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JURISPRUDENCIA

 

DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA. PRORROGAS A LA SUSPENSION DE LOS DESPIDOS INCAUSADOS. INCONSTITUCIONALIDAD

Autos: Hurtado Juan Carlos c/Consorcio de Propietarios Edificio Proa II s/despido

Tribunal: Sala Décima de la Excma Cámara del Trabajo de la ciudad de Córdoba

 

SENTENCIA DEFINITIVA

En la ciudad de Córdoba, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil cuatro, siendo día y hora designados en estos autos "HURTADO JUAN CARLOS C/ CONSORCIO PROPIETARIOS EDIFICIO PROA II - DEMANDA", para que tenga lugar la lectura de la sentencia, se constituye el Tribunal de la Sala Décima de la Excma. Cámara del Trabajo integrada por el Dr. Carlos Alberto Toselli procediéndose a dictar sentencia en dichos autos, de los que resulta que a fs. 1/5 de autos comparece el actor Sr. Juan Carlos Hurtado manifestando que viene a iniciar formal demanda laboral en contra de Consorcio Propietarios Edificio Proa II persiguiendo el cobro de pesos Siete Mil Setenta y Seis con Treinta y Ocho Centavos, o lo que en más o menos se determine en la etapa procesal oportuna, todo ello, en concepto de haberes caídos de mes de julio y agosto de 2003, integración del mes de despido, SAC proporcional 2º semestre año 2003, vacaciones proporcionales, indemnización art. 245, 231, 232 LCT, omisión de preaviso e indemnización art. 16 ley 25.561. Señala el actor que se desempeñaba en la Categoría de Encargado de Edificio, contando con un sueldo mensual de pesos Cuatrocientos Ochenta y Dos con Sesenta y Cinco centavos. ($ 482,65). Relata que ingresó a trabajar con fecha 24 de agosto de 2000, en subordinación laboral con sus empleadores, hasta el 13 de agosto de 2003, fecha en que se le impidió ingresar al lugar de sus tareas normales y habituales. Que la relación se desarrolló en la mayor cordialidad, contando el accionante con un legajo impecable, hasta que el día 13/08/03, la patronal, sin causa ni justificación legal y probatoria que así lo avale, le impidió el ingreso a su lugar de trabajo, motivo por  el cual tuvo que acudir a dicho lugar con la presencia del escribano público Marcelo M. Bertotti, a los fines de constatar el hecho. Que como consecuencia de ello el actor intimó mediante TCL Nº 56465123 – CD Nº 26520421 5 AR de fecha 16/08/03, para que en el término fatal de dos días se le aclare su situación laboral, bajo apercibimiento de colocarse en situación de despido indirecto por culpa patronal. Que ante el silencio y la persistente negativa de sus empleadores, vencido el término acordado, el accionante se colocó en situación de despido en fecha 23 de agosto, mediante TCL Nº 56632627 – CD 466265675 AR. Manifiesta  que con posterioridad, y en forma extemporánea, recibió Telegrama de la patronal, con fecha 21/08/04, donde rechazaban y negaban la misiva enviada por su parte con fecha 16/08/03, pero que, por encontrarse vencidos los términos de su intimación sin que se le aclarara su situación laboral, quedaba acreditada la resolución contractual por entera culpa patronal a partir del 23/08/2003, sin causa alguna que así lo justifique, por lo que intimó a la patronal para que se le abonasen los rubros adeudados, intimación de la que no recibió respuesta alguna. Que la “No”  respuesta patronal a los reclamos del trabajador fue concordante con su proceder al momento de impedírsele el ingreso a su lugar de trabajo, ya que en forma antojadiza, mentirosa, arbitraria y oscura, se lo acusó verbalmente de haber robado una joya a un consorcista, siendo que, hasta el momento no existe denuncia alguna por el hecho, limitándose la misma por medio verbal a prescindir de sus servicios, dichos, todos estos, que son negados y rechazados por el actor. Funda su derecho en los términos de los arts. 245, 232 y s.sig.  y c.c. de la Ley  20744, art. 16 Ley 25561, Dec. 264/02, Dec. 883/02, Dec. 1273/02, doctrina y jurisprudencia de toda la Republica Argentina. A fs. 26 obra el acta de la audiencia de conciliación en la que comparecen las partes e invitadas éstas a conciliar las mismas no se avienen. Concedida la palabra a la parte actora, esta dijo que se ratificaba de la demanda en todos sus términos, solicitando se haga lugar a la misma con intereses y costas. Concedida la palabra a la demandada ésta dijo que por las razones de hecho y de derecho que expresa en el memorial que acompaña y pide se tenga como parte integrante de este acto, que solicita el rechazo de la demanda, con costas. Plantea inconstitucionalidad del art. 16 de la ley 25561 y hace reserva del Caso Federal. A fs. 22/25 consta el memorial de contestación de la demanda en donde se niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por el actor en su escrito de demanda. Afirma que en cuanto a la categoría profesional, el actor se desempeñó como Ayudante Permanente sin vivienda, categoría 3. Niega que el actor hubiera sido “encargado” por lo que desconocen cualquier efecto jurídico  derivado de esta autocategorización. Reconoce la fecha de ingreso del actor y con relación a los hechos manifiesta que el actor los ha tergiversado total y absolutamente. Afirma que el actor dejó de concurrir a trabajar sin justificación ni explicación alguna exactamente el día 31 de julio de 2003 y que desde ese día no pisó nunca más el edificio. Niega que se le haya impedido el ingreso a trabajar. Manifiesta que el horario de trabajo del accionante era de lunes a viernes de 8.00 hs. a 12hs. y de 16hs. a 20hs. y los sábados de 8.00hs. a 12.00hs. y que al día 13 de agosto de 2003 el actor llevaba 11 días faltando injustificadamente, a lo que suma el hecho que ese día tampoco se presentó a trabajar como era su obligación, es decir a las 8.00hs. Manifiesta que el trabajador no quería volver a trabajar y tampoco tenía interés en que la patronal le contestara a sus requerimientos ya que, de lo contrario, hubiera mandado un telegrama obrero, que es proveído por la ley en forma gratuita y no recurrir a un acta notarial, la que no iba a ser contestada por nadie, logrando, de este modo, ir sembrando elementos para justificar luego un despido indirecto. Agrega que los dichos del escribano los tiene que aceptar por cuanto se trata de una escritura pública, pero que estos hechos fueron producidos en un día y horario en el que el trabajador sabía que no habría ninguna persona para atenderlo, agregando que no se dejó copia de nada, ni se pidió hablar con el administrador del consorcio ni con ninguno de los consorcistas, que tampoco preguntaron a “esa” persona de sexo femenino su nombre ni se la interrogó acerca de su representatividad, sumando a ello que, con toda falsedad el accionante invoca un supuesto retiro de llaves, lo que habría ocurrido antes de ese procedimiento. Reafirma la tergiversación total y absoluta de la demanda agregando que, tal como sucedieron las cosas el día de la presentación del Sr. Hurtado, ni aún encontrándose el administrador y todos los miembros del consorcio juntos, el actor hubiese tenido derecho a tomar servicio ya que eran las 16.50 hs. y además éste venía faltando once días injustificadamente. Niega que se le hubiera delegado la actividad de impedir el ingreso del actor a una señorita debido a que tal delegación no existió, aclarando  que el actor no volvió a presentarse ni antes ni después de ese instantáneo evento, agregando que, casi una semana después, con fecha 19/08/03 recibió Telegrama Ley Nº 23789 en el que se le decía que el día 13 de agosto no se le permitió el ingreso al trabajo y donde éste intimaba por un plazo de 48hs. a que se le aclarase su situación laboral bajo apercibimiento de colocarse en situación de despido. La patronal manifiesta que antes del vencimiento de los dos días de la intimación, el consorcio contestó al actor rechazando esta misiva en todas sus partes por improcedente e ilegal y determinando que como consecuencia de sus reiteradas faltas y por su evidente obrar de mala fe con la finalidad de extinguir el vinculo laboral, es que lo despide con justa causa. Reconoce la patronal nunca haber intimado al trabajador a presentarse a trabajar. Afirma que a pesar de la intimación reiterada, en dos oportunidades, el actor no concurrió a percibir su liquidación final ni sus certificaciones. Afirma que con relación a la duplicación de la indemnización, ésta se limita a los despidos directos y que la disposición contenida en el art. 16 de la ley 25561 es manifiestamente inconstitucional, y que lo fue durante el breve lapso de seis meses en que rigió y que, en la época en que el actor se dio por despedido, esa disposición ya no tenía vigencia, siendo totalmente irregular la prorroga dispuesta por los sucesivos decretos del Poder Ejecutivo Nacional. Que con relación a la planilla acompañada, niega que al actor le corresponda el pago de: haberes de julio y agosto de 2003, integración del mes de despido, indemnización del art. 245, indemnización por omisión de preaviso, indemnización del art. 16 de la ley 25561, e impugna los montos correspondientes a SAC proporcional 2º semestre 2003 y vacaciones proporcionales año 2003.  Abierta la causa a prueba, cada parte ofrece la que hace a sus respectivos derechos. Así a fs. 29 la demandada ofrece Confesional, Testimonial, Documental, Reconocimiento de Firma, Pericial Caligráfica subsidiaria y acompaña certificación de servicios y consigna liquidación final. La parte actora por su parte a fs. 30 ofrece Absolución de Posiciones, Testimonial, Documental-Instrumental, Exhibición, Reconocimiento, Pericial Caligráfica, Pericial Contable, Informativa y Presuncional. Diligenciadas las que procesalmente correspondían en la instancia de conciliación, se elevan los autos a esta Sala habiéndose recepcionado la audiencia de vista de la causa, de conformidad a lo que dan cuenta las actas de fs. 84/85 y 95, quedando en consecuencia la causa en estado de dictar sentencia.

 El Tribunal se planteó la siguiente UNICA CUESTION A RESOLVER: ¿QUE RESOLUCION CORRESPONDE DICTAR RESPECTO A LOS RUBROS Y MONTOS RECLAMADOS POR LA PARTE ACTORA?

A LA UNICA CUESTION PLANTEADA EL DR. CARLOS ALBERTO TOSELLI, DIJO: La parte actora sostiene que se tuvo que dar por despedido en forma indirecta por la falta de respuesta patronal a su emplazamiento de aclaración de situación laboral. La demandada por su parte niega que se haya impedido tal prestación de tareas y en razón de sus ausencias afirma que lo ha despedido con causa. Estos son los términos a los que habré de referirme para ver quién tiene razón en su postura jurídica. Para ello es menester verificar cuál es el despido que es válido. No está controvertido que el accionante con fecha 13 de Agosto de 2003 concurre con un escribano al edificio. Obra reservada en Secretaría primer testimonio de dicha actuación notarial de donde surge que el accionante solicitó al escribano que se constituyera en su compañía a fin de dejar pública constancia de que se presenta a prestar servicios en el lugar, toda vez que días atrás le retiraron las llaves del edificio, acusándolo injustamente de haber robado joyas a un consorcista del edificio, situación que no es cierta y que a fin de resguardar sus derechos requiere se constate si le permiten el ingreso a prestar sus servicios habituales. Continúa la escritura Nro. 291, Sección B especificando que el día en cuestión siendo la hora 16 se constituyen en el edificio del Consorcio donde el Escribano manifiesta haber tocado timbre en la portería y que es atendido por una persona de sexo femenino, la que no le da su nombre, ni le dice su identidad, señalando que es la portera interina del edificio, presentándose el escribano e imponiéndole el contenido del acta, solicitando el actor ingresar a prestar servicio en calidad de encargado, a lo que la persona que los atiende le niega el ingreso manifestando que no tiene ninguna orden del administrador Contador Eduardo Rivera por lo que no puede permitir el ingreso del actor al edificio. Destaco que no encontrándose redargüida de falsedad dicha acta, debe tenerse por cierto el contenido de la misma, en tanto que es el escribano el que relata los hechos como acontecidos a él en su labor de verificación si al actor se le permitía el ingreso a prestar sus tareas. Destaco esto porque ello desvirtúa la defensa de la accionada, ya que si la persona que recibió al escribano estaba en portería, de hecho se encontraba habilitada a recibir la documentación o las personas que llegaban al consorcio y expresamente el escribano afirma que ella no autoriza el ingreso del accionante por carecer de instrucciones en ese sentido del Contador Rivera. Ante esto con fecha 16 de Agosto de 2.003, el actor remite telegrama ley 23.789 que textualmente dice: “Trabajando bajo sus órdenes y subordinación jurídica laboral desde el día 24-8-2000 en la categoría Encargado del edificio con un sueldo mensual de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Dos con sesenta y cinco ($ 482,65) con más la suma de Pesos Doscientos Setenta y Dos ($ 272) en concepto de Asignaciones Familiares, Dec. 2641/02, transporte y ante el impedimento de su parte de permitirme ingresar el día miércoles 13 de agosto de 2.003, según acta notarial escritura Nro. 291 “B” labrado por ante Escribano Público Marcelo B. Bertotti adscripto al registro Nro. 664 Cba. que siendo atendido por una persona de sexo femenino, la que nos manifiesta que tiene orden del administrador Señor Cr. Eduardo Rivera de no permitirme el ingreso a mi lugar de trabajo para seguir prestando con mis tareas normales y habituales, sin motivo o causa que así lo justifique, ya que rechazo toda causal que invoque por calumniosa y grave es que lo intima dos días, 48 horas, me aclare situación laboral, bajo apercibimiento de colocarme en situación de despido indirecto por entera culpa patronal. Quedan Uds. debidamente intimados. Córdoba, 16 de agosto de 2.003”. Ambas partes están contestes en que dicha intimación fue recibida el día 19 de agosto y el Correo Argentino a fs. 50 vta. certifica que fue recibida por una persona de apellido Yermir. El día 21 de agosto, es decir dentro del plazo legal la demandada contesta con una extensísima carta documento donde le rechaza la manifestación del actor, denuncia que no había concurrido a trabajar los días anteriores y que estaría fabricando un despido indirecto, por lo cual lo despide con causa, por violación de los arts. 63 y 84 de la L.C.T. Destaco que conforme art. 243 de la L.C.T. la causal invocada fueron “reiteradas faltas injustificadas incurridas y su evidente obrar de mala fe con la finalidad de extinguir el vínculo”. Entiendo que esta aclaración de situación laboral y consecuentemente de despido directo, es la que tiene valor en el proceso, por haber sido la respuesta directa a la intimación efectuada por el trabajador. La posterior comunicación del accionante de despido indirecto resulta irrelevante, por cuanto la fundamentación de la misma es la falta de aclaración de situación laboral que como ya señalara, se encontraba debidamente aclarada, estaba despedido con invocación de causa. Siendo así, corresponde a la demandada la demostración de la misma. Desde ya anticipo que no considero que la misma se encuentre debidamente acreditada. En efecto la demandada invoca supuestas faltas sin aviso del accionante, que de manera alguna se prueban en el proceso. Todo lo contrario, existe una actuación notarial que da cuenta de la intención del trabajador de hacerse cargo de sus tareas, más allá de que no hubiera ido al comienzo de la jornada, sino en el horario del turno vespertino, ya que él se debía hacer cargo por la tarde a las 16 horas. Por lo demás la situación de ausencias del trabajador tiene un tratamiento especial en la L.C.T., cual es la situación prevista en el art. 244 de su texto legal, que requiere la intimación fehaciente al reintegro, situación que en autos no existe ya que la primera reacción que hace la empleadora ante la supuesta ausencia del trabajador es ante el requerimiento de éste. Por lo demás el texto de la comunicación rescisoria es sumamente ambiguo ya que no se individualizan las “reiteradas faltas injustificadas”, no pudiendo precisarse si se refiere a las supuestas ausencias del mes de agosto de 2.003 o a otras ausencias. Por otra parte la petición de aclaración de situación laboral ante impedimento de prestación de tareas, lo que aparece corroborado con la actuación del Escribano Bertotti, de manera alguna puede implicar un obrar de mala fe con el fin de extinguir el vínculo, pues si así fuera el trabajador no hubiera intimado aclaración de situación laboral en el plazo fijado por la ley, es decir por el art. 57 de la L.C.T. Por lo demás el ejercicio de un derecho legítimo (como es la petición de aclaración de su situación laboral) no puede implicar causal de agravio. Si la demandada hubiese tenido intención de que el accionante se reintegrase a su puesto laboral lo hubiese intimado a así hacerlo bajo apercibimiento de abandono cuando el accionante efectúa su requerimiento. Por todo ello concluyo que el despido directo dispuesto por la empleadora fue injustificado y que ello le da derecho al accionante a la indemnización por antigüedad y por omisión de preaviso. Señalo que no existe violación al principio de congruencia, por cuanto más allá de la calificación que las partes hagan de su situación jurídica, es el juzgador quien aplicará el aforismo “iura novit curia” para determinar el derecho aplicable al caso sometido a decisión. Sin perjuicio de lo expresado y para no afectar el contradictorio, transcribiré lo acontecido en la audiencia de la vista de la causa donde se produjo la prueba oral. Así al momento de recepcionarse la absolución de posiciones del Sr. Eduardo Justo Rivera, administrador de la demandada, en la primera posición afirma ser el representante legal del Consorcio Propietarios Proa II, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen 79 de esta ciudad. A la segunda posición, admite que el actor, Hurtado Juan Carlos, trabajó bajo su dependencia jurídica laboral hasta el día 31/07/03. A la tercera posición dijo no recordar la cifra del último sueldo del actor, por lo que se remitía al recibo. A la cuarta posición dijo ser cierto que nunca se intimó al actor a seguir prestando sus tareas normales y habituales. Por su parte el testigo Sr. Eduardo Federico Leo dijo que trabajó en el Edificio como chofer de Matilde Tagle, consorcionista del lugar. Señala que conoce al actor desde hace varios años, agregando que le parece injusto lo que le ha pasado. Comenta que el Sr. Hurtado era portero del edificio y que él lo vio mas o menos un año y medio. Que cree que lo acusaron de hurto de las pertenencias de una señora. Luego atestiguó el Sr. Luis Armando Cejas, encargado del edificio desde diciembre de 1990, quien dijo que cree que el actor trabajó tres años y que lo culparon por el robo de unas cosas que había en el quinto piso, que cree que eran joyas y que el dueño de ellas era el Sr. Fernández De Maussion. Dijo que el Sr. Hurtado trabajó hasta el 31/07/2003 y que después de eso no lo vio volver, o al menos en su horario de trabajo. Que el horario que éste tenía era de 8hs. a 12hs. y de 16hs. a 20hs. de lunes a sábado. Aclara que el administrador es el Cr. Rivera y que éste no vive allí y que éste o su hijo van casi todos los días por la mañana. Ante pregunta de la parte actora dijo no conocer que Fernández De Maussion esté en la administración del consorcio y admitió el dicente que él no estuvo el día que fue el actor con el Escribano para tomar el trabajo. Estas son en síntesis y en lo esencial las declaraciones testimoniales rendidas en el proceso. Destaco que si bien surgiría acreditado que el último día de trabajo efectivo del actor había sido el día 31 de julio de 2.003, de manera alguna se acredita que a partir de esa fecha el accionante voluntariamente hubiera dejado de concurrir. Es más los dos testigos que declararon en el proceso dan fuerte indicio al suscripto de que efectivamente, tal cual surge de la Escritura Pública antes mencionada, al actor no se lo dejaba ingresar a prestar tareas por estar sospechado de haber participado en la sustracción de unas joyas de un consorcista, lo que en todo caso debió haber motivado la pertinente denuncia penal, pero que no habiendo ello acontecido, la actitud del consorcio resulta injustificada y por el contrario considero correcta la intimación efectuada por el trabajador. Determinado ello comenzaré con el análisis puntual de los diversos rubros reclamados. 1. Haberes del mes de Julio de 2.003: El mismo fue debidamente abonado según recibo de haberes acompañado a la causa, que fuera sometido a reconocimiento de firma, según constancia de fs. 40 y donde el accionante no concurriese por lo que debe tenérselo por reconocido, otorgándosele fuerza de pago, lo que por otra parte es corroborado por la pericia contable. En atención a ello este reclamo debe ser desestimado. 2. 22 días de haberes del mes de agosto de 2.003: Entiendo que el reclamo por este rubro resulta procedente, ya que el actor al intentar volver a prestar tareas y no poder hacerlo por impedimento patronal, está demostrando claramente que su fuerza laboral estaba a disposición de la empleadora, siendo carga de ésta el no haberla usado. Consecuentemente debe mandarse a pagar el monto reclamado. 3. Integración del mes de despido: Tal instituto ha sido suprimido de la ley 25.013, norma que rigió el contrato de trabajo del accionante. Consecuentemente la petición en ese sentido debe ser rechazada. 4. S.A.C. Proporcional y Vacaciones Proporcionales del 2do. Semestre del año 2.003: Si bien la demandada ha consignado judicialmente importes correspondiente a estos conceptos los mismos resultan tardíos e insuficientes, ya que no contemplan ni el sueldo real que surge de la pericia contable, ni hasta la fecha de extinción ni tampoco en el caso del S.A.C. se adicionó la proporcionalidad del preaviso. En atención a ello deberá recalcularse estos rubros, adicionarse intereses hasta la fecha de su consignación parcial, descontarse el monto abonado y el saldo adicionarse con los intereses que señalaré infra. 5. Indemnización por antigüedad: Conforme pericia contable y recibo de sueldo acompañado la mejor remuneración ascendió a la suma de $ 510,65. Como ya señalara supra, la ley aplicable al contrato laboral del accionante es la 25.013, que en su art. 7 determina el mecanismo indemnizatorio. En consecuencia la fórmula será la siguiente: $ 510,65 : 12 x 36 ya que la antigüedad del accionante equivale justamente a tres años. 6. Indemnización por omisión de preaviso: Conforme art. 6 de la ley 25.013 corresponde mandar a pagar por este concepto, cuya procedencia está íntimamente ligada a la procedencia de la indemnización por antigüedad, un mes de sueldo del accionante, correspondiendo en consecuencia la suma de $ 510,65. 7. Indemnización del art. 16 de la ley 25.561: Dice el artículo en cuestión: “Por el plazo de ciento ochenta días, quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiere de conformidad a la legislación laboral vigente”. Es indudable que la norma está inmersa dentro de la declaración de emergencia social del Estado Nacional y que como tal, de su texto surge que no ha sido excluido trabajador alguno.  El objetivo de la norma es claro: preservar el empleo, como una política de Estado, que implica la postergación de otros derechos del empresario, como es el de la organización de su empresa y la decisión de continuar o no teniendo como dependientes a determinados trabajadores. Pero, en última instancia, si el empleador decide lo mismo ejecutar el acto disvalioso y antijurídico de despedir incausadamente, no obstante la decisión legislativa contraria, la norma lo castiga en el aspecto pecuniario disponiendo la duplicación de “todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo” (art. 4 del decreto 264/02). En ese sentido los fundamentos del decreto en cuestión señalan de manera contundente: “... Que la crisis que aqueja a nuestro país, unánimemente reconocida, es de una profundidad y extensión inéditas. Que la misma alcanza de manera esencial al aspecto social, afectando a los sectores de más bajos recursos con las consecuencias negativas que se verifican en el incremento del índice de desempleo. Que ese estado de emergencia descripto ha quedado plasmado en la Ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. Que el legislador ha entendido que las consecuencias de la emergencia no deben recaer exclusivamente en un determinado sector de la sociedad sino, por el contrario, alcanzar de manera equitativa a todos, a fin que el esfuerzo sea proporcional a las posibilidades de cada uno. Que desde antiguo, la jurisprudencia de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ha reconocido la posibilidad de restringir el ejercicio de ciertos derechos en situaciones de excepción, lo que además aparece recogido por el artículo 27 del Pacto de San José de Costa Rica, de jerarquía constitucional. Que la conjunción de las circunstancias antes referidas ha derivado en las prescripciones del artículo 16 de la Ley 25.561 que suspende los despidos sin causa justificada por un período de CIENTO OCHENTA (180) días a los trabajadores en relación de dependencia, obligando a quien incumpla con tal norma al pago de una indemnización duplicada. Por otro lado debe quedar claro que la norma únicamente se activa si existe la conducta disvaliosa realizada por la accionada, es decir si se produce un despido injustificado, caso contrario la norma resulta neutra para el contrato de trabajo. Señalo además que dicho plazo originario ha sido prorrogado por sucesivos decretos, los que han merecido el cuestionamiento constitucional de la demandada por abuso de poder, en exceso de las atribuciones constitucionales que detenta el Poder Ejecutivo. Entiendo que le asiste razón al cuestionamiento. En efecto no advierto razones por las cuales no se podía proceder conforme el mecanismo constitucional habilitado para ello, máxime cuando si bien puede admitirse que la primera prórroga hubiese sido dictada mediante el mecanismo de excepción, no encuentro argumentos jurídicos que justifiquen las posteriores prórrogas sin la intervención del órgano constitucional habilitado para ello. En función de lo antes expresado declaro la inconstitucionalidad de los decretos de prórroga del art. 16 de la ley 25.561 y consecuentemente la improcedencia de la duplicación peticionada.  Señalo que no trato el rubro j) de fs. 1 Salario decreto ley 2641/02 por no haber sido cuantificado dicho monto en la planilla de autos, con lo que entiendo que no integró la litis. Las sumas de dinero que en definitiva se establezcan adeudadas conforme las pautas antes referidas deberán ser abonadas por la accionada condenada al demandante en el plazo de diez días siguientes de la fecha de notificación del auto aprobatorio de la planilla general que al efecto debe practicarse, bajo apercibimiento de ejecución forzosa. Los montos adeudados deberán ser incrementados con la tasa de interés mensual, 1,50% mensual desde el mes del distracto, Agosto de 2.003 y hasta su efectiva liquidación, todo conforme lo dispuesto por la ley 23.928 y sus decretos reglamentarios 529/91 (art. 8) y 941/91 (art. 10), los que se mantienen vigentes luego de la sanción de la ley 25.561 y los fundamentos dados por esta Sala en los autos: "Allende Emiliano H. c/ Transporte Automotores 20 de Junio S.R.L. Demanda" (sentencia de fecha 11 de noviembre de 1991) y confirmado por el Tribunal Superior de Justicia en autos: "Juárez Guillermo c/ Cor Acero S.A. y otro - Demanda - Recurso de Casación" (Sentencia del T.S.J. 93 de fecha 15 de octubre de 1992) y "FARIAS C/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA - DEMANDA - Sentencia de fecha 2 de noviembre de 1994" a los que me remito brevitatis causae y que deberán ser considerados como parte integrante de esta Sentencia, y a los fines de mantener incólume su contenido habida cuenta de la situación financiera que se vive en la actualidad, de público y notorio y criterio tomado en consideración por la mayoría de las Salas de la Cámara Unica del Trabajo de esta Capital para lograr este objetivo. Destaco que con esta reducción de intereses, respecto del caso “HERNANDEZ JUAN CARLOS C/ MATRICERIA AUSTRAL S.A. - DEMANDA - REC. DE CASACION" (Sentencia del T.S.J. 39 de fecha 25-6-2.002)  que se dispuso a partir del voto del suscripto en la causa “INFANTE PABLO C/ LIBERTAD S.A.” (Sentencia de fecha 6 de octubre de 2.003), la Sala que integro trata de ajustarse a la actual realidad económica que ha determinado una desaceleración de la espiral inflacionaria desatada post salida traumática de la convertibilidad, pero teniendo además presente que las tasas bancarias son sólo tasas de referencia y que en materia laboral estamos siempre en presencia de juicios de contenido alimentario y asistencial lo que justifica que el interés fijado sea diferente del que se utiliza en un mercado de capitales en el cual el trabajador es ajeno al mismo. Por lo demás la fijación de la tasa de interés no causa estado y si las circunstancias varían de modo notable, podrán ser modificadas, aún en etapas posteriores al dictado de la Sentencia, tal cual se ha expresado en otros antecedentes, sin que ello afecte el derecho de defensa de las partes, ni la cosa juzgada. Las costas se impondrán a la demandada, sobre la base del monto que prospera, difiriendo la regulación de los honorarios de los letrados actuantes, para el momento en que exista base líquida y adicionada con intereses para ello y será practicada conforme arts. 29, 34, 36, y 94 de la ley 8226 y en los límites de la ley 24.432 (arts. 8 y 13). Así voto, señalando que he analizado la totalidad de la prueba producida en la causa, mencionando únicamente aquella que ha sido considerada dirimente para el resultado de la cuestión conforme lo previsto por el art. 327 del C. de P. C.

Por las razones fácticas y jurídicas expuestas, el Tribunal RESUELVE: I)  Declarar la inconstitucionalidad de los decretos de prórroga del art. 16 de la ley 25.561 por no atenerse al mecanismo constitucional previsto para la sanción de las leyes (art. 99 inc. 3 de la C.N.). II) Rechazar parcialmente la demanda incoada por Juan Carlos HURTADO, en contra del Consorcio de Propietarios del Edificio Proa II en cuanto el accionante peticionaba el pago de la indemnización prevista por el art. 16 de la ley 25.561, de los haberes del mes de julio de 2.003 y de la integración del mes de despido. III) Hacer lugar parcialmente a la demanda en cuanto el accionante Sr. Juan Carlos HURTADO, reclamaba en contra del Consorcio de Propietarios del Edificio Proa el pago de: a) Indemnización por Antigüedad; b) Indemnización por Omisión de Preaviso; c) 22 días de Haberes del mes de Agosto de 2.003; d) S.A.C. proporcional 2do. Semestre del año 2.003 y e) Vacaciones Proporcionales del año 2.003, debiendo en estos dos últimos ítems, descontarse el monto insuficiente abonado por la demandada vía consignación judicial, todo de acuerdo a las pautas establecidas en la única cuestión planteada y normas legales referenciadas, con más los intereses establecidos en dicha  cuestión y de conformidad a las pautas fácticas y legales allí desarrolladas y deberán ser abonadas las sumas correspondientes por la demandada dentro del término de diez días de notificada del auto aprobatorio de la liquidación a practicarse, bajo apercibimiento de ejecución forzosa. IV) Costas a cargo de la demandada condenada (art. 28 ley 7987) sobre la base del monto que prospera. V) Diferir la regulación de honorarios de los Dres. Ramón Olmedo, Sergio Ivan Niccolai, Marcelo R. Zarazaga y perito contador para cuando exista base económica firme, líquida y actualizada para ello y deberán ser practicados de conformidad a lo previsto en los arts. 29, 34, 36, 47 y 94 de la ley 8226 y en los límites prescriptos por los arts. 8 y 13 de la ley 24432. VI) Oportunamente cumpliméntese la ley 8404, la tasa de justicia y lo dispuesto por ley 8304. VII) Protocolícese y hágase saber. Firmado: Dr Carlos A. Toselli, Juez.

 

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