el expediente “Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines”.

 

ASOCIACIONES CIVILES. Fiscalización estatal. Denuncias ante la Inspección General de Justicia. Sujetos legitimados. Cosa juzgada administrativa. Sociedad de autores. S.A.D.A.I.C. Naturaleza jurídica y marco normativo. Fiscalización. Obligaciones de S.A.D.A.I.C. hacia sus asociados. Derechos de los autores. Responsabilidad de los administradores de las sociedades de autores. Existencia de un conjunto económico integrado por la asociación civil como sujeto controlante. Efectos. Supuestos que justifican la fiscalización estatal intensiva sobre una entidad civil.

Resolución I.G.J. nº 1564, Diciembre 2 de 2003, en el expediente “Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música S.A.D.A.I.C.”.

 

 

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INDICE TEMÁTICO

 

Sección Fundaciones.

 

FUNDACIONES. Derecho de los descendientes del fundador. Inexistencia de cláusula estatutaria en tal sentido. Disolución de la fundación. Causales. Retiro de la personería. Vacancia total del Consejo de Administración. Facultades de la Inspección General de Justicia.

Resolución IGJ nº 1540, 29 de Noviembre de 2003,  en el expediente “Fundación María Costa de Palacios”.

 

FUNDACIONES. Naturaleza y requisitos. Actos incompatibles.  Actividades con fin de lucro y operaciones comerciales. Compraventa de acciones. Requisitos de existencia de las fundaciones. Patrimonio y nombre. Existencia de una fundación homónima. Efectos. Diferencias entre las fundaciones y asociaciones civiles. Facultades de la Inspección General de Justicia a los fines de encuadrar la figura dentro de los márgenes legales, con independencia de la calificación dada por las partes.

Resolución IGJ 1329, Octubre 21 de 2003, en el expediente “Fundación Bicentenario”.

 

 

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INDICE TEMÁTICO
 

Sección Sociedades.

 

SOCIEDADES. Pluralidad de socios. Inexistencia sustancial. Sociedades de cómodo. Inadmisibilidad en nuestro derecho. Finalidad del negocio societario. Facultades de la Inspección General de Justicia.

Resolución IGJ nº 1414, Noviembre 3 de 2003, en el expediente “Vitamina Group Sociedad Anónima”

 

SOCIEDADES. Requisitos. Pluralidad de socios. Importancia. Sociedades de cómodo. Facultades de la Inspección General de Justicia. Necesidad de preservar la pluralidad sustancial de socios. Fundamento.

Resolución IGJ Diciembre 29 de 2003, en el expediente “ES.PE.BER. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”

 

SOCIEDADES. Nombre societario. Homonimia. Atribuciones de la Inspección General de Justicia. Fundamento del control de homonimias.

Resolución I.G.J. nº 1319, Octubre 17 de 2003, Castalia Sociedad de Responsabilidad Limitada.

 

SOCIEDADES. Requisitos. Objeto. Sociedades constituidas para ser titulares de bienes registrales sin actividad mercantil. Nulidad. REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO. Inscripciones. Efectos. FUNDACIONES. Personería jurídica. Reconocimiento. Confusión patrimonial con una sociedad comercial integrada por su fundador.

Resolución IGJ nº 001848, en el expediente “Fundación de Investigaciones Científicas y Asistenciales”.

 

SOCIEDADES. Capital social. Relación con el objeto de la sociedad. Facultades de la Inspección General de Justicia. Infracapitalización. Efectos.  SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Limitación de la responsabilidad de los socios. Excepciones. Sociedades infracapitalizadas.

Resolución I.G.J. Nº: 1416, 4 noviembre 2003, en el expediente “Gaitán, Barugel & Asociados S.R.L.”

 

SOCIEDADES. Domicilio. Omisión de inscribir el cambio de su sede social. Aplicación de multas.

Resolución IGJ nº 1163, Septiembre 19 de 2003, en el expediente “Blinder Sociedad Anónima”.

 

 

SOCIEDADES. Disolución. Inactividad. Presunción. Facultades de la Inspección General de Justicia.

Resolución IGJ 001659, Diciembre 22 de 2003, en el expediente Automóviles Alvear SA. En el mismo sentido, Resolución IGJ  001660, Diciembre 22 de 2003 en el expediente Eating Loin SA; Resolución IGJ 001661, Diciembre 22 de 2003 en el expediente Publicord Imagen y Publicidad SA; Resolucion IGJ 001662, Diciembre 22 de 2003, en el expediente Integral Norte SA; Resolución IGJ 001663, Diciembre 22 de 2003, en el expediente Central Norte SA y Resolución IGJ 001664, en el expediente Compañía Norte SA.

 

SOCIEDADES. Sociedad extranjera. Diferencias entre la sucursal y la filial. Encuadramiento de la actuación de la sociedad extranjera en la República Argentina. Facultades de la Inspección General de Justicia. Sociedad extranjera titular del 99,99% de las acciones de una sociedad argentina. Encuadramiento legal. Sociedades de un solo socio. Inadmisibilidad en el derecho argentino. Sociedades de cómodo.

Resolución IGJ nº 001632,  Diciembre 15 de 2003, en el expediente  “Coca Cola Femsa de Buenos Aires SA”.

 

 

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INDICE TEMÁTICO
 

Sección Sociedades Anónimas.

 

SOCIEDAD ANONIMA. Características. Sociedades de cómodo. Fundamento de la constitución de sociedades comerciales. Concentración de capitales. Facultades de la Inspección General de Justicia ante la constitución de sociedades donde todas las acciones menos una está en cabeza de un solo socio. Ilegitimidad de sociedades constituidas a los fines de limitar la responsabilidad del socio controlante.

Resolución I.G.J. nº: 1413 de fecha  3 de Noviembre de 2003 en el expediente “Bosques Verdes Sociedad Anónima”. En el mismo sentido, Resolución IGJ nº 1412, en el expediente Jasler Sociedad Anónima, de la misma fecha.

 

SOCIEDAD ANONIMA. Capital social. Reducción. Operación acordeón. Reducción a cero del capital social. Improcedencia. SOCIEDADES. Disolución por pérdida del capital social. Reducción a cero del capital social y posterior aumento. Improcedencia como mecanismo para superar el estado de disolución de la sociedad. Diferencia entre el reintegro y la reducción del capital social. Asamblea de accionistas. Asambleas autoconvocadas. Improcedencia.

Resolución IGJ nº 1452, Noviembre 11 de 2003, en el expediente “Comital Convert Sociedad Anónima”.

 

SOCIEDAD ANONIMA. Capital Social, Fiscalización por la Inspección General de Justicia. Funciones que cumple el capital social en una sociedad anónima. Función de garantía. Integración del capital. Capitalización de créditos extranjeros.

Resolución IGJ nº    , Diciembre 15 de 2003, en el expediente Empresa Naviera Petrolera Atlántica Sociedad Anónima.

 

SOCIEDAD ANONIMA. Asambleas. Naturaleza. Límites a la actuación de la asamblea de accionistas. Resultados del ejercicio. Pérdidas. Absorción por las cuentas positivas del patrimonio neto. Improcedencia de acumular pérdidas en la cuenta de resultados no asignados. SOCIEDADES. Liquidación. Reducción del capital social. Limitaciones a la personalidad de las sociedades comerciales en la etapa liquidatoria.

Resolución IGJ nº 001619, Diciembre 12 de 2003, Teknopres Sociedad Anónima.

 

SOCIEDADES ANONIMAS. Accionistas. Normas aplicables al Estado cuando desempeña el rol de accionista en una sociedad anónima. Aplicación de las normas de los artículos 190 a 193 al Estado como accionista. Capital social. Importancia en las sociedades anónimas. Facultades de la Inspección General de Justicia en materia de capital de sociedades anónimas. Excepciones al principio de la limitación de la responsabilidad de los accionistas.

Resolución I.G.J. nº 1328, Octubre 21 de 2003, en el expediente “Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima”.

 

SOCIEDAD ANONIMA. Asambleas. Autoconvocatoria. Improcedencia. Efectos.

Resolución IGJ nº 1461, Noviembre 17 de 2003, en el expediente “Don Crescencio Sociedad Anónima”.

 

SOCIEDAD ANONIMA. Asambleas. Improcedencia de subordinar la presencia de los accionistas a una asamblea, a la contribución por parte de ellos de determinadas sumas para afrontar gastos sociales. Derecho de información de los accionistas. Información tardía.

Resolución IGJ nº 1505, Noviembre 24 de 2003, en el expediente “Sausalito Club Sociedad Anónima”.

 

SOCIEDAD ANONIMA. Asambleas. Convocatoria en sede administrativa. Legitimación. Presidente del directorio. Requisitos. Facultades de la Inspección General de Justicia de incluir puntos del orden del día.

Resolución IGJ nº 1415, Noviembre 3 de 2003, en el expediente “Aeroandina Sociedad Anónima”.

 

SOCIEDAD ANONIMA. Directorio. Delegación de funciones. Otorgamiento por la sociedad de un poder amplio de administración y disposición de todos los bienes sociales. Improcedencia.

Resolución IGJ nº 1504, Noviembre 24 de 2003, en el expediente “Agromanía Sociedad Anónima”.

 

SOCIEDAD ANONIMA. Directorio. Convocatoria. Sujetos legitimados. Inspección General de Justicia. Facultades del organismo de control en torno al funcionamiento de los órganos sociales.

Resolución IGJ nº 001602, Diciembre 10  de 2003, en el expediente “Multipoint Sociedad Anónima”.

 

SOCIEDAD ANONIMA. Directorio. Incursión de un director en las prohibiciones contenidas en el artículo 264 inciso 3º de la ley 19550. Aplicación analógica hacia otros delitos no contenidos en dicha disposición.  Sentencia penal condenatoria dictada en el extranjero. Efectos sobre sociedades constituidas en la República Argentina. Fiscalización estatal. Sociedades comprendidas en el artículo 299 de la ley 19550. Facultades de la Inspección General de Justicia. Actuación de oficio. Interés público.

Resolución I.G.J. Octubre 17 de 2003, en el expediente “Interinvest Sociedad Anónima sobre denuncia”.  En el mismo e idéntico sentido, Resolución de fecha 17 de Octubre de 2003 en el expediente “Austral – Cielos del Sur Sociedad Anónima sobre denuncia” y “ Resolución nº 1315 de la misma fecha, en el expediente “Aerolíneas Argentinas SA sobre denuncia”.

 

SOCIEDAD ANONIMA. Directorio. Asistencia de Inspectores de Justicia a las reuniones de directorio.

Resolución IGJ nº 1450, Noviembre 10 de 2003, en el expediente “Propel SACIeI”.

 

SOCIEDAD ANONIMA. Fiscalización externa. Inspección General de Justicia. Imposición de multas. Omisión en la presentación de la documentación que acredite la celebración de las asambleas anuales.

Resolución IGJ nº 1577, Diciembre 4 de 2003, en el expediente “Súper Red Sociedad Anónima”.

 

SOCIEDAD ANONIMA. Fiscalización externa. Obligación de acompañar las actas de la asamblea a la Inspección General de Justicia. Sanciones.

Resolución IGJ nº 1502, Noviembre 24 de 2003, en el expediente “Medicus SA Asistencia Médica y Científica”.

 

SOCIEDAD ANONIMA. Fiscalización externa. Incumplimiento al deber de información al organismo de contralor. Facultades de la Inspección General de Justicia.

Resolución IGJ nº 1402, Noviembre 3 de 2003, Agropecuaria El Capricho SA.

 

SOCIEDAD ANONIMA. Fiscalización externa. Sociedades comprendidas en el artículo 299 de la ley 19550. Incumplimiento al deber de información al organismo de contralor. Facultades de la Inspección General de Justicia.

Resolución IGJ nº 1390, Noviembre 3 de 2003, en el expediente “Transportes Atlántida Sociedad Anónima”.

 

 

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INDICE TEMÁTICO
 

Sección de sociedades de ahorro previo.

 

SOCIEDADES DE AHORRO PREVIO. Características de la actividad. Injerencia de la Inspección General de Justicia. Necesidad e importancia de su actuación. Configuración de la actividad sujeta a control del organismo. Defensa de los derechos de los adherentes.

Resolución IGJ nº 1459, Noviembre 12 de 2003, en el expediente “Plan Pilay SA sobre actividad irregular”.

 

SOCIEDADES DE AHORRO PREVIO. Obligaciones. Fiscalización externa. Facultades de la Inspección General de Justicia.

Resolución IGJ nº 1260, Octubre 9 de 2003, en el expediente “Sistemas Agrupados Samperi SA sobre cumplimiento del artículo 22”.

 

SOCIEDADES DE AHORRO PREVIO. Obligaciones. Fiscalización externa. Facultades de la Inspección General de Justicia.

Resolución IGJ nº 1265, Octubre 9 de 2003, en el expediente “Plan Rombo SA sobre denuncia por Paz Jorgelina Josefa”.

 

 

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INDICE TEMÁTICO
 

Sección Transferencia de Fondos de comercio.

 

TRANSFERENCIA DE FONDOS DE COMERCIO.  Transferencia. Inscripción en el Registro Público de Comercio. Certificado de libre deuda previsional.

Resolución IGJ 1458 de fecha 11 de Noviembre de 2003, en el expediente “Organización Polvani de Viajes y Turismo Internacional SA a favor de Poltur Argentina SRL”.

 

 

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Sección Asociaciones Civiles

 

ASOCIACIONES CIVILES. Constitución. Autorización para funcionar. Naturaleza y efectos. El nombre de la asociación civil. Requisitos. Vinculación de la asociación con un organismo oficial. Necesidad de la conformidad del mismo. INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA. Recursos contra sus resoluciones. Improcedencia de interponer un recurso jerárquico.

 

1. Las asociaciones civiles  son personas  jurídicas sin  fines de  lucro sujetas  a  autorización de funcionamiento, lo cual implica desde el punto de vista  administrativo, la  conformidad  del  Estado, entroncando con el  poder de policía societario en el  control  de la  legalidad  intrínseca y  extrínseca  del  acto fundacional.

 

2. La  terminología legal,  al  hablar  de  conformidad,  alude  a la  actividad  positiva  de la  administración pública ajustando la  solicitud  impetrada por la asociación civil  a  los  recaudos  de ley  con   lo  cual  la  conformidad  administrativa es  integrativa  del  acto de constitución de la entidad.

 

3. La autorización para  funcionar de una asociación civil abre  un  campo  de  relaciones  jurídicas  basadas  en su  certeza, destacándose  que  el derecho  registral por  su  naturaleza  particular implica un  funcionamiento  armónico  de  normas  de  derecho  público  y  privado, que constituye  una  disciplina  independiente con  principios  generales  aplicables  a la  registración societaria y al otorgamiento de la personería jurídica en entidades sin fines de lucro.

 

4. La  asociación  obtiene  la  capacidad  jurídica  llenando determinados  requisitos  legales que  tienden  a  ordenar la  constitución  y la  seguridad del  tráfico en el  aspecto  exterior y  cuando  el  cumplimiento  de  estos  requisitos  es  atestiguado  por  un  acto  de la  autoridad que  avala  dicha  pretensión  jurídica adecuándose a los recaudos normativos, siendo un principio de derecho  romano que las  asociaciones  - collegia y  sodalitates – deben darse  sus  propios  estatutos bajo  la  condición  de  no  contrariar el derecho público -  "dum  ne quid  ex  pública lege  corrumpant. - .

 

5. Respecto al  control de legalidad de la Inspección General de Justicia,  cabe  decir  que  la  actividad  calificadora  que dicho organismo tiene a su cargo,  tiene  por  principal  objeto detectar  la  vocación  inscriptoria  del  documento presentado  en  función  de  lo  que  de  él  se  desprende. La constatación de la  legitimación del rogante para obrar es un  recaudo atinente a  la  seguridad  jurídica  puesto que el acto administrativo, una vez dictado, goza de la  presunción   de  legalidad.

 

6. El control de legalidad no se acota a los recaudos formales, sino que importa una potestad del estado en la verificación de  requisitos  de  fondo  y  forma  en la constitución.

 

7. El nombre de las personas  jurídicas  es  un atributo de su personalidad y participa de la misma  naturaleza jurídica que corresponde  al nombre  de las personas de existencia visible, tratándose de un derecho deber  de identidad. Ello torna  aplicable  toda la normativa  prevista por el ordenamiento civil  con relación al  nombre  incluidas  las  prescripciones del  Código Civil y la ley  18.248  que  detalla el régimen del nombre, las  facultades  registrales denegatorias, oponibilidad de la registración  y la tutela  del  mismo en la  cesación  del  uso  indebido, mas las indemnizaciones  de los  daños  y  sanciones  que  precepta el art. 666 bis del Código Civil ( ver  art. 22 de la ley 18.248 ), normativa que, se reitera, debe considerarse vigente y aplicable en  la materia asociativa  por el principio  analógico ya  enunciado.

 

8. Una asociación  puede no  recibir la autorización para funcionar  pero igualmente será considerada sujeto de derecho – persona jurídica - cumpliendo  con el simple requisito exigido por el art. 46 del Código Civil, en tanto el derecho constitucional  de  asociarse  con fines  útiles  ( art. 14 CN) se ejerce “ conforme a las leyes que reglamenten  su ejercicio”.

 

9. La utilización  de  una denominación  de  un  organismo  oficial   por  parte  de una  persona jurídica  de derecho  privado impone  la  autorización  de  éste, entendiendo aplicable plenamente lo preceptuado en el art. 8 de la Res. (G) I.G.P.J. 6/80 de las Normas de la Inspección General de Justicia.

 

10. La razón  que impone la tutela de la inconfundibilidad entre  las  entidades civiles resulta no ser otra  que la protección del  interés  de los terceros  y  mediatamente del  interés  público,  que  resultaría  afectado por  el  eventual  error al  que  se  induce.

 

11. Corresponde diferenciar  la protección  del nombre de la asociación civil en sí con el principio de inconfundibilidad de la denominación,  que  se  traduce en la  imposibilidad de conformar  actos que  puedan inducir  a error  a terceros.

 

12. Si del acto constitutivo de la asociación civil cuya personería reclama, surge la  expresa  vinculación  de la  asociación  con un organismo estatal ( la  Dirección General de Rentas de la Ciudad  de Buenos Aires ), resulta imprescindible la conformidad de dicho organismo a tales fines y la  finalidad  de esta autorización  tiende  tanto  a evitar la confundibilidad  como  a  impedir  que  la denominación  induzca a inferir al público que  la  asociación privada  goza de la autorización  estatal  del  organismo de incumbencia en la materia ( aquí la Dirección General de Rentas) para realizar las  actividades  propugnadas.

 

13. La conexidad entre las personas  jurídicas  públicas  y privadas a  través de  un  objeto de  colaboración torna imprescindible el consentimiento del organismo  público, eventual beneficiario de  tal fortalecimiento,  bajo  pena  considerar su objeto de cumplimiento  imposible. Faltando  la  aprobación  estatal,  todo  lo  actuado  queda  sin  eficacia  alguna  por  cuanto  los  actos  jurídicos  efectuados  son  inexistentes  por  falta  de  sujeto  que  responda  por  ellos,  haciendo  caer  la  hipótesis  en  la  previsión del  art.  1161 Código.  Civil, en cuanto dispone que  "El  contrato   celebrado  a  nombre  de  otro  de  quien  no  se  tenga  autorización  o  representación legal  es  de  ningún  valor  y  no  obliga  ni al  que  lo  hizo".

 

14. El artículo 16 de la  ley  N ° 22.315 establece  como única  vía  de impugnación de las  resoluciones que dicta la Inspección General de Justicia en materia de asociaciones civiles, el  recurso  de apelación  ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil  de la Capital Federal. Del mismo modo el artículo 36 de  Decreto  1493/82 dispone que los recursos  a que  alude el Capítulo III de la ley  22.315 excluyen el recurso  jerárquico.

 

Resolución  IGJ nº 1327, Octubre 21 de 2003, en el expediente “Asociación de Profesionales de la Dirección General de Rentas".

 

V O L V E R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIONES CIVILES. Objeto. Bien común. Alcances. Travetismo y transexualismo. Facultades de la Inspección General de Justicia. Denegación de la autorización para funcionar. Simples asociaciones.

 

1. Cuando la ley reconoce al Estado determinar la especial incidencia que sobre el bien común tiene el objeto de una determinada asociación, aquel lo asume como propio, otorgándole a la referida entidad la autorización para funcionar. Esta autorización no importa el reconocimiento de un derecho subjetivo preexistente, sino el otorgamiento de una “calidad social” que se traduce en el reconocimiento estatal frente a toda la sociedad, relativo a que la asociación lleva a cabo fines que el mismo Estado jerarquiza como propios, es decir, directamente vinculados al bien común.

 

2. A los fines de analizar la procedencia del otorgamiento de la autorización para funcionar que el artículo 33, segunda parte, inciso 1) del Código Civil pone en manos del Estado, debe repararse en el objeto de la institución, el cual debe encuadrarse dentro del concepto del bien común al que expresamente refiere la norma, pues precisamente la realización de actividades que tiendan a tal finalidad constituye el fundamento de la personalidad jurídica diferenciada que el legislador le reconoce a tales entidades.

 

3. Al exigir la ley un objeto de bien común, se da en realidad la razón misma, la justificación de la exigencia jurídica de estas entidades, pues precisamente porque persiguen ese fin, es que debe reconocérseles personería. Con otras palabras: es el requisito de objeto de bien común, esencial a toda asociación civil, su razón de ser y su objetivo a alcanzar. Así fue concebida originariamente y así llega a nuestros días, así lo entendió Vélez Sarsfield y la doctrina mayoritaria argentina, de igual modo que oportunamente lo hiciera la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y jurisprudencia administrativa.

 

4. Cuando la ley se refiere al “bien común”, es evidente que lo asimila al interés colectivo, entendiéndose por tal el propio de la actividad en su conjunto. De manera tal que cuando el artículo 33 del ordenamiento civil se refiere al interés común, no lo hace con referencia a los componentes del grupo asociado, sino que debe ser un interés propio de la comunidad, inherente al bien público colectivo general, o, mas concretamente, referido al interés general o de la comunidad.

 

5. La asociación puede tener una gama muy amplia de objetivos: sociales, artísticos, morales, políticos, culturales, deportivos, recreativos, asistenciales, benéficos. O bien fines educacionales, mutualistas, religiosos, científicos, gremiales, de fomento edilicio o defensa de sectores empresariales, profesionales, etcétera. Sin embargo, en todos ellos existe una característica que permanece constante, imprescindible, que define nítidamente la esencia de la asociación: el "bien común". Realizar ese bien común es la misma razón de ser del grupo asociacional".

 

6. Partiendo de la base que el encuadramiento de la actividad de toda asociación civil dentro del campo del “bien común” constituye una condición impuesta por una norma positiva vigente — art. 33 del Código Civil, subsistente después de la reforma introducida por la Ley 17.711— y que la Inspección General de Justicia, dentro del ámbito de las funciones que le han sido encomendadas, debe analizar cuidadosamente su concurrencia, pues no le ha sido autorizado dejar de lado la aplicación de una norma legal obligatoria e imperativa, resulta por ello imprescindible examinar si la nueva entidad, cuyo otorgamiento de la autorización para funcionar se requiere,  tiene por principal objeto el bien común —en el sentido precisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación —, pues solamente en caso que así sea podrá obtener el reconocimiento de la personería jurídica del Estado.

 

7. Los propósitos perseguidos por la asociación civil peticionante de su reconocimiento como tal,   y que se encuentran especificados en el artículo 2º de su estatuto, no encuadran en el concepto de "bien común” aludido por el artículo 33 del Código Civil, cuando ellos contienen objetivos tales como que la “lucha para que el Estado y la sociedad acepten al travetismo como una identidad propia”, o la  “construcción de una ciudadanía travesti – transexual” , en tanto ellos no ofrecen un marco valioso para el desarrollo de la convivencia, integrando así el patrimonio espiritual y cultural de la comunidad, que es condición esencial para que una asociación de naturaleza civil pueda obtener el reconocimiento del Estado en lo que se refiere a sus actividades y objetivos.

 

8. Predicar el reconocimiento del Estado a los fines de “lograr que las personas travestis y transexuales se conviertan en sujetas/os de derecho”, no parece finalidad congruente con lo expresamente dispuesto por el artículo 30 del Código Civil.

 

9. Los objetivos de la asociación civil peticionante de su reconocimiento como tal, centrado, entre otros objetivos, en la necesidad de combatir la discriminación a la cual se encuentran sometidos los travestis o transexuales, ellos bien pueden ser obtenidos sin necesidad de la autorización estatal, en tanto nada impide seguir actuando a la misma como simple asociación, en apoyo de sus principios, de conformidad con lo dispuesto por el art. 46 del Código Civil.

 

10. Una asociación sin fines de lucro puede no recibir una autorización para funcionar, pero igualmente será considerada sujeto de derecho – persona jurídica – cumpliendo con el simple requisito formal exigido por el aludido artículo 46. Esto significa que podrá gozar de la plenitud del status jurídico de las personas jurídicas para adquirir derechos y contraer obligaciones, para gozar y ejercer los derechos constitucionales susceptibles de ser gozados y ejercidos por las personas ideales, en tanto revisten el carácter de “personas” en los términos del artículo 30 del Código Civil.

 

11. La autorización prevista por el artículo 33 del Código Civil es de interés predominantemente estatal. Ello significa que la autorización otorgada por el Estado a las asociaciones civiles que se presentan para obtener la misma, implica hacer suyos los objetivos  que persigue esa entidad y no creo que constituya una prioridad del Estado la aceptación del travetismo como una identidad propia o la construcción de una ciudadanía travesti – transexual, según los expresos propósitos que han inspirado su fundación, conforme cláusula expresa de su estatuto.

 

12. La adscripción a los distintos regímenes previstos por los artículos 33 y 46 del Código Civil no depende de la voluntad del interesado, sino de los fines de la institución: si el Estado comparte los objetivos de la entidad y los considera incluidos dentro del concepto de “bien común”, procederá a otorgar la referida autorización para funcionar como forma de promover los mismos; si no coincide con dichos propósitos, rechazará esa autorización, lo cual no implica prohibir, de manera alguna, que los interesados en desarrollar aquellos objetivos – a los cuales el Estado descalificó como inherentes al “bien común”, puedan hacerlo libremente, bajo otra forma asociativa, esto es, la prevista en el artículo 46 del ordenamiento civil, que es una de las tantas formas asociativas previstas dentro del concepto constitucional de “asociarse con fines útiles”.

 

Resolución IGJ 001142 de fecha 16 de Septiembre de 2003, en el expediente “Alitt – Asociación de lucha por la Identidad Travesti – Transexual Asociación Civil”.

 

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ASOCIACIONES CIVILES. Otorgamiento de la personería jurídica. Facultades de la Inspección General de Justicia. Concepto de bien común. Efectos de la denegatoria de la personería jurídica. Simples asociaciones.

 

1. En toda acta constitutiva de una asociación civil, como manifestación de la voluntad de las partes que la suscriben, el elemento esencial es el objeto de la convocatoria, así como el tipo asociacional no es más que un medio coadyuvante para el logro de esa finalidad y por ello, no es el objeto social el que debe adaptarse al tipo societario, sino que este debe elegirse en función de aquél.

 

2. La solicitud al Estado de personería jurídica supone que se ha constituido una entidad con objetivos claros y precisos, cuyo elemento esencial es el bien común al que se equipara con el interés público, esto es, el de toda la comunidad, ya sea que redunde en forma directa o bien indirectamente en esta.

 

3. Los fines de la asociación civil deben explicitarse desde el inicio de la vida de la misma y desde el principio de todos los trámites necesarios a los fines de obtener el reconocimiento de su personalidad jurídica, por lo que resulta inadmisible ir modificándolos sucesivamente al ritmo de las observaciones del Organismo de Control. De lo contrario, la solicitud de personería pierde toda sinceridad al verificarse que ni los propios fundadores de la entidad tienen claros sus propósitos.

 

4. El derecho de asociarse (solicitándose el reconocimiento de este Organismo), debe serlo con fines útiles; fines socialmente útiles, es decir jurídicamente lícitos y acordes con los principios de convivencia social - paz, tolerancia, pluralidad, divergencia dentro del orden democrático - y que traduzcan valores objetivos que trascienden y que pueden servir de pautas y principios orientadores para los individuos y para la sociedad en su conjunto. Fines, podría decirse, estatales y precisamente por ello, el Estado estimula la creación y funcionamiento de las entidades que persigan tales objetivos y valores.

 

5. En materia de asociaciones civiles, cuando la ley reconoce al Estado determinar la especial incidencia que sobre el bien común tiene el objeto de una determinada asociación, aquel lo asume como propio, otorgándole a la referida entidad la autorización para funcionar. Esta autorización no importa el reconocimiento de un derecho subjetivo preexistente, sino el otorgamiento de una calidad social, que se traduce en el reconocimiento estatal frente a toda la sociedad, relativo a que la asociación lleva a cabo fines que el mismo Estado jerarquiza como propios, es decir, directamente vinculados al bien común.

 

6. A los fines de analizar la procedencia del otorgamiento de la autorización para funcionar a una asociación civil, que el artículo 33, segunda parte, inciso 1) del Código Civil pone en manos del Estado, debe repararse en el objeto de la institución, el cual debe encuadrarse dentro del concepto del bien común al que expresamente refiere la norma, pues precisamente la realización  de actividades que tiendan a tal finalidad constituye el fundamento de la personalidad jurídica diferenciada que el legislador le reconoce a tales entidades.

 

7. Al exigir la ley un objeto de bien común, se da en realidad la razón misma, la justificación de la exigencia jurídica de estas entidades, pues precisamente porque persiguen ese fin, es que debe reconocérseles personería. Con otras palabras: es el requisito de objeto de bien común, esencial a toda asociación civil, su razón de ser y su objetivo a alcanzar. Así fue concebida originariamente y así llega a nuestros días, así lo entendió Velez Sarsfield y la doctrina mayoritaria Argentina, de igual modo que oportunamente lo hiciera la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Jurisprudencia administrativa de la Inspección General de Justicia.

 

8.  Cuando la ley se refiere al bien común, es evidente que lo asimila al interés colectivo, entendiéndose por tal el propio de la actividad en su conjunto. De manera tal que cuando el artículo 33 del ordenamiento civil se refiere al interés común, no lo hace con referencia a los componentes del grupo asociado, sino que debe ser un interés   propio de la comunidad, inherente al bien público colectivo general, o  más concretamente referido al interés general o de la comunidad.

 

9. La asociación puede tener una gama muy amplia de objetivos: sociales, artísticos, morales, asistenciales, políticos, culturales, deportivos, recreativos, benéficos, o bien fines educacionales, mutualistas, religiosos, científicos, gremiales, de fomento edilicio o defensa de sectores empresariales, profesionales, etc.  Sin embargo, en todos ellos existe una característica que permanece constante, imprescindible, que define nítidamente la esencia de la asociación: el bien común. Realizar ese bien común es la misma razón de ser del grupo asociacional.

 

10.  Partiendo de la base que el encuadramiento de la actividad de toda asociación civil dentro del campo del bien común, constituye una condición impuesta por una norma positiva vigente, art. 33 del C.C., subsistente después de la reforma introducida por la Ley 17.711 y que la Inspección General de Justicia debe analizar cuidadosamente su concurrencia, pues no le ha sido autorizado dejar de lado la aplicación de una norma legal obligatoria e imperativa, resulta por ello imprescindible examinar si la nueva entidad tiene por principal objeto el bien común, en el sentido precisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues solamente en caso que así sea podrá obtener el reconocimiento de la personería jurídica del Estado.

 

11. No parece que “ realizar una obra de interés general, divulgando la afición y el arte de fumar en pipa ...” pueda encuadrar en el precepto de bien común aludido por el artículo 33 del Código Civil y ofrezca un marco valioso para el desarrollo de la convivencia, integrando así el patrimonio espiritual y cultural de la comunidad, cual es, se reitera, condición esencial para que una asociación de naturaleza civil pueda obtener el reconocimiento del Estado en lo que se refiere a sus actividades y objetivos.

 

12. El derecho de asociarse libremente puede lograse sin necesidad de la autorización estatal, en tanto nada impide seguir actuando a la misma como simple asociación, en apoyo de sus principios ( art. 46 del Código Civil). Recuérdese al respeto que una asociación sin fines de lucro puede no recibir una autorización para funcionar, pero igualmente será considerada sujeto de derecho, persona jurídica, cumpliendo con el simple requisito formal exigido por el aludido art. 46. Esto significa que podrá gozar de la plenitud del status jurídico de las personas jurídicas para adquirir derechos y contraer obligaciones, para gozar y ejercer los derechos constitucionales susceptibles de ser gozados y ejercidos por las personas ideales, en tanto revisten el carácter de personas en los términos del art. 30 del Código Civil.

 

13. La Autorización prevista por el Art. 33 del Código Civil es de interés predominantemente estatal, lo cual significa que la autorización otorgada por el Estado a las asociaciones civiles que se presentan para obtener la misma, implica hacer suyos los objetivos que persigue esa entidad y no creo que divulgar la afición del arte de fumar en pipa lo sea , lo cual bien pueden efectuar sin contar con la autorización que requieren.

 

14. La denegación de la autorización para funcionar con carácter de persona jurídica a una asociación civil no afecta el derecho constitucional de asociarse con fines útiles, amparado por el art. 19 de la Constitución Nacional, y al respecto debemos remitir nuevamente al art.46 del Código Civil, en tanto dispone que aquellas entidades que “ no tienen existencia legal como personas jurídicas, serán consideradas simples asociaciones civiles”. De tal manera, se reitera, se satisface el ejercicio pleno de aquel derecho constitucional, resultando de ello que, aún denegada la autorización que se solicita, podrán los interesados ocurrir a otras formas de constitución de sujetos de derechos librados exclusivamente a la iniciativa  privada sin que sea menester recurrir al estado para el reconocimiento especial de la personalidad jurídica de la entidad.

 

Resolución I.G.J. nº 1318, Octubre 17 de 2003, en el expediente “Pipa Club Buenos Aires PCBA”

 

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ASOCIACIONES CIVILES. Asociados. Cómputo. Libro de Registro de Asociados. Importancia. Deficiencias del padrón. Relaciones entre los asociados y la entidad. Normativa aplicable. Revocación del mandato a las autoridades naturales. Organo competente.

 

1. El libro de Registro de Asociados constituye el documento que autentifica el ingreso, categoría y estado de pago de las cuotas sociales de los integrantes de la asociación.

2. Si el padrón acompañado carece de su respectivo respaldo en el libro de Registro de Asociados, corresponde estar a las constancias de éste.

3. Resultan de aplicación en las relaciones entre los asociados y las autoridades de la asociación civil las normas que gobiernan el mandato contenidas en el Código Civil y así lo dispone el artículo 1870 inciso 2º del referido ordenamiento, que dispone la aplicación de sus disposiciones a los representantes de las corporaciones y de los establecimientos de utilidad pública.

4. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 1970 del Código Civil, que establece la facultad del mandante para revocar el mandato conferido en cualquier momento, cabe resaltar que tratándose de una asociación civil, la facultad corresponde al órgano asambleario.

5. Si la fuente de representación con que se hallan investidos los miembros de la comisión directiva de una asociación civil no es otra que la voluntad del ente expresada a través de su órgano asambleario, la legitimación para revocar dicha representación no puede descansar en otro órgano.

6. Si una minoría establecida por el estatuto social no se considera suficientemente representada por sus autoridades, estando facultada por dicho cuerpo legal para solicitar la convocatoria a asamblea a fin de proponer la revocación de sus mandatos, resulta éste el procedimiento adecuado, teniendo presente que será en definitiva la asamblea, como órgano soberano de la institución, quien en definitiva resolverá la cuestión, mediante el voto de todos los asistentes con tal derecho.

7. La falta de actualización del Libro de Registro de Asociados y la omisión de transcribir las actas de la comisión directiva y asambleas en los libros respectivos, obrando las mismas en hojas móviles, sumado al hecho de que el libro de actas de la comisión fiscalizadora se halle sin utilizar, justifican la aplicación a la asociación civil de la sanción de apercibimiento.

8. Atento la discordancia existente entre las constancias del Libro de Registro de Asociados, el padrón confeccionado por la entidad y las propias manifestaciones de la asociación civil, resulta necesario ordenar un control preelectoral a efectos de fiscalizar la actualización del referido libro y la preparación del padrón para la asamblea.

 

Resolución IJG nº 1542, Diciembre 1 de 2003, Asociación de Ahorristas de la República Argentina – A.A.R.A. -.

 

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ASOCIACIONES CIVILES. Poder disciplinario. Efectos de la sanción cuando el asociado es miembro de la comisión directiva. Asambleas. Irregularidad. Supuestos.

 

1.               Si el asociado estuvo presente en las reuniones de la comisión directiva de la entidad donde se le impuso una sanción, no puede sostenerse que aquel no estuviera notificado de tal medida, así como de los motivos que la fundaron, por lo que su pretensión de continuar en el cargo de presidente de la entidad resulta una actuación reñida con la buena fe.

2.               Si bien la sanción fue impuesta al asociado en su carácter de tal, ella lleva implícita la suspensión en el cargo de presidente de la entidad, puesto que lo contrario quebrantaría los fines que se tuvieron en cuenta con su adopción, esto es, la protección de los intereses de la entidad ante determinadas conductas que se juzgan perjudiciales a la misma.

3.               La cláusula del estatuto que establece la obligación de los miembros de comisión directiva de permanecer en sus funciones hasta tanto la asamblea general haya elegido sus reemplazantes y éstos hayan asumido el cargo, no resulta aplicable al caso en que el presidente de la entidad ha sido sancionado con una determinada suspensión temporal por graves faltas a la institución, pues tal previsión estatutaria cabe interpretarla en el sentido que resulta una previsión genérica que tiene en miras los casos de vencimiento del mandato anterior a la celebración de asamblea para elegir nuevos miembros y el plazo previsto para asunción de los cargos.

4.               Corresponde declarar irregular la asamblea impugnada si no se pudo comprobar el cumplimiento de los requisitos estatutarios para la convocatoria del acto asambleario, así como tampoco la remisión de circulares a los socios para su asistencia, la regular confección del padrón que en copia acompañan y el carácter de asociados con derecho a voto de los presentes en el acto, atento que las autoridades informaron no disponer del Libro de Actas de Asamblea ni del de Registro de Asociados por encontrarse los mismos dentro de la sede de la asociación, cuyo ingreso se encontraba vedado por orden judicial.

5.               La asamblea no puede considerase válida a los efectos administrativos si no existen elementos que permitan acreditar la regular convocatoria y celebración de la misma.

 

Resolución IGJ  Diciembre 29 de 2003, en el expediente Asociación Civil Dobermann Club Argentino.

 

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ASOCIACIONES CIVILES. Asambleas. Irregularidad. Denuncia. Violación al derecho de voto. Prueba. Improcedencia. Inspección General de Justicia. Facultades disciplinarias. Omisión en la presentación de los estados contables y en la conclusión de los trámites registrales de cambio de jurisdicción.

 

1. Resulta improcedente cuestionar la validez de una asamblea de asociados con base en la prohibición al apoderado de votar sobre un punto determinado del orden del día, requiriendo la Comisión Directiva el voto directo del socio, si el impugnante no ha acreditado que le hubiese sido otorgada alguna representación para comparecer a ese acto asambleario, omitiendo incluso mencionar en su denuncia el nombre de sus supuestos poderdantes.

2. Cualquier reclamo sobre la irregularidad de una asamblea, basado en alegadas restricciones al derecho de voto, debe estar en cabeza de los titulares de ese derecho, es decir, los asociados a quienes no se les hubiere permitido ejercerlo o en su caso a quien acredite tener poder suficiente para ello.

3. La falta de prueba de la parte denunciante de los extremos conducentes obsta a la declaración de irregularidad e ineficacia de la asamblea impugnada, la cual, en consecuencia, se presume válida.

4. Los supuestos vicios en la redacción del orden del día – falta de aclaración de los cargos a cubrir en la elección de los integrantes de la comisión directiva de la entidad no constituye vicio susceptible de merecer la declaración de irregularidad de la asamblea, cuando el actor concurrió al referido acto, lo cual importó convalidación de aquel vicio, en la medida que tomó conocimiento, en ese momento, de cuales eran las autoridades que serían elegidas en el referido evento.

5. Si la asociación adeuda la presentación de sus estados contables correspondientes a los dos últimos ejercicios económicos, como asimismo la documentación post asamblearia relativa a la asamblea que aprobó este último, sumado al hecho de que aquella entidad no concluyó el trámite de cambio de jurisdicción oportunamente iniciado ante la Inspección General de Justicia, estando pendiente la acreditación de la inscripción en jurisdicción provincial, de conformidad con lo previsto en el Art. 93 de la Resolución I.G.P.J. (G) Nº 6/80, no obstante realizar sus asambleas fuera de la ciudad de Buenos Aires,  ello implica violación de lo preceptuado en los artículos 16 del Decreto Reglamentario Nº 1493/82, 93, 117 y conc. y 128 de la Resolución I.G.P.J. Nº 6/80, obstaculizándose de tal modo el contralor que este Organismo tiene a su cargo, conductas todas ellas que hace a la entidad pasible de la aplicación de una sanción.

 

Resolución I.G.J. Diciembre 29 de 2003, Club de Automóviles Sport de la Argentina. Asociación Civil”.

 

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ASOCIACIONES CIVILES. Asambleas.  Denuncia de irregularidad ante la Inspección General de Justicia. Asamblea de representantes. Naturaleza. Derecho de información de los representantes. Estados contables. Dictamen de la Comisión Fiscalizadora e Informe del auditor. Necesidad de su conocimiento previo al acto asambleario. Aplicación de la doctrina de los propios actos.

 

1. La Asamblea de Representantes es un órgano deliberativo y resolutivo,  en la cual la deliberación debe necesariamente preceder a toda resolución que se adopte, a los fines de que dicho acto  no se convierta en una mera formalidad. No obstante, para que la deliberación pueda llevarse a cabo efectivamente, los representantes deben contar con el más amplio acceso a la información posible sobre los temas que serán considerados en la asamblea.

 

2. Si bien es cierto que carece de toda relevancia la ausencia de firmas en la documentación contable ( balance, estado de resultados y memoria ) remitida a cada uno de los miembros titulares de la Asamblea de Representantes con carácter previo al acto asambleario donde se considerará la misma, toda vez que, hasta su aprobación, ellos no pasan de ser meros “papeles de trabajo”, cuya autoría debe imputarse a quienes remiten la aludida documentación – el Consejo Directivo de la asociación civil –, la falta de entrega – junto con aquella información -  de la copia del  Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor Externo sobre los estados contables de la entidad que serán considerados en la referida asamblea, implica una grave infracción al deber de información que pesa sobre el órgano de administración de dicha entidad, susceptible de tornar irregular e ineficaz a los efectos administrativos la decisión asamblearia que aprobó los estados contables de la entidad.

 

3. La omisión de adjuntar a la información contable suministrada a los miembros de la asamblea de representantes de la asociación civil el Dictamen de la Comisión Fiscalizadora de la entidad, así como el Informe de Auditoría, reviste especial trascendencia  en orden a la importancia que exhiben dichos instrumentos. Basta recordar al respecto que tanto uno como otro documento no deben ser objeto de aprobación por los asociados o los representantes de la asociación, porque ellos no tienen por finalidad informar sino garantizar la exactitud y la veracidad de las cuentas y resultados presentados por los administradores, brindando de esa manera confiabilidad a la información suministrada por los administradores en la memoria, balance y estado de resultados, los cuales sí son instrumentos que deben merecer la expresa aprobación de los integrantes de la entidad, como requisito previo de su circulación y exhibición a terceros.

 

4. El dictamen de la Comisión Fiscalizadora de la asociación civil constituye una opinión desinteresada e imparcial sobre la gestión empresaria. Se trata de un dictamen o juicio técnico sobre los estados contables y sobre la memoria de los administradores, el cual, junto con el dictamen del auditor externo, constituye un respaldo técnico imprescindible para la credibilidad, comprensión y consideración de la documentación por parte de los socios y los terceros vinculados a la sociedad. Estas personas muchas veces carecen de la idoneidad necesaria para abarcar todos los aspectos económicos, financieros, contables etc. vinculados con la marcha de la empresa y respaldan sus decisiones en torno a estos temas en el contenido del informe de la sindicatura.

 

5.  El informe o dictamen de auditoría es el documento por el cual un profesional independiente expresa su opinión sobre los estados contables a los cuales aquel se refiere, basándose en el examen que ha realizado sobre ellos.

 

6.  Además de la garantía de confiabilidad que implica para el asociado el dictamen de la Comisión Fiscalizadora o del auditor externo, su inserción entre las copias suministradas al mismo con carácter previo a su consideración asamblearia resulta imprescindible en torno a la responsabilidad de sus autores por el contenido del aludido informe, a los fines de promover, eventualmente, las correspondientes acciones legales contra ellos, en caso de falsedad de los guarismos contenidos en los balances.

 

7. La omisión por parte del Consejo Directivo de la asociación civil de acompañar, dentro de la documentación contable remitida personalmente a cada uno de los  miembros de la asamblea de representantes de la entidad, los informes de la Comisión Fiscalizadora y del auditor externo, torna totalmente insuficiente la información brindada por aquel órgano de administración a quienes, dentro del seno de la asamblea de representantes, debieron contar con todos los elementos de juicio para aprobar las cuentas de los administradores y los resultados de la entidad.

 

8. La infracción incurrida por el consejo directivo de la asociación civil en torno al derecho de información de los impugnantes que, como representantes de una agrupación interna de la entidad, tenían pleno derecho a obtener copia de la totalidad de la documentación contable correspondiente al ejercicio finalizado, con carácter previo al acto asambleario donde sería considerada la misma, torna procedente en derecho la declaración de irregularidad e ineficacia a los efectos administrativos de la decisión social adoptada por los asociados de dicha entidad, en cuanto aprobaron la referida documentación contable.

 

9. La circunstancia de que el informe del auditor externo o el dictamen de la comisión fiscalizadora de la asociación civil – cuya copia no fuera puesta a disposición de los asociados con carácter previo a la asamblea - no contuvieran objeción u observación alguna a los estados contables que tales instrumentos acompañaban, carecen de toda virtualidad a los fines de evitar la declaración de irregularidad del acto asambleario que aprobó esos estados contables,  basada en el aludido defecto de información, pues la trascendencia del dictamen de la comisión fiscalizadora o del informe del auditor externo no depende de las observaciones que pudieran efectuar éstos a los balances o estado de resultados de la entidad, sino en la confiabilidad y tranquilidad que implica para quienes toman conocimiento de tales instrumentos, la afirmación de los integrantes de la comisión fiscalizadora o del auditor externo, de que los documentos contables emanados de los administradores merecen la opinión favorable de aquellos y reflejan razonablemente la situación patrimonial y financiera de la entidad.

 

10. Si la asociación tenía por costumbre remitir personalmente a los representantes, con carácter previo a la asamblea convocada para deliberar sobre los estados contables de la entidad, la totalidad de las copias de esta documentación, no resulta relevante ni constituye circunstancia atenuante para justificar la omisión en remitir determinadas piezas de esos instrumentos – el informe del auditor externo y el dictamen de la comisión fiscalizadora - el hecho que tales documentos obraran en la sede social a disposición de los representantes que quisieran reclamarlos, pues la supuesta inacción de la víctima no legitima jamás la acción injusta del victimario.

 

11. Si a pesar de que normas legales y estatutarias nada preveían en torno a tal manera de suministrar información contable a los representantes de la entidad, ésta optó por llevar a cabo una notificación personal y completa de la documentación cuya consideración tendría lugar en una asamblea próxima, mal puede el consejo directivo de la entidad, cuando los destinatarios de dichas comunicaciones formularen fundadas quejas sobre la insuficiencia de la misma, alegar que el ordenamiento normativo vigente no le obligaba a realizar tales comunicaciones, pues tal manera de proceder implica violar la exigencia jurídica del comportamiento coherente, el cual, como lo ha explicado la jurisprudencia de nuestros tribunales, se encuentra estrechamente vinculado a la buena fe y a la protección de la confianza, en tanto es exigible a las partes un comportamiento coherente, ajeno a los cambios de conductas perjudiciales, debiéndose desestimar toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que, merced a sus actos anteriores, se ha suscitado en la otra parte.

 

Resolución IGJ nº 1580, Diciembre 4 de 2003, Club Atlético Boca Juniors, denuncia promovida por Andreoli Abel José y otros.

 

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ASOCIACIONES CIVILES. Asambleas. Obligatoriedad de sus decisiones. Impugnación. Causas. Excesivo rigorismo formal.

 

1. Si la asamblea fue regularmente convocada, será la votación que de la misma surja, la que habrá de determinar la decisión del órgano de gobierno, la que se traduce en la voluntad de la asociación, y por lo tanto es obligatorio su acatamiento por los socios, miembros del órgano directivo y del órgano de fiscalización, dado que se está en presencia de la más acabada manifestación de la llamada “voluntad social” de la persona jurídica.

 

2. Las formas estatutarias se establecen en protección de los derechos y garantías que el propio estatuto determina, por lo que si ellas se tornan contrarias a la voluntad colectiva, legalmente constituida y libremente expresada, se transforman en exceso de rigorismo formal, que debe ceder frente a dicha expresión de voluntad.

 

Resolución IGJ nº 1529, Noviembre 25 de 2003, en el expediente Club Atlético Boca Juniors, denuncia formulada por Andreoli Abel José y otros”.

 

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ASOCIACIONES CIVILES. Administración. Comisión Directiva. Intervención por la Inspección General de Justicia. Supuestos de procedencia. Omisión a la obligación de llevar una contabilidad en forma legal. Incumplimiento del deber de información sobre la actividad de la asociación. Modificación del estatuto. Oponibilidad.

 

1. La manifiesta reticencia de las autoridades de la entidad en acompañar sus estados contables a la Inspección General de Justicia, lo cual efectuaron recién cuando se encontraba ya en plena controversia la comisión directiva de la asociación con los asociados que promovieron la denuncia, y la omisión de acompañar las copias de sus asambleas, constituyen infracciones a lo dispuesto por los artículos 91, 117 y 118 de la Resolución General IGJ nº 6/80, cuya gravedad está dada por el hecho que tal conducta omisiva impide la fiscalización permanente que la Inspección General de Justicia debe efectuar sobre las asociaciones civiles, a tenor de lo dispuesto por el artículo 10 inciso b) de la ley 22315.

 

2. El silencio guardado por las autoridades de la asociación civil, ante la recepción de seis intimaciones por parte de la autoridad de control, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de adoptarse las sanciones previstas por la ley 22.315, implica la incursión por los integrantes del órgano de administración de aquella en una conducta que no condice con la que debe observar un buen, idóneo y leal administrador, quien no puede ignorar las intimaciones que le efectúa a la asociación el organismo encargado de la fiscalización externa permanente de la misma.

 

3. Constituye infracción a nuestro ordenamiento legal, la omisión de las autoridades de una asociación civil, quienes, pese a estar intimada la institución a modificar su sede social en la Inspección General de Justicia, no obstante haberse mudado a un domicilio no registrado en dicho organismo, su Comisión Directiva ha persistido en tal actitud omisiva, lo cual constituye infracción a lo dispuesto por el artículo 11 del decreto 1493/82, reglamentario de la ley 22.315.

 

4. Constituye una actuación reprochable por parte de la Comisión Directiva de la asociación civil no haberse opuesto a la aprobación de una resolución asamblearia que resolvió puntos del orden del día no incluidos en la respectiva convocatoria, como lo ha sido, nada mas y nada menos que la modificación del estatuto de la entidad.

 

5. Es normativa legal vigente que cualquier reforma introducida a los estatutos de una asociación civil solo entran en vigencia a partir de la fecha de la aprobación por la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA ( art. 114 de la Resolución 6/80 ).

 

6. La constatación por parte de la Inspección de Justicia, mediante una visita a la sede social, de que la última acta de asamblea pasada a libros databa de hace cuatro años y que el libro de actas de la comisión directiva de la asociación se encontraba sin rubricar, constituyen graves infracciones a lo dispuesto por los artículos 103 y 104 de la Resolución General IGJ nº 6/80.

 

7. Como principio general, todos los libros sociales deben ser exhibidos a los asociados de la entidad, para quienes las registraciones contenidas en ellos no pueden ser secretas ni ocultadas por la Comisión Directiva, pues de lo contrario resultaría  imposible constituir una lista de candidatos para una futura elección de autoridades, al desconocerse los integrantes de una asociación civil.

 

8. Es derecho esencial e implícito de todo asociado exigir la exhibición de los libros para examinarlos y tomar copia de su texto, constituyendo una obligación correlativa del depositario de los libros la de facilitar ese examen y copia.

 

9. Los miembros de una asociación civil poseen el derecho de fiscalización de los órganos de administración y aún los de contralor. En consecuencia, poseen el derecho de examinar los libros de contabilidad y demás libros de la asociación.

 

10. El incumplimiento de la obligación de exhibir a los asociados los libros de actas de asamblea y de la comisión directiva por parte del presidente de la asociación, como se había comprometido a hacerlo conforme nota escrita dirigida a los mismos, invocando la presencia de la escribana requerida por los asociados, constituye una gravísima infracción al derecho de información de que gozan todos los integrantes de una asociación civil, la cual es incompatible con el desempeño de su función de integrante de la comisión directiva y presidente de la entidad, que debe velar por el normal ejercicio por parte de los asociados de sus derechos sociales.

 

11.                                                                   Es objetivo de la existencia de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA la fiscalización de las asociaciones civiles y la normalización de ellas, cuando la actuación de sus administradores no sean congruentes con las disposiciones estatutarias y legales que rigen la vida de la institución.

 

12.                                                                   La enorme cantidad de irregularidades que se han observado en torno a la actuación de la comisión directiva de una asociación civil,  en perjuicio no solo de sus asociados, sino de esta Inspección General de Justicia, justifican sobradamente la adopción de la ejemplar medida prevista en el artículo 10 inciso j) de la ley 22.315, procediendo  en derecho requerir del Ministerio de Justicia de la Nación la intervención de la entidad en juzgamiento y la consecuente designación de la persona que tendrá a su cargo la administración de la entidad hasta su total normalización.

 

13.                                                                   Siendo nula de nulidad absoluta la decisión adoptada en el seno de la asamblea general ordinaria de la asociación civil por haberse aprobado una reforma estatutaria referida al procedimiento de elección de la comisión directiva de la entidad,  cuya consideración no estaba incluida en el respectivo orden del día, lo cual estaba expresamente prohibido por el estatuto de la mencionada entidad, dicha invalidez se traslada inescindiblemente a la elección de las nuevas autoridades de la asociación, efectuada en una asamblea ordinaria posterior, en la cual se aplicó el nuevo estatuto.

 

14.                                                                   Si los administradores de la asociación civil han realizado actos o incurrido en omisiones que han puesto a esta entidad en peligro grave,  la intervención de la entidad constituye el remedio más eficaz para poner fin al estado en que se encuentra la administración de la misma.

 

Resolución IGJ Diciembre 29 de 2003, en el expediente “BOXER CLUB ARGENTINO”

 

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ASOCIACIONES CIVILES. Representación. Efectos de la quiebra del representante de la asociación civil sobre los actos celebrados por ésta. Nulidad. Desvinculación del administrador fallido. Impugnación de asambleas de asociados. Forma del cómputo de los votos. Supuestos que implican la aplicación de la doctrina de los propios actos. Acta de asamblea. Omisión en la entrega del acta. Naturaleza jurídica del acta.

 

1. La incursión del administrador y representante de una asociación civil en una de las prohibiciones contenidas en la ley y el estatuto para desempeñar el referido cargo, implica la inmediata desvinculación de éste, en especial aquella que impide al fallido desempeñar la administración de la entidad, habida cuenta el carácter de orden público que reviste la legislación concursal.

 

2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Código Civil, que prescribe que los actos prohibidos por las leyes son de ningún valor, si la ley no designa otro efecto para el caso de contravención, forzoso es concluir que todos los actos llevados a cabo por un fallido, en ejercicio de la representación de una asociación civil, cuyo estatuto expresamente prevé la prohibición de todo administrador quebrado continuar ejerciendo ese cargo, son nulos y carecen de todo valor.

 

3.  El estado de quiebra de un sujeto de derecho es dato de público conocimiento que interesa a toda la comunidad.

 

4. La circunstancia de que el administrador y representante de una asociación civil haya levantado su estado de quiebra con posterioridad a la celebración de determinados actos en nombre de la entidad, no influye sobre la declaración de invalidez de los mismos, pues tal alternativa jamás puede tener efectos retroactivos ( art. 98 de la ley 24522 ) y mucho menos cuando se trata de un acto que el fallido ha realizado en ejercicio de la representación legal de un tercero, como lo es la presentación de una denuncia ante esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y promovida contra una Federación a la cual la entidad denunciante se encuentra afiliada.

 

5. La adopción de acuerdos asamblearios por unanimidad no implican adjudicar  un voto por afiliado sino que constituye una forma de adoptar decisiones sociales que torna superfluo establecer y determinar el número de votos obtenidos en cada decisión adoptada de tal manera por los asistentes de la asamblea.

 

6. Resulta contrario a la doctrina de los propios actos consentir la presencia de determinadas entidades afiliadas a una Federación en un acto asambleario de la misma y la adopción de ciertas decisiones asamblearias con el voto de aquellas, para luego cuestionar el ejercicio por las mismas del referido derecho como argumento del pedido de invalidez de un determinado acuerdo, pues si la asociación impugnante hubiese entendido que la presencia de cualquiera de ellas era contraria a lo normado por el estatuto de la federación debió haber formulado dicha objeción al constituirse la asamblea y no consentir ninguna de las decisiones sociales adoptadas en el seno de la misma con el voto de cualquiera de dichas instituciones, pero silenciar esa circunstancia para luego invocar su irregularidad cuando le resultaba conveniente a sus intereses, implica una actuación que peca de una grave incoherencia y que el derecho no puede recoger.

 

7. La falta de entrega del acta de la asamblea al Secretario de actas de la Federación jamás puede implicar la nulidad del acto eleccionario de la aludida entidad, habida cuenta el carácter instrumental de dicho documento, pues lo resuelto por cualquier asamblea legítimamente convocada y celebrada tiene un valor intrínseco propio, con prescindencia de la firma o no del acta respectiva.

 

8. El acta de la asamblea ha sido exigida como instrumento “ad probationem” y no “ad solemnitatem” y sirve para facilitar la prueba de lo discutido y decidido, así como para dejar constancia de la voluntad social en una determinada fecha y respecto de un punto concreto. En ausencia de acta cualquier otro medio de prueba es válido para determinar aquellos extremos”.

 

9. El hecho de que no se haya hecho entrega del acta de la asamblea a quien, por decisión expresa del estatuto, era el encargado de redactarla, jamás puede convertirse en un hecho generador de irregularidad e ineficacia del acto asambleario.

 

Resolución IGJ nº 1556, Diciembre 2 de 2003, en el expediente “Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines”.

 

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ASOCIACIONES CIVILES. Fiscalización estatal. Denuncias ante la Inspección General de Justicia. Sujetos legitimados. Cosa juzgada administrativa. Sociedad de autores. S.A.D.A.I.C. Naturaleza jurídica y marco normativo. Fiscalización. Obligaciones de S.A.D.A.I.C. hacia sus asociados. Derechos de los autores. Responsabilidad de los administradores de las sociedades de autores. Existencia de un conjunto económico integrado por la asociación civil como sujeto controlante. Efectos. Supuestos que justifican la fiscalización estatal intensiva sobre una entidad civil.

1. El derecho subjetivo y el interés legítimo constituyen las dos categorías que otorgan título suficiente para  deducir una petición tendiente a obtener una decisión concreta de la Administración que reconozca o proteja un derecho o, al menos, un interés legítimo del mismo. El interés legítimo es aquel interés personal y directo, atribuible a una categoría definida y limitada de individuos, a diferencia del llamado interés público general, diluido en el común. Se caracteriza al interés legítimo como particular o privativo del que pretende accionar sobre la base de su validez, en oposición al interés general; pero también como diferente del interés de la Administración en el sostenimiento del ordenamiento jurídico, ya que esa misión, que le compete, no puede trasladarse a los particulares.

2. Teniendo presente que la  relación  asociativa  es de índole contractual civil y constituye basamento de las obligaciones y derechos de los asociados, dando  nacimiento  al “status socii y consagrando en consecuencia su  derecho  a acudir a esta sede, dada la condición de socio del denunciante no puede desconocerse su  interés  legítimo para iniciar una denuncia ante la Inspección General de Justicia.

3. La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música ( S.A.D.A.I.C. ) se encuentra sometida a diversos controles, los cuales se encuentran en manos de órganos diferentes, y que tienen finalidades distintas, aún cuando todos ellos concurran en asegurar la legalidad de su funcionamiento. En primer lugar, en tanto asociación civil, carácter que posee conforme a sus estatutos y a la ley 17.648, se encuentra sujeta a la fiscalización permanente de funcionamiento, disolución y liquidación, por parte de la Inspección General de Justicia, a tenor de las potestades indelegables impuestas  por la ley  22.315, pero además de ello, cabe destacar la fiscalización permanente establecida en la ley 17.648, establecida en resguardo del patrimonio artístico musical y de la efectiva vigencia del derecho de autor, ejercida por medio de auditores designados por las Secretarías de Estado de Justicia y de Promoción y Asistencia de la Comunidad ( Auditor de Fiscalización y Auditor de Planillas ); y el control ejercido con relación a la actividad mutual de la entidad.

 

4. Tratándose de una asociación sometida al control de la Inspección General de Justicia y al Instituto Nacional de Acción Mutual, y en lo que respecta a la tarea de la primera, ella constituye  una actividad específica de control técnico-jurídico y se justifica con la policía que el Poder Ejecutivo debe ejercer sobre las asociaciones civiles. En cambio, el Instituto Nacional de Acción Mutual halla su justificación en el control que debe ejercerse sobre todo lo que, también específicamente, se relacione y afecte  al mutualismo, de donde pueden armonizarse las normas correspondientes, reteniendo para la Inspección sus funciones propias relativas a las asociaciones civiles ordinarias y aún respecto de aquellas que entre sus fines tengan también el mutual; mientras que el Instituto ejercerá sus atribuciones - incluso acerca de la inscripción y consecuente reconocimiento como persona jurídica - respecto de las mutuales “puras” (o con único objeto mutual), aparte del contralor “técnico, asistencial y previsional” tanto de éstas como de las asociaciones civiles que, entre otros fines, tengan asimismo las mutuales.

5. Así como cualquier asociación civil puede agregar a su objeto social la práctica del mutualismo, luego puede suprimirla, sin que se conciba lógicamente la necesidad de liquidarla y menos perder su personalidad jurídica propia.

6. La naturaleza de la obligación S.A.D.A.I.C. respecto a la percepción de los derechos autorales de sus asociados no se subsume en las reglas del mandato en la que el mandante elige libre y voluntariamente la persona que ejercerá esa función. Por el contrario, habida cuenta el monopolio legal que al respecto la ley otorga a SADAIC, cabe encuadrar su actuación como una representación necesaria conferida por la ley.

7. El cumplimiento fiel de la obligación que le corresponde a S.A.D.A.I.C. no se limita a una simple rendición de cuentas frente a sus representados. Al tener S.A.D.A.I.C. la única representación posible, al confiarle la ley la gestión colectiva del patrimonio artístico de sus representados, el juicio crítico acerca de su gestión no puede excluir este elemento de exclusividad, pues no es posible sostener que las obligaciones derivadas de la representación necesaria que la ley confía a S.A.D.A.I.C para que sus miembros reciban por su intermedio el fruto económico de su labor como creadores, pueden considerarse satisfechas mediante lo que se sostiene como un obrar diligente, con total prescindencia de la eficacia de la gestión o estimarse cumplida la misma por la celebración de contratos con sociedades extranjeras y haber acreditado la realización de algún reclamo esporádico.

8. Las sociedades de autores son entes complejos y atípicos, carecen de fines de lucro, pues no reparten dividendos, son entidades mutuales porque su objetivo es la administración recíproca de sus repertorios y al administrar repertorios musicales de otras entidades similares extranjeras se determinan complejas relaciones entre los socios o representantes locales y las sociedades extranjeras también representadas.

9. Si las sumas percibidas por los autores de parte de S.A.D.A.I.C, en cumplimiento de un convenio celebrado entre las partes, son sensiblemente inferiores a las que se les debía pagar en concepto de percepción de derechos por la difusión de sus obras en el orden nacional y excluían las devengadas por la difusión de las obras en el extranjero, no cabe dudas que la renuncia que los autores efectuaran en dicho acto de sus derechos a reclamar tales conceptos y otras indemnizaciones por la deficiente gestión de SADAIC, constituye una ventaja desproporcionada que el ente autoral ha obtenido sin contraprestación alguna a su cargo. Así la evidente desproporción, sujeta a la prudente apreciación judicial, configura el vicio de lesión.

10. A la cosa juzgada administrativa se le debe otorgar un alcance más restringido que a la judicial.

11. Para establecer la existencia o no de cosa juzgada debe realizarse un examen minucioso de las cuestiones planteadas a los fines de determinar si la sentencia firme ya ha resuelto lo que se deduce como nueva pretensión, teniendo en cuenta que la finalidad del  control es tuitiva y  deriva  del  ejercicio de potestades estatales.

12. La consideración de la existencia o no de cosa juzgada requiere del juez un gran equilibrio, porque debe tener en cuenta la exigencia de orden público ligada a la seguridad jurídica propia de esta institución, debiendo ponderar al mismo tiempo y con cautela, los elementos decisivos de la cuestión planteada, de manera de no incurrir en un rigorismo formal, sobredimensionando los alcances de la inmutabilidad de la sentencia.

13. Mientras la cosa juzgada es de imposición heterónoma, la administrativa, en tanto signifique renuncia a acceder a lo jurisdiccional, tendrá que derivar de la libre voluntad del particular. Por principio, la cosa juzgada administrativa quedará supeditada al control judicial suficiente, según lo tiene determinado la jurisprudencia de la Corte Suprema quedando así expuesta la imperfección de la cosa juzgada administrativa.

14. Siendo el padrón un instrumento causal, formal y probatorio, sólo existe como tal cuando tiene correlato en los registros sociales y contables de la  entidad, auténticos, completos y actualizados de la asociación lo que amerita la actividad jurisdiccional de esta Inspección General de Justicia a fin de recabar mediante  mayores inspecciones toda medida tendiente a la verificación de su legalidad, en tanto como tal refleja el status del denunciante y del elenco de socios en general.

15. La prosecución o cese de las  causas penales  contra los  administradores de las  asociaciones  civiles  no empecen ni colisionan la actividad  de  fiscalización del  organismo de control  sobre el ente,  por tratarse  de dos  órbitas  diversas de actuación estatal.

16. La persona jurídica es responsable de los actos realizados por sus representantes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del Código Civil, aún cuando éstos sean sustituidos antes del cumplimiento de sus obligaciones. En consecuencia, no puede entonces invocar la accionada para eludir las obligaciones asumidas por la asociación, la circunstancia de haber sido intervenida. Esta medida podrá conseguir regularizar la institución y determinar las responsabilidades de una conducción cuestionada, pero no podrá en modo alguno desconocer las obligaciones contraídas por la Asociación.

17. La determinación del carácter de sujeto controlante  de S.A.D.A.I.C. y su implicancia jurídica a  través del régimen de la ley 19.550, plantea diversas cuestiones, por  cuanto la  “ratio legis  de  esa  normativa mercantil  es la protección  del interés  social y  en la hipótesis de una asociación civil  urge la protección  del objetivo  no lucrativo y  altruista  que origina  la  concesión  de la autorización de funcionamiento  a la  asociación y  su  intangibilidad  patrimonial evitando  que  esta persona  jurídica  actúe    como  un  instrumento  de  fraude  a la  ley  o  para burlar los  derechos  de  terceros.

18. La actividad  económica  de las  sociedades  controladas por una asociación civil,  aún  adoptando  un  criterio  amplio  en  cuanto  a  la  posibilidad  de las  entidades  de  bien  público  de  autosustentarse, conlleva  en  la  práctica   la ruptura con el tradicional concepto de entidad no lucrativa y mutualística, a tal punto que, conforme a las constancias contables y documentales arrimados a las presentes actuaciones, no  podría   distinguirse  claramente la  gestión  societaria  de la asociativa, pues a la especial  conformación  del  patrimonio  de la  asociación, (integrado por acciones  y  otros  títulos)  se  añade la  atipicidad  de la  conformación  del   grupo  societario  controlado por  una persona  jurídica  no  comerciante.

19. El fenómeno de la agrupación de sociedades produce una  evidente desvirtuación del  interés  social debido  a  que  las  decisiones  inherentes  al  giro  comercial de  todas las  sociedades  sometidas son  generadas  fuera  de  ella, convirtiéndose la  personalidad  moral  de las  controladas  en  una  mera  apariencia.

20. Teniendo en cuenta que la configuración  del  uso desviado  de mecanismos  societarios  determina  finalmente la  subsunción al  régimen general de responsabilidad civil, y que en  situaciones  de  control, la  doctrina  está  conteste  en la  extensión  de  responsabilidad  hacia la entidad controlante,  no ya  referida  a los  administradores  en  sí,   sino  a la  propia  persona jurídica, dado  el  vínculo jurídicamente  relevante por los  actos  que  determinen  su  influencia dominante, resulta imprescindible determinar con mayor  grado  de exactitud la composición  y  objeto  de las  sociedades  controladas por la entidad denunciada S.A.D.A.I.C., así  como  el control  de sus estados patrimoniales, máxime cuando no se han presentado estados contables consolidados.

21. La omisión por parte de S.A.D.A.I.C. de suministrar información a sus asociados y a la autoridad de control, los erróneos criterios contables aplicados por la misma, en contradicción con normas contables profesionales y la ausencia de un balance consolidado entre aquella y sus sociedades controladas, configurando un conjunto económico que torna poco clara la  determinación  entre  el  objeto de la referida asociación y las  actividades  lucrativas  cumplidas  para  su  consecución,  son hechos relevantes que nutren  la  necesidad  de  fiscalización  intensiva por parte de la Inspección General de Justicia sobre dicha entidad, la cual deberá estar a cargo de veedores legales y contables designados por este organismo, pues se encuentra en juego el  interés  del  Estado  en  la  salvaguarda  de la  entidad  de  bien  público.

Resolución I.G.J. nº 1564, Diciembre 2 de 2003, en el expediente “Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música S.A.D.A.I.C.”.

 

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Sección Fundaciones.

 

FUNDACIONES. Derecho de los descendientes del fundador. Inexistencia de cláusula estatutaria en tal sentido. Disolución de la fundación. Causales. Retiro de la personería. Vacancia total del Consejo de Administración. Facultades de la Inspección General de Justicia.

 

1. No cuentan con legitimación alguna para pretender involucrarse en la vida de la fundación quienes invocaron ser descendientes del fundador de cuya última voluntad fue creada la entidad, careciendo su estatuto de toda estipulación en tal sentido.

 

2. Si como lo ha dicho la jurisprudencia, el apartamiento por la propia voluntad del fundador del consejo directivo, convierte a éste en un extraño con respecto a la institución que ha fundado, careciendo de toda injerencia en la gestión y manejo de los bienes de la institución, ello es tanto más aplicable a los descendientes del mismo.

 

3. No resulta procedente sancionar a una fundación regularmente constituida con el retiro de su personería jurídica  (art. 48 inciso 2º del Código Civil ), disponiendo su disolución por tal motivo, cuando  la falta de cumplimiento de las obligaciones hacia el organismo impuestas a toda fundación por el artículo 23 de la ley 19836 y por las Resoluciones Generales de esta Inspección números 4/93 y 5/93 han respondido a la imposibilidad de funcionamiento del órgano de administración de la entidad, no siendo imputable a la misma la falta de contestación de las vistas que le fueron conferidas en los distintos expedientes administrativos existentes en la Inspección General de Justicia, cuando  el inmueble donde deberá funcionar dicha entidad se encuentra ocupada por terceros.

 

4.  Si la sede de la fundación se encuentra ocupada por terceros, mal puede sancionarse a la misma con el retiro de su personería por el solo hecho de que no haya contestado las vistas, intimaciones o notificaciones dirigidas por la autoridad de control a su sede social, en tanto el retiro de la personería, como sanción, no es aplicable cuando la infracción no es imputable a la entidad.

 

5. No resulta procedente la disolución de la fundación por imposibilidad de cumplir sus estatutos, pues contando la entidad con un importante inmueble donde cumplir su objeto social y pudiendo recurrir la Inspección General de Justicia, ante la vacancia total de su órgano de administración a la solución prevista por el artículo 18 de la ley 19.836, la causal de disolución prevista por el artículo 48 inciso 2º del Código Civil no resulta operativa.

 

6. A pesar de la amplitud de los términos empleados por el Código Civil al incluir el retiro de la personería por imposibilidad de cumplir con los estatutos como supuesto de disolución de una fundación, esta causal prevista en el inciso 2º del artículo 48 del Código Civil no comprende los casos de insuficiencia del patrimonio contemplado en el inciso 3º del mismo artículo 48, o la desaparición o muerte de los miembros de una asociación previsto en el artículo 49 del mismo ordenamiento, o incluso los mismos supuestos referidos a la fundación, que se rigen por las normas de los artículos 18 y concordantes de la ley 19836.

 

7. Siendo potestad de la Inspección General de Justicia, en ejercicio de su poder de policía, retirar o no la personería jurídica de una fundación, apreciando la viabilidad de la causal de disolución prevista en el artículo 48 inciso 2º del Código Civil, se considera plenamente aplicable al caso la solución prevista por el artículo 18 de la ley 19.836, en cuanto dispone, bajo el título de “Acefalía del Consejo de Administración” lo siguiente: “Cuando vacasen cargos en el consejo de administración de modo que su funcionamiento se hiciera imposible y no pudiera tener lugar la designación de nuevos miembros conforme al estatuto, o estos rehusaren aceptar los cargos, la autoridad administrativa de control procederá a reorganizar la administración de la fundación y a designar nuevas autoridades, modificando el estatuto en sus partes pertinentes”.

 

8. La solución prevista por el artículo 18 la ley 19.836 en materia de acefalía del consejo de administración de una fundación viene impuesta forzosamente, en especial cuando la entidad cuenta con un inmueble suficientemente apto para cumplir con los fines de la institución, a lo que debe sumarse la capacidad estatutaria de la entidad de recibir de terceros los fondos necesarios a los fines de desarrollar el objeto  y la necesidad del Estado de preservar toda actividad de bien común, como lo es dar alojamiento, atención y cuidado a las ancianas de pocos recursos.

 

Resolución IGJ nº 1540, 29 de Noviembre de 2003,  en el expediente “Fundación María Costa de Palacios”.

 

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FUNDACIONES. Naturaleza y requisitos. Actos incompatibles.  Actividades con fin de lucro y operaciones comerciales. Compraventa de acciones. Requisitos de existencia de las fundaciones. Patrimonio y nombre. Existencia de una fundación homónima. Efectos. Diferencias entre las fundaciones y asociaciones civiles. Facultades de la Inspección General de Justicia a los fines de encuadrar la figura dentro de los márgenes legales, con independencia de la calificación dada por las partes.

 

1. Implica la realización de actividades incompatibles con la naturaleza de las fundaciones, la existencia de un propósito de lucro de sus asociados, lo cual se encuentra en pugna  con el  tenor  de bien público que caracteriza la constitución y existencia   de toda  fundación.

 

2. Es  clara la finalidad  del  lucro inserta en el estatuto de la fundación cuya personería se pretende, cuando de dicho instrumento surge, entre las operaciones que pretende efectuar la aludida entidad, “ dar  y  recibir préstamos  en bienes,  efectivo y  dinero en  curso  legal  o en moneda  extranjera de  acuerdo  a las  normas legales  vigentes, con o  sin  garantía”. posibilidad  que  denota  actividad  financiera,  sujeta  a regímenes  especiales e incursa en el  supuesto del artículo 8º inc. 3 y  10  del  Código de Comercio.

 

3. Teniendo  en cuenta que los propios consejeros  son  los principales  aportantes  de la fundación,  la gestión de beneficios para los  mismos  importaría la categoría  de actos  prohibidos  por  el  artículo  20 de la ley  19.836, y  el  artículo  20  inc. f, m y v  de la ley de Impuesto a las  Ganancias.

 

4. El carácter altruista de las  fundaciones no  se define  tanto por las  actividades que  puede alcanzar  sino  más bien  por la exclusión de aquellas que le  son  ajenas  por  imperio normativo.

5. Si del análisis del objeto de la fundación  se deduce  un  haz de  actividades  comerciales  incluidas  en el texto  estatutario  que adquieren  entidad  propia, denotando la estrecha vinculación existente entre las diversos actos mercantiles propugnados, sus miembros  y sus objetivos, ello  conlleva a la desnaturalización de la esencia misma de la fundación, en tanto ésta, no puede perseguir  fines de lucro.

6. Es incompatible con la naturaleza de toda fundación prever en el estatuto, dentro de las actividades a realizar por dicha entidad, la compra y venta de valores, títulos públicos o acciones de cualquier naturaleza, en tanto se trata de un acto  declarado  comercial por  el art.inc. 4 del Código de Comercio, así como  lo  previsto sobre adquisición  onerosa  de  acciones,  en cuanto el  artículo  451  del  Código  de  Comercio  considera  mercantil la  compraventa  de  acciones  de las  compañías y papeles  de  crédito  comerciales. Debe  tenerse  presente  que son características  del  título  acción   ser  un título  de participación,  de  ejercicio  continuado, no  formal, incompleto,  causal, indivisible, serial, y  esencialmente  comercial,  cuya  compraventa tiende  a transferir la  posición  de  accionista.

 

7. La falta de acreditación, mediante  boleta  de depósito en el Banco  Nación,  del capital original de la fundación, obsta al reconocimiento de su personería jurídica, pues ella carece de un atributo de la persona  jurídica: el patrimonio, motivo mas  que suficiente  para  proceder en sí  a la  denegatoria.

 

8. Que la  fundación en cuanto persona jurídica, debe tener  una  denominación  ( artículo 3 de la  ley 19.836) que le permita  identificarse y  diferenciarse de las demás personas jurídicas, denominación que constituye un atributo de la personalidad que le pertenece ( artículo 27 y 28 Ley 22.362)  y  que debe reunir ciertas cualidades como a) la  inconfundibilidad: se prohiben denominaciones idénticas para  sociedades distintas, b) la identificación: posibilidad de distinguirla  fácilmente de cualquier  otra sociedad  y c) la veracidad: evitar denominaciones  que  induzcan a  error  sobre la verdadera  actividad  de la sociedad.

 

9. El  nombre de toda persona jurídica tiene  una  doble función de identificación y  de atracción al público, de allí  que la Ley 3975 y la doctrina concuerdan en que: a) no  debe inducir  a  error en  cuanto  al  objeto, b) ni confundirse  con  el de otra  sociedad.

 

10. El artículo 8 de las Normas de la I.G.J. ( Res. Gral. I.G.P.J. 6/80) impide conformar actos constitutivos de entidades con denominación igual  o similar  a otras ya  existentes, pues la Inspección General de Justicia,  en virtud de las  funciones  que cumple por  aplicación  de las leyes  22.280 y 22.315, cuenta  con facultades para observar y  denegar inscripciones  que puedan inducir al público en general  a confusión  como es el caso de sociedades homónimas, ya  que el nombre de la sociedad tiene por  finalidad la identificación por el  conocimiento  del público  en general y  sirve para  su diferenciación en el ámbito mercantil.

 

11. Las atribuciones que la Inspección General de Justicia tiene en materia de personas jurídicas homónimas, a los fines de evitar conformar actos constitutivos de entidades con denominación igual o similar a otras ya existentes, se hallan en consonancia  con los  principios que  exigen dar  adecuada protección al trafico mercantil, a la seguridad de las personas jurídicas y  a la protección de los terceros en general. De allí  que ante la posible similitud o confundibilidad de una denominación social es obligación del órgano de contralor evitar su aprobación o registración.

 

12. Para  que  haya  homonimia basta que  exista entre las denominaciones semejanzas gramaticales o fonéticas susceptibles de producir confusión  sobre la distinta identidad de las personas jurídicas involucradas, no siendo preciso que la identidad de los nombres sea plena o total sino  que basta con que el  análisis sistemático o de conjunto de la totalidad de los vocablos  suscite posible confusión.

 

13. El nombre de las personas  jurídicas  participa de la misma  naturaleza  que corresponde  al nombre  de las personas de existencia visible, tratándose de un derecho deber  de identidad. Ello torna  aplicable  toda la normativa  civilista  con relación al  nombre  incluidas  las  prescripciones del  Código Civil y la ley  18.248  que  detalla el régimen del nombre, las  facultades denegatorias, oponibilidad de la registración  y la tutela  del  mismo en la  cesación  del  uso  indebido, mas las indemnizaciones  de los  daños  y  sanciones  que  precepta el artículo 666 bis del Código Civil ( ver  artículo 22 de la ley 18.248), normativa vigente en  la materia por el principio  analógico ya  enunciado.

 

14. La previsión en el estatuto de la fundación sobre la existencia de adherentes    que  efectuarán contribuciones a la entidad,  la  existencia  de  aportes por  personas  físicas o jurídicas y especialmente  la norma estatutaria que obliga  a los  mentados  adherentes que  deben contribuir  con  una  donación,  a manifestar su intención  de  figurar  como tales para  ser  aceptados por el consejo de administración, entraña  una  auténtica  categoría de personas,  ajenas  al tipo  legal  adoptado – fundación -  que por  definición  carece  de  categorías  de miembros a  excepción de los  consejeros, ya  que  los  fundadores pasan a ser  terceros  luego  del inicio de las  actividades  del  ente.

 

15. No es compatible con el sistema de organización de las fundaciones el esquema de funcionamiento de sus órganos previsto en su estatuto, cuando  en las  fundaciones  por  expresa  indicación  del articulo 19  la ley 19.836  existe   relación  de mandato  entre  los consejeros  y  la  fundación. Ello a diferencia de lo que acontece en las asociaciones civiles, donde rige  plenamente la teoría  organicista,  bajo  cuya  estructura  se  configura  el mentado  órgano  de  gobierno, sumado al de administración  y al órgano de   fiscalización.

 

16. Es de toda obviedad señalar que el  tipo  jurídico  adoptado   no  puede  ser elegido por   el interesado a su mero capricho,  sino  que  debe  subsumirse a la normativa  imperante en la materia.

 

17. Las  fundaciones y las asociaciones civiles entrañan  dos conceptos  diferentes que no  deben  confundirse  o yuxtaponerse. La estructura asociacional  nace de una agrupación surgida de la comunión de voluntades de sus integrantes, que pretende cierta permanencia temporal. Para ello se reúnen y resuelven, entre pares, por mayoría y, en general, así se proponen funcionar en adelante. Es el ejercicio de la democracia directa como método de funcionamiento y no existe la posibilidad de reservarse cargos ni votos, si bien es posible la reelección.

18. La Ley de Fundaciones exige precisión y determinación en cuanto a la formulación de los propósitos fundacionales, lo encuentra sustento en el respeto a la voluntad del fundador, que es quien dota a la institución para el cumplimiento de un fin que interesa a la comunidad. Su decisión no puede ser desvirtuada y, salvo excepciones —cuando deviniere de imposible cumplimiento — el objeto no puede modificarse. Diferente también en este aspecto es el tema con relación a las asociaciones, pues no sólo no existe imposibilidad legal para modificar el objeto sino que aquella precisión y determinación original cede por una posible formulación más genérica.

19. El patrimonio es otro aspecto diferenciador desde lo funcional y lo legal entre las asociaciones y las fundaciones. En efecto, la característica definitoria de la fundación es la afectación patrimonial  suficiente  para el  cumplimiento de su  objeto cristalizado, y así lo ha definido la ley, en tanto  a las  asociaciones civiles, mas  allá de la exigencia  de acreditación  patrimonial  de la Inspección General  de Justicia,  denotan que se sustentan con el producido de su propia actividad (  reinvertido  en el  objeto) pero, fundamentalmente, con el recurso más típico y genuino con que cuentan, que es la cuota social,  con la que irán conformando el patrimonio que les permita funcionar y subsistir.

 

20. Que si bien resulta uniforme la legislación y la doctrina en cuanto a las distinciones que pueden predicarse respecto de las fundaciones y las asociaciones civiles, ambas participan del denominado tercer sector y, por ende, tienen ciertos elementos comunes, tales como la finalidad de bien común, no persiguen objetivos lucrativos y restantes requisitos exigibles por el artículo 33 del Código Civil.

 

21. El erróneo  criterio del dictaminante  en cuanto al título o designación  del contrato no  puede  derivar  en una  impropia  calificación administrativa del acto  originario,  pues  cabe  dar prevalencia a la estructura organizativa concreta y a  la realidad funcional, según  surge  de los  estatutos  mismos, por  demás  actos propios del administrado.

 

22. Las  partes  tienen plena  libertar  para la constitución de  entidades,  sean estas  comerciales o civiles, asociaciones  o  fundaciones,  siempre  que  se  apeguen sus  estatutos  a los preceptos normativos previstos  para  el  tipo  jurídico,  cuestión que no  se  verifica  en autos. Por ello, resulta irrelevante  la selección abstracta de la figura jurídica pretendida si  los estatutos no se apegan a la estructura fundacional impuesta por ley.

 

Resolución IGJ 1329, Octubre 21 de 2003, en el expediente “Fundación Bicentenario”.

 

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Sección Sociedades.

 

 

SOCIEDADES. Pluralidad de socios. Inexistencia sustancial. Sociedades de cómodo. Inadmisibilidad en nuestro derecho. Finalidad del negocio societario. Facultades de la Inspección General de Justicia.

 

1. Las sociedades comerciales en general y las sociedades anónimas en particular constituyen instrumento de concentración y acumulación de capitales para el desarrollo de una actividad económica pues como ha sido tradicionalmente dicho para justificar la existencia de sociedades comerciales, “Las empresas industriales y comerciales exigen con frecuencia capitales que no pueden ser suministrados por una sola persona. Los comerciantes se asocian para reunirlos o bien buscan a quienes habitualmente colocan fondos con destino determinado y están dispuestos a correr los riesgos de la empresa...” .

 

2. La concepción del contrato de sociedad como instrumento concentrador de capitales para el desarrollo de una actividad empresaria se mantiene vigente a la fecha en nuestro ordenamiento positivo, en tanto la ley 19550, en su artículo 1º consagra la pluralidad de socios como requisito esencial y específico del contrato de sociedad comercial. Al respecto, es oportuno recordar que la exigencia de pluralidad de personas como requisito para la existencia de una sociedad comercial no puede tener una función puramente formal, pues el consentimiento de un socio solo debe considerarse jurídicamente relevante para la formación del contrato social en la medida en que tenga un contenido económico suficiente como para implicar una voluntad verdadera de realizar aportes y correr los riesgos de beneficios y utilidades que implica la figura de la sociedad.

 

3. La inexistencia de elementos esenciales del negocio societario lo vician desde el momento mismo del acto de su constitución, pues la sociedad se presenta, en su faz contractual, a través de una mera apariencia lograda por la literal observancia de las reglas fijadas en el ordenamiento al efecto.

 

4. Quienes han concurrido a constituir la sociedad anónima en la cual una persona es titular del 99% del capital accionario y el otro socio del resto de dicho capital, no han querido formar una sociedad entre sí ni tampoco con otras personas determinadas o a determinarse. No han tenido voluntad de asociarse y menos aún una voluntad de colaboración activa, jurídicamente igualitaria e interesada, es decir, carecen de “affectio societatis”, que es, en opinión aun frecuente en nuestra doctrina, un elemento específico del contrato de sociedad”. Es evidente que tales conclusiones descartan la posibilidad de recurrir a la constitución de sociedades anónimas - o de responsabilidad limitada - como un mero recurso para limitar la responsabilidad del empresario individual, el cual es solo un efecto legal de la elección de un determinado tipo societario, pero nunca, se reitera, constituye el objetivo que tuvo en miras el legislador al legislar el contrato de sociedad.

 

5. Las sociedades anónimas no han sido creadas por el legislador como instrumentos para limitar la responsabilidad de sus integrantes ni para quebrar los principios generales de la universalidad del patrimonio de las personas físicas, sino como contratos idóneos para la concentración de capitales a los efectos de emprender negocios de gran envergadura.

 

6. La mera consulta de las constancias de su acto constitutivo revela que la sociedad anónima cuya inscripción se pretende, no ha sido constituida a los fines de concentrar capitales para una determinada explotación empresaria, pues mal puede arribarse a una conclusión semejante – y coherente con la finalidad prevista por el artículo 1º de la ley 19550 – cuando uno de los socios ha aportado o se ha comprometido a aportar el 99% del capital necesario a los fines de poner en funcionamiento a la misma, que asciende a la suma de pesos 11. 880 pesos  y el restante consocio se han limitado a aportar el capital social restante, que en el particular caso de autos asciende a la suma de 120 pesos y que representa, como hemos visto, el 1% del capital de la referida entidad.

 

7. Las sociedades donde uno de los socios es titular del 99% del capital social y el otro del 1% restante, configura lo que ha sido denominada como las “sociedades de cómodo”, las cuales consisten en la utilización de la sociedad para limitar la responsabilidad del empresario individual, finalidad que ha sido descartada por el legislador societario de 1972, que ha requerido, con rango de exigencia legal,  la subsistencia de la pluralidad de socios reales durante la vida de la sociedad, porque su desaparición es causal de disolución, conforme lo dispuesto por el artículo 94 inciso 8º de la ley 19550. 

 

8. Las denominadas “sociedades de cómodo” se encuentran excluidas de nuestro derecho, entendidas éstas como el recurso utilizado por aquellos empresarios individuales que solo aparentemente actúan como entes societarios, sea por la vía de la simulación de la pluralidad o por el denominado negocio indirecto.

 

9. Si uno de los fundadores de la sociedad anónima es titular del 99% del capital social y el otro fundador del uno por ciento restante de las acciones, es evidente concluir que el primero no necesitó ni necesita al segundo para desarrollar la amplia gama de actividades descripta en el objeto social de aquella, y que solo se recurrió a esta última sociedad a los fines de cumplir con una mera formalidad y no para satisfacer la justificada exigencia de lograr la pluralidad de sujetos que la ley 19550 requiere para el nacimiento de un nuevo sujeto de derecho, con personalidad propia y con excepcional beneficio de la limitación de la responsabilidad de quienes integran el elenco de socios de la sociedad anónima cuya inscripción se pretende.

 

10. Es de toda obviedad que la Inspección General de Justicia, en ejercicio del control de legalidad que la ley ha puesto en sus manos ( art. 34 del Código de Comercio, art. 6º de la ley 19550 y art. 7º de la ley 22.315 ) no puede admitir que se desvirtúen los fines que el legislador tuvo en miras al regular el contrato de sociedad, erigiendo a la pluralidad de socios como requisito esencial de la constitución y funcionamiento de las mismas.

 

Resolución IGJ nº 1414, Noviembre 3 de 2003, en el expediente “Vitamina Group Sociedad Anónima”

 

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SOCIEDADES. Requisitos. Pluralidad de socios. Importancia. Sociedades de cómodo. Facultades de la Inspección General de Justicia. Necesidad de preservar la pluralidad sustancial de socios. Fundamento.

 

1. Las sociedades comerciales en general y las sociedades anónimas en particular constituyen instrumento de concentración y acumulación de capitales para el desarrollo de una actividad económica, pues como ha sido tradicionalmente dicho para justificar la existencia de sociedades comerciales, las empresas industriales y comerciales exigen con frecuencia capitales que no pueden ser suministrados por una sola persona. Los comerciantes se asocian para reunirlos o bien buscan a quienes habitualmente colocan fondos con destino determinado y están dispuestos a correr los riesgos de la empresa.

2. La concepción del contrato de sociedad como instrumento de acumulación de capitales se mantiene vigente a la fecha en nuestro ordenamiento positivo, en tanto la ley 19550, en su artículo 1º consagra la pluralidad de socios como requisito esencial y específico del contrato de sociedad comercial.

3. La exigencia de pluralidad de personas como requisito para la existencia de una sociedad comercial no puede tener una función puramente formal, pues el consentimiento de un socio solo debe considerarse jurídicamente relevante para la formación del contrato social en la medida en que tenga un contenido económico suficiente como para implicar una voluntad verdadera de realizar aportes y correr los riesgos de beneficios y utilidades que implica la figura de la sociedad.

4. La inexistencia de elementos esenciales del negocio societario lo vicia desde el momento mismo del acto de su constitución, pues la sociedad se presenta, en su faz contractual, a través de una mera apariencia lograda por la literal observancia de las reglas fijadas en el ordenamiento al efecto.

5. Quienes han concurrido a constituir la sociedad anónima en los casos donde un solo socio tiene mas del 99% del capital social,  y el resto está en manos del otro socio, es evidente que ellos no han querido formar una sociedad entre sí ni tampoco con otras personas determinadas o a determinarse. No han tenido voluntad de asociarse y menos aún una voluntad de colaboración activa, jurídicamente igualitaria e interesada, es decir, carecen de “affectio societatis”, que es, en opinión aun frecuente en nuestra doctrina, un elemento específico del contrato de sociedad”.

6. Debe descartarse la posibilidad de recurrir a la constitución de sociedades anónimas - o de responsabilidad limitada -  como un mero recurso para limitar la responsabilidad del empresario individual, el cual es solo un efecto legal de la elección de un determinado tipo societario, pero nunca el objetivo que tuvo en miras el legislador al legislar el contrato de sociedad.

7. Las sociedades anónimas no han sido creadas por el legislador como instrumentos para limitar la responsabilidad de sus integrantes ni para quebrar los principios generales de la universalidad del patrimonio de las personas físicas, sino como contratos idóneos para la concentración de capitales a los efectos de emprender negocios de gran envergadura.

8. Si del estatuto de la sociedad surge que uno de los socios tiene mas del 99% del capital social, todo parece indicar que estamos en presencia de las llamadas “sociedades de cómodo”, las cuales consisten en la utilización de la sociedad para limitar la responsabilidad del empresario individual, finalidad que ha sido descartada por el legislador societario de 1972, que ha requerido, con rango de exigencia legal,  la subsistencia de la pluralidad de socios reales durante la vida de la sociedad, porque su desaparición es causal de disolución, conforme lo dispuesto por el artículo 94 inciso 8º de la ley 19550.

9. Las denominadas “sociedades de cómodo” se encuentran excluidas de nuestro derecho, entendidas éstas como el recurso utilizado por aquellos empresarios individuales que solo aparentemente actúan como entes societarios, sea por la vía de la simulación de la pluralidad o por el denominado negocio indirecto.

10. Tratándose de sociedades donde un socio cuenta con una participación accionaria del 99% del capital social, todo lleva a la evidente conclusión que aquel socio no necesitó ni necesita a restante socio, titular del 1% del referido capital, para desarrollar la amplia gama de actividades descripta en el objeto social de aquella, y que solo se recurrió a esta última sociedad a los fines de cumplir con una mera formalidad y no para satisfacer la justificada exigencia de lograr la pluralidad de sujetos que la ley 19550 requiere para el nacimiento de un nuevo sujeto de derecho, con personalidad propia y con excepcional beneficio de la limitación de la responsabilidad de quienes integran el elenco de socios de la compañía.

11. La Inspección General de Justicia, en ejercicio del control de legalidad que la ley ha puesto en sus manos ( art. 34 del Código de Comercio, art. 6º de la ley 19550 y art. 7º de la ley 22.315 ) no puede admitir que se desvirtúen los fines que el legislador tuvo en miras al regular el contrato de sociedad, erigiendo a la pluralidad de socios como requisito esencial de la constitución y funcionamiento de las mismas.

12. Si además del hecho que una de las socias de la sociedad de responsabilidad limitada sea titular del 0.991666% del capital de la misma, perteneciendo el resto, esto es, una sola cuota social, a la otra socia, quien es titular del 0,008333 % de dicho capital, surge de los documentos acompañados que éste último socio enajenó la total de las cuotas a la primera, menos una sola de ellas, no puede sino concluirse que la permanencia en la sociedad de este socio no cumple más que una simple formalidad a los fines de mantener, aún cuando formalmente, el requisito de la pluralidad de socios requerida expresamente por el artículo 1º de la ley 19550, como requisito indispensable para la existencia de una sociedad comercial.

13. Si bien es cierto que la ley 19550 no ha previsto el monto mínimo de capital que debe tener el socio de una sociedad comercial, lo cierto es que ello no es obstáculo para aceptar la existencia de sociedades donde uno de los socios es titular del 99,99166 % del capital social, toda vez que conforme reiterado y permanente criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es regla general que en la interpretación de las leyes debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de los preceptos contenidos en aquella, de manera que éstos se compadezcan con el ordenamiento jurídico restante.

14. Todo parece indicar que cuando el legislador de la ley 19550 ha exigido la pluralidad de socios como requisito de existencia de una sociedad comercial, ha pretendido que esa pluralidad sea sustancial y no meramente formal, pues de lo contrario hubiese admitido la sociedad de un solo socio. Basta al respecto, para confirmar lo expuesto, la opinión de los redactores de la ley 19550, cuando, en la Sección 12 de la Exposición de Motivos de dicho ordenamiento, manifestaron expresamente que “El inciso 8 de aquella disposición legal ( el artículo 94 ) establece la necesaria disolución de la sociedad cuando el número de socios se reduce a uno, sin perjuicio de que, y de acuerdo con las más modernas legislaciones, se posibilite la “reconstrucción de la pluralidad de integrantes” en un lapso breve, que de este modo se convierte en requisito esencial, superando toda discusión en punto a la pretendida legitimidad de las sociedades de un solo socio. En este último caso, se impone durante el lapso en que la sociedad haya quedado reducida a un solo socio, la responsabilidad ilimitada y solidaria de éste”.  A la luz de lo expuesto, parece imposible concluir que los legisladores de 1972 hayan permitido la pluralidad formal de integrantes de una sociedad mercantil, sino que más bien la intención de los mismos estuvo orientada en el sentido diametralmente opuesto.

15. La exigencia de requerir una verdadera pluralidad de socios por parte de la autoridad de control no puede quedar enervado por una aparente dificultad en determinar cual es el capital social mínimo para que un integrante de la sociedad revista el carácter de socio en sentido material o sustancial. Es evidente que mal puede establecerse un criterio matemático para resolver esa importante cuestión, pues ello dependerá de una multiplicidad de factores, como por ejemplo el monto del capital social, el objeto del ente o de la naturaleza de los aportes de los socios.

16. Resulta indiscutible es que, cuando la Inspección General de Justicia ejerce el control de legalidad de los actos societarios cuya inscripción en el Registro Público se pretende, este Organismo ( art. 34 del Código de Comercio; 5 y 6 de la ley 19550 y 7 de la ley 22.315 ) puede rechazar la registración de los mismos cuando entiende que el ordenamiento societario ha sido vulnerado, lo cual ocurre cuando no se advierte la existencia de una pluralidad sustancial de socios.

17. No parece serio sostener la existencia de una verdadera sociedad comercial, integrado por dos socios,  cuando uno de ellos tiene el 0.991666% del capital de la misma, perteneciendo solo el  0,008333 % en manos del otro socio. Ante estas circunstancias, todo parece indicar que el concepto de sociedad como instrumento concentrador de capitales para el desarrollo de una actividad económica ha sido desvirtuado para convertirse en un mecanismo impropio de limitación de la responsabilidad de una persona física, que el ordenamiento legal argentino no admite con base en el principio de la universalidad del patrimonio, afortunadamente vigente en nuestro derecho patrimonial.

18. La abismal desproporción de las participaciones de los socios pone en evidencia misma la ausencia del affectio societatis y la consecuente burla a la exigencia legislativa de la pluralidad de socios, fundada en la garantía que ello representa frente a terceros contratantes.

19. El ejercicio del control de legalidad impuesto a la Inspección General de Justicia por la ley 22.315, no puede vulnerar garantías constitucionales ni atentar contra el derecho de propiedad, cuando las objeciones formuladas al acto que se pretende inscribir se basa en el estricto cumplimiento de la legislación vigente y aplicable al caso, avalada por la más prestigiosa doctrina y jurisprudencia, tanto judicial como administrativa.

Resolución IGJ Diciembre 29 de 2003, en el expediente “ES.PE.BER. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”

 

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SOCIEDADES. Nombre societario. Homonimia. Atribuciones de la Inspección General de Justicia. Fundamento del control de homonimias.

1. El aditamento “servicios “ que formula el solicitante a la denominación original de la sociedad de responsabilidad limitada cuya inscripción pretende  no subsana la homonimia planteada, por cuanto el art. 8º de la Resolución General 6/80, que consagra el principio de la inconfundibilidad del nombre societario tiende evitar la generación de daños y perjuicios que le puede provocar a terceros la existencia de dos sociedades del mismo nombre.

2. La sociedad que se pretende inscribir, en cuanto persona jurídica, debe tener una denominación ( art. 11 inc. 2° de la ley 19.550 ) que le permita identificarse y diferenciarse de las demás personas jurídicas, denominación que constituye un atributo de su personalidad que le pertenece  y que debe reunir ciertas cualidades como la inconfundibilidad ( se prohiban denominaciones idénticas para sociedades distintas ), la identificación ( posibilidad de distinguirla fácilmente de cualquier otra sociedad) y la veracidad (evitar denominaciones que induzcan a error sobre la verdadera actividad de la sociedad ).

3. El nombre de la sociedad tiene una doble función de identificación y de atracción de clientela; de ahí que la ley 3975 y la doctrina concuerdan en que: a) no debe inducir a error en cuanto al objeto; b) ni confundirse con el de otra sociedad.

4. El art. 8° de las Normas de la I.G.J. (Res. Gral. I.G.P.J. 6/80) impide conformar actos constitutivos de entidades con denominación igual o similar a otras ya existentes, pues la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, en virtud de las funciones que cumple por aplicación de las leyes 22.280 y 22.315, cuenta con facultades para observar y denegar inscripciones que puedan inducir al público en general a confusión como es el caso de sociedades homónimas, ya que el nombre de la sociedad tiene por finalidad la identificación por el conocimiento del público en general y sirve para su diferenciación en el ámbito mercantil.

5. Las atribuciones otorgadas por la ley 22.315 a la Inspección General de Justicia en materia de inscripción de sociedades comerciales se hallan en consonancia con los principios que exigen dar adecuada protección al tráfico mercantil, a la seguridad de las relaciones jurídicas y a la protección de los terceros en general. De allí que ante la posible similitud o confundibilidad de una denominación social, es obligación del órgano de contralor evitar su registración.

6. Para que haya homonimia basta que exista entre las denominaciones semejanzas gramaticales o fonéticas susceptibles de producir confusión sobre la distinta identidad de las personas jurídicas involucradas, no siendo preciso que la identidad de los nombres sea plena o total sino que basta con que el análisis sistemático o de conjunto de la totalidad de los vocablos suscite posible confusión.

 

Resolución I.G.J. nº 1319, Octubre 17 de 2003, Castalia Sociedad de Responsabilidad Limitada.

 

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SOCIEDADES. Requisitos. Objeto. Sociedades constituidas para ser titulares de bienes registrales sin actividad mercantil. Nulidad. REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO. Inscripciones. Efectos. FUNDACIONES. Personería jurídica. Reconocimiento. Confusión patrimonial con una sociedad comercial integrada por su fundador.

 

1. Advertida la similitud de los objetivos entre la sociedad de responsabilidad limitada y la fundación, así como la coincidencia de ambas sedes sociales fijadas en la misma dirección y la utilización por las dos entidades de las mismas  instalaciones, siendo además que su dirección médica es la misma, ello genera razonables dudas sobre el o los fines que inspiraron la constitución de la entidad de bien público en virtud precisamente de la confusión de sus actividades, objetivos e ingresos con los de la sociedad comercial, planteándose incertidumbre sobre el efectivo  y real propósito de la referida entidad.

2. Resulta procedente no otorgar a una fundación la autorización solicitada para funcionar como persona jurídica, con sustento en que no ha acreditado efectivamente la factibilidad de obtener los recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto social en forma autónoma de la sociedad comercial vinculada con ella de una manera por demás estrecha.

3. Si la persona física que reviste el carácter de fundador y presidente de la fundación y gerente de la sociedad comercial que funciona en el mismo local, declaró en sede de la autoridad de control que la constitución de esta sociedad respondió al único y exclusivo objeto de ser titular registral de una propiedad, evitando de esa manera que con tal propiedad pudiera responder eventualmente ante terceros por las obligaciones que pudieran derivarse de su actuación profesional en el ramo de la medicina, ello constituye una actuación reñida con elementales normas de nuestro derecho positivo y permite inferir que la referida sociedad fue constituida invocando una falsa causa.

4. El reconocimiento por el socio mayoritario y único gerente de una sociedad de responsabilidad limitada, de haber adquirido el inmueble donde aquel ejerce su profesión de médico, a los fines de  preservar su patrimonio frente a cualquier contingencia que pudiera eventualmente acaecer por mala praxis, ello importo reconocer que la verdadera finalidad de la constitución de dicha sociedad  fue la de frustrar las pretensiones indemnizatorias que eventualmente pudiera tener derecho cualquiera de sus pacientes, lo cual constituye una actuación ilegítima, pues frustra la regla fundamental que prima en nuestro derecho en materia patrimonial, conforme al cual el patrimonio del deudor constituye la prenda común de los acreedores, resultando procedente que la Inspección General de Justicia promueva judicialmente la declaración de nulidad de la referida sociedad fundado en lo dispuesto por el artículo 953 del Código Civil.

5. Nuestro derecho societario no admite que una sociedad comercial pueda ser constituida para tener como única actividad la de ser titular del derecho real de dominio de un inmueble o de un bien determinado, pues ello queda frustrada la causa del negocio societario expresamente prevista en el artículo 1º de la ley 19550, cuando dispone que la sociedad comercial debe ser constituida a los fines de dedicarse a la producción o intercambio de bienes o servicios.

6. El hecho de la inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio no conduce a sanear los vicios que su constitución pudiera contener ya que aún registrado podría declararse en sede judicial sin que pueda invocarse a la inscripción como confirmación del vicio.

 

Resolución IGJ nº 001848, en el expediente “Fundación de Investigaciones Científicas y Asistenciales”.

 

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SOCIEDADES. Capital social. Relación con el objeto de la sociedad. Facultades de la Inspección General de Justicia. Infracapitalización. Efectos.  SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. Limitación de la responsabilidad de los socios. Excepciones. Sociedades infracapitalizadas.

 

1. La constatación de la relación que debe existir  entre el capital social y el objeto de la sociedad es función es propia del control de legalidad que el legislador ha otorgado a la Inspección General de Justicia, por expresa previsión de los artículos 34 del Código de Comercio y 6º de la ley 19550.

 

2. En materia de sociedades comerciales, las funciones de la autoridad de control se encuentran centradas en la comprobación de la legalidad sustancial del acto constitutivo, verificando si fueron cumplidos los requisitos a que la ley sujeta la constitución de una sociedad  y en tal sentido, la fiscalización que debe efectuarse en torno al acto constitutivo impone relacionar el objeto de la sociedad con el capital asignado para lograr su cumplimiento, como lo dispone el artículo 18 de la Resolución General 6/80 de la Inspección General de Justicia, que expresamente prevé la razonable relación del capital social con el objeto de la sociedad.

 

3. La doctrina nacional es pacífica en sostener la estrecha e íntima vinculación entre capital suficiente y objeto social, habiéndose sostenido al respecto que la desproporcionalidad entre éstos tiene consecuencias y un significado tan profundo como sería negar o por lo menos modificar el objeto social. Análoga orientación exhibe la doctrina comparada, en la cual se ha destacado que en la instancia de constitución de la sociedad, el capital debe ser congruente o cuanto menos no manifiestamente inadecuado al objeto social expresado en el contrato.

 

4. El derecho  societario  no  se  construye  ni  debe  interpretarse como  una  elaboración  desmembrada  del  derecho  común, pues todo lo contrario surge de lo dispuesto por el artículo 1º de la ley 19550 el cual  define a la sociedad comercial como un contrato. Pues bien, y concebido como tal al negocio societario, le  son  aplicables al mismo  las  reglas generales  que  regulan los actos  jurídicos, en aras  de los cuales,  entre  otros  principios  generales,  se postula  la  exigencia  de que los mismos  deben  tener por  objeto hechos posibles ( art. 953 Código Civil).

 

5. El objeto  social define y enmarca el cumplimiento de las actividades sociales guardando estrecha relación la proporción  con  el capital  social y los  aportes  de los socios,  ordenados  a la consecución  del  referido objeto. de todo lo cual se sigue que un capital  social desproporcionadamente   reducido en  su  magnitud determinará  la imposibilidad “ex origine” de  cumplir  el  objeto  que debe, por  esencia  ser  fácticamente posible.

 

6. La relación entre el objeto de la sociedad y el capital social asignado a la misma se encuentra plasmado dentro del ordenamiento societario vigente, cuando dispone la disolución de la sociedad por imposibilidad de lograr el objeto para la cual se constituyó ( art. 94 inciso 4º de la ley 19550 ).

 

7. El capital social, que es requisito indispensable de todo contrato de sociedad (art. 11 inciso 4º de la ley 19550)  no solo constituye  un parámetro para medir la situación económica o financiera de una sociedad, ni una cifra apta  exclusivamente para el cómputo del quórum y mayorías en las asambleas de accionistas o reuniones de socios.  Tal manera de entender las cosas desconoce la función más importante que cumple el capital social en toda compañía, que es la función de servir de  garantía a los acreedores de la sociedad para el cobro de sus créditos, lo cual constituye esencial diferencia  entre el capital social y el patrimonio de la persona jurídica, en el sentido que si bien la sociedad podrá hacer literalmente lo que quiera con su patrimonio, ello no sucede con el capital, pues los terceros solo se encontrarán amparados por los principios concernientes al capital social, en especial, el de servir  como cifra de retención, en el sentido que si estos principios son efectivamente cumplidos por la sociedad y socios en la génesis y desenvolvimiento del ente societario, los terceros saben “ex ante” que siempre encontrarán en la caja social, por lo menos, el contravalor patrimonial de la cifra del capital.

 

8. El principio de limitación de la responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales debe ser  considerado como un privilegio que  constituye una excepción al principio de unidad del patrimonio consagrado  por  el  ordenamiento común. Tal derecho  tiene  como  contrapartida la obligación de los  socios de otorgar  fondos suficientes para  su cometido,  en tanto  el orden natural de las  cosas obliga  a concluir que  deben  ser éstos quienes  deben  soportar las consecuencias del  actuar en una  sociedad que  ellos  mismos  han constituido, haciendo  uso  de un  instrumento legal que el legislador ha otorgado con  fines  eminentemente prácticos. Corresponde concluir en tal sentido que si el capital social no guarda directa relación con el objeto de la sociedad, no es ni será posible hacer realidad la célebre expresión de  Georges Ripert, en el sentido de que el capital social es la contrapartida de la limitación de la responsabilidad del socio, del cual se desprende, con absoluta nitidez, que el excepcional beneficio de la limitación de la responsabilidad del socio o accionista carece de todo fundamento sin un capital social suficiente,  con el más que probable riesgo que la sociedad anónima así infracapitalizada se convierta en un instrumento de fraude, como ha sucedido efectivamente en las sociedades que presentan tales características.

 

9. Predicar que la ley prevé la limitación o exclusión de responsabilidad de los socios en ciertos tipos sociales con la condición de que el recurso a estos tipos cumpla con el sentido y la finalidad de dotar a la compañía de un patrimonio propio de riesgo, realista y adecuado a la actividad social, que sirva de garantía efectiva al mundo económico y jurídico en el que se inserta y desenvuelve la sociedad, tiene sustento normativo explícito en el artículo 2º de la ley 19550 cuando habla del alcance fijado en esta ley, para otorgar la condición de sujeto de derecho a estas sociedades. Aunque lo que está en juego en el caso no es la condición de persona de la sociedad, jurisprudencia y doctrina anteriores a la introducción del tercer párrafo del artículo 54 por la reforma de 1983, se sustentaron en el artículo 2º para desestimar la personalidad societaria, en forma principal, precisamente para responsabilizar a los socios por los pasivos sociales.

 

10. Si de  las constancias del acto constitutivo de la sociedad de responsabilidad limitada que se pretende inscribir surge evidente que el valor  del  capital asignado por esta sociedad, de cinco mil pesos, integrado solo en un 25% - resulta sumamente exiguo  con  relación al  objeto social,  que comprende actividades tan onerosas como, entre otras, la constructora, inmobiliaria o financiera, descriptas en su contrato social, debe concluirse que se trata de una sociedad que padece de notoria infracapitalización funcional desde su inicio, lo cual constituye una actuación encuadrada dentro de la figura del abuso del derecho (art. 1071 del Código Civil), con los nocivos efectos que ello provoca para el tráfico mercantil y los intereses de los terceros, quienes son las naturales víctimas de las sociedades que presentan un capital social insuficiente para poder desarrollar el objeto previsto en el contrato de sociedad.

 

11. El artículo 18 de la Resolución General I.G.P.J. Nº 6/80 (“Normas de la Inspección General de Justicia”), establece que el objeto social debe circunscribirse a aquellas actividades que la sociedad se proponga realizar y que guarden razonable relación con el capital social, de lo cual se deduce que ni el objeto puede incluir actividades respecto de las cuales no exista por parte de los socios, al tiempo de constituir la sociedad, el efectivo propósito de emprenderlas en forma de sociedad ni la cuantía del capital puede ser inadecuada respecto a las previsiones del objeto social. En el presente caso, tal inadecuación resulta indiscutiblemente manifiesta.

Resolución I.G.J. Nº: 1416, 4 noviembre 2003, en el expediente “Gaitán, Barugel & Asociados S.R.L.”

 

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SOCIEDADES. Domicilio. Omisión de inscribir el cambio de su sede social. Aplicación de multas.

 

Sin perjuicio de tener presente que por aplicación de lo dispuesto por el artículo 11 inciso 2º de la ley 19550, son válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede social inscripta, corresponde imponerle a la misma una multa si el resultado de las diligencias de notificación practicadas al nuevo domicilio de la sociedad no hacen mas que poner en evidencia que la sociedad efectivamente tiene su asiento en ese lugar, quedando demostrado que se ha producido un cambio de sede social en violación a lo previsto por el artículo 12 del decreto 1493/82.

 

Resolución IGJ nº 1163, Septiembre 19 de 2003, en el expediente “Blinder Sociedad Anónima”.

 

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SOCIEDADES. Disolución. Inactividad. Presunción. Facultades de la Inspección General de Justicia.

 

1.                                                                        Resulta procedente iniciar acciones judiciales tendientes  a lograr la disolución de la sociedad, con base en que la inactividad societaria evidencia un desinterés manifiesto en alcanzar el fin propuesto, cuando habiéndose realizado trámite de información sumaria a efectos de investigar la actividad de la misma, se concluyó que desde el momento de su constitución la sociedad nunca presentó ejercicio económico alguno a la Inspección General de Justicia en los términos del artículo 67 de la ley 19550, sin abonar tampoco las tasas anuales correspondientes ni poder tampoco ser localizada en la sede social ni conocida en la vecindad.

2.                                                                        Si bien la causal de inactividad no se encuentra expresamente enumerada dentro de la norma del artículo 94 de la ley 19550, se ha dispuesto que la inactividad constituye en verdad una imposibilidad de lograr el objeto social y como tal, una causal de disolución.

3.                                                                        Habiéndose adquirido certeza acerca de la inactividad social de la sociedad, resulta de toda lógica concluir que su objeto social ha perdido virtualidad, siendo en consecuencia inoperante mantener vivo un sujeto jurídico que no ha de cumplir con su finalidad social. En tales términos, procede aplicar la medida que autoriza el artículo 303 inciso 31 de la ley 19550 y requerir del Juez de turno en lo Comercial, la disolución judicial y nombramiento de su liquidador.

 

Resolución IGJ 001659, Diciembre 22 de 2003, en el expediente Automóviles Alvear SA. En el mismo sentido, Resolución IGJ  001660, Diciembre 22 de 2003 en el expediente Eating Loin SA; Resolución IGJ 001661, Diciembre 22 de 2003 en el expediente Publicord Imagen y Publicidad SA; Resolucion IGJ 001662, Diciembre 22 de 2003, en el expediente Integral Norte SA; Resolución IGJ 001663, Diciembre 22 de 2003, en el expediente Central Norte SA y Resolución IGJ 001664, en el expediente Compañía Norte SA.

 

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SOCIEDADES. Sociedad extranjera. Diferencias entre la sucursal y la filial. Encuadramiento de la actuación de la sociedad extranjera en la República Argentina. Facultades de la Inspección General de Justicia. Sociedad extranjera titular del 99,99% de las acciones de una sociedad argentina. Encuadramiento legal. Sociedades de un solo socio. Inadmisibilidad en el derecho argentino. Sociedades de cómodo.

 

1. La sucursal es un establecimiento secundario, una forma de desconcentración de carácter permanente, dotado de relativa autonomía ya que es la misma sociedad matriz que ejerce habitualmente actos comprendidos en su objeto, destinado a colaborar en la explotación realizada por el establecimiento principal y cuya existencia no afecta de modo alguno la unidad patrimonial de la empresa. Esta última constituye la titular de todo el patrimonio y en consecuencia, los acreedores de la sucursal pueden perseguir el cobro de sus créditos contra el patrimonio de la empresa, aunque corresponda al establecimiento principal o a otra sucursal, y correlativamente, la quiebra de la empresa implica la quiebra de todas sus sucursales.

 

2. La filial es una forma de la participación financiera de una sociedad en otra: es una sociedad jurídicamente independiente de la llamada sociedad madre, provista de personalidad jurídica; constituye un centro diferenciado de imputación de derechos y obligaciones, dotada de un  patrimonio propio, regida por sus propios estatutos y por sus propios órganos de gobierno y administración.

 

3. La filial se distingue nítidamente de la sucursal, por cuanto aquella es una sociedad distinta e independiente, jurídicamente, de la madre; cada una tiene su propio patrimonio y posee sus propios establecimientos. La sucursal es una mera prolongación o irradiación del establecimiento principal con una relativa autonomía de gestión, pero subordinada jurídica y económicamente a la sede principal.

 

4. La clave principal para entender las diferencias entre la sucursal y la filial, en lo que se refiere a la protección de los acreedores nacionales, radica en la diferente responsabilidad patrimonial que le corresponde a una y otra: La sucursal, como expresión de la descentralización de la empresa de la casa matriz no puede afectar al acreedor, cuyos derechos no se hallan restringidos a ser hechos efectivos únicamente sobre bienes colocados en territorio nacional mientras que la sociedad filial responderá ante terceros con los bienes y efectos que integran su patrimonio, sin extender – siempre en principio -  la responsabilidad patrimonial por las deudas contraídas a quienes son sus socios o accionistas.

 

5. Si partimos de la base de las diferencias entre los conceptos de sucursal y filial, resulta evidente que las inscripciones previstas por la ley 19550 para las sociedades que, constituidas en el extranjero, pretenden incorporarse a la vida económica de la República Argentina, deben ser cuidadosamente diferenciadas en torno al alcance de la diferente responsabilidad que el ente foráneo asume en uno y otro caso, pues una cosa es instalar una sucursal en el país, en los términos del artículo 118 de la referida ley, supuesto en la cual la sociedad extranjera responderá con todos su patrimonio por todas las consecuencias patrimoniales que se deriven de su actuación en el país, y otra muy diferente es participar en una sociedad local, conforme lo autoriza el artículo 123 de la ley 19550, pues se reitera, como principio y salvo supuestos excepcionales, la sociedad extranjera madre no responderá por las obligaciones contraídas por su filial argentina.

 

6. Como el derecho no está constituido para alentar, proteger o consentir ficciones, y como siempre vuelve a la mente  las sabias palabras de Vélez Sarsfield en la nota al artículo 3136 del Código Civil, para quien constituye “un deshonor de la ley que los jueces cerrasen sus ojos ante una conducta fraudulenta y permitieran que ésta triunfara”, mal puede la sociedad extranjera escudarse detrás de una sociedad filial, cuando su actuación debe encuadrarse dentro del concepto de sucursal, pues no otra cosa es, en la materialidad de las cosas, una sociedad que participa en otra entidad con el 99,9999 % del capital social de ésta última.

 

7. Si la sociedad es, por excelencia, un instrumento de concentración de capitales, todo parece indicar que la sociedad extranjera que aportó a la “filial” los fondos necesarios para suscribir la cantidad de 52.694.341 acciones - de un total de 52.694.342 acciones – no necesitó de la capacidad económica del otro socio – aportante de menos de un peso - para emprender las actividades mercantiles propias de la sociedad filial, sino que recurrió a esta ingeniería societaria a los fines de evitar la responsabilidad patrimonial que implica para la casa matriz el desenvolvimiento de una sucursal en la República Argentina.

 

8. Cuando la sociedad extranjera aportó el 99,99 % del capital social de la sociedad filial argentina, aquella debió inscribirse en el Registro Público de Comercio conforme los términos del artículo 118 de la ley 19550 y no como una simple partícipe de una sociedad local, que nada tiene de tal, en tanto carece, en la realidad de las cosas, del requisito de pluralidad de socios que expresamente prevé el artículo 1º de la ley 19550 como condición expresa de la existencia legal de una sociedad comercial en la República Argentina.

9. Las sociedades comerciales en general y las sociedades anónimas en particular constituyen instrumento de concentración y acumulación de capitales para el desarrollo de una actividad económica  pues como ha sido tradicionalmente dicho para justificar la existencia de sociedades comerciales, las empresas industriales y comerciales exigen con frecuencia capitales que no pueden ser suministrados por una sola persona. Los comerciantes se asocian para reunirlos o bien buscan a quienes habitualmente colocan fondos con destino determinado y están dispuestos a correr los riesgos de la empresa.

10. La concepción del contrato de sociedad, como instrumento de concentración de capitales para el desarrollo de una actividad económica se mantiene vigente a la fecha en nuestro ordenamiento positivo, en tanto la ley 19550, en su artículo 1º consagra la pluralidad de socios como requisito esencial y específico del contrato de sociedad comercial.

11. La exigencia de pluralidad de personas como requisito para la existencia de una sociedad comercial no puede tener una función puramente formal, pues el consentimiento de un socio solo debe considerarse jurídicamente relevante para la formación del contrato social en la medida en que tenga un contenido económico suficiente como para implicar una voluntad verdadera de realizar aportes y correr los riesgos de beneficios y utilidades que implica la figura de la sociedad.

12. La inexistencia de elementos esenciales del negocio societario lo vicia desde el momento mismo del acto de su constitución, pues la sociedad se presenta, en su faz contractual, a través de una mera apariencia lograda por la literal observancia de las reglas fijadas en el ordenamiento al efecto, pues quienes han concurrido a constituir la sociedad anónima en estos casos no han querido formar una sociedad entre sí ni tampoco con otras personas determinadas o a determinarse. No han tenido voluntad de asociarse y menos aún una voluntad de colaboración activa, jurídicamente igualitaria e interesada, es decir, carecen de “affectio societatis”, que es, en opinión aun frecuente en nuestra doctrina, un elemento específico del contrato de sociedad.

13. Debe descartarse la posibilidad de recurrir a la constitución de sociedades anónimas - o de responsabilidad limitada - como un mero recurso para limitar la responsabilidad del empresario individual, el cual es solo un efecto legal de la elección de un determinado tipo societario, pero nunca el objetivo que tuvo en miras el legislador al legislar el contrato de sociedad de esos tipos.

14. Las sociedades anónimas no han sido creadas por el legislador como instrumentos para limitar la responsabilidad de sus integrantes ni para quebrar los principios generales de la universalidad del patrimonio de las personas físicas, sino como contratos idóneos para la concentración de capitales a los efectos de emprender negocios de gran envergadura.

1. Las llamadas “sociedades de cómodo”, consisten en la utilización de la sociedad para limitar la responsabilidad del empresario individual, finalidad que ha sido descartada por el legislador societario de 1972, que ha requerido, con rango de exigencia legal,  la subsistencia de la pluralidad de socios reales durante la vida de la sociedad, porque su desaparición es causal de disolución, conforme lo dispuesto por el artículo 94, inciso 8º de la ley 19550.

2. Las denominadas “sociedades de cómodo” se encuentran excluidas de nuestro derecho, entendidas éstas como el recurso utilizado por aquellos empresarios individuales que solo aparentemente actúan como entes societarios, sea por la vía de la simulación de la pluralidad o por el denominado negocio indirecto.

3. Tratándose de una sociedad en la cual uno de los socios es titular del 99,99% de las acciones de una sociedad anónima y el restante accionista es propietario del 0,01 restante, es conclusión evidente que aquel socio no necesitó ni necesita al restante para desarrollar la actividad descripta en el objeto social de aquella, y que sólo se recurrió a éste segundo socio a los fines de cumplir con una mera formalidad y no para satisfacer la justificada exigencia de lograr la pluralidad sustancial de sujetos que la ley 19550 requiere para el nacimiento de un nuevo sujeto de derecho, con personalidad propia y con el excepcional beneficio de la limitación de la responsabilidad de quienes integran el elenco de socios de dicha entidad.

4. La Inspección General de Justicia, en ejercicio del control de legalidad que la ley ha puesto en sus manos ( artículos 34 del Código de Comercio, 6º y 167 de la ley 19.550 y 7º de la ley 22.315) no puede admitir que se desvirtúen los fines que el legislador tuvo en miras al regular el contrato de sociedad, erigiendo a la pluralidad de socios como requisito esencial de la constitución y funcionamiento de las mismas.

 

Resolución IGJ nº 001632,  Diciembre 15 de 2003, en el expediente  “Coca Cola Femsa de Buenos Aires SA”.

 

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Sección Sociedades Anónimas.

 

SOCIEDAD ANONIMA. Características. Sociedades de cómodo. Fundamento de la constitución de sociedades comerciales. Concentración de capitales. Facultades de la Inspección General de Justicia ante la constitución de sociedades donde todas las acciones menos una está en cabeza de un solo socio. Ilegitimidad de sociedades constituidas a los fines de limitar la responsabilidad del socio controlante.

 

1. Si del estatuto de la sociedad anónima surge que las acciones representativas del capital social fueron suscriptas a razón de 11.999 acciones de un peso cada una por parte de un socio  y una sola acción del mismo valor por el socio restante, ello revela que la sociedad  no ha sido constituida a los fines de concentrar capitales para una determinada explotación empresaria. Se trata de una sociedad de las llamadas “sociedades de cómodo”, las cuales, consisten en la utilización de la sociedad para limitar la responsabilidad del empresario individual, finalidad que ha sido descartada por el legislador societario de 1972, que ha requerido, con rango de exigencia legal,  la subsistencia de la pluralidad de socios reales durante la vida de la sociedad, porque su desaparición es causal de disolución, conforme lo dispuesto por el artículo 94, inciso 8º de la ley 19550.

 

2. Las denominadas sociedades de cómodose encuentran excluidas de nuestro derecho, entendidas éstas como el recurso utilizado por aquellos empresarios individuales que solo aparentemente actúan como entes societarios, sea por la vía de la simulación de la pluralidad o por el denominado negocio indirecto.

 

3. Si uno de los fundadores es titular de todas las acciones de la sociedad menos una, suscribiendo el 99,99% del capital social, surge evidente que aquel no necesitó ni necesita al restante socio para desarrollar la actividad descripta en el objeto social de aquella, y que sólo se recurrió a éste segundo a los fines de cumplir con una mera formalidad y no para satisfacer la justificada exigencia de lograr la pluralidad sustancial de sujetos que la ley 19550 requiere para el nacimiento de un nuevo sujeto de derecho, con personalidad propia y con el excepcional beneficio de la limitación de la responsabilidad de quienes integran el elenco de socios de la compañía.

 

4. La Inspección General de Justicia, en ejercicio del control de legalidad que la ley ha puesto en sus manos (artículos 34 del Código de Comercio, 6º y 167 de la Ley Nº 19.550 y 7º de la Ley Nº 22.315) no puede admitir que se desvirtúen los fines que el legislador tuvo en miras al regular el contrato de sociedad, erigiendo a la pluralidad de socios como requisito esencial de la constitución y funcionamiento de las mismas.

 

5. Las sociedades comerciales en general y las sociedades anónimas en particular constituyen instrumento de concentración y acumulación de capitales para el desarrollo de una actividad económica, pues como ha sido tradicionalmente dicho para justificar la existencia de sociedades comerciales, las empresas industriales y comerciales exigen con frecuencia capitales que no pueden ser suministrados por una sola persona y los comerciantes se asocian para reunirlos o bien buscan a quienes habitualmente colocan fondos con destino determinado y están dispuestos a correr los riesgos de la empresa.

 

6. La concepción del contrato de sociedad como instrumento de concentración de capitales se mantiene vigente a la fecha en nuestro ordenamiento positivo, en tanto la ley 19550, en su artículo 1º consagra la pluralidad de socios como requisito esencial y específico del contrato de sociedad comercial. Al respecto, es oportuno recordar que la exigencia de pluralidad de personas como requisito para la existencia de una sociedad comercial no puede tener una función puramente formal, pues el consentimiento de un socio solo debe considerarse jurídicamente relevante para la formación del contrato social en la medida en que tenga un contenido económico suficiente como para implicar una voluntad verdadera de realizar aportes y correr los riesgos de beneficios y utilidades que implica la figura de la sociedad.

 

7. La inexistencia de elementos esenciales del negocio societario lo vicia desde el momento mismo del acto de su constitución, pues la sociedad se presenta, en su faz contractual, a través de una mera apariencia lograda por la literal observancia de las reglas fijadas en el ordenamiento al efecto.

 

8. Quienes han concurrido a constituir la sociedad anónima en casos donde todas las acciones se concentran en manos de uno solo de los socios, no han querido formar una sociedad entre sí ni tampoco con otras personas determinadas o a determinarse. No han tenido voluntad de asociarse y menos aún una voluntad de colaboración activa, jurídicamente igualitaria e interesada, es decir, carecen de “affectio societatis”, que es, en opinión aun frecuente en nuestra doctrina, un elemento específico del contrato de sociedad. Tales conclusiones descartan la posibilidad de recurrir a la constitución de sociedades anónimas - o de responsabilidad limitada - como un mero recurso para limitar la responsabilidad del empresario individual, el cual es solo un efecto legal de la elección de un determinado tipo societario, pero nunca el objetivo que tuvo en miras el legislador al legislar el contrato de sociedad.

 

9. Las sociedades anónimas no han sido creadas por el legislador como instrumentos para limitar la responsabilidad de sus integrantes ni para quebrar los principios generales de la universalidad del patrimonio de las personas físicas, sino como contratos idóneos para la concentración de capitales a los efectos de emprender negocios de gran envergadura.

 

Resolución I.G.J. nº: 1413 de fecha  3 de Noviembre de 2003 en el expediente “Bosques Verdes Sociedad Anónima”. En el mismo sentido, Resolución IGJ nº 1412, en el expediente Jasler Sociedad Anónima, de la misma fecha.

 

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SOCIEDAD ANONIMA. Capital social. Reducción. Operación acordeón. Reducción a cero del capital social. Improcedencia. SOCIEDADES. Disolución por pérdida del capital social. Reducción a cero del capital social y posterior aumento. Improcedencia como mecanismo para superar el estado de disolución de la sociedad. Diferencia entre el reintegro y la reducción del capital social. Asamblea de accionistas. Asambleas autoconvocadas. Improcedencia.

 

1. La reducción a cero pesos ( $ 0,00 )  del capital social y posterior aumento configura lo que en la doctrina nacional y extranjera se denomina comúnmente como “operación acordeón”,  y que implica, ante la existencia de pérdidas que absorben la totalidad de las cuentas del patrimonio neto, con inclusión del capital social, la reducción a cero de éste y la correspondiente cancelación de acciones en circulación, para resolver de seguido y en el mismo acto societario su posterior aumento, con emisión de nuevas acciones.

 

2. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 94 inciso 5º de la ley 19550 que incorpora a la pérdida del capital social como suficiente causal disolutoria de la sociedad, y lo prescripto por el artículo 96 del mismo ordenamiento legal, en cuanto dispone que “En caso de pérdida del capital social, la disolución no se produce si los socios acuerdan su reintegro total o parcial del mismo o su aumento”, resulta evidente concluir que el procedimiento de reducción del capital a cero para su posterior aumento – operación acordeón - no es solución prevista legalmente para superar el estado de disolución incurrido por una sociedad comercial ante la pérdida total de su capital social.

 

3. Es preciso distinguir cuidadosamente los institutos de reducción del capital social con el del reintegro, aludido por los artículos 96, 235 y 244 de la ley 19550, que no pueden ser identificados ni asimilados, por presentar ambos características totalmente disímiles.

 

4. Si se concibe al capital social como un valor intangible, solo modificable en los supuestos tasados legalmente, resulta difícil admitir la reintegración como una reducción del capital y menos aún, como una modalidad de la reducción. En este orden de ideas, el reintegro goza de autonomía y difiere conceptualmente de la reducción del capital. Nuestro ordenamiento societario aparece enrolado dentro de esta postura, ya que ha regulado el reintegro como instituto aparte de la reducción.

 

5. El artículo 96 de la Ley, al hacer referencia al reintegro, indica que la disolución por pérdida del capital, prevista como causal en el artículo 94 inciso 5º, no se produce en caso de que los socios acuerden su reintegración parcial o su aumento. Se advierte que la norma no exige como requisito previo la reducción.

 

6. El art. 235 inciso 2º de la ley 19550, al enumerar las materias cuyo tratamiento corresponde a la asamblea extraordinaria, hace referencia a la reducción y reintegro, figuras que aparecen  unidas, en nuestra opinión, por una cuestión metodológica y no conceptual. En cambio, en el artículo 244, 4º párrafo de dicho ordenamiento, la reintegración es regulada como uno de los supuestos que requieren determinadas mayorías especiales, supuestos que no incluyen la reducción del capital. Lo expuesto lleva a concluir que técnicamente el reintegro es una operación que no afecta el valor capital consignado en el balance de la sociedad, salvo que se realice parcialmente y por el remanente se resuelva reducir el capital, aunque en este caso, cabe señalar que se trataría de dos operaciones distintas, reintegración parcial y reducción del capital.

 

7.   Cuando la sociedad incurre en la causal de disolución por pérdida total de su capital social, no corresponde aplicar por analogía el artículo 206 de la ley 19550, referido a la reducción obligatoria del capital social, sino el artículo 96, que expresamente dispone como remedios saneadores de la referida causal disolutoria al reintegro de capital o su aumento.

 

8. Resulta inadmisible toda asimilación entre los institutos de la reducción del capital social y el reintegro del mismo, al cual alude el artículo 96 del ordenamiento societario vigente, junto con el aumento del capital, como únicas alternativas a los fines de superar el estado de disolución incurrido por la sociedad como consecuencia de la pérdida de su capital social, pues no parece que los legisladores de 1972, en su Exposición de Motivos, hayan adoptado una solución general para todos los casos de reintegro del capital social. Adviértase que solo “ eventualmente, según expresión allí utilizada, puede reducirse el capital a cero y disponerse la nueva integración. Es obvio que solo una eventualidad particular puede justificar ese procedimiento conjunto, que se denomina en del derecho comparado como operación acordeón”.

 

9. El reintegro del capital social, por propia definición, no implica, en rigor, una modificación del capital, sino que, por el contrario, tiende a evitarlo. Lo que procura entonces el reintegro del capital social es a su mantenimiento, mediante el acrecentamiento del patrimonio social, en la medida necesaria para que el exceso de los valores del pasivo coincida con la cifra del capital. Con otras palabras, el reintegro del capital social no implica necesariamente la cancelación de las acciones en circulación ni la emisión de nuevos títulos.

 

10. No resultan aplicables a los mecanismos previstos por el  artículo 96 de la ley 19550 las normas establecidas en los artículos 205 y 206 de dicho cuerpo legal, referidas a la reducción obligatoria del capital social, pues a diferencia del reintegro, la reducción del capital sí supone una necesaria modificación de la cifra capital, a los efectos de restablecer el equilibrio del capital con el patrimonio de la sociedad.

 

11. Debe diferenciarse cuidadosamente entre los institutos de reintegro y reducción del capital social para evitar superposiciones que pueden complicar la interpretación del texto legal y de allí que  si las pérdidas no insumen el cien por ciento del capital, pero comprenden los montos previstos por el artículo 206 de la ley 19550 ( esto es, las reservas y el 50 % del capital social ), la reducción es obligatoria, pudiendo la sociedad disminuir el capital hasta el remanente del capital que ha subsistido a las pérdidas,  pero jamás puede reducirse el capital a cero, pues si las pérdidas han absorbido la totalidad del capital social, las únicas vías posibles de solución lo constituyen el reintegro o su posterior aumento, salvo, claro está, que se resuelva disminuir el capital social a una determinada cifra y reintegrar el saldo, pero se trata de dos operaciones autónomas y diferentes, que no pueden ser unificadas en un solo acto.

 

12. La  “reducción a cero” del capital social es la antítesis de la institución del reintegro, que no constituye  otra cosa que la “reposición de las pérdidas” por los mismos integrantes de la sociedad, sin que ésta deba emitir nuevos títulos accionarios a favor de los mismos.

 

13. El reintegro de capital es realizado a título gratuito y sin que responda al desembolso de acción nueva alguna. Se trata de un acto voluntario, realizado además a título gratuito, - en realidad una especie de donación de los socios a favor de la sociedad – que restablecerá el equilibrio patrimonial a partir de los beneficios extraordinarios generados y sin que se altere la cifra del capital.

 

14.  El reintegro del capital social supone acciones en circulación pero carentes o vacías de contenido patrimonial alguno, que, como consecuencia de aquel acto, vuelven a tener el valor perdido, en todo o en parte. Si esto es comprendido, fácil es concluir que jamás puede sostenerse que la reducción a cero del capital social debe ser paso o procedimiento antecedente del reintegro, toda vez que el capital social, entendido en su acepción legal, no sufre ninguna alteración como consecuencia del aludido reintegro.

 

15. La reducción del capital a cero del capital social, como procedimiento para superar el estado de disolución de la sociedad, carece de apoyatura legal, pues nada hace presumir que el artículo 96 de la ley 19550 deje abiertas otras alternativas que las expresamente previstas en dicha norma – reintegro del capital social o su aumento – a los fines de superar la disolución de la compañía. Una interpretación contraria podría implicar resultados disvaliosos y amparar además el ejercicio abusivo del derecho.

 

16. Si del contenido de las actas de las asambleas de accionistas se desprende que ellas fueron “autoconvocadas”, ello implica una grave irregularidad en la celebración de dichos actos asamblearios, que los privan de toda validez, pues la atribución de convocar a asamblea de accionistas corresponde al directorio como órgano social ( art. 236 de la ley 19550 ) o al síndico ( art. 294 inciso 7º ), no habiendo receptado nuestro ordenamiento societario la autoconvocatoria por parte del mismo  órgano de gobierno de la sociedad.

 

17. La división y funcionalidad orgánica en las sociedades anónimas guardan estrecha relación con los rasgos tipificantes de las mismas y constituyen institutos orientados al mantenimiento de la seguridad jurídica en la adopción de decisiones que luego serán imputadas a la sociedad.

 

18. Todas las etapas que confluyen a la regularidad del acto asambleario deben ser cumplidas estrictamente, porque todas ellas son formativas y conducen a la resolución final, de manera tal que cuando acontece en cualquiera de las etapas formativas o constitutivas del acto asambleario una violación de la ley, estatuto o reglamento, puede afirmarse que la resolución final, aunque en sí misma fuera inobjetable, sufrirá inevitablemente las consecuencias o efectos de esa anomalía que la precedió, por cuanto el acto asambleario se integra con diversas etapas que constituyen y configuran una verdadera unidad funcional sin relevancia jurídica separadamente consideradas.

 

19. En sede registral, y habida cuenta de la oponibilidaderga omnes” de los actos que inscribe, el Registro Público de Comercio debe ajustarse, en la órbita de su competencia, a los imperativos de la seguridad jurídica y la tutela de principios básicos, como los de legitimación y fe pública registral, cuando se verificó que la sociedad no se ajustó al otorgamiento regular de los actos societarios.

 

20. Carecen de toda verosimilitud  a los fines de justificar una reducción obligatoria del capital social, los estados contables que no cuentan con informe del auditor ni del síndico societario, en tanto el mismo profesional a cargo de ambas funciones, dejó claramente establecido su abstención sobre la opinión que le merecía dicho instrumento, habida cuenta las limitaciones que afectaron su labor de auditoría.

 

Resolución IGJ nº 1452, Noviembre 11 de 2003, en el expediente “Comital Convert Sociedad Anónima”.

 

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SOCIEDAD ANONIMA. Capital Social, Fiscalización por la Inspección General de Justicia. Funciones que cumple el capital social en una sociedad anónima. Función de garantía. Integración del capital. Capitalización de créditos extranjeros.

 

1. El artículo 300 de la ley 19550 prescribe que la fiscalización por la autoridad de contralor de las sociedades anónimas no incluidas en el artículo 299 se limitará al contrato constitutivo, sus reformas y variaciones del capital, lo cual es reiterado por el artículo 7º de la ley 22.315, el cual atribuye a la Inspección General de Justicia, con relación a las sociedades sometidas a su fiscalización, la función de “... b) Controlar las variaciones del capital...”.

 

2. El excepcional régimen de responsabilidad que asumen los socios de las sociedades anónimas, acotado a la integración de las acciones suscriptas (art. 163, ley 19.550), exige asegurar con mayor rigor que para los demás tipos sociales, la efectiva integración del capital suscripto, pues la sociedad responderá de sus obligaciones solamente con él. Consecuencia de esa excepcional limitación de responsabilidad, son las mayores exigencias que la ley ha establecido respecto al capital social y a su efectiva preservación durante toda la vida social, tendientes a proteger el principio de la intangibilidad o permanencia de aquél.

 

3. La trascendencia de la efectiva integración del capital social, en resguardo del orden público, terceros y los propios socios, motivó la inclusión en la ley 19.550 de diversas normas tendientes a su protección desde el acto de constitución y durante toda la existencia de la sociedad.

 

4. El art. 53 de la ley 19.550 dispone que la valuación de los aportes que los socios efectúen en las sociedades por acciones debe ser aprobada por la autoridad de contralor. El inciso 1º de dicha norma, por su parte, aclara que la valuación debe hacerse por el valor de plaza; así, la ley garantiza que el valor del aporte se corresponda con la realidad, a punto tal que prescribe que “se admitirán los aportes cuando se efectúen por un valor inferior a la valuación, pero se exigirá la integración de la diferencia cuando fuere superior” (art. 53, último párrafo, ley 19.550).

 

5. El valor de plaza de un crédito debe ser equivalente a su valor de cancelación, de manera tal que las deudas que se compensen tengan la misma entidad económica del valor por el que se debe integrar el capital.

 

6. La capitalización de créditos importan una compensación, debiendo en estos casos recurrirse a los recaudos relativos a los aportes en especie.

 

7. Si bien es cierto que el decreto 410/02 regula en su art. 1° los casos de excepción a la pesificación impuesta por el decreto 214/02 y que su inc. e) establece que se encuentran excluidas de la pesificación las obligaciones del sector público o privado de dar sumas de dinero en moneda extranjera para cuyo cumplimiento resulte aplicable la ley extranjera, ello impone a quien la invoca acreditar qué ley resulta aplicable a la obligación contraída por la misma.

 

8. Si a raíz del tipo de cambio utilizado por la sociedad en un proceso de capitalización de créditos, el aumento del capital social fue aprobado por una cifra superior a la que hubiera correspondido, la cual debía ser equivalente a aquellas sumas necesarias para la cancelación de los créditos en moneda nacional, en tales condiciones, de admitirse la capitalización pretendida, ello comportaría tolerar no sólo la vulneración de las normas del decreto 214 del 3 de febrero de 2002 y de la ley 25.561, sino además la apariencia de que la sociedad ha pasado a contar con un patrimonio neto de entidad superior a la que correspondería, lo que constituye una distorsión objetivamente apta para inducir a una errónea percepción a quienes habrán de contratar con ella en el futuro y a favor de quienes ha sido instituido el capital social de un ente mercantil.

 

9. La función de garantía del capital social debe resguardarse en tutela de terceros, frente a los cuales las negociaciones entre las partes no pueden traducirse en potencial desmedro de la garantía de sus créditos. Por ello, la efectiva y veraz integración del capital social basada en la correcta valuación de los créditos capitalizados, impone que la sociedad acredite la integración de otros aportes valuados conforme el art. 53 de la ley 19550 y las disposiciones pertinentes de la Resolución General IGJ 6/80 que hasta la concurrencia del monto del incremento, cubran la diferencia entre dicha cifra y la resultante de fijar el valor de los créditos capitalizados conforme el decreto 214/02. En su defecto, la sociedad deberá acreditar la reducción del capital a la cifra resultante de la debida aplicación del decreto mencionado.

 

Resolución IGJ nº    , Diciembre 15 de 2003, en el expediente Empresa Naviera Petrolera Atlántica Sociedad Anónima.

 

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SOCIEDAD ANONIMA. Asambleas. Naturaleza. Límites a la actuación de la asamblea de accionistas. Resultados del ejercicio. Pérdidas. Absorción por las cuentas positivas del patrimonio neto. Improcedencia de acumular pérdidas en la cuenta de resultados no asignados. SOCIEDADES. Liquidación. Reducción del capital social. Limitaciones a la personalidad de las sociedades comerciales en la etapa liquidatoria.

 

1. La asamblea de accionistas no es un órgano soberano, en el sentido de que sus decisiones priman sobre cualquier resolución o actuación de cualquier otro órgano de la sociedad. Muy por el contrario, cada órgano de la sociedad – de gobierno, administración y fiscalización – tiene su ámbito específico de competencia, el cual no puede ser invadido por ninguno de los otros órganos, bajo pena de nulidad.

 

2. No es cierto que por el hecho de que una decisión asamblearia haya sido adoptada por unanimidad de accionistas presentes o por abrumadora mayoría de ellos, la asamblea pueda resolver cualquier cosa, incluso actos reservados a otros órganos de la sociedad. Basta citar lo dispuesto por el artículo 251 de la ley 19550 para desvirtuar tal afirmación, pues todo acuerdo asambleario debe ajustarse a lo dispuesto por la ley, el estatuto o reglamento de la sociedad como condición de validez, pudiendo incluso suceder que un acuerdo asambleario, aún adoptado por unanimidad de todos los socios, pueda resultar luego invalidado por una decisión judicial, lo cual podría ocurrir tratándose de una nulidad absoluta, que puede ser declarada de oficio, a tenor de lo dispuesto por el artículo 1047 del Código Civil.

 

3. Si bien es cierto que por expresa previsión legal – artículo 101 de la ley 19550 – la sociedad en liquidación conserva su personalidad a ese único efecto, esto es, la liquidación de su patrimonio, consagrando dicha normativa una importante limitación a la personalidad de las sociedades comerciales cuando ellas se encuentran transitando su etapa liquidatoria, no se advierte sin embargo que la reducción del capital social, mediante la absorción de pérdidas, a los fines de reajustar la base mediante la cual se calcula la tasa anual que percibe la Inspección General de Justicia,  pueda considerarse un acto extraño o exorbitante del proceso de liquidación que la sociedad requirente se encuentra tramitando.

 

4. El artículo 101 de la ley 19550, en cuanto dispone que la sociedad en liquidación conserva su personalidad a ese único efecto, esto es, a la liquidación de su patrimonio, consagra una importante limitación a la personalidad de las sociedades comerciales cuando ellas se encuentran transitando su etapa liquidatoria

 

5. La reducción del capital social es el  camino obligado para una sociedad comercial ha sufrido pérdidas en cuatro de sus cinco últimos ejercicios y que carece de cuentas de signo positivo en su patrimonio neto con las cuales compensar las mismas.

 

6. Resulta improcedente la actuación de la sociedad que, en lugar de enjugar sus pérdidas con la única cuenta positiva de su patrimonio neto – la cuenta capital social -  a medida que las pérdidas se iban generando, como lo mandan los artículos 70 y 71 de la ley 19550, ellas fueron incorporadas a una cuenta de ese instrumento contable, denominada “Resultados no asignados”, en donde se acumularon en forma anual los quebrantos arrojados por la sociedad, mediante una viciosa práctica que, lamentablemente generalizada en nuestros estados contables, impide advertir en forma puntual el acaecimiento de las graves circunstancias descriptas en los artículos 94 inciso 5º y 206 de la ley 19550.

 

7. Aún cuando es imperativo por expresa disposición de los artículos 70 y 71 de la ley 19550 que la sociedad absorba las pérdidas de los ejercicios anteriores, la circunstancia de que los administradores de la sociedad anónima no hayan obrado anualmente de esta manera,  procediendo por el contrario a acumular pérdidas en una cuenta del patrimonio neto, en la cual se compensaban las mismas con las aisladas ganancias obtenidas en algún ejercicio posterior, nada impide que se proceda posteriormente a una reducción del capital social, cuando ésta era la única cuenta de signo positivo del patrimonio neto obrante en los últimos estados contables de dicha entidad, susceptible de compensar las cuantiosas pérdidas acumuladas por la sociedad.

 

8. Mal puede computarse la tasa anual a percibir por la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA sobre un capital social que, en la práctica, debió haber sido reducido obligatoriamente  como consecuencia de las pérdidas que la sociedad generaba, por lo que la reducción del capital social a la suma mínima prevista por el artículo 186 de la ley 19550 fue una medida razonable y de prudente administración, que,  además de constituir un sinceramiento de la verdadera situación patrimonial de la sociedad, impide la generación de nuevos pasivos, como la tasa de actuación de la IGJ,  actuación ésta que queda indubitablemente encuadrada dentro de los actos propios de la sociedad en liquidación, a tenor de lo dispuesto por el artículo 101 de la ley 19550.

 

Resolución IGJ nº 001619, Diciembre 12 de 2003, Teknopres Sociedad Anónima.

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SOCIEDADES ANONIMAS. Accionistas. Normas aplicables al Estado cuando desempeña el rol de accionista en una sociedad anónima. Aplicación de las normas de los artículos 190 a 193 al Estado como accionista. Capital social. Importancia en las sociedades anónimas. Facultades de la Inspección General de Justicia en materia de capital de sociedades anónimas. Excepciones al principio de la limitación de la responsabilidad de los accionistas.

 

1. El Estado es una persona jurídica sujeta en sus relaciones comerciales a los preceptos de la legislación común cuando contrata en el carácter de tal.

2. A los efectos de determinar si resultan aplicables al accionista Estado Nacional las normas de los artículos 190 y 193 de la Ley 19.550, debe recordarse en primer lugar que conforme lo establece el artículo 33 del Código Civil, las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado, siendo personas de carácter público el Estado Nacional, las provincias y los municipios. Particularmente el Estado Nacional es una persona jurídica cuya existencia y funcionamiento depende del derecho público aunque una parte de su actividad esté regulada por el derecho privado. En este último caso, es decir cuando el Estado Nacional ejerce una actividad o celebra un acto cuyo objeto se encuentra regulado por el derecho privado, deben aplicársele las normas relativas al derecho privado en juego.

 

3. El ejercicio de actividades o celebración de actos de derecho privado por parte del Estado Nacional, no altera el carácter público del mismo, siendo que es el mismo sujeto, un único sujeto, con una sola personalidad pero al que se le aplican las normas de derecho privado cuando su relación y/o su actuación se vincula directamente a una actividad o celebra un acto sujeto a la regulación de derecho privado. La aplicación del derecho privado a su actuación no deriva de manera alguna de la intención de desnaturalizar la personalidad pública del Estado Nacional, ni de considerar que exista una dualidad de seres o personas dentro del Estado Nacional, sino de sostener que la aplicación del derecho privado surge de la distinta naturaleza de los actos que realiza el Estado Nacional, los que se encuentran sometidos a distintos regímenes o competencias.

 

4. El hecho de que el Estado Nacional adquiera participación en una sociedad comercial, - aún cuando tenga participación mayoritaria –no altera el carácter de la sociedad, en el sentido de volverla de carácter público  y  menos aún puede considerarse que no le son de aplicación las normas específicas del derecho privado que origina la relación.

 

5. Aún en los casos en que el Estado Nacional ejerce actividad privada comercial en forma directa, y a través de la utilización de forma más categórica como son las Sociedades del Estado, donde no existe participación alguna de capitales privados (art. 1, Ley 20.705), es de aplicación en cuanto a su funcionamiento y constitución las normas que regulan las sociedades anónimas (art. 2, Ley 20.705) por lo que con mayor razón aún son de aplicación al Estado Nacional dichas normas de derecho privado, cuando este es accionista de una sociedad anónima regulada por la Ley 19.550.

 

6. No es necesario que la Ley 19.550 haya previsto o contemplado en forma diferenciada distinto trato cuando el accionista de una sociedad anónima es un sujeto de derecho público o de derecho privado ya que la relación jurídica entre ese sujeto y la sociedad es una relación regida por el derecho privado, a la cual se le aplican las normas de la ley 19550, que es un ordenamiento de esta naturaleza.

 

7. Cuando el Estado Nacional ejerce su actividad en el ámbito privado debe regirse por las normas del derecho privado, y por ende no se advierte que quede exento de las previsiones dispuestas por los arts. 190 a 193 ley 19.550.

 

8. La ley 22.315, en su art. 7º, atribuye a la Inspección General de Justicia, la función de “... b) controlar las variaciones del capital “...con relación a las sociedades sometidas a su fiscalización.

 

9. El excepcional régimen de limitación de responsabilidad que asumen los socios de las sociedades anónimas, acotado a la integración de las acciones suscriptas (Art. 163 ley 19.550), exige asegurar con mayor rigor que para los demás tipos sociales la efectiva integración del capital suscripto, pues la sociedad responderá de sus obligaciones solamente con él. Consecuencia de ello, son las mayores exigencias que la ley estableció con respecto al capital social y a su efectiva preservación durante toda la vida social, tendiente a la protección del principio de la intangibilidad o permanencia de aquél.

 

10. La trascendencia de la efectiva integración del capital social en resguardo del orden público, de los terceros y de los propios socios, motivó la inclusión en la ley 19.550 de diversas normas para su protección desde el acto de constitución y durante de toda la existencia de la sociedad.

 

11. Por elementales razones de seguridad jurídica y protección de terceros, no resulta admisible reducir el capital social por pérdidas según el Art. 206 ley 19.550, cuando el mismo se halle pendiente de integración, ya que de ese modo se vulneraría el principio de intangibilidad, perdiéndose a su vez la posibilidad de exigir su cumplimiento al accionista moroso, tal como se establece en el Art. 193 de la ley citada.

 

Resolución I.G.J. nº 1328, Octubre 21 de 2003, en el expediente “Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima”.

 

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SOCIEDAD ANONIMA. Asambleas. Autoconvocatoria. Improcedencia. Efectos.

 

1. La ley 19550 no admite la convocatoria a asamblea de accionistas por la propia asamblea, denominada en el lenguaje corriente como “autoconvocatoria”.

 

2. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 236 y 294 de la ley 19550, la convocatoria a asamblea, cualquiera fuere la clase o naturaleza de la misma, debe ser efectuada por el órgano autorizado legalmente, esto es, por el directorio como órgano; por el síndico, en ejercicio de la atribución del artículo 294 inciso 7; por la Inspección General de Justicia en uso de las facultades prevista por el  artículo 236 y por la justicia, a pedido de los accionistas en el supuesto del tercer párrafo del artículo 236 de la referida ley, si el directorio fuera renuente.

 

3. La asamblea no puede autoconvocarse, ni designar persona para que la convoque.

 

4. Los propios accionistas no pueden convocar a la asamblea. Su derecho está limitado a pedir que lo hagan el directorio o el síndico, o en su defecto, la autoridad de contralor o el juez ( art. 236 in fine ).

 

5. La división y funcionalidad orgánica en este tipo de sociedades guardan estrecha relación con los rasgos tipificantes de las mismas y constituyen institutos orientados al mantenimiento de la seguridad jurídica en la adopción de decisiones que luego serán imputadas a la sociedad.

 

6. Habiendo consagrado el legislador de la ley 19550 diversos ámbitos de competencia para cada uno de los diferentes órganos de la sociedad, la intromisión de uno de ellos – la asamblea de accionistas – en la esfera de actuación de otro u otros de los órganos sociales a los cuales la ley expresamente otorgó la facultad de convocar a los actos asamblearios – el directorio y la sindicatura -, implica un vicio de competencia tal que la doctrina y la jurisprudencia han calificado como de nulidad absoluta, inconfirmable  e imprescriptible.

 

7. La asamblea unánime ( art. 237 de la ley 19550 ) constituye solo una modalidad en la celebración de los actos asamblearios, pero no autoriza a prescindir del requisito de la convocatoria por parte de los sujetos expresamente autorizados para ello, entre quienes no se encuentra la propia asamblea de accionistas, pues los actos societarios internos responden a una competencia de carácter inderogable, siendo su cumplimiento requisito de regularidad y validez.

 

8. Si la convocatoria a una asamblea de accionistas ha sido efectuada en forma irregular, a través de una “autoconvocatoria” que la ley 19550 no admite, ello conduce a la invalidez total del acto asambleario.

 

9. Todas las etapas que confluyen a la regularidad del acto asambleario deben ser cumplidas estrictamente, porque todas ellas son formativas y conducen a la resolución final, toda vez que cuando acontece en cualquiera de las etapas formativas o constitutivas del acto asambleario una violación de la ley, estatuto o reglamento, puede afirmarse que la resolución final, aunque en sí misma fuera inobjetable, sufrirá inevitablemente las consecuencias o efectos de esa anomalía que la precedió, por cuanto el acto asambleario se integra con diversas etapas que constituyen y configuran una verdadera unidad funcional sin relevancia jurídica separadamente consideradas.

 

10. En sede registral, y habida cuenta de la oponibilidaderga omnes” de los actos que inscribe, el Registro Público de Comercio debe ajustarse, en la órbita de su competencia, a los imperativos de la seguridad jurídica y la tutela de principios básicos, como los de legitimación y fe pública registral, cuando se verificó que la sociedad no se ajustó al otorgamiento regular de los actos societarios.

 

Resolución IGJ nº 1461, Noviembre 17 de 2003, en el expediente “Don Crescencio Sociedad Anónima”.

 

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SOCIEDAD ANONIMA. Asambleas. Improcedencia de subordinar la presencia de los accionistas a una asamblea, a la contribución por parte de ellos de determinadas sumas para afrontar gastos sociales. Derecho de información de los accionistas. Información tardía.

 

1. El directorio de la sociedad anónima denunciada ha incumplido con expresas previsiones de la ley 19550, cuando ha  subordinado el ejercicio de elementales derechos societarios al pago de determinados aranceles, cánones o gastos que no se encuentran previstos por la ley 19550, como requisito para concurrir a un acto asambleario.

 

2. Carece de toda apoyatura legal subordinar la entrega de la documentación respaldatoria de los estados contables que debían ser objeto de expresa consideración en una inmediata asamblea de accionistas, al pago de un determinado costo, fijado unilateralmente por la sociedad, la cual decidió también en forma no menos unilateral “digitalizar” todos los documentos respaldatorios de dichos estados contables en medios magnéticos y todas las planillas de información en un CD room.

 

3. El requerimiento a los accionistas del pago de  determinada suma de dinero, como requisito de admisión a la asamblea de accionistas, a los fines de sufragar anteriores gastos incurridos por la entidad en anteriores asambleas, constituye una actuación reñida con expresas normas legales, en tanto implica un verdadero abuso del derecho, encuadrable en los términos del artículo 1071 del Código Civil, supeditar el ejercicio de los derechos de participación en un acto asambleario que goza todo accionista de una sociedad anónima, al pago previo de determinados gastos sociales, que solo a la entidad le compete sufragar.

 

4. La circunstancia de configurar la sociedad anónima denunciada una entidad encuadrable en el artículo 3º de la ley 19550, no implica prescindir de los requisitos previstos por este ordenamiento en orden al cumplimiento de las formalidades de los actos asamblearios, y mucho menos relativizar el ejercicio de los derechos elementales que gozan todos los accionistas de una sociedad anónima, aún cuando la misma constituye el ropaje de una verdadera asociación civil.

 

5. La dilación en el suministro de los informes solicitados por el accionista sobre diversos aspectos del balance, a la sazón aprobados con anterioridad a la información, no constituye manera idónea de cumplir con la obligación que sobre el directorio impone el artículo 67 de la ley 19550.

 

Resolución IGJ nº 1505, Noviembre 24 de 2003, en el expediente “Sausalito Club Sociedad Anónima”.

 

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SOCIEDAD ANONIMA. Asambleas. Convocatoria en sede administrativa. Legitimación. Presidente del directorio. Requisitos. Facultades de la Inspección General de Justicia de incluir puntos del orden del día.

 

1. Corresponde convocar a una asamblea general ordinaria en la sede de la Inspección General de Justicia a pedido del presidente de la sociedad, cuando éste ha acreditado haber demostrado el agotamiento de la vía intrasocietaria mediante infructuosos pedidos de convocatoria realizado al directorio mediante comunicaciones dirigidas a la sede social inscripta, la sociedad carece de sindicatura y los puntos del orden del día son coincidentes con los propuestos en la convocatoria efectuada en forma extrajudicial.

 

2. No resulta procedente el traslado del pedido de convocatoria a asamblea efectuada por el presidente del directorio, cuando se encuentra acreditada la imposibilidad del mismo de convocar a reunión de directorio a los fines de proceder a la convocatoria a la asamblea de accionistas, razón por la cual se tiene por acreditado el cumplimiento del agotamiento de la vía intrasocietaria, conforme lo previsto por el artículo 236 de la ley 19550.

 

3. Dado que la sociedad cuya convocatoria a asamblea se pretende sea efectuada por la Inspección General de Justicia, tiene los mismos directores que su controlada, la cual fue decretada en quiebra, lo cual comporta la inhabilitación de los mismos, y siendo que dicha sociedad se encuentra comprendida en el artículo 299 inciso 6º de la ley 19550, corresponde, en atención a lo previsto por el artículo 21 del decreto 1493/82, incluir un punto en el orden del día de la asamblea convocada en sede administrativa, relativo a la consideración de reordenamiento del directorio, dada aquella inhabilitación, siendo que la misma inhabilita a los miembros del directorio de la sociedad controlante a ejercer sus cargos en virtud de lo dispuesto en los artículos 264 inciso 2º de la ley 19550 y 238 de la ley 24522.

 

Resolución IGJ nº 1415, Noviembre 3 de 2003, en el expediente “Aeroandina Sociedad Anónima”.

 

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SOCIEDAD ANONIMA. Directorio. Delegación de funciones. Otorgamiento por la sociedad de un poder amplio de administración y disposición de todos los bienes sociales. Improcedencia.

 

1. No procede la inscripción en el Registro Público de Comercio la inscripción de un poder general de administración y disposición otorgado por la sociedad anónima en favor de cuatro personas físicas, con facultades tan amplias que comprende, como se ha visto, la disposición de los bienes inmuebles de la referida sociedad, así como el otorgamiento de hipotecas sobre los mismos.

 

2. Los poderes generales, tanto de administración como de disposición, como el que fuera otorgado por la sociedad anónima requirente de su respectiva inscripción, implican una verdadera delegación de las funciones de administración de la sociedad, que el ordenamiento societario vigente argentino le reserva con carácter exclusivo al directorio de las sociedades anónimas ( art. 255 de la ley 19550 ), y que este órgano no puede delegar, a tenor de lo expresamente prescripto por el artículo 266 de la ley 19.550.

 

3. Es evidente que cuando la ley 19550 en su artículo 266 establece que “El cargo de director es personal e indelegable”, ha tenido en cuenta las calidades personales de quienes fueron designados para tal función, por lo que la delegación de la totalidad de las funciones que aquel ordenamiento reserva con exclusividad al directorio como órgano de administración de toda sociedad anónima ( art. 255 de la ley 19550 ), implica frustrar la voluntad de los órganos que han participado en la designación de los integrantes del directorio ( asamblea ordinaria de accionistas o consejo de vigilancia: art. 255 de la ley 19550 ), lo que resulta inadmisible.

 

4. La inusual amplitud de funciones que son delegadas en determinados mandatarios, a favor de los cuales la sociedad confirió un poder amplio de administración y disposición de todos los bienes sociales,  dos de los cuales revisten ya el cargo de presidente y vicepresidente del directorio, colisiona con el mentado carácter personal e indelegable de las funciones del directorio, que con carácter tipificante, la ley 19550 ha puesto a cargo de la administración de toda sociedad anónima. Repárese que, a tenor de las funciones que son delegadas por el directorio de aquella sociedad, podría incluso prescindirse de la actuación del órgano de administración, el cual, por expresa disposición legal, debe reunirse cuanto menos, una vez cada tres meses ( art. 267 de la ley 19550 ), a los obvios fines de debatir y resolver sobre la administración de la sociedad.

 

5. Es improcedente la delegación de la administración, que incumbe al directorio; se opone a la naturaleza del órgano y las disposiciones de los artículos 255, 266 y concordantes.

 

6. Si el poder amplio de administración y disposición otorgado por la sociedad a favor de terceros, comprende también la facultad de disponer de los bienes muebles o inmuebles de la sociedad, ello implica también una inadmisible delegación de las funciones de representación que el artículo 268 de la ley 19550 pone en manos del presidente del directorio de la sociedad anónima.

 

7. Si bien no puede desconocerse la posibilidad de que el directorio de una sociedad anónima pueda delegar ciertas tareas y funciones para hacer más eficiente y ágil su cometido, y ejemplo de ello lo encontramos previsto en los artículos 269 y 270 de la ley 19550 mediante la organización por el directorio de un comité ejecutivo o la designación de gerentes generales, no debe olvidarse que  en ambos casos, la delegación es limitada y jamás tiene la amplitud de un poder general de administración y disposición de todos los bienes de la sociedad.

 

Resolución IGJ nº 1504, Noviembre 24 de 2003, en el expediente “Agromanía Sociedad Anónima”.

 

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SOCIEDAD ANONIMA. Directorio. Convocatoria. Sujetos legitimados. Inspección General de Justicia. Facultades del organismo de control en torno al funcionamiento de los órganos sociales.

 

1. Si bien es cierto es que la ley 19550 no contempla expresamente el derecho de un accionista de solicitar la convocatoria a una reunión de directorio, pues el artículo 236 de dicho ordenamiento solo confiere facultades a la autoridad de control para convocar a asamblea de accionistas ante la omisión del directorio o del síndico en hacerlo, de ese silencio no puede derivarse la improcedencia de la pretensión efectuada por un accionista en tal sentido.

 

2. La Inspección General de Justicia no puede permanecer indiferente frente al irregular funcionamiento de una sociedad anónima, pues existe interés nacional en que las sociedades en general funcionen adecuadamente y en especial las sociedades anónimas, en orden a la trascendencia social y económica de su actuación.

 

3. El interés del organismo de contralor sobre el regular y legítimo funcionamiento de los órganos societarios surge explícita de varias de las normas de la ley 19550; basta reparar al respecto en lo previsto por el referido artículo 236 y en lo prescripto por el artículo 251 de dicha ley, que admite la legitimación de la Inspección General de Justicia para impugnar las resoluciones asamblearias adoptadas en violación de la ley, el estatuto o el reglamento, facultades que puede ejercer sobre cualquier sociedad anónima, aún fuera de aquellas incluidas en el artículo 299 del ordenamiento legal societario. Del mismo modo, el artículo 303 inciso 1º de la ley 19550 faculta a la autoridad de control para solicitar al juez del domicilio de la sociedad competente en materia comercial, una serie de medidas concretas que van desde la suspensión de las resoluciones de cualquiera de sus órganos, la intervención judicial de su administración o la disolución y/o liquidación de las sociedades anónimas, facultades que no están exclusivamente limitadas a las entidades incluidas en el referido artículo 299 de la ley 19550.

 

4. El artículo 7 de la ley 22.315 – Ley Orgánica de la Inspección General de Justicia – establece que, en materia de sociedades por acciones, corresponde a dicho Organismo fiscalizar permanentemente el funcionamiento, disolución y liquidación de dichas entidades, en los supuestos de los artículos 299 y 301 de la ley 19550, siendo oportuno recordar que esta última norma extiende la fiscalización estatal permanente de la Inspección General de Justicia a determinados supuestos, respecto de sociedades por acciones no incluidas en el artículo 299 del ordenamiento legal societario.

 

5. Es válido concluir que la ley 19550 no prohibe expresamente a la Inspección General de Justicia intervenir en el procedimiento de convocación de las reuniones de directorio de sociedades anónimas;  Por el contrario, las funciones de fiscalización que tiene reservado este Organismo sobre el regular funcionamiento del directorio, por expresa previsión del artículo 7º de la ley 22.315, parecen autorizarla a intervenir cuando este órgano no funciona de conformidad con los parámetros legales o estatutarios.

 

6. Si la ley 19550, en su artículo 236 autoriza a la Inspección General de Justicia para convocar a la asamblea de accionistas, ante la omisión del directorio y sindicatura en hacerlo, es porque al legislador le interesa que funcione, sesione y resuelva el órgano de gobierno de la sociedad, pues de lo contrario ésta podría entrar en un estado de absoluta paralización en cuanto al funcionamiento de sus órganos sociales, susceptible de encuadrar la situación en la causal disolutoria prevista por el artículo 94 inciso 4º, in fine de la ley 19550 – disolución por imposibilidad sobreviniente de cumplir con el objeto social.

 

7. Si la voluntad del legislador societario ha sido la de facilitar la celebración y el funcionamiento de la asamblea de accionistas – y la interpretación del artículo 236 in fine de la ley 19550 no deja margen de dudas para avalar otra interpretación - , no parece acertado denegar la intervención de esta Inspección General de Justicia para intimar previamente a los órganos convocantes por excelencia de las asambleas de accionistas (  en el caso, el directorio de la sociedad, habida cuenta la inexistencia de sindicatura como órgano interno de control ), para que cumpla con su expresa obligación en tal sentido, con lo cual podrá evitarse el largo proceso de convocatoria judicial o administrativa de una asamblea, el cual y a pesar de las claras prescripciones de aquella norma, insume bastante más tiempo que los cuarenta días previstos por el segundo párrafo del referido artículo 236 de la ley 19550.

 

8. La realización de actividades previas a los fines de evitar los litigios, constituye finalidad del legislador, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 del ordenamiento legal societario.

 

Resolución IGJ nº 001602, Diciembre 10  de 2003, en el expediente “Multipoint Sociedad Anónima”.

 

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SOCIEDAD ANONIMA. Directorio. Incursión de un director en las prohibiciones contenidas en el artículo 264 inciso 3º de la ley 19550. Aplicación analógica hacia otros delitos no contenidos en dicha disposición.  Sentencia penal condenatoria dictada en el extranjero. Efectos sobre sociedades constituidas en la República Argentina. Fiscalización estatal. Sociedades comprendidas en el artículo 299 de la ley 19550. Facultades de la Inspección General de Justicia. Actuación de oficio. Interés público.

 

1. La inclusión o no de un director de una sociedad anónima comprendida dentro del artículo 299 de la ley 19550, en el marco de las prohibiciones o incompatibilidades previstas dentro del artículo 264 de la ley 19550 es cuestión que interesa a toda la comunidad y no a quienes participan internamente de los órganos de la sociedad anónima en donde ese director ejerce o pretende ejercer sus funciones.

 

2. En las prohibiciones que el ordenamiento mercantil impone a ciertas personas para realizar actos de comercio siempre se encuentran comprometidas razones de conveniencia social, el orden público o el interés del comercio.

 

3. Ante un supuesto en donde se encuentra en juego la incursión por un director en la hipótesis prevista por el inciso 3º del artículo 264 de la ley 19550, la Inspección General de Justicia está compelida a intervenir, en cumplimiento de su deber de fiscalizar y controlar.

 

4.  La aplicación de las prohibiciones o incompatibilidades previstas por el artículo 264 inciso 3º de la ley 19550 no puede hacerse como si se tratara de un proceso penal, en donde la tipicidad adquiere valor fundamental a los fines de encuadrar la conducta de una persona dentro del ordenamiento represivo. La norma del artículo 264 del ordenamiento societario no constituye una sanción penal, sino que contempla la idoneidad moral que la ley exige para el desempeño de la función directorial  y por ello la télesis del artículo 264 inciso 3º radica en la necesidad de evitar el ingreso o desempeño de una persona física como director de una sociedad anónima, cuando éste hubiere incurrido en una serie de delitos que dicha norma menciona a título de ejemplo.

 

5. Carecería de toda congruencia sostener la inclusión de una persona física dentro de las prohibiciones previstas por el artículo 264 inciso 3º de la ley 19550, si se tratara de un condenado por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos y delitos contra la fe público o los condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades, sin predicar un destino idéntico a quien ha sido condenado por el delito de insolvencia fraudulenta prevista por el artículo 179 inciso 2º del Código Penal.

 

6. Las conductas previstas por el artículo 264 inciso 3º de la ley 19550 tienen un común denominador: son todas ellas actuaciones que no son compatibles con el estándar de conducta previsto por el artículo 59 de la ley 19550, pues no se compadece con la lealtad y diligencia que debe observar un buen hombre de negocios quienes han sido condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos, delitos contra la fe pública o delitos cometidos en la constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades comerciales. Si a todos estos sujetos la ley le veda acceder al directorio de una sociedad anónima, no puede correr mejor suerte aquel que ha sido condenado por el delito de insolvencia fraudulenta.

 

7. Las prohibiciones contenidas en el artículo 264 de la ley 19550 no configuran incapacidades de derecho – inaplicables por analogía a otros supuestos – sino meras inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, no sometidas a las normas que gobiernan las incapacidades.

 

8. Dentro de la norma del artículo 264 inciso 3º de la ley 19550 debe incluirse a los delitos sobre quebrados y otros deudores punibles, pues una interpretación armónica y congruente de dicha disposición legal con lo dispuesto por el inciso 2º de la misma, que prohibe ser director y gerente a los fallidos, lleva a la evidente conclusión que quienes han incurrido en los delitos previstos en los artículos 176 a 180 del Código Penal, carecen de idoneidad para integrar el órgano de administración de una sociedad comercial o desempeñar el cargo de gerente de la misma.

 

9. Si las figuras descriptas en el artículo 264 inciso 3º de la ley 19550 constituyen delitos contra el patrimonio o contra la fe pública, revelando una conducta que traduce falta especial de idoneidad para el cargo, mal puede descartarse a la insolvencia fraudulenta prevista por el artículo 179 del Código Penal – la versión argentina del delito español de “alzamiento de bienes” – como actuación ajena al ámbito de las prohibiciones contenidas en aquella norma, en tanto esta conducta está incluida dentro de los delitos contra la propiedad a los cuales se refiere el Título VI del Código Penal. Argumentar lo contrario autorizaría sostener la exclusión de la figura de la estafa de las prohibiciones previstas por el artículo 264 inciso 3º de la ley 19550, por la sencilla razón de estar comprendida dentro de la letra de dicha norma, interpretación que consideramos inadmisible.

 

10. Nada obsta a que el artículo 264 inciso 3º de la ley 19550 sea aplicable a los directores que han sido condenados en otro país, y para concluir de esta manera debe tenerse en cuenta que dicha norma no debe ser aplicada como si se tratara de una norma del ordenamiento represivo, en tanto el artículo 264 inciso 3º de la ley 19550 se limita a mencionar una serie de actuaciones que, de haber incurrido en ellas el director de una sociedad anónima o quien pretenda serlo, lo inhabilitan para continuar o acceder a ese cargo. En consecuencia, si quien ha incurrido en una de las conductas reprochables descriptas en la mencionada norma tiene prohibido ocupar funciones en el directorio, carece de toda virtualidad limitar los efectos de esa conducta a un ámbito de actuación determinado, pues interpretar de tal manera implicaría frustrar el objetivo y finalidad de la norma que es, se reitera, preservar la idoneidad en el ejercicio del cargo de director de una sociedad anónima.

 

11. Como ha sido dicho por los legisladores de la ley 19550 en su Exposición de Motivos, la importancia de las sociedades anónimas incluidas dentro del artículo 299 y la influencia económico – social que ellas ejercen, cuyo funcionamiento  excede el interés individual de los titulares del capital para comprometer el interés público y el bienestar general, la fiscalización que sobre ellas debe ejercer el Estado en forma permanente, constituye una cuestión de evidente orden público, para cuyo ejercicio no es necesario la previa intervención de particulares.

 

12. Una simple lectura de lo dispuesto por los artículos 299 a 307 de la ley 19550 revela con meridiana claridad que todas las facultades que este ordenamiento legal ha conferido a la Inspección General de Justicia para el cumplimiento de la labor de fiscalización permanente puesto en cabeza de este Organismo sobre las sociedades incluidas en el artículo 299, pueden y deben ser ejercidas de oficio, por lo que carece de toda importancia determinar si la actuación que le corresponde a la autoridad de contralor se lleva a cabo en forma directa por la misma o merced a una denuncia de particulares.

 

13.  Todas las elucubraciones efectuadas sobre una supuesta falta de legitimación del sujeto denunciante carecen de toda trascendencia para evitar la intervención de la Inspección General de Justicia en un asunto donde está comprometido el orden publico y el interés general, pues estos son los elementos que inspira la actuación de la Inspección General de Justicia cuando se trata de una de las sociedades sujetas al control permanente del Estado.

 

Resolución I.G.J. Octubre 17 de 2003, en el expediente “Interinvest Sociedad Anónima sobre denuncia”.  En el mismo e idéntico sentido, Resolución de fecha 17 de Octubre de 2003 en el expediente “Austral – Cielos del Sur Sociedad Anónima sobre denuncia” y “ Resolución nº 1315 de la misma fecha, en el expediente “Aerolíneas Argentinas SA sobre denuncia”.

 

V O L V E R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDAD ANONIMA. Directorio. Asistencia de Inspectores de Justicia a las reuniones de directorio.

 

Corresponde designar un Inspector de Justicia a una reunión de directorio, a pedido de quien reviste el carácter de director titular de la sociedad, cuando de la documentación presentada a la misma surge una situación de aparente gravedad en el seno del órgano de administración de la misma, encontrándose configurados los supuestos previstos por el artículo 19 del decreto 1493/82.

 

Resolución IGJ nº 1450, Noviembre 10 de 2003, en el expediente “Propel SACIeI”.

 

V O L V E R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDAD ANONIMA. Fiscalización externa. Inspección General de Justicia. Imposición de multas. Omisión en la presentación de la documentación que acredite la celebración de las asambleas anuales.