JURISPRUDENCIA

EXCMA. CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL

Fallos año 1997

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ACTA DE SECUESTRO. Procesado que no firma el acta. Prueba de testigos.

            El acta de secuestro no es mas que uno de los tantos medios probatorios previstos por nuestro ordenamiento adjetivo y que no deviene imprescindible para la acreditación del cuerpo del delito (*). Aunque el procesado no la firme, tal como lo prescribe el primer párrafo del art. 215, C.P.P., y precedentes de esta Cámara, aquélla es igualmente válida si aparece suscripta por dos testigos (**); los mismos son de actuación, para rubricar el acta como recaudo formal de su validez, no siendo imprescindible que a su vez sean testigos presenciales de la comisión del delito.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Escobar, Elbert, González-

c. 27.708, CHABEN, Héctor J.

Rta: 4/3/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 27.257, "Gómez García, José", rta: 15/4/83, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/83, pág. 4; Sala VI, c. 12.956, "Salazar, R. F.", rta: 3/4/86, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/86, pág. 411; Sala IV, c. 31.922, "Sinigallo, Oscar M.", rta: 20/11/86, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/86, pág. 1674; Sala VII, c. 7.809, "Nieva, J.", rta: 20/3/87, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/87, pág. 28. (**) C.N.Crim., Sala II, c. 30.975, "Loza, Enrique", rta: 29/5/86, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/86, pág. 1150; Sala I, c. 31.100, "Castro Roberts", rta: 6/11/86, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/86, pág. 1286 y c. 33.564, "Bazán, Carlos D.", rta: 8/7/88, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/88, pág. 3.

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ALLANAMIENTO. De morada: anuencia de sus ocupantes. NULIDAD: Improce-dencia.

            Cuando surge claramente que el ingreso al domicilio se llevó a cabo con la anuencia de los moradores, sin intimidación o vicio de la voluntad ante la presencia del personal policial, se considera válido el consentimiento formulado por quien se encuentra facultado para otorgarlo, haciendo por ello innecesaria la orden de allanamiento librada por juez competente. Así el recurso de nulidad resulta improcedente.

C.N.Crim. Sala de Feria (Int.) -Piombo, Tozzini-

c. 57, ANDRADA, Diego

Rta: 24/1/97.-

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AMENAZAS. COACCION: Competencia federal.

            Por cuanto en el art. 33, inc. e), C.P.P., no se han establecido distinciones para su aplicación ante la comisión del delito previsto por el art. 149 ter del C.P., es competente para entender en dichas causas el juez federal.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña-

c. 5.892, CORREO ARGENTINO

Rta: 6/3/97.-

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ARCHIVO DE ACTUACIONES. Improcedencia: imputados individualizados.

            Existiendo personas imputadas de un delito, perfectamente individualizadas, no corresponde el archivo de las actuaciones, debiendo el magistrado dar curso a la investigación iniciada, a fin de arribar a una resolución de mérito.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 6.487, CACERES, Jorge A.

Rta: 26/3/97.-

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ARCHIVO DE ACTUACIONES. Improcedencia: requerimiento fiscal previo.

            No corresponde disponer el archivo de las actuaciones cuando previamente existió requerimiento fiscal, debiendo ajustar el magistrado interviniente su pronunciamiento conforme a derecho. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola-

c. 6.514, PICCOLI, Pablo A.

Rta: 31/3/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 1.421 bis, "Peñaloza, C.", rta: 28/12/93; "Pirillo, J.", rta: 30/6/94; c. 1.661, "Dosen, Olga M.", rta: 8/7/94 y c. 3.171, "Petroff, Norma B.", rta: 6/7/95.

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AUTO DE PROCESAMIENTO. Discrepancia fiscal con el encuadre legal fijado.

Recurso de queja denegado.

            La denegatoria del recurso de queja deducido por el fiscal, basado únicamente en la discrepancia con el encuadre legal "prima facie" fijado en el auto de procesamiento, no causa perjuicio al funcionario, pues en el momento de formular el pertinente requerimiento de elevación a juicio, puede asignar al hecho la calificación legal que estime adecuada.

C.N.Crim. Sala de Feria (Int.) -Ouviña, Elbert, Piombo-

c. 122, OVIEDO, Luis A.

Rta: 7/1/97.-

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AUTO DE PROCESAMIENTO. Improcedencia. TESTIGOS: Identidad reservada.

            Corresponde revocar el auto de procesamiento y declarar la falta de mérito para procesar o sobreseer al encausado, quien sólo ha sido mencionado por testigos de identidad reservada, que a su vez han tomado conocimiento del hecho por dichos de un tercero prófugo.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 6.229, MOON HO LEE

Rta: 6/3/97.-

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AUTO DE PROCESAMIENTO. Revocable de oficio. Agravio que no afecta la libertad del imputado. RECURSO DE APELACION: Improcedencia.

            Resulta improcedente el recurso de apelación planteado, pues el auto de procesamiento no causa estado, además es revocable y/o reformable de oficio cuando el agravio apunta tan solo a la calificación legal y no afecta la libertad del imputado. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 6.395, CORAGGIO, Walter

Rta: 6/3/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 5.380, "González, J.", rta: 5/9/96.

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BANDA. Conformación con un inimputable.

            El concepto "banda" incluye a los inimputables, ya que el sobreseimiento se debe a problemas de culpabilidad del autor, pero nunca porque no intervinieron en el hecho. La participación de un inimputable no destruye ni afecta al concepto de "banda", pues en esos casos no se modifica la estructura legal del delito cometido y de la citada agravante. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Rivarola-

c. 45.211, MONZON, Roberto O.

Rta: 26/2/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 15.198, "Suparo, Pablo M.", rta: 25/6/91, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/91, pág. 286 y Sala III, c. 20.635, "Falcón, Herminio", rta: 21/8/86, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/86, pág. 1198.

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CALUMNIAS E INJURIAS. Querella. Juez interviniente: análisis de los términos.

            Si bien la normativa procesal que gobierna el legajo, no posibilita expresamente al magistrado a realizar un examen de los términos de la querella presentada, en orden a los delitos de acción privada, de todos modos, se impone la necesidad de evitar un desgaste jurisdiccional que implicaría la tramitación de un juicio cuyo fallo declarara en definitiva la atipicidad de la conducta atribuida al querellado. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.334, BELIZ, Gustavo

Rta: 20/3/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 5.119, "Silva, Ricardo", rta: 12/8/96, publicada en Bol. Int. de Jurisp. 2° Semestre, 1996, pág. 92.

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COMPETENCIA. Amenazas. Juez de Instrucción.

            Si los hechos investigados tienen una motivación particular y no existe posibilidad que resulte afectada la seguridad del Estado Nacional o alguna de sus instituciones, debe intervenir la justicia ordinaria.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo (en disidencia)-

c. 6.292, N.N.

Rta: 31/3/97.-

Disidencia del Dr. González Palazzo: Debe intervenir la justicia federal, pues el C.P.P. atribuye en su art. 33, inc. 1°, apart. e), al fuero de excepción para entender en la instrucción de delitos previstos en el art. 149 ter, inc. 1°, C.P.; sin hacer distinciones en cuanto a que por medio de tales hechos exista el propósito de atentar o poner en peligro la seguridad del Estado o de sus instituciones. (*)

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 2.083, "Gabrielli, Carlos O.", rta: 24/10/94.

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COMPETENCIA. FEDERAL: Sustracción de correspondencia.

            Sin que para el caso revista importancia el carácter público o privado de la empresa a cargo del servicio de correo, la sustracción violenta de una saca con correspondencia a quien se le encomendara su distribución importa, en principio, un estorbo al normal funcionamiento de dicha prestación y por imperio del art. 33, inc. c), C.P.P., corresponde que sea la justicia federal la que asuma su investigación.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Ouviña, Bonorino Peró-

c. 6.028, OCA

Rta: 6/3/97.-

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CORRECCIONES DISCIPLINARIAS. MULTA: Exacta determinación de la sanción a las partes.

            Aún para la conminación de carácter administrativo como resulta la aplicación de una multa al amparo del dispositivo del art. 113, C.P.P, ha de observarse la regla "nullum crimen, nulla poena, sine previa lege", de extracto constitucional (art. 18, C.N.), que supone entre otras exigencias la exacta determinación de la sanción, para lo que la referencia pecuniaria a su equivalente al 20% del sueldo de un juez de primera instancia, parámetro adoptado por la ley, no satisface íntegramente dicho requisito, a la vez que obstaculiza el derecho de defensa a ejercer sobre tan concreta especificación y que, corresponde entonces al juzgador señalar por su monto.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Ouviña, Piombo-

c. 5.843, BARUFALDI, Ever

Rta: 20/3/97.-

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CULPA. REPRESENTACION: Configuración. HOMICIDIO. DOLO EVEN-TUAL: Conductor de transporte público de pasajeros.

            Resulta de extrema dificultad desentrañar, en cada caso, si hubo culpa conciente o dolo eventual. No sólo por la diferencia que significa la aplicación de una u otra pena, sino más bien por encontrarse enfrentados los extremos de la intención y de la imprudencia.

            Se afirmó la existencia del llamado dolo eventual, cuando el sujeto se representa la posibilidad del resultado, corre el riesgo e igual actúa, con el único afán de obtener un efecto; mas, si el autor espera que su fortuna impida el resultado, o confía en su habilidad, se está en presencia de obrar culposo.

            No es igual, "debió prever" a "previó y asintió". No encaja en la dogmática penal argentina el dolo presunto, ni romper las fronteras de los principios básicos que emanan de la Constitución Nacional, para caer en la trampa de la responsabilidad sólo por el resultado.

            Para atribuir dolo eventual es menester tener la convicción plena que el imputado se representó el resultado y lo ratificó por egoísmo u algún otro sentimiento antisocial. Para semejante conclusión no resultan suficientes los elementos objetivos, pues debe profundizarse en la mente del sujeto para determinar, sin hesitación, que pasó por su imaginación. Las consecuencias de su actuar deben reflejarse en la fijación de la pena, pero no permiten enmarcar su conducta en la figura penal dolosa, pues resulta inadmisible resucitar la presunción de dolo, ya de antaño eliminada legislativamente.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Filozof, Gerome, Valdovinos (en disidencia parcial)-

c. 33.993, ALAMO, Simón P.

Rta: 13/3/97.-

Disidencia parcial del Dr. Valdovinos: El sujeto activo actúa con dolo eventual, aunque carezca de intención directa o indirecta de delinquir, si toma a su cargo lo que, por representársele como probable en conciencia, podía eventualmente ocurrir, desencadenando la acción no por simple ligereza, sino en un estado anímico delictivamente reprobable, que constituye el punto de apoyo del dolo ante la eventualidad del resultado; puede ser el simple estado subjetivo de indiferencia ante la representación de la probabilidad de que ocurra el delito. (*)

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 2.491, "Olivera, Leonardo R.", rta: 16/2/95, con cita de Núñez, Ricardo, "Tratado de Derecho Penal", Parte General, T. II, págs. 58 a 61, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 22.

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DEFENSOR. Falta de intervención. DECLARACION INDAGATORIA: Nulidad.

            La declaración indagatoria recibida sin conocimiento previo por el defensor designado, es causal de su nulidad, al privar al imputado de la adecuada asistencia que pudiere brindarle a través de la entrevista que autoriza el art. 197, C.P.P.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña-

c. 5.722, CARPEL, Berta

Rta: 24/2/97.-

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I. DEFRAUDACION. 1) Estafa mediante uso de documento privado falsificado. Empleado bancario, certificados con firmas apócrifas. 2) Damnificado directo: inversor. Diligencia puesta por el mismo. II. ACCION CIVIL. Indemnización: rechazo: art. 330 del C.P.C. y C., necesidad de determinación del monto o sus bases. Inexistencia de daño a resarcir. Responsabilidad del banco a tenor del art. 1113 del C.C.

I. DEFRAUDACION. 1) Estafa mediante uso de documento privado falsificado. Empleado bancario, certificados con firmas apócrifas. 2) Damnificado directo: inversor. Diligencia puesta por el mismo.

            1) Constituye ardid la conducta del jefe de contabilidad de la Sección Inversiones de la entidad bancaria que desplegó su conducta a fin de convencer a conocidos suyos, aconsejándoles efectuar por su intermedio inversiones en títulos públicos muy redituables, concretando el ardid, al suscribir y entregar certificados con firmas apócrifas de operaciones en desuso y por ende inexistentes; obteniendo así la disposición patrimonial para sí y el consecuente perjuicio para el inversor.

            2) No es dable exigir al sujeto pasivo de un delito una conducta que exceda la costumbre, ni proporcionalidad con la "viveza" del autor porque de ser así desaparecería el elemento básico de la convivencia que es la buena fe. La tutela penal no se restringe a los casos en que se venza la astucia del más inteligente o del más prudente. (*)

II. ACCION CIVIL. Indemnización: rechazo: art. 330 del C.P.C. y C., necesidad de determinación del monto o sus bases. Inexistencia de daño a resarcir. Responsabilidad del banco a tenor del art. 1113 del C.C.

            El monto de la indemnización civil reclamado debe ser determinado con precisión en el escrito de acusación. Esta exigencia se deduce de la normativa civil aplicable al caso (art. 330, C.P.C. y C.), debiendo consignarse la cuantía del reclamo o al menos sus bases y las excepciones a dicha carga, pues lo contrario impide el ejercicio del derecho de defensa, en función de no poderse controlar lo reclamado. (**)

            Igualmente debe rechazarse la indemnización dado que los damnificados directos con el obrar del encartado son los inversores y no el banco, que no sufrió perjuicio alguno, ya que se trataba de una operatoria inexistente, con firmas apócrifas y sin sello de tesorería por lo que no podrían ser cobrados, ya que no estaba asentada la operación, en consecuencia no tuvo pérdida y no existió daño a resarcir.

            El hecho de que el ilícito se perpetrara invocando el nombre del banco y la calidad de empleado no autoriza a presumir la responsabilidad del banco en base al art. 1113 del C.C.; ella sólo puede surgir de una sentencia.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -González Palazzo, Filozof, Navarro-

c. 34.017, TOROK, Juan C.

Rta: 11/3/97.-

Se citó: (*) Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", 1988, T. IV, pág. 341; (**) C.N.Civil, Sala "F", "Merani, Alfredo C. c/ Echeverría Romero, Mario y otro", rta: 19/9/79, en E.D., Repertorio 14, pág. 313, sum. 9, citado por Serantes Peña y Palma, "Código de Procedimiento Civil", Comentado, pág. 324, pto. 4.7.-

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Obligación de rendir cuentas. Diferencia con la retención indebida y con el hurto.

            El encausado mantenía con la empresa damnificada una relación contractual -no discutida por las partes-, por la cual aquél recibía productos cosméticos para su venta, estando obligado a rendir cuentas diariamente de las transacciones efectuadas. La omisión de restituir a su legítimo propietario los bienes no comercializados, configura el delito de defraudación por administración fraudulenta.

            A diferencia de lo que acontece con la figura de la retención indebida, el imputado podía enajenar los bienes recibidos, es decir disponer de los mismos y entregar el excedente.

            La figura del hurto no puede adoptarse, pues requiere que el autor se apodere de la cosa mueble invadiendo la esfera de protección del titular del bien. En el caso la entrega de los bienes fue realizada voluntariamente por la damnificada, y ello en razón del vínculo contractual que unía a las partes involucradas.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola, Donna, Tozzini-

c. 45.273, GALZUSTA, Gustavo D.

Rta: 26/2/97.-

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DEFRAUDACION. ESTAFA: No configuración. Uso subrepticio de servicio telefónico de titularidad de otro.

            El uso subrepticio del servicio telefónico de titularidad de otro, no configura estafa pues no medió ardid o engaño para lograrlo (*). El abuso de confianza de la empleada doméstica que implica dicho uso subrepticio, no es aquel al que alude el art. 172, C.P., al ejemplificar modos de cometer el ardid, es decir de simular algo que conlleva al error que causa el perjuicio patrimonial.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 5.886, CAMPOS, Mabel I.

Rta: 26/2/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim. y Correc. Fed., Sala I, "Wilson, Mónica L.", rta: 8/6/84, en L.L. 1985-A-133 y J.A. 1985-II-28.

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DEFRAUDACION. FRAUDE A LA ADMINISTRACION PUBLICA: Certifica-dos de exámenes.

            Incurre en el delito de defraudación a la administración pública, mediante falsificación de documento público, quien solicitó licencia en el Hospital Municipal de Oncología, donde prestaba servicios, para rendir exámenes, presentando posteriormente certificados falsos de la Universidad de Buenos Aires, para justificar las inasistencias y percibir los haberes de los días ociosos.

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Barbarosch (en disidencia parcial), Navarro-

c. 45.458, FERRERO, Ariel D.

Rta: 27/2/97.-

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DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA: "Leasing". Objeto no restituido.

            La modalidad del "leasing" relaciona a las partes en un contrato de locación con opción a compra.

            La no devolución del bien, al finalizar el convenio sin hacer uso de la posibilidad, configura el delito previsto en el art. 173, inc. 2°, C.P. -defraudación por retención indebida-.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.331, DEL VALLE, Luis A.

Rta: 24/3/97.-

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DELITO. AUTORIA: Coautor del delito de robo en poblado y en banda. Persona que detiene al damnificado en su persecución.

            La actividad desplegada por el procesado al frustrar la persecución de los demás partícipes del hecho, intentando detener al damnificado en su carrera mediante un puntapié, se corresponde con la de coautor, ya que trasluce un previo reparto de las tareas respectivas con el fin de cometer el ilícito y procurar la impunidad.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, Elbert (en disidencia)-

c. 6.237, AGUILAR, Gustavo

Rta: 11/2/97.-

Disidencia del Dr. Elbert: Si bien intervinieron en el hecho la cantidad de personas que el tipo penal requiere para la configuración de la calificante "en banda", no basta para acreditar el tipo subjetivo, una mera coincidencia de personas, sino el acuerdo de voluntades previo. En estos casos el acuerdo previo, la imputabilidad, el grado de participación, etc., quedan reducidos a una mera presunción "juris et de jure" que perjudica indebidamente al acusado con identificación y comparencia. (*)

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 4.934, "Zarate, Cristian R.", rta: 11/7/96, publicada en Bol. Int. de Jurisp. 2° Semestre, 1996, pág. 56.

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DELITOS DE ACCION PRIVADA. Intervención de la fiscalía a efectos del contralor procedimental.

           

            Si bien asiste razón al presentante en cuanto a que el Ministerio Público no resulta parte en el trámite de las causas seguidas por delitos de acción privada, no es menos cierto que la fiscalía debe intervenir a efectos del contralor procedimental. Con ese objeto es que el tribunal adopta el criterio de dar intervención a dicho organismo, criterio compartido por los titulares de dos fiscalías de cámara, al evacuar las vistas concedidas en trámite.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar-

c. 27.472, KIMEL, Eduardo

Rta: 25/2/97.-

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DENUNCIA. Poder especial para denunciar. Omisión. Validez de lo actuado.

            La exigencia de poder especial para denunciar que emerge del art. 175, C.P.P., se halla vinculada a la responsabilidad que habrá de asumir el denunciante por los actos que en su condición de mandatario cumpla (entre otros, art. 179, C.P.P.), sin que su omisión pueda acarrear la nulidad de las actuaciones formadas como consecuencia de la "notitia criminis" recibida, de la que el Ministerio Público Fiscal se hiciera eco (art. 180, C.P.P.), pues no ha sido contemplada dicha sanción en el código adjetivo expresamente ni tampoco de la disposición general que contiene el art. 167 surge posibilidad de agravio susceptible de provocar el resultado reclamado.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña-

c. 5.785, FASOLI, Aldo J. y otro

Rta: 25/2/97.-

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DENUNCIA. REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION: Plazo.

            El plazo previsto en el art.180, C.P.P., no puede considerarse perentorio, máxime cuando luego de recibir las actuaciones el magistrado instructor inmediatamente ordenó la vista al fiscal, requerida por la citada disposición legal.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 5.984, GONZALEZ, Sandra M.

Rta: 13/2/97.-

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EXCUSACION. Admisibilidad. Violencia moral.

            Debe aceptarse la excusación, pues la invocación de "violencia moral", aun cuando ésta no aparezca expresamente contemplada en las previsiones del art. 55, C.P.P., constituye una causal que debe ser tenida en cuenta por ser manifestación de un estado anímico que persigue, por parte de quien invoca, la finalidad de asegurar una recta administración de justicia.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Escobar, Elbert-

c. 4.561, IGLESIAS, Marcelo

Rta: 18/3/97.-

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EXIMENTES. EXCESO EN LA LEGITIMA DEFENSA: Ataque desmesurado para impedir que continúe una agresión.

            Incurre en exceso de la legítima defensa el imputado que sin haber provocado a la víctima, tras recibir ésta una agresión ilegítima mediante el empleo de un arma de fuego que disparó varias veces al aire, gatillándola después contra aquél, sin que en tal ocasión salieran los tiros, tomó un palo y golpeó al atacante para impedir que continuara su agresión, ocasionando su deceso.

            Ha existido, entonces, una situación no provocada de legítima defensa propia, equivalente a un estado de necesidad disculpante que permite descartar la culpabilidad dolosa de la conducta juzgada, en cualquiera de sus formas.

            Sin embargo, el uso drástico del palo esgrimido por el sujeto activo y descargado con fuerza inusitada en la cabeza del rival, no resulta razonable y pudo ser dirigido a zonas menos vulnerables sin menoscabo de la eficacia defensiva.

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Barbarosch, Navarro-

c. 45.428, MENDOZA, Víctor A.

Rta: 25/2/97.-

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EXTORSION. Momento consumativo. Intimidación.

            Se consuma la extorsión cuando, por medio de la intimidación, se ataca la libertad del sujeto pasivo, logrando como fin último un avasallamiento a su derecho de propiedad y la disposición perjudicial a su patrimonio. Cualquier exigencia, sea o no injusta, no siempre tiene entidad como para configurar el tipo que la norma reprime.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 5.896, KOPYLOW, Andrés

Rta: 17/2/97.-

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HABEAS CORPUS. Desatención médica. Agravamiento de las condiciones de detención.

            La posible desatención médica del presentante, podría constituir agravamiento en las condiciones de su detención.

C.N.Crim. Sala de Feria (Int.) -Tozzini, Piombo-

c. 257, VELAZQUEZ, Diego O.

Rta: 17/1/97.-

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HABEAS CORPUS. Improcedencia. Detención de extranjeros indocumentados. Di-rección Nacional de Migraciones.

            La garantía prevista en el art. 14 de nuestra Carta Magna -entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino- se encuentra supeditada, como todas las restantes, a las leyes que reglamentan su ejercicio, a las cuales cabe inexorablemente remitirse.

            El procedimiento administrativo llevado a cabo por la Dirección Nacional de Migraciones (detención de indocumentados, etc.), está avalado por las disposiciones de la ley 22.439 en plena vigencia. La garantía de la defensa en juicio fue debidamente observada en las actuaciones sin vulnerar norma de rango constitucional alguna o convenciones internacionales que amparen los derechos humanos.

C.N.Crim. Sala de Habeas Corpus -González, Elbert-

c. 1.157, MAMANI PACOMPIA, Roberta y otros

Rta: 16/3/97.-

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HABEAS CORPUS. Procedencia. Traslado de un interno enfermo a otra jurisdicción.

            Deberá establecerse fehacientemente, por medio de los estudios indicados por los tres médicos forenses, si trasladar al interno alojado en una unidad carcelaria de esta Capital a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia -para que deponga como testigo-, puede afectar su salud.

C.N.Crim. Sala de Habeas Corpus -González, Elbert-

c. 1.160, FERRARI, Saúl H.

Rta: 16/3/97.-

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HOMICIDIO. TENTATIVA: Disparo de arma de fuego.

            El encuadre típico del hecho como tentativa de homicidio (arts. 79 y 42, C.P.) deberá aprobarse toda vez que la reiteración de disparos con arma de fuego a corta distancia contra la víctima, en una cantidad superior a los tres impactos que en definitiva la alcanzaron, causándole lesiones, demuestra una pertinaz conducta disvaliosa en la que cuanto menos, el asentimiento del resultado muerte representado, se exhibe como natural derivación de la posibilidad al afectar zonas vitales y emprender la fuga dejando tendido en el suelo al agredido.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 6.266, ROJAS, Daniel

Rta: 26/3/97.-

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HONORARIOS PROFESIONALES. Perito oficial que cumple tareas en un ente estatal.

            No corresponde la regulación de honorarios al perito oficial, cuando a la fecha de su actuación cumplía tareas laborales remuneradas en un ente estatal, de acuerdo con lo establecido en el art. 347, C.P.M.P.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar-

c. 27.841, PERCIAVALLE, Claudio H.

Rta: 18/2/97.-

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I. INSTRUCCION. Requerimiento fiscal. II. QUERELLANTE.Condición de damnificado. Fines de la instrucción.

I. INSTRUCCION. Requerimiento fiscal.

            Es la Cámara respectiva, a través del mecanismo de consulta, quien en definitiva, decide la instrucción de un sumario. Ello, de conformidad con la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal. (*)

II. QUERELLANTE. Condición de damnificado. Fines de la instrucción.

            La cualidad de "particularmente ofendido por un delito de acción pública" mencionada en el art. 82, C.P.P., como requisito imprescindible para constituirse en calidad de querellante, es requerida por la ley de rito a mero título de hipótesis. Sostener lo contrario, esto es la comprobación de su condición de damnificado previo a la iniciación de la causa implicaría imponer que demuestre además la materialidad del ilícito, que es justamente uno de los fines de la instrucción. (**)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -Elbert, Escobar-

c. 6.185, S. de C., M. R. (Dra.)

Rta: 18/3/97.-

Se citó: (*) (**) Cám. Nac. de Casación Penal, Sala II, c. 7, "Avila, Blanca N.", rta: 2/7/93, Bol. de la Cám. Nac. de Casación Penal N° 1/93, pág. 22, en L.L. 1994-A-364.

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INSTRUCCION. DELEGACION FISCAL: Recurso de queja. Procedencia. Gravamen irreparable.

           

            La delegación de la investigación por aplicación del art. 180, C.P.P., es cuestión que concierne al interés del Ministerio Público, siendo susceptibles de causar gravamen irreparable, las diferencias en torno a la eventual extemporaneidad de su aplicación. Ello, hace procedente el recurso de queja por apelación denegada.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Ouviña, Piombo-

c. 6.206, CHIMIENTO, Jorge

Rta: 10/3/97.-

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JUEZ. Recusación. Improcedencia.

            La recusación fundada en la emisión de opinión o dictamen, no puede prosperar cuando ello haya ocurrido en la oportunidad legal y como obligación funcional dentro del proceso. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.274, VANESKEHIAN, Ernesto

Rta: 14/3/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 7.554, rta: 17/10/67.

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JUEZ CORRECCIONAL. Recurso de apelación. Improcedencia.

             Alcanzada la etapa procesal reglada por el art. 354, C.P.P. -citación a juicio-, el juez correccional se halla ya investido de las facultades propias del Tribunal Oral y sus decisiones no resultan susceptibles de ser apeladas ante esta Cámara.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Ouviña, Piombo-

c. 6.241, AGUILAR, Alicia E.

Rta: 20/3/97.-

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MENORES. COMPETENCIA: Impedimento de contacto con el progenitor no conviviente. Abandono moral.

            En atención a lo dispuesto por el art. 29, inc. 3°, C.P.P., resulta competente el Juzgado de Menores para intervenir en la investigación, cuando el menor se encuentra en un virtual estado de abandono moral y hasta material, debido al impedimento de contacto con alguno de sus progenitores.

C.N.Crim. (Int.) Sala VII -Bonorino Peró, Ouviña -

c. 6.165, ALVAREZ, María

Rta: 17/3/97.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VII, c. 2.561, "Limberti, Silvia", rta: 9/2/97.

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NULIDAD. Declaración indagatoria. Ausencia.

            Existe nulidad absoluta en la tramitación de una causa, donde los imputados no prestaron declaración indagatoria en orden a los nuevos hechos por los que la fiscalía formuló requerimiento, presumiendo el juez sus supuestas versiones.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 6.580, DOS SANTOS, Marcelo

Rta: 31/3/97.-

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NULIDAD. DEFENSA. Omisión de proponer pruebas.

            Debe declararse la nulidad de lo actuado desde el escrito de defensa, toda vez que la imputada sólo reconoce su intervención en los hechos a los que intenta desproveer de calidad delictiva. Por su parte, quien está a cargo de la defensa los desvirtúa cumpliendo un rol que no le cabe, omitiendo proponer la prueba que pudiera darles mérito o intentar apoyarlos mediante argumentaciones legales, dado que un fallo dictado en tales condiciones infringe las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso legal (art. 18, C.N.).

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos-

c. 45.484, TALLARICO, Mónica y otros

Rta: 25/3/97.-

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PERITOS. Calidad habilitante. Inscripción que asegura el contralor para el ejercicio de la actividad respectiva.

            No son inconstitucionales los arts. 254 y 259, C.P.P., por no colisionar con los arts. 14, 16 y 18 de la Constitución Nacional y no afectar el derecho a trabajar, el de igualdad ante la ley ni la garantía de defensa. Asimismo, la inscripción requerida, asegura un contralor de los requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad respectiva, en mira a la imparcialidad con que deberán actuar los peritos. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) - Bonorino Peró, Ouviña-

c. 5.560, ARELLANO, Francisco

Rta: 27/2/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 2.672, "Iribarren, Juan José", rta: 17/4/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 106.

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POLICIA. Inicio de las actuaciones por prevención policial. REQUERIMIENTO FISCAL: No necesariedad del mismo.

            No es necesario el requerimiento fiscal previo normado por el art. 180, C.P.P., como condición de validez procesal, cuando las actuaciones se iniciaron por la autoridad de prevención.

C.N.Crim. Sala VII (Correc.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 5.626, DOMINGUEZ, Fernando

Rta: 11/2/97.-

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PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL. Apelación del beneficiario. Improce-dencia.

            La justicia no puede caer en favorecimientos individuales olvidando la igualdad jurídica de la comunidad, no causa agravio al querellado lo resuelto respecto del incidente de prescripción de la acción penal. Lo que está en colisión, es una decisión de orden público contra una conveniencia privada a la que se pretende asignar rango constitucional; siendo que en la causa se ha respetado el debido proceso y que la querellada tuvo un completo ejercicio del derecho de defensa mientras la acción penal tuvo vigencia. La apelación interpuesta resulta improcedente.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 27.818, PUEYRREDON, Marcelo

Rta: 13/2/97.-

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PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL. SECUELA DE JUICIO: Auto de apertura a prueba. Llamado de autos para sentencia.

            Conforme reiterada jurisprudencia, constituyen secuela de juicio e interrumpen el curso de la prescripción, el auto de apertura a prueba y el llamado de autos para sentencia. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Elbert, González-

c. 27.845, MAGRA, Rubén N.

Rta: 6/3/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 27.583, "Rebechi, D.", rta: 25/6/96; c. 27.498, "Leyes, G.", rta: 13/6/96; c. 27.190, "Loyaga Torres, J.", rta: 27/2/96 y c. 26.693, "Ramos, A.", rta: 21/10/94.

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PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL. SECUELA DE JUICIO: Inconstitu-cionalidad.

             No se vislumbra que lo establecido en el art. 67, inc. 4°, C.P., sea contrario al art. 18 de la Carta Magna, toda vez que los actos considerados como secuela de juicio son -con exclusividad- los que representan naturaleza persecutoria por parte de la actividad estatal.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 45.493, FRIDMAN de SANCHEZ, Flora

Rta: 17/2/97.-

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PRUEBA. ILEGAL: "Notitia criminis". Sospecha del preventor. Requisa.

            La sospecha del preventor respecto a la actitud del imputado, pudo eventualmente dar pábulo a su identificación, su traslado a la seccional policial a esos mismos fines e incluso a que por motivos de seguridad se estableciera si estaba armado, pero de ninguna forma pueden admitirse razones que dieran lugar a una investigación criminal a su respecto, que sobrepasando estos límites, justificara su requisa, cuando ningún delito había sido denunciado o ningún indicio vehemente existía para presumirlo.

            Aceptar una "notitia criminis" de estas características, dotándola de idoneidad para excitar la actividad jurisdiccional, implicaría convertir en simples declamaciones los derechos individuales consagrados por nuestra Constitución y subsumirlos a los caprichos de la autoridad estatal. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Barbarosch, Navarro (según su voto), Valdovinos-

c. 45.509, OLIVETO, Silvio O.

Rta: 31/3/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 4.839, "Romeau, Miguel A.", rta: 27/6/96, publicada en Bol. Int. de Jurisp. 1° Semestre, 1996, pág. 16 y C.S.J.N., "Daray, Carlos A.", rta: 22/9/94, en L.L. 1995-B-349 y ss.

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QUERELLA. Generalidades. Querellante. Legitimación.

            El carácter de ofendido por el delito como presupuesto de la legitimación para querellar, debe serlo a título de hipótesis, pues exigir su comprobación previa a la iniciación del proceso, implicaría imponer la demostración de la materialidad del ilícito, que es precisamente uno de los fines de la investigación que se impulsa. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 6.248, PIRI, Eduardo

Rta: 20/3/97.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VI, c. 2.307, "Solomonoff, Ricardo, (Dr.)", rta: 9/2/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 41.

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QUERELLA. Legitimación activa de quienes están facultados para ser oídos en la alzada. DENUNCIA: Desestimación por inexistencia de delito.

            Sólo están facultados para ser oídos en la alzada quienes fueran legitimados activamente en el proceso; el letrado patrocinante no se encuentra en la situación mencionada.

            Cuando la cuestión aparece como una desafortunada operación desarrollada para una de las partes contratantes, en la que hipotéticamente los damnificados no han adoptado la mínima diligencia o recaudo para evaluar los riesgos del negocio, al no advertirse una actividad o conducta ardidosa o engañosa que genere trascendencia en el derecho sustantivo y el acuerdo se llevó a cabo voluntariamente por las partes, corresponde desestimar la denuncia por inexistencia de delito.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.353, SCHIAFFINO, Jorge P.

Rta: 31/3/97.-

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QUERELLA. Representantes. Unificación. No procedencia.

            Conforme anteriores precedentes (*) existen razones suficientes como para no apartarse del texto de la ley ritual, art. 416, C.P.P., en cuanto dispone la unificación de representación cuando los querellantes fuesen varios, ya que únicamente dos personas se presentaron a querellar, esto no dificulta el normal avance del proceso y corresponde revocar la resolución que dispuso unificar la representación como querellante.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna (por sus fundamentos)-

c. 6.410, CARTAÑA, Antonio

Rta: 24/3/97.-

Fundamentos del Dr. Donna: Cuando existen dos normas que colisionan -el derecho constitucional de defensa y la norma del art. 416 del C.P.P. que obliga a la unificación de personería-, debe primar la norma constitucional. (**)

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 5.296, "Revol, Hermes", rta: 28/8/96 y c. 4.661, "Velázquez, Carlos D.", rta: 27/6/96. (**) C.N.Crim., Sala I, c. 4.661, "Velázquez, Carlos", rta: 27/6/96.

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QUERELLANTE. Hermana de la víctima fallecida. Imposibilidad de querellar.

            La hermana de la víctima (fallecida) no se encuentra facultada para ser legitimada activamente en el proceso, toda vez que esa posibilidad está taxativamente limitada a las personas contempladas en el art. 82, párrafo tercero, C.P.P.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.363, LAVAGGI, María P.

Rta: 23/3/97.-

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QUERELLANTE. Imputado. Imposibilidad de ser tenido por tal.

            La mera condición de imputado, no resultaría "per se" obstáculo para su legitimación activa, sin embargo, la petición de ser tenido por parte querellante deviene inadmisible, por quien ha sido el directo destinatario de la atribución de conducta ilícita y en relación al mismo objeto de sindicación.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña-

c. 5.494, BREY, Pablo J.

Rta: 25/2/97.-

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QUERELLANTE. Letrado patrocinante. Facultades.

           

            Si bien el letrado patrocinante cumple una doble función: de asesor (en los actos en que el querellante participa) y de garantía, no es parte del proceso ni recibe legitimación y por lo tanto, salvo en actuación como gestor, carece de facultad de formular peticiones o de efectuar presentaciones. (*)

            El letrado patrocinante dedujo recurso de queja invocando el art. 48, C.P.C. y C., el que no se consideró procedente por exceder el espíritu de la citada norma.

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.335, CASTROGIOVANNI, Carlos

Rta: 20/3/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 3.185, "Pucci, E.", rta: 11/8/73.

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REBELDIA. Recurso de apelación. Improcedencia.

            La declaración de rebeldía no es susceptible de apelación. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 45.553, SAAVEDRA, Jorge

Rta: 27/2/97.-

Se citó: (*) Navarro, Guillermo R. y Daray, Roberto R., "Código Procesal Penal de la Nación", Pensamiento Jurídico Editora, Bs. As. 1996, T. I, pág. 599.

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RECURSO DE APELACION. Motivos en que se funda.

            En el art. 438, C.P.P., se reclama a la introducción de la apelación, la expresión de la causa o móvil concreto que llevan a la parte a ejercer la vía de mención, que delimita los motivos específicos de censura sobre los que debe expedirse el tribunal de alzada, determinando así su competencia. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 6.569, SULAN, Julia P.

Rta: 24/3/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 6.196, "Favaro, Orestes", rta: 12/2/97.

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RECURSO DE CASACION. Procedencia. Excepcionalidad.

            El recurso de casación, es un remedio excepcional que sólo permite renovar el derecho sustantivo o adjetivo aplicado al caso, tanto para evitar la inobservancia o errónea interpretación del primero, como para llevar a cabo el control de la estricta sujeción al segundo.

            Si bien se ha establecido que su vía no tolera la censura de cuestiones de hecho, admite la hipótesis de la arbitrariedad y por ello debe concederse el recurso de casación deducido. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.152, HONDEVILLE, Ricardo

Rta: 24/3/97.-

Se citó: (*) Cám. Nac. de Casación Penal, Sala II, "Varvarelli, J. O.", rta: 7/4/95 y Sala I, c. 10, "Rodríguez Bosch, Ramiro R.", rta: 13/5/93, Bol. de la Cám. Nac. de Casación Penal N° 2/93, págs. 44/45.

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RECURSO DE REPOSICION. Autos que permiten su planteo.

            Solamente resultan susceptibles de recurso de reposición o revocatoria los autos interlocutorios, o aquellos que resuelven una incidencia, mas no las sentencias de tal carácter que deciden algún artículo, como por ejemplo, el sobreseimiento. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 45.482, PISCITELLI, Enrique

Rta: 3/3/97.-

Se citó: (*) Seyahian, José A.; Daray, Roberto R.; Rodríguez, Alejandro A., "Código de Procedimiento en Materia Penal", Pensamiento Jurídico Editora, Bs. As., 1979, T. III, pág. 214.

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RECUSACION. Prejuzgamiento. No configuración. Redacción en potencial.

            Haber afirmado que "los hechos podrían constituir delito apareciendo satisfechos los extremos del art. 306, C.P.P.", a fin de revocar la falta de mérito dispuesta en primera instancia, no configura prejuzgamiento ni indicación expresa de futura decisión. La redacción en potencial implica que a partir de las pruebas que se alleguen a la causa y los argumentos que puedan volcarse por parte de la defensa, hace pasible de modificación el criterio allí expuesto.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 6.017, BERMUDEZ, Javier D.

Rta: 3/3/97.-

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REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION. Ausencia. Sumario iniciado por prevención policial. Validez de lo actuado.

            Son válidas las actuaciones que tuvieron su origen a partir de la actividad de personal policial, quien tomó conocimiento directo de los sucesos que dieron lugar a esta investigación, la ausencia de requerimiento fiscal señalada por la defensa de los encartados en nada afecta la validez de las presentes actuaciones, pues tal como lo prevé el art. 195, C.P.P., la instrucción puede ser iniciada por la prevención.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola-

c. 6.504, MELIK, Alejandro

Rta: 24/3/97.-

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REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION. Nulidad del dictamen por no reunir los requisitos.

            Si el requerimiento de instrucción, no cumple con los requisitos previstos por el art. 188, C.P.P., corresponde declarar la nulidad del dictamen y de todo lo actuado en su consecuencia, debiendo expedirse al respecto, el fiscal interviniente en los términos del art. 180, C.P.P.

C.N.Crim. Sala de Feria (Int.) -Tozzini, Piombo-

c. 99, RIOS RIQUELME, José

Rta: 17/1/97.-

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REQUERIMIENTO FISCAL DE INSTRUCCION. Sumario iniciado por preven-ción.

            No exige el ordenamiento procesal el requerimiento fiscal de instrucción cuando se inicia la investigación por prevención policial.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 6.066, PIZZARRO, Jorge A.

Rta: 19/2/97.-

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ROBO. Agravantes. Lesiones como consecuencia del robo.

            La agravante prevista por el art. 166, inc. 1°, C.P., no exige la consumación del desapoderamiento, manifestándose la doctrina en igual sentido "agravando ya el delito las violencias ejercidas para facilitar el robo, la calificante no exige la consumación de este delito, y por ende, el tipo del art. 166, inc. 1°, C.P., se estructura tanto con la consumación de la ofensa a la propiedad como con su tentativa". (*)

C.N.Crim. Sala de Feria (Int.) -Tozzini, Rivarola-

c. 67, SEWALT, Carlos D.

Rta: 15/1/97.-

Se citó: (*) Núñez, Ricardo, "Tratado de Derecho Penal", 2° reimpresión, Ed. Marcos Lerner, pág. 233.

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ROBO. Amenaza para dominar psíquicamente a la víctima. COMPETENCIA: Juzgado de Instrucción.

            Debe descartarse la figura del hurto, habida cuenta que la simulación que induce en error a la víctima para lograr el desapoderamiento, convierte la mencionada figura en la de robo, en razón de la amenaza mediante la cual domina psíquicamente a la víctima.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 6.223, RAGO, Fabián G.

Rta: 25/3/97.-

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ROBO. AUTOMOTOR: Dec.-ley 6582/58, art. 38, derogado por ley 24.721. Incorporación del inc. 6° al art. 163, C.P. CALIFICACION. HURTO: Automotor: improcedencia.

            La ley 24.721, derogó el art. 38 del dec.-ley 6582/58, a la vez que incorporó un nuevo apartado (el 6°) al art. 163 del C.P. que se refiere a "cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público". Por ello, el ilícito deberá subsumirse en la figura agravada del art. 167, inc. 4°, C.P., en función del art. 163, inc. 6°, C.P.

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Piombo, Bonorino Peró-

c. 21.614, MUÑOZ, Alberto

Rta: 11/2/97.-

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ROBO. BANDA: Ausencia de moradores.

            La razón de la agravante del art. 167, inc. 2°, C.P., es la intimidación en la persona del sujeto pasivo, en cuya ausencia la calificante deviene inaplicable, y dado que en autos el hecho fue perpetrado contra un comercio cerrado, resulta adecuado tipificarlo como robo simple. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Barbarosch, Valdovinos, Navarro-

c. 45.430, FELTRINI, José A.

Rta: 7/2/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 44.470, "Bonussi, Mariano G. y otro", rta: 20/12/94, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N°4/94, pág. 189 y c. 44.567, "Valenzisi Daniel O.", rta: 7/3/95.

Nota: Ver Fallo Plenario N° 218, "Cejas, Walter A.", rto: 18/11/97, publicado en Boletín de Jurisprudencia, Fallos Plenarios 1983-1997, pág. 25.

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ROBO. EMPLEO DE ARMA: Prueba pericial. Arma "blanca".

            No siendo el arma empleada para el desapoderamiento, un arma de fuego, el secuestro y su posterior peritación, no deviene necesaria para constituir la agravante prevista en el art. 166, inc. 2°, C.P.

C.N.Crim. Sala de Feria (Int.) -Tozzini, Piombo-

c. 231, OJEDA, Sergio D.

Rta: 29/1/97.-

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ROBO. EMPLEO DE ARMA: Revolver: uso impropio.

            Quien emplea un arma en cualquiera de los tres momentos en que la violencia convierte el apoderamiento en robo -antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad-, comete robo calificado en la forma prevista en el art. 166, inc. 2°, C.P. (*)

            El procesado, incrementó su potencial físico vulnerante cuando empleó un revolver como elemento contundente, al impactarlo voluntariamente contra la cabeza de su ocasional víctima, de la misma forma que si se hubiese tratado de una piedra, de un palo, o de una "cachiporra", circunstancia que torna incuestionable su uso como "arma" en el evento, pues el impacto se produjo inmediatamente después del despojo de las pertenencias, quedando configurada así, la calificante de robo agravado por el uso de armas.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Escobar, Elbert, González (según su voto)-

c. 27.760, BARRIOS, Néstor

Rta: 20/3/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallos Plenarios, "Scioscia, Carlos A." rto: 10/12/76, en L.L. 1977-A-1 y "Costas, Héctor y otro", rto: 15/10/86, en J.P.B.A. 61:100; Sala VII, c. 3.379, "Vargas, Carlos y otros", rta: 21/11/83, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 6/83, pág. 325; Sala VI, c. 21.627, "Paz, R.", rta: 18/6/91, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N°3/91, pág. 233. (**) C.N.Crim., Sala VI, c. 31.406, "Heredia, Ricardo", rta: 14/8/86, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N°3/86, pág. 1.201; Sala I, c. 32.658, "Melgarejo, J.", rta: 11/2/88 publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/88, pág. 89; c. 36.870, "Lambusta, G.", rta: 16/11/89, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/89, pág. 302; Sala VII, c. 12.342, "Lucie, Ramón", rta: 26/2/90, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/90, pág. 54; Sala II, c. 37.651, "Romero, J.", rta: 25/2/90, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 5/90, pág. 255; Sala IV, c. 13.076, "De Poilly, E.", rta: 9/11/90, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 7/90, pág. 309; c. 32.978, "Larco, E.", rta. 11/8/87, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/87, pág. 1220; Sala VI, c. 33.777, "Becerra, R.", rta: 15/3/88, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N°1/88, pág. 97; c. 36.844, "Mahia, A", rta. 24/11/89, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/89, pág. 309.

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ROBO. EN POBLADO Y EN BANDA: Situación producida cuando integrantes de la "banda" no se presentaren a estar a derecho.

            Cuando se acredita la intervención en un robo de tres o más personas, corresponde aplicar la agravante prevista en el art. 167, inc. 2°, C. P.

C.N.Crim. Sala de Feria (Int.) -Ouviña, Piombo, Elbert (en disidencia)-

c. 92, MONZON, Claudia S.

Rta: 7/1/97.-

Disidencia del Dr. Elbert: La calificante del art. 167, inc. 2°, C.P., no debe aplicarse en la medida en que los tres o más integrantes de la "banda" no hayan comparecido a estar a derecho. En estos casos, el acuerdo previo, la imputabilidad, el grado de participación, etc., quedan reducidos a una mera presunción "juris et de jure" que perjudica indebidamente al acusado con identificación y comparencia.

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SOBRESEIMIENTO. Condición de imputado.

            La sola condición de imputado habilita la vía del sobreseimiento, como modo de culminación del sumario, sin que resulte necesario que aquél haya sido escuchado en indagatoria.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña-

c. 5.570, GODARD, Armando G.

Rta: 27/2/97.-

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TENENCIA DE ARMAS DE GUERRA. Configuración del delito.

            La tenencia de armas no requiere la detentación corporal permanente de aquéllas, sólo es necesario que se encuentren dentro del ámbito de custodia y que pueda ejercerse un poder de hecho tal que le permita por sola voluntad y sin necesidad de intervención de terceros disponer físicamente de ellas -art. 198 bis, 3° párrafo, C.P.-

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.253, RAMIREZ FONSECA, Rubén

Rta: 14/3/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim.Fed., "Martínez, José y otro", rta: 14/9/84.

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UNIFICACION DE PENAS. GRADUACION: Por composición o por simple suma aritmética.

            Las frecuentes incursiones que registra el procesado en la senda delictiva, se erige como factor gravitante que persuade acerca de la conveniencia de abandonar el sistema composicional para este caso en particular (añejamente incorporado a la práctica unificatoria de la Sala VI) y sustituirlo por el de la sumatoria aritmética de penas.

            De este modo se logra, satisfacer más adecuadamente el principio de proporcionalidad que informa a la función retributiva de la pena y que acrecienta las posibilidades de lograr la resocialización del encartado, a través de un tratamiento penitenciario eficaz.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Escobar, Elbert (en disidencia), González-

c. 27.834, REYNA, Norberto A.

Rta: 11/3/97.-

Disidencia del Dr. Elbert: El procesado es una persona joven, que comenzó a delinquir siendo menor. Sufrió los rigores de la cárcel en función de penas que recibió como consecuencia de su irresponsabilidad juvenil dados los escasos resultados resocializadores de nuestro sistema penitenciario, parece entonces poco probable que logre mejorar su personalidad al afrontar un largo plazo en prisión.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------USURPACION. No configuración. PROCESAMIENTO: Improcedencia.

            Corresponde revocar el procesamiento y sobreseer, a quien entró en la tenencia del bien luego de contratar su alquiler por unos años con el denunciante, pues la vía de la reparación del perjuicio, consistente en no haberse retirado una vez vencido el contrato, es el desalojo.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 5.426, ROMANO, Oscar A.

Rta: 4/2/97.-

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USURPACION DE TITULOS Y HONORES. No configuración. Exhibición de credencial policial para evitar un pago.

            No encuadra en ninguna de las hipótesis punibles de los arts. 246 y 247, C.P., la conducta del imputado que para evitar el pago de un viaje en subterráneo, exhibió fugazmente un burdo remedo de credencial policial.

            La evidente inidoneidad del material incautado, torna al accionar atípico, pues no ha ejercido función pública ni ha ostentado insignias o distintivos, ni se ha arrogado títulos u honores a los que fuese ajeno.

C.N.Crim. Sala V (Correc.) - Filozof, Navarro-

c. 6.148, MENDOZA, Héctor R.

Rta: 12/3/97.-

VIOLACION DE DOMICILIO. Requisitos. Configuración

            Incurre en violación de domicilio (art. 150, C.P.) quien dolosamente penetró conociendo que no podía presumir el consentimiento del titular del derecho de exclusión, toda vez que tal presunción resulta del destino del lugar y del conocimiento de sus ocupantes. (*)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -González Palazzo, Filozof, Navarro-

c. 33.909, QUIROGA, Jorge O.

Rta: 26/2/97.-

Se citó: (*) Manigot, Marcelo A., "Código Penal, Anotado y Comentado", T. I, pág. 486 y Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", 1988, T. IV, págs. 96/98.

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ABUSO DESHONESTO. DECLARACION DE LA VICTIMA: Imposibilidad de obtener testigos directos.

            En los delitos dependientes de instancia privada como el abuso deshonesto es casi imposible la obtención de testigos directos del hecho debiendo basarse el juzgador en las declaraciones de la víctima, de las personas que tomaron conocimiento de lo acontecido a través de sus dichos y de las conclusiones a las que arriban los expertos en las respectivas pericias.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 6.425, R., S.

Rta: 13/5/97.-

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ACCION CIVIL. Actor civil. PRESCRIPCION DE LA ACCION: Normas del derecho civil o comercial.

            El accidente ocurrido en circunstancias en que el peticionante viajaba en calidad de pasajero en el taxímetro que conducía el procesado, se enmarca dentro de las disposiciones que regulan el contrato de transporte terrestre por lo que resulta aplicable la norma prevista en el art. 184, Cód. de Comercio y en cuanto al plazo de prescripción de las acciones indemnizatorias respectivas, lo establecido en el inc. 1°, art. 855 del referido ordenamiento. El plazo de prescripción para accionar por los daños consecuentes es de un año, conforme el anteúltimo párrafo del art. 855 citado, por lo que cuando el damnificado solicitó ser tenido como querellante y actor civil, el plazo prescripto ya había operado.

            Sea a través del plazo de dos años previsto por el art. 4.037, C.C. o mediante los aludidos preceptos del derecho comercial, la situación no varía pues de una u otra forma la prescripción inexorablemente operó. En aras de la puridad jurídica debe señalarse que estas últimas disposiciones son las que corresponde aplicar, por su carácter específico y porque las normas civiles referidas únicamente resultan de observación en los supuestos que un pasajero fallezca a consecuencia de un accidente producido durante el viaje que efectúa y la demanda patrimonial entonces la promueva alguno de sus herederos. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Correc.) -González, Elbert, Escobar-

c. 6.272, AVILA, Alfredo

Rta: 6/5/97.-

Se citó: (*) C.N.Civ. y Com., en pleno, "Ríos, Cirila c. E.F.A. s/Ds. y Ps.", rto: 30/6/82.

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ACCION CIVIL. Indemnización. Art. 29, C.P.

            Corresponde rechazar el pedido de indemnización articulado por la querella pues la explicación por ésta brindada no permite inferir, siquiera aproximadamente, el monto de los daños producidos. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Elbert, González, Escobar-

c. 27.846, BARBUDO, Guillermo

Rta: 8/5/97.-

Se citó: (*) C.N. Civil, Sala F, "Gens c/Círculo de Suboficiales de la Armada", rta: 4/4/90; C.N. Comercial, Sala E, "Acinpast S.A. c/Arteico, S.A.", rta: 26/2/93.

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ALLANAMIENTO. Excepciones.

            El art. 227, inc. 3°, C.P.P. menciona, entre las excepciones en las que puede allanarse un domicilio sin previa orden judicial, cuando el imputado de delito ingrese a él y se le esté persiguiendo con fines de aprehensión. La ley no distingue la calidad de la persona del persecutor, sí en cambio lo hace respecto de quien, en tal supuesto, puede ingresar al domicilio: la policía.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 6.206, FARELLI, Gerardo A.

Rta: 1/4/97.-

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ARCHIVO DE ACTUACIONES. Improcedencia: imputados identificados.

            Es improcedente la reserva cuando en el proceso hay imputados identificados, por lo que debe reanudarse la investigación ante la necesidad de escuchar a quienes participaron del episodio.

C.N.Crim. Sala V (Correc.) -Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 6.262, KAVLAKIAN, Juan Carlos y otros

Rta: 4/4/97.-

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ARCHIVO DE ACTUACIONES. Improcedencia: recepción de declaración indaga-toria.

            A partir de la recepción de declaración indagatoria al imputado y habiéndose oportunamente decretado la falta de mérito a su respecto, no procede la resolución de reserva y archivo de la causa dispuesta por el juez de grado sino una decisión de mérito que no puede ser otra que su sobreseimiento o procesamiento.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 5.955, OLCESE, Julio A.

Rta: 21/4/97.-

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ARMAS. Numeración suprimida. ATIPICIDAD: Ley 24.721, su reforma.

            La tenencia de un arma de fuego que presenta limada su numeración, conducta atrapada por el inc. 4°, art. 289, C.P. -ley 23.077- deviene atípica a partir de la nueva redacción de la citada norma -ley 24.721-, en la que el uso o la tenencia de armas con la numeración suprimida no se halla contemplada.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 6.389, DIBLASIO, José A.

Rta: 7/4/97.-

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ARRESTO. DOMICILIARIO. Procesado. Procedencia.

            Si bien el art. 33, ley 24.660 se refiere a quien cumple condena, resulta equitativo que se aplique también a los procesados puesto que, respecto de estos últimos, rige el principio de "presunción de inocencia". Tal extensión aparece reafirmada por el art. 11 de la norma citada.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -Elbert, Escobar-

c. 6.545, LOVECCHIO, Nicolás

Rta: 10/4/97.-

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BANDA. Configuración. INIMPUTABILIDAD. Declaración.

            La declaración de inimputabilidad de uno de los intervinientes y la circunstancia que desde la génesis de las actuaciones no se logró la detención de un supuesto cuarto integrante del grupo, impiden contar con los parámetros necesarios a fin de establecer si en la especie se cumple con los requisitos del art. 45, C.P. a los efectos de la viabilidad de la agravante de "banda" prevista en el art. 167, inc. 2°, C.P. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.637, PESAÑO, Javier A.

Rta: 20/5/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario, N° 111, "Quiroz, Julio A.", rto. 4/9/89, publicado en Bol. Int. de Jurisp., Fallos Plenarios, 1983-1997, pág. 25 y L.L. 1989-E-16.

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CALIFICACION LEGAL ALTERNATIVA. Robo o hurto, encubrimiento. Suceso único. "Non bis in idem".

            Las figuras de robo o hurto (en el caso de automotor) y encubrimiento, cuando recaen sobre un mismo objeto, tienen una relación de alternatividad y, por consiguiente, de exclusión; son calificaciones legales alternativas que corresponde asignar a un único suceso. Por lo tanto no puede dictarse resoluciones de signo contrario respecto de un mismo objeto procesal en base a los diferentes -y además alternativos- encuadres típicos asignables al mismo.

            Si en lo que concierne a un mismo y único hecho, al imputado, simultáneamente se lo sobresee y procesa, se viola el principio de "non bis in idem". (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 6.761, GIMENEZ, Ramón D.

Rta: 19/6/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 3.630, "Martínez, G.", rta. 28/9/95.

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I. CAREO. Prolongación del acto de indagatoria. II. NULIDAD. Entrevista previa del imputado con su letrado. Procedencia.

I. CAREO. Prolongación del acto de indagatoria.

            La confrontación de manifestaciones entre el imputado y quien declarara bajo juramento de ley, comúnmente llamado careo, reconoce para el primero una prolongación del acto de indagatoria y por consecuencia sometido a las prescripciones formales requeridas para su validez. Por ello la imposición de prueba incorporada con posterioridad a los anteriores dichos del imputado, se conforma a las previsiones del art. 298, C.P.P.

            Es facultad del Juez extender el temario del interrogatorio que se formulará a los concurrentes, lo que por sí no acarrea perjuicio alguno a los confrontados.

II. NULIDAD. Entrevista previa del imputado con su letrado. Procedencia.

            No procede el reclamo nulificante por no haberse cumplido la entrevista previa de aquél -para más abogado- con su letrado, si le había sido ello explicado al responder los cargos a tenor del art. 294 del ordenamiento procesal ya en oportunidades anteriores en la misma causa y gozando de libertad y el defensor presente nada al respecto solicitara sino recién al culminar los dichos de su asistido, lo que exhibe un consentimiento tácito a ello para lo cual la defensa técnica se halla autorizada, situación que ha de diferenciarse de quien no ha conocido de tal derecho.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 6.098, VERONELLI, Edmundo H.

Rta: 22/4/97.-

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CHEQUE. DOCUMENTO PRIVADO: Adulteración.

            El cheque es una orden de pago pura y simple, que no reúne las características de un título de crédito, por lo que su falsificación configura el delito de adulteración de documento privado conforme lo establece el art. 292, C.P. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Rivarola-

c. 6.930, BAZTERRICA, Julio

Rta: 10/6/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 6.955, "Caccavari de Fossati, Ana", rta. 3/6/97.

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COAUTOR. Calidad y grado de participación en el delito.

            Reviste calidad de coautor y no de partícipe secundario, quien con su presencia en el lugar del hecho revela una activa y simultánea participación en la ejecución del delito, en cumplimiento del plan urdido, lo que importa formar parte en su realización en los términos del art. 45 del C.P.

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Barbarosch, Navarro-

c. 45.503, MALDONADO RAMIREZ, Carlos

Rta: 4/4/97.-

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COMPETENCIA. Robo de correspondencia. C.S.J.N.: último intérprete normativo.

            Si bien correspondería aplicar el art. 33, inc. 1°, C.P.P., pronunciándose por la competencia federal cuando el objeto del delito es la correspondencia postal con independencia del eventual carácter privado de la empresa prestataria, por la especial protección que acuerda la norma a dicho bien jurídico cuyo fundamento es la libertad individual, pues trasciende la mera ejecución del servicio afectando el interés de la comunidad. (*)

            Habrá de tenerse en cuenta lo sostenido por la C.S.J.N. y la Cám. Nac. de Casación Penal en cuanto debe entender la justicia ordinaria en los casos en que se investiga el robo de correspondencia del que fuera víctima un empleado de una firma permisionaria del servicio público postal, delito común que sólo perjudica la distribución del correo que efectúa una sociedad privada. Así teniendo en cuenta que la C.S.J.N. es el último intérprete normativo, y aun cuando sus fallos no resultan vinculantes, con el fin de evitar el dispendio jurisdiccional corresponde adaptar el criterio sobre el particular a la jurisprudencia del alto Tribunal. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 6.906, DANGELO, Omar

Rta: 5/6/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 2.936, "Lafranchi, C.", rta: 4/5/95; c. 6.701, "Pallini, M.", rta: 22/5/97; C.S.J.N., C 584-XXXII, "Núñez, C. A. s/denuncia robo", rta: 29/10/96; Cám. Nac. de Casación Penal, Sala IV, c. 552, "Esteiro, L. R.", rta. 22/4/97.

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COMPETENCIA. CRIMINAL: Por el lugar.

            Toda vez que el despliegue ardidoso se desenvolvió en la ciudad de Buenos Aires -sin desconocer que el delito habría de perpetrarse, en el caso que la artimaña llegara a materializarse, en jurisdicción ajena-, razones de economía procesal llevan a aprobar la competencia asumida por el juez, atento a que el hecho delictivo podría reputarse cometido en todas las jurisdicciones en las que se desarrollara. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Piombo, Ouviña-

c. 21.569, WOLF, Mario

Rta: 18/4/97.-

Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos, 310:2235; 311:2607.

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COMPETENCIA. FEDERAL: Amenazas.

            Por cuanto el art. 33, inc. e), C.P.P. no ha establecido distinciones para su aplicación ante la comisión del delito previsto por el art. 149 ter, C.P., debe seguir entendiendo en las actuaciones el Juez Federal.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 6.432, CIRIANI, María B.

Rta: 24/4/97.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VII, c. 6.255, "Bustos, R.", rta: 24/4/97.-

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COMPETENCIA. FEDERAL: Justicia local. Amenazas.

            Debe intervenir la justicia ordinaria en la investigación de los delitos previstos por los arts. 149 bis, párr. 2 y 149 ter, inc. 1°, C.P. en razón de que el art. 33, inc. 1°, apart. e), C.P.P. es una reiteración de lo que establecía el art. 3, inc. 5°, ley 48 ya que los hechos en cuestión tienen una motivación particular y no existe posibilidad que resulte afectada la seguridad de la Nación o de alguna de sus instituciones.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo (en disidencia)-

c. 6.301, N. N.

Rta: 4/4/97.-

Disidencia del Dr. González Palazzo: Tal como lo hubiere expresado anteriormente, el C.P.P. atribuye en su art. 33, inc. 1° apart. e) al fuero federal para entender en la instrucción de los delitos previstos en los arts.149 bis y 149 ter, inc. 1°, C.P., sin hacer distinciones en cuanto a que por medio de tales hechos exista el propósito de atentar o poner en peligro la seguridad del Estado Nacional; por ello debe intervenir, el fuero de excepción. (*)

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 2.083, "Gabrielli", rta. 24/10/94.

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COMPETENCIA. FEDERAL: No es de aplicación automática. Amenazas.

            Aun cuando en el hipotético caso de que las amenazas proferidas pudieran encuadrar en la figura agravada del art. 149 ter, C.P., cabe señalar que lo dispuesto en el art. 33, inc. 1° e), C.P.P., no es de aplicación automática, dado que la justicia federal es un fuero de excepción y su intervención sólo procede en la medida en que, directa o indirectamente, puedan resultar afectados intereses del Estado Nacional o de alguna de sus instituciones.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.610, REBUCO, Angel

Rta: 20/5/97.-

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COMPETENCIA. FEDERAL: Sustracción de correspondencia.

            Cuando la correspondencia sustraída fue despachada por intermedio del Correo Argentino, empresa con participación estatal mayoritaria, resulta competente el fuero de excepción (*). Esto no ocurre si la prestataria es una empresa privada. (**)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar-

c. 6.897, SEVERO, Bruno

Rta: 12/6/97.-

Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos, 257:56, citados por D'Albora, Francisco en "Código Procesal Penal de la Nación", pág. 60 en comentario al art. 33, inc. c). (**) C.S.J.N., C. 584-XXXII, "Nuñez, C. A. s/denuncia robo", rta: 29/10/96; Cám. Nac. de Casación Penal, Sala IV, c.552, "Esteiro, L. R.", rta. 22/4/97.

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COMPUTO DE PENA. Ley 24.390. Criterios interpretativos.

            El criterio interpretativo amplio acerca del momento de inicio del lapso en que debe computarse como doble el tiempo cumplido en detención, cabe tomarlo desde el instante en que el encausado se vió privado de libertad en la causa. De tal modo queda incluido dentro del mismo el plazo de los dos primeros años al que alude el art. 7°, ley 24.390. (*)

            Respecto del límite temporal a que habrá de someterse el cómputo, el mismo coincide con la fecha de interposición del recurso extraordinario. (**)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -Elbert, Escobar, González (en disidencia)-

c. 27.908, WOLF, Mario

Rta: 15/4/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 26.882, "Ledesma", rta: 30/12/96; c. 27.848, "Guanco, L.", rta: 20/12/96; c. 27.664, "Ginobili, C.", rta: 28/8/96. (**) C.N.Crim., Sala VI, c. 27.335, "Arévalo, J.", rta: 12/10/95 y Fallo Plenario, "Mana, Juan M.", rto: 15/9/81, en L.L. 1981-D-349.

Disidencia del Dr. González: Respecto del cómputo de excepción previsto en el art. 7° de la citada ley, el mismo comienza a correr a partir de los dos primeros años de detención, computándose doble tan sólo el tiempo que excede de dicho plazo.

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CONCURSO DE DELITOS. Resistencia a la autoridad. Robo.

            El disparo efectuado por el acompañante del autor del robo tuvo como propósito oponerse por medio violento a la acción directa emanada del funcionario policial, por lo que en base a la doctrina del plenario "Palienko, B.", la resistencia a la autoridad concurre materialmente con el robo con armas. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.813, MORALES, Carlos A.

Rta: 12/6/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim, Fallo Plenario, "Palienko, B.", rta: 28/11/47, en L.L. 49-125.

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CONEXIDAD. Inexistencia de la misma entre juzgados de distintos fueros. Arts. 41 y 42, C.P.P.

            No procede aplicar las reglas de la conexidad entre juzgados de distintos fueros, como son el de instrucción y el federal. En este mismo sentido, "la conexidad requiere que la competencia por materia sea la específica: no se acumula al conocimiento del fuero en lo Penal Económico el allanamiento ilegal atribuido a funcionarios de la Policía Federal. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 6.302, EYMULLER, César

Rta: 10/4/97.-

Se citó: (*) C.S.J.N., "López, Edmundo D.", rta: 4/6/91, en L.L. 1991-D- 459.

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CONEXIDAD. FISCAL: Falta de agravio.

           

            No es apelable por parte del fiscal el auto por el cual el juez ha decidido una cuestión de conexidad entre sumarios, pues dicho pronunciamiento es insusceptible de causar gravamen irreparable. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.523, GENTILE, Lucas E.

Rta: 6/5/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 4.101, "Canton, J. E.", rta: 19/3/96.

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DAÑO. CALIFICADO: Producido a un colectivo.

            El daño ocasionado a un colectivo, vehículo afectado al servicio de transporte público de pasajeros, queda comprendido dentro de la calificante del art. 184, inc. 5°, C.P., esto es, daño calificado.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 6.089, CHIA HONG CHIEN

Rta: 25/4/97.-

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DAÑO. CONFIGURACION: Efectuado sobre neumáticos.

            El delito de daño no requiere la destrucción de la cosa, bastando con dañarla de cualquier forma, aspectos éstos que la propia doctrina ampara. (*).

            La figura utiliza entre otros términos, la frase "o de cualquier modo dañare", lo que permite inferir que con inutilizar, aunque sea transitoriamente el objeto de lesión, el delito se perpetra.

C.N.Crim. Sala VII -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 5.868, USHER, Walter J.

Rta: 15/4/97.-

Se citó: (*) Manigot, Marcelo, "Código Penal, anotado y comentado", Ed. Abeledo-Perrot, Bs. As., 1978, 4° edición, T. I, pág. 667.

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DECLARACION INDAGATORIA. Ampliación solicitada por la defensa. DENEGATORIA: Nulidad.

            Corresponde declarar la nulidad del auto que deniega la ampliación de la declaración indagatoria pues dicho acto configura el medio de defensa por excelencia, de manera tal que su denegatoria infundada vulneraría la garantía consagrada por el art. 18, C.N., ya que implicaría una violación del derecho de defensa pues ha vedado la posibilidad de que el fiscal, en la oportunidad prevista en el art. 346, C.P.P., pudiera valorar elementos distintos a los ya obrantes.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 6.755, SAAVEDRA, Juan L.

Rta: 22/5/97.-

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DECLARACION INDAGATORIA. Nulidad.

            Corresponde declarar la nulidad de la declaración indagatoria del procesado pues en ninguna de las oportunidades en que ha sido formalmente sometido a indagatoria -art. 236, 1ra. parte, C.P.M.P.-, fue correctamente impuesto de los hechos materia de la requisitoria, como lo prescribe el art. 255 del ordenamiento instrumental -ley 2.372-. Aun ante la negativa a prestar declaración deberá hacérsele saber el hecho imputado, lo que no resulta satisfecho con la sola mención del "motivo de su procesamiento" si a falta de toda discriminación no puede conocerse a cuál de todos los enunciados cargosos responde el uso del derecho a guardar silencio, teniendo en cuenta al respecto que ni siquiera por sus respectivas calificaciones legales aparece la mención de éstos.

            Tal falencia no puede entenderse subsanada por las anteriores explicaciones brindadas a tenor de art. 236, 2da. parte, del código adjetivo, pues el encartado ni siguiera ha manifestado remitirse a ellas, de modo de posibilitar una interpretación integral de sus dichos que no lesione el derecho de defensa. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.)-Ouviña, Piombo-

c. 21.362, DIAZ, Raúl

Rta: 11/4/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 20.922, "Nogueira, Andrés", rta. 28/8/95.

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Art. 173, inc. 7°, C.P. SOCIEDAD DE HECHO: Gerente imputado.

            La conducta ilícita desarrollada por el imputado en su calidad de gerente importa la concreción del perjuicio patrimonial que se irrogó a la empresa, sin que a ello obste la condición de sociedad de hecho que reviste la empleadora.

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Navarro-

c. 45.533, EHRMAN, Guillermo H.

Rta: 3/4/97.-

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Configuración. RE-TENCION INDEBIDA: Dinero. No configuración.

            a) El tipo penal de la administración fraudulenta viene a nuestro Código Penal directamente del Código Penal Alemán, de modo que hay que remitirse a la doctrina elaborada en ese país para poder deslindar exactamente la figura penal en estudio. A fin de entender el problema hay que partir de la base que son dos los tipos penales que la norma contempla, tal como lo vió Binding (*), quien había sostenido la teoría del abuso y, por otra parte, la llamada teoría del quebrantamiento. (**)

            Así, la conducta de un productor independiente de seguros que recibió por parte de los damnificados dinero para asegurar sus bienes, incumpliendo entregar el mismo a la compañía, comprobándose, al ocurrir un siniestro, que la póliza no se había realizado en un primer hecho, y que aquélla se hallaba impaga en otro caso, queda atrapada por el art. 173, inc. 7°, C.P., ya que este tipo penal consiste en la violación al deber por parte de quien tiene a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de todo o parte del patrimonio ajeno, por lo que, siendo el deber del imputado entregar el dinero recibido de su mandante a la compañía de seguros, la violación de su obligación específica lo coloca en la posición de autor del delito de infidelidad patrimonial que trata de la relación, llamada interna, entre quien administra y el dueño del patrimonio lesionado. (***)

            No hay duda entonces que el procesado ha violado el deber de fidelidad, apropiándose de algo que debió entregar porque no era suyo, y ocupaba en ese momento el lugar de administrador con respecto a los bienes ajenos. No aparece dudoso, en referencia al tipo objetivo, en cuanto se le había dado el dinero para la póliza, y como es claro, debió, una vez recibidas las primas, entregarlas a su vez a la compañía aseguradora. No lo hizo, de modo que en ese aspecto el procesado realizó la acción contraria a la norma. Tampoco hay dudas sobre el dolo del autor, en cuanto se apropia del dinero que no le correspondía.

            b) Cuando lo que se debe restituir es dinero, no se tipifica el art. 173, inc. 2°, C.P., pues para que pueda ser considerada esa figura, debe tratarse de un depósito regular. (****)

C.N.Crim. Sala I (Def.) - Donna, Rivarola, Tozzini-

c. 45.339, SOLNIK, Javier I.

Rta: 17/6/97.-

Se citó: (*) Binding, Lehrbuch I, 396. (**) Mezger, parág. 61; Welzel, parág. 56; Maurach, parág. 39. (***) C.N.Crim., Sala III, c. 30.094, "Miranda, Norberto", rta: 19/3/92, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/92, pág. 10. (****) C.N.Crim., Sala I, c. 34.632, "Suzane, O.", rta. 14/6/89, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/89, pág. 62; c. 36.876, "Sotelo, Ernesto", rta. 29/5/90, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/90, pág. 83; c. 36.833, "Moses, Gustavo J.", rta: 7/6/90, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/90, pág. 83.

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Uso de comprobante apócrifo. No configuración.

            El uso de comprobante apócrifo con el fin de ocultar el fraude, no implica cometer delito pues el documento carece de aptitud para producir perjuicio. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch (en disidencia parcial)-

c. 45.578, COTO, Carlos J.

Rta: 12/6/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 30.527, rta: 12/11/85; c. 40.947, "Pérez, Domingo, A.", rta: 5/5/92, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/92, pág. 86.

Disidencia parcial del Dr. Barbarosch: No coincide con el encuadre legal seleccionado, que deberá ser el de defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con uso de documento falso.

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DEFRAUDACION. ESTAFA: Configuración. Prueba ofrecida por las partes.

            Constituye el delito de estafa la acción engañosa del acusado que derivó en la apropiación ilegítima de una gran cantidad de fracciones de lotería aparentando maliciosamente una solvencia de la que no gozaba, siendo muestra del dolo defraudatorio que presidió la maniobra desde su origen la dación de diversos cheques incobrables y el desvanecimiento evidenciado por la garantía real aportada. En cuanto a la aseveración del imputado según la cual habría saldado la obligación mediante sucesivas entregas de dinero en efectivo sin poder exhibir constancia de ello, no debe olvidarse el principio procesal según el cual lo ordinario se presume mientras que lo extraordinario se prueba; la experiencia enseña que quien realiza un pago exige el correspondiente recibo, razón por la que el encausado corrió con la carga de demostrar la circunstancia alegada. La prueba y la sentencia se vinculan de tal forma que la primera debe ser fuente de la segunda, pues el juez debe juzgar con arreglo a lo alegado y probado por las partes, porque lo que no consta en autos es inexistente para la causa. (*)

            El ardid desplegado indujo a error a su víctima logrando así el desmedro patrimonial, por lo que ha quedado configurado el delito de estafa dado que los elementos integrativos han concurrido y operado en armónica secuencia cronológica. (**)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Barbarosch, Navarro-

c. 45.574, BORSATO, Guido O.

Rta: 25/6/97.-

Se citó: (*) Florián, Eugenio, "De las pruebas penales", Ed. Temis, Bogotá, 3° ed., 1995, T. I, pág. 397. (**) C.N.Crim., Sala IV, c. 44.830 "Torres Durán, M.", rta: 5/9/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/95, pág. 128.

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DEFRAUDACION. ESTAFA PROCESAL: Aviesa finalidad de engañar al juez.

            En otras especies estafatorias, distintas a aquélla que se comete en el marco de un proceso judicial y que como tal se denomina en doctrina "estafa procesal", el perjuicio patrimonial, como requisito para la consumación de este tipo de delitos, se produce recién cuando la víctima realiza el acto de disposición patrimonial que lo perjudica. Distinta es la hipótesis cuando las maniobras ardidosas son desplegadas en el contexto de un proceso judicial por una de las partes, valiéndose de un instrumento apócrifo fraudulentamente confeccionado con el objeto de acreditar pagos inexistentes, con la aviesa finalidad de engañar al juez que entiende en la causa o bien a la contraparte y esta última, advirtiendo la falsedad de este medio probatorio, promueve la pertinente denuncia ante la Justicia Penal, a consecuencia de lo cual y en virtud de lo dispuesto en el art. 1.101 y ccs., C.C. se produce la suspensión de las actuaciones en aquel proceso hasta tanto se dirima el conflicto penal, puesto que esa suspensión causa de manera indudable un perjuicio patrimonial a la parte que debe soportar injustamente verse imposibilitada de percibir aquello que en derecho le correspondía.

            Asimismo, por haberse prevalido los procesados de sendos recibos de pago apócrifos como medio para concretar sus designios criminosos, cometieron un hecho único que configura el delito de estafa en concurso ideal con uso de instrumento privado falso (arts. 45, 54, 172 y 296 del C.P.).

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Escobar, Elbert, González-

c. 27.810, RODRIGUEZ CASAL, Osvaldo

Rta: 25/6/97.-

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ELEVACION A JUICIO. Improcedencia. Existencia de requerimiento fiscal.

            Resulta improcedente la elevación de la causa ya que el juez no posee impedimento para continuar investigando por sí mismo, si así lo considera necesario, pues ya cuenta con el requerimiento de instrucción oportunamente planteado por el fiscal, sin que sea requerida su participación hasta la vista ordenada por el art. 346, C.P.P.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Rivarola-

c. 6.884, LLENAS, Horacio

Rta: 13/5/97.-

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EXCARCELACION. Procedencia.

            La mera posibilidad de aplicar pena de efectivo cumplimiento en los autos principales no autoriza sin más a obstaculizar la soltura del encartado, la que se torna procedente mediante la aplicación de una caución personal o real cuya elección corresponde al juez de grado a fin de no privar de instancia, art. 320, C.P.P.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.470, ALMARAZ, Damián A.

Rta: 11/4/97.-

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EXCEPCIONES. FALTA DE ACCION: Art. 339, inc. 2°, C.P.P. Inexistencia de delito.

            No resulta admisible la discusión mediante la vía de excepción por falta de acción, la existencia o inexistencia del delito, salvo que su inexistencia surja con notoriedad y pueda apreciarse a primera vista. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.081, FARIAS, Norberto

Rta: 14/4/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 10.292, "Dupont, G.", rta: 15/12/83.

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EXCEPCIONES. FALTA DE ACCION: Rechazo del planteo.

            Corresponde rechazar el planteo de excepción de falta de acción pues no resulta vía idónea para demostrar la inexistencia de delito, a menos que ésta fuera manifiesta, lo que no ocurre cuando median hechos controvertidos sujetos a prueba que deberán ser evaluados en oportunidad de celebrarse el debate respectivo. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Correc.) -González, Elbert, Escobar-

c. 6.663, NOBLE, Cristina

Rta: 27/5/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. "González Sasso", rta: 27/10/94.

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I. FALSIFICACION. Falsedad ideológica. Documento con fin probatorio. II. DESO-BEDIENCIA. Ausencia de conocimiento personal de la orden impartida.

I. FALSIFICACION. Falsedad ideológica. Documento con fin probatorio.

            No configura el delito de falsificación ideológica de instrumento público la resolución emanada del Secretario de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, ya que tal ilícito requiere que se inserten en el documento declaraciones falsas concernientes a un hecho que el mismo deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio y tal resolución no tenía destino de prueba sino que se trataba de una declaración de voluntad y la fe pública -bien jurídico protegido- no se encuentra vulnerada por tal acto.

II. DESOBEDIENCIA. Ausencia de conocimiento personal de la orden impartida.

            No existe desobediencia a la autoridad si falta la prueba de la existencia del conocimiento personal de la orden incumplida. Resulta insuficiente para su configuración acreditar que la notificación ha sido practicada; es preciso que de ella haya tenido conocimiento a su debido tiempo el imputado, pues para la concurrencia de dicho delito, resulta necesaria la existencia de una orden clara y concreta, destinada a persona o individuos determinados, requisito que más de establecer el momento de la acción típica en una circunstancia posterior a la de la materialización de la orden, conlleva la exigencia de ser conocida por quien es objeto de la misma. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos-

c. 45.487, DEVRIES, Osvaldo

Rta: 5/6/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala II, c. 24.338, "Lafuente, J. E.", rta: 25/7/80; c. 32.743, "Irazabal, Ana M.", rta: 30/7/87; Sala III, "Fiordalisi de Otero, H.", rta: 8/8/69 y C.N.Crim. y Correc. Fed., Sala II, "F.N.I.A. s/denuncia C.P., art. 239", rta: 1/3/91, en J.A. 1991-III-494.

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FALSIFICACION. INTRUMENTO PRIVADO. CHEQUE: Improcedencia. Sólo susceptible de ser falsificado en sus requisitos "ad solemnitatem" por ley que rige sus formas. ESTAFA. Firmas auténticas con las que se endosaron cheques que no le estaban destinados.

            El cheque únicamente puede ser falsificado en sus requisitos establecidos "ad solemnitatem" por la ley que rige sus formas, y que figuran en el anverso del formulario, y no, en cambio, en los endosos puestos en un cheque auténtico, los cuales atienden a perfeccionar responsabilidades patrimoniales que los hacen solo comercialmente equiparables a un nuevo libramiento. Razón ésta por la cual si el procesado endosó y presentó al cobro cheques que no le estaban destinados, para quedarse con el dinero -lo cual, en definitiva, logró materializar en perjuicio de la firma comercial denunciante-, su conducta configura lisa y llanamente el delito de estafa, y no también el de falsificación de instrumento privado.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini, Rivarola (en disidencia parcial), Donna-

c. 45.331, CRISTANCHO GALINDO, Félix E.

Rta: 17/6/97.-

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FALSO TESTIMONIO. Tipo subjetivo.

            El tipo subjetivo del delito de falso testimonio consiste en tener conocimiento, consciencia y voluntad de afirmar lo que se sabe falso o, en otro supuesto, de negar o callar lo que se sabe verdadero, o sea, la intención y voluntad de concretar el tipo objetivo del falso testimonio.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini, Rivarola, Donna-

c. 45.263, CASTILLO, Claudio y otro

Rta: 18/4/97.-

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FISCAL. Apelación de la incompetencia. Recurso de queja.

            No causa gravamen al Ministerio Público atribuirle jurisdicción al juzgado de mayor competencia. Por ello, y atento a las previsiones del art. 449, C.P.P., en cuanto limita el recurso de apelación a los supuestos en los que expresamente se lo prevea y a aquellos que causen gravamen irreparable, corresponde no hacer lugar al recurso de queja incoado por el Fiscal.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -González, Rivarola, Donna (en disidencia)-

c. 6.937, CICCHETTI, Guillermo

Rta: 30/5/97.-

Disidencia del Dr. Donna: Atento a que el Ministerio Público debe velar por la legalidad del proceso, las cuestiones de competencia resueltas según su criterio de manera incorrecta, le pueden causar agravios, por lo que corresponde hacer lugar a la apelación.

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FISCAL. Delegación de la investigación. Oportunidad.

            La delegación que estatuye el art. 196, C.P.P. no puede concretarse arbitrariamente en cualquier estado del proceso excediendo incluso la previsión contemplada en el art. 161, C.P.P. (*)

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, González Palazzo, Bonorino Peró (por sus fundamen-tos)-

c. 6.752, ALBIM, Andrés R.

Rta: 26/6/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 1.078, "Pinzón, Néstor", rta: 23/12/93; c. 1.681, "Vallejos, Antonio", rta: 23/6/94; c. 2.925, "Cúneo, Horacio", rta: 28/6/95.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala V, c. 6.670, "Romero, Gustavo", rta: 11/6/97.

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HABEAS CORPUS. Presentante requerido por presuntos policías en un domicilio ubicado en la provincia de Buenos Aires. COMPETENCIA: Juez provincial.

            Por virtud del art. 8, inc. 2°, ley 23.098, resulta incompetente el juez de instrucción de Capital pues según surge de la presentación, las personas que dijeron pertenecer a la fuerza policial habrían concurrido al domicilio de la madre del beneficiario ubicado en la provincia de Buenos Aires.

C.N.Crim. Sala de Habeas Corpus (Int.) -Elbert, González-

c. 1.174, NIZ, Claudio J.

Rta: 1/5/97.-

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IMPUTABILIDAD. EBRIEDAD: Causal de inimputabilidad. Carga de la prueba.

            Las causales de inimputabilidad que prevé el art. 34, C.P. guardan carácter excepcional y por ende merecen ser acreditadas debidamente. La mera alegación de una ingesta de alcohol no alcanza para hacer aplicable la norma exculpatoria sino que es menester que la acción del elemento químico incorporado al organismo produzca los efectos que la ley impone, esto es, imposibilidad de comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones, y ello no puede presumirse sino que debe ser comprobado, y la carga de la prueba compete a quien lo alega.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -González Palazzo, Filozof, Navarro-

c. 34.168, DOMINGUEZ, Edgardo

Rta: 23/6/97.-

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IMPUTABILIDAD. EBRIEDAD: Eximente de responsabilidad.

            El estado de ebriedad, como eximente de responsabilidad alegada por el procesado, se halla desvirtuado, por un lado, por la nocturnidad que eligió para intentar el delito y por el modo en que ejerció la violencia para el ingreso, al cortar los "ojales" de los candados, que demuestran en el acusado cabal comprensión de la criminalidad y efectivo poder de dirección de sus acciones, y, por el otro lado, el relato detallado que hizo de sus andanzas en la noche del hecho, que evidencia una conciencia lúcida, con buena grabación y fijación mnémica de los sucesos, sin interferencia alcohólica alguna.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini, Rivarola-

c. 45.313, SANCHEZ, Ernesto

Rta: 18/4/97.-

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IMPUTADO. Reconocimiento fotográfico. NULIDAD: Persona a reconocer que no pueda ser habida.

            Deberá declararse la nulidad del reconocimiento fotográfico del imputado y revocar su procesamiento, pues se han violado derechos fundamentales de él, esto es, el control de un acto que era en sí irreproducible, arts. 167 y 168 C.P.P.

            Claramente dispone el art. 274, C.P.P., que el reconocimiento fotográfico sólo procede para los casos en que la persona a reconocer no estuviere presente o no pudiese ser habida.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Rivarola-

c. 7.021, LEZCANO, Ramón A.

Rta: 19/6/97.-

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INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR. DELITO DE PURA OMISION Y DE PELIGRO ABSTRACTO: Sobreseimiento.

            Cuando está en juego el valor de la armonía familiar -aún respecto de familias desavenidas- y la necesidad de evitar todo aquello que contribuya a dificultar la proximidad y el diálogo entre las partes, algo que difícilmente pueda proporcionar una pena, con todas las desventajas que implica. No existe peligro concreto e inminente de perjuicio, y el hecho de que la ley penal no debe cumplir una tarea de perfeccionamiento ético compulsivo, resulta suficiente la vía de reparación civil y aconsejable el dictado de sobreseimiento.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -Elbert, Escobar, González (en disidencia)-

c. 6.717, ZIMMERMANN, Daniel

Rta: 13/5/97.-

Disidencia del Dr. González: Deberá continuarse con la investigación, pues en el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, no es necesario acreditar que la conducta omisiva haya privado a la víctima de los medios indispensables para su subsistencia, así como tampoco se haya creado la posibilidad de que ello ocurra, por tratarse de un delito de pura omisión y de peligro abstracto. (*)

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario N° 185, "Gómez, Isabeliano", rto: 31/3/93, publicado en Bol. Int. de Jurisp., Fallos Plenarios, 1983-1997, pág. 8.

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INJURIAS. Afirmación generalizada de la querella sobre la situación del fuero. No configuración.

            No se denota que sea una imputación dirigida al magistrado actuante ni al fiscal, la afirmación generalizada de la querella cuando se refiere a la situación problemática que atraviesa el fuero y expresa que "...la dilación procesal, o el error en el procesamiento de la reproducción de mayor o menor urgencia...favorecen la delincuencia oculta y la frustración probatoria...", siguiendo la línea de pensamiento vertida en el fallo "Kimel, E." por el cual se determinó que "quienes ejercemos una función pública, estamos expuestos a la crítica sobre nuestro desempeño, siendo tenue la línea que divide la opinión sana de la nociva difamación que hiere el honor de las personas; por lo tanto, quien realiza la crítica debe tender, sin llegar a la autocensura, a revisar la autoridad y veracidad de sus fuentes informativas y a juzgar sin malicia el desempeño de los funcionarios probos...".(*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 6.091, TIEGHI, Osvaldo N. (Dr.) s/Rec. de Reposición

Rta: 10/4/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 27.472, "Kimel, E. G.", rta. 19/11/96.

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LEGITIMA DEFENSA. Improcedencia. Actitud propia de un delincuente experimentado.

            Cabe descartar la causa de justificación que se pretende hacer valer ya que resulta notorio el compromiso del imputado en el evento cuando decide darse a la fuga y tirotearse con el personal policial en una actitud francamente hostil y propia de un delincuente experimentado, que enerva cualquier supuesto de haberse sentido atemorizado o de presumir que su vida estaba en peligro.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González, Escobar, Elbert-

c. 27.660, RISSO, Juan J. y otro

Rta: 13/5/97.-

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LESIONES LEVES. Imputado. Previsión de su accionar.

            Los dichos del imputado en el sentido de que a pesar de haber observado al damnificado colgado del lado exterior del estribo del colectivo, prosiguió con la marcha del rodado, agravan su situación procesal e inducen a considerar que razonablemente pudo prever que con su accionar causaría lesiones a la víctima y no obstante ello no se detuvo.

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.412, FLORES, Rubén O.

Rta: 10/4/97.-

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NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL. IMPUTADO: Flagrancia. Supuestos. Detención sin orden. Causa razonable. NULIDAD: Procedencia. CONSTITUCION NACIONAL: Garantía de prohibición de arresto sin orden judicial. Excepciones. PRINCIPIO: De legalidad. POLICIA: Facultades. Dec.-ley 333/58, art. 5, C.P.P. Reglamentación de la garantía.

            La Constitución Nacional establece, en su art. 18, el principio de que "nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente". El Código Procesal Penal -ley 23.984-, al reglamentar aquella garantía, incorpora la facultad de detener aun sin orden judicial, en determinadas excepciones. Así, el art. 284 del citado cuerpo adjetivo contempla los supuestos de flagrancia; fuga de aquél que se encuentre legalmente detenido y -excepcionalmente- en caso de que hubiera indicios vehementes de culpabilidad y exista peligro inminente de fuga o serio entorpecimiento a la investigación.

            En otro orden, el art. 5 del dec.-ley 333/58 -facultades de la Policía Federal Argentina- permite a ésta detener personas fuera de los supuestos previstos por el ordenamiento procesal penal, en caso de que existan circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que cometieron o estarían por cometer algún hecho ilícito (*). Es decir que existan, por un lado, las circunstancias enumeradas por la ley 23.984, y, en casos especiales, la prevista por el decreto ley.

            Así ha de apreciarse que no se dan los supuestos del Cód. Procesal Penal, esto es, no existe flagrancia ni indicios vehementes de culpabilidad, sumados al peligro de fuga. En cuanto a la excepción acuñada por el dec.-ley 333/58, tampoco es aplicable al presente, por cuanto ella exige que existan circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que se cometió o se está por cometer un delito; exigencia de evidencia seria impuesta por el legislador para que sean extremadas por el personal policial los recaudos necesarios a fin de evitar que se produzcan detenciones arbitrarias. Lo contrario implicaría desvirtuar la garantía enunciada en el art. 18, C.N. (*)

            Esta exigencia de que la detención se sustente en una causa razonable, permite fundar por qué es ilícito que un habitante de la Nación deba tolerar la detención y, al mismo tiempo, proscribir que cualquier habitante esté expuesto en cualquier circunstancia y momento de su vida, sin razón explícita alguna, a la posibilidad de ser detenido por la autoridad. (**)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini-

c. 6.661, PAEZ, Hernán

Rta: 22/4/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim. Sala I, c. 4.900, "Herrera, N.", rta: 31/5/96 (**) C.S.J.N., D. 380. XXIII, "Daray, Carlos A. s/presentación", rto: 22/12/94, Fallos, 317:1985.

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NULIDAD DE SENTENCIA. Calificación legal. Pena de inhabilitación omitida. FISCAL: Ausencia de recurso. "Non reformatio in pejus".

            Corresponde declarar la nulidad de la sentencia que condena aplicando el art. 174, inc. 5°, C.P. y, no obstante considerar por un lado que el encausado sería un empleado público en los alcances de la significación del art. 77, C.P., aquel razonamiento no es retomado ni mencionado al momento de graduar la sanción que corresponde al mencionado delito.

            Por otra parte, ante la ausencia de recurso fiscal, tal falencia no podría ser subsanada en esta instancia, pues ello implicaría violentar el principio de "non reformatio in pejus", pero, por otro lado, tampoco resultaría posible (si así surgiera del análisis de la prueba) confirmar el decisorio apelado, dictado en violación a los preceptos contenidos en el art. 495, regla cuarta, punto 6°, "in fine", C.P.P.

            Si bien en la solución de las sentencias que vienen recurridas se trata de subsanar alguna deficiencia u omisión, que ellas puedan presentar, a fin de acudir a la nulidad como último remedio, la sanción dispuesta carece de inhabilitación que, a modo de pena conjunta, imperativamente prescribe para el delito en cuestión el último párrafo del art. 174, C.P. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Elbert, González, Escobar-

c. 27.925, JASPE, Rodolfo

Rta: 10/6/97.-

Se citó: (*) C.S.J.N., C. 783. XXII, "Camejo, J.", rta: 7/6/89, en Fallos 312:1156; C.N.Crim., Sala VI, c. 27.133, "Wurst", rta. 8/11/95.

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PERICIA. Alcance del término. Informe técnico efectuado por personal policial.

            El informe técnico que debe precisar si la llave servía para ingresar al automóvil no reviste entidad de pericia, pues para verificar tal extremo no es necesario ningún conocimiento especial y el hecho de encomendar tan simple tarea a personal policial no se debió a la necesidad de emitir un parecer o dictamen sobre un punto relativo a una ciencia o arte, sino a una delegación incluida en la tarea prevencional propia de la policía judicial. Por ello, los requisitos exigidos por el art. 258, C.P.P. no deben aplicarse a tal informe, puesto que es sólo una constatación ordinaria, un informe vulgar, y no propiamente de un examen pericial. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Donna (en disidencia), González-

c. 6.796, GENOVES, Héctor R.

Rta: 12/6/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim. Sala VI, c. 9.436, "Sosa, D.", rta: 30/9/93.

Disidencia del Dr. Donna: A los fines de salvaguardar el derecho de defensa debió haberse notificado a la defensa técnica del imputado, pero no se cumplió con ello, ni con anterioridad a su elaboración ni con posterioridad, pues se analizó un elemento que deviene esencial para el esclarecimiento del hecho investigado, como es la comprobación de que la llave secuestrada al imputado sirve para abrir el automóvil hurtado.

            En un acto de esa naturaleza es requisito esencial la presencia del defensor o al menos la comunicación de que se llevó a cabo, su ausencia trae aparejada la nulidad del proceder. Lo contrario implicaría vulnerar la garantía de defensa en juicio pues se podrían llevar a cabo actos esenciales en el proceso sin siquiera dar la posibilidad a la defensa de controlar dichos actuados.

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PERITO OFICIAL. Imparcialidad: peritos de parte.

            Ante las conclusiones diferentes de los expertos propuestos por las partes, que en alguna medida favorecerían a los intereses de sus respectivos representados y lo expresado por el perito oficial en el sentido que de lo analizado no surgen los elementos necesarios que puedan sostener con fundamentos técnico-científicos cualquiera de las dos hipótesis planteadas, debe prevalecer la opinión imparcial de este último, máxime cuando no se advierte que lo dictaminado por los respectivos peritos de parte pudiera exceder el mero marco conjetural.

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.482, PARADELA NAVEIRA, Roberto

Rta: 23/4/97.-

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PRESCRIPCION. Su aplicación en cualquier momento del proceso.

            La excepción de prescripción por su especial naturaleza puede ser sustanciada en cualquier momento del proceso, así la jurisprudencia y la doctrina establecieron que puede ser declarada de oficio y que posee un innegable carácter de orden público, ya que siendo tal instituto una excepción otorgada por la ley para impedir que se castigue por un ilícito penal que perdió virtualidad por el tiempo transcurrido, su aplicación deviene legítima en cualquier estado que se encuentre la causa. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 21.682, GERACI, Salvador E. y otros

Rta: 11/6/97.-

Se citó: (*) C.C.C., Fallos, T. VII, pág. 322, "Vidal", rta: 24/6/49 y C.N.Crim., Sala VII, c. 19.544, "Rossi, Horacio R.", rta: 3/3/94, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/94, pág. 24.

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PRESCRIPCION. SECUELA DE JUICIO: Llamado a indagatoria.

            El llamado a prestar declaración indagatoria se encuentra entre los actos jurisdiccionales que interrumpen la prescripción de la acción por resultar secuela de juicio, toda vez que representa una manifestación de voluntad inequívoca de impulso persecutorio. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Correc.) -Bonorino Peró, Piombo-

c. 6.154, MALO, Rubén D.

Rta: 10/6/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim. Sala VII, c. 4.839 "Alvarado, Juan", rta: 24/8/96.

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PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. Diversas figuras de aplicación alternativa.

            El principio de congruencia requiere de armonía entre el hecho descripto al imputado al momento de deponer en indagatoria, con el atribuido por la acusación fiscal y el recogido por la sentencia definitiva.

            Ello no obsta a que, sin alterar tales recaudos, en una misma causa puedan tener lugar sucesivos encuadres típicos alternativos, a lo largo de las diversas etapas procesales, sin que ello afecte las garantías de los justiciables ni impida el ejercicio del derecho de defensa en forma válida y eficaz. Este criterio indica que los distintos jueces intervinientes a lo largo de un proceso pueden variar, en las diversas incidencias, la calificación legal de los hechos imputados; sin embargo, tales opiniones, de carácter provisorio, no permiten un análisis acabado de los hechos y su prueba, tal cual se realiza al momento de dictar sentencia.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 27.654, G. M., R. (Dr.)

Rta: 16/4/97.-

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PROPIEDAD INTELECTUAL. Ley 11.723. Obra registrada bajo un seudónimo. Imposibilidad de localizar al autor.

            La ley 11.723 centra su atención en la figura del autor, en razón de ser éste el presupuesto de la existencia de los derechos que consagra, dado que si no existe "autor", no hay "obra" alguna que deba protegerse, por lo que, si el editor no puede ubicar a la autora de la obra, debe considerarse excluida toda intencionalidad defraudatoria susceptible de serle reprochada.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 5.730, EDICIONES NUEVO SIGLO S.A.

Rta: 22/4/97.-

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PROPIEDAD INTELECTUAL. "Software". Protección jurídica. Significado del término frente a la normativa.

            El "software" no encuentra protección específica en los aspectos penales conforme la ley 11.723, pues si bien la ley 24.425 lo ha incorporado como obra literaria protegida en virtud del convenio de Berna de 1971, éste reservó a los países adherentes la decisión sobre la temática delictiva.

            El "software" no reviste calidad de obra científica, literaria, artística y didáctica en los términos del art. 1°, ley 11.723 dado que un programa de computación es un conjunto de secuencias para el logro de un resultado y no un fin en sí mismo, necesitando la interacción del usuario, cuya originalidad es difícil de establecer, dado que en general se trata de modificaciones y adecuaciones de programas anteriores, que no persigue una búsqueda estética ya que está destinado a servir a una máquina. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Barbarosch, Navarro (según su voto), Valdovinos-

c. 45.397, CARNICERO, Ariel

Rta: 20/5/97.-

Voto del Dr. Navarro: Los programas destinados a generar y compilar una base de datos como aquellos que han producido las empresas dedicadas a la ciencia jurídica, están protegidos por la ley 11.723 al igual que si sus síntesis, ordenamientos, etc., fueran publicados. Empero, se han copiado programas cuya originalidad no se ha demostrado y ella es requisito básico del tipo en su amplio sentido, por lo cual corresponde la absolución. (**)

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 43.970, "Mille, Antonio", rta: 5/7/94, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/94, pág. 113; Cám. Nac. de Casación Penal, Sala I, c. 400, "Autodesk, incid. s/rec. casación", rta: 19/7/95. (**) C.N.Crim., Sala I, c. 2.105, "Etchegoyen", rta: 26/9/58, C.C.C., Fallos, T. VIII, pág. 317.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 6.617, "Martínez, M. A.", rta: 29/5/97.

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PRUEBA. Ofrecimiento. Proposición de diligencias. RECHAZO: Instrucción. Discrecionalidad.

            El rechazo de la propuesta de la declaración del médico que habría atendido al imputado, fue conforme a la discrecionalidad técnica marcada por el art. 199, C.P.P., la que se refuerza por su irrecurribilidad.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.778, ELIF, Carlos H.

Rta: 22/5/97.-

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PRUEBA. Ofrecimiento. Resolución irrecurrible.

            La decisión del juez respecto a las medidas de prueba postuladas por las partes resulta irrecurrible, art. 199 C.P.P. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 6.871, DAVIES, Sandra

Rta: 5/6/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 3.224, "Della Maggiora, A.", rta: 13/7/95.

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I. PRUEBA. Validez. "Notitia criminis" obtenida mediante el testimonio del preventor que tuvo conocimiento de todos los hechos a través de la declaración espontánea del encausado. II. NULIDAD PROCESAL. Preclusión. Exceso ritual manifiesto. Defensa en juicio.

I. PRUEBA. Validez. "Notitia criminis" obtenida mediante el testimonio del preventor que tuvo conocimiento de todos los hechos a través de la declaración espontánea del encausado.

            Si bien es cierto que las manifestaciones espontáneas formuladas por los detenidos ante los funcionarios policiales, carecen de eficacia como medio de prueba en su contra, porque aquéllos no se expiden rodeados de las garantías que para una confesión la ley exige, no lo es menos que se halla dentro del ejercicio de sus atribuciones, que el preventor oriente la pesquisa de acuerdo al conocimiento que tomara del hecho a través de la descripción brindada por el imputado en una declaración extrajudicial máxime si nadie se ha quejado en autos que la misma se hubiera adquirido de manera compulsiva o corrupta.

II. NULIDAD PROCESAL. Preclusión. Exceso ritual manifiesto. Defensa en juicio.

            Habiéndosele formulado al encausado el requerimiento en relación a la adulteración del documento destinado a acreditar la identidad de las personas y a las presuntas estafas, obviando preguntarle de manera precisa por los restantes documentos cuyo uso se le reprocha para lograr la perpetración de los fraudes, semejante vicio llevaría a descalificar lo resuelto en cuanto incluye dentro de la significación jurídica -aunque en concurso formal- un ilícito por el que no fuera requerido de modo expreso. Sin embargo, dicha sanción resultaría de un rigorismo manifiesto y a la postre, un dispendio jurisdiccional sin sentido destinado a sufragar un mero prurito técnico. Su invalidez importaría en el particular retrotraer el proceso a etapas ya superadas, por razones que resultan ajenas al imputado, lo cual significaría para éste la carga injusta de volver a sobrellevar las contingencias de la causa en desmedro de la garantía de la defensa en juicio que asegura un proceso rápido que lo aleje de la "situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal..."(*) ya que "la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro...". (**)

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Piombo, Bonorino Peró-

c. 21.603, VARELA, José J.

Rta: 12/5/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 10.126, "Frades, Emilio y otro", rta: 14/10/88, en Fallos 312:2434. (**) C.S.J.N., Fallos, 272:188.

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PRUEBA. PERICIAL: Notificación. NULIDAD. Auto de designación de perito. Inobservancia.

            Resulta justificable la sanción de nulidad prevista en el art. 258, C.P.P. en el caso de un estudio pericial de imposible reproducción ulterior, pero pudiendo repetirse el examen, no existirá perjuicio para la parte y por lo tanto será inviable aquella declaración.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.407, FARIAS, Norberto L.

Rta: 14/4/97.-

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PRUEBA. PERICIAL: Valoración. Sana lógica o sana crítica.

            El Tribunal es soberano en la valoración de la prueba aun cuando verse sobre temas en los que deban expedirse expertos (art. 346, C.P.M.P.) y no corresponde sugerir que la opinión válida sea en tales casos la que obtenga mayoría de adhesiones o que no sea contradicha, igualmente de que la prueba pericial, aun siendo importante, no necesariamente resulta definitoria, pues es facultad de los jueces apartarse de las conclusiones de los peritos si sobre la base de otras pruebas disienten con el dictamen. (*)

            A tenor de lo que establece el código de rito respecto a la valoración de las pruebas, testimonial -art. 305, C.P.M.P.- y art. 346 del mismo, referente a la pericial, el criterio de valoración de las citadas pruebas por el juez, será el de la sana lógica o sana crítica, lo que se traduce en una valoración amplia de todo el plexo probatorio, en base a las reglas de la lógica, experiencia y según el orden común en que los actos se producen.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Navarro, Filozof, González Palazzo-

c. 34.054, NORIEGA, Jorge

Rta: 26/5/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim. Sala VI, c. 25.922, "Lazzarini, P.", rta: 16/11/93.

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QUERELLA. Acusación. Requisitos.

            Cuando la acusación de la querella no contiene los requisitos mínimos que hacen al derecho de defensa, art. 18, C.N., y no podría contestarse la acusación si no se saben los hechos que se imputan por falta de los recaudos del art. 495, C.P.P. ni las exigencias del art. 138, R.J.N. -una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos y la mención de las pruebas en que se funda la acusación para cada uno de los hechos-, la solución procesal ha de ser la absolución del procesado. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Tozzini, Rivarola (en disidencia)-

c. 45.317, DE SANTA CRUZ, Julio R.

Rta: 29/4/97.-

Disidencia del Dr. Rivarola: Corresponde declarar la nulidad de la acusación particular, pero la absolución no puede aceptarse, pues la nulidad que deriva de la ausencia de los recaudos formales de la acusación del querellante, única pieza que habría permitido abrir el plenario ante el sobreseimiento que peticionó el fiscal, debe conducir a retrotraer el proceso hasta aquella etapa, privando de eficacia jurídica a los actos posteriores que deriven de ese acto nulo. De allí que la absolución del procesado no sea procedente al no estar presentes los requisitos exigibles para el pronunciamiento de una decisión de mérito en la etapa plenaria, cuya apertura no se ha concretado en debida forma por razón de aquel vicio.

            Al tratarse de un vicio esencial que por afectar el derecho de defensa y el orden público, resulta imposible de sanear con el silencio del afectado. La acusación ha carecido de eficacia y no ha provocado los efectos que le eran propios -abrir el plenario y fijar los límites del debate- afectando también los actos subsiguientes de su dependencia, así el art. 512, C.P.P. dispone devolver los autos al juez para que, volviendo a substanciar el proceso desde aquella actuación en adelante y pronuncie sentencia, siendo necesaria esta solución para no resolver sobre el mérito del asunto sin la acusación válida y sin la cual no existe el plenario y cuya omisión anula la sentencia. (**)

Se citó: (*) D’Albora, Francisco J., "Curso de Derecho Procesal Penal", pág. 29 y Navarro, Guillermo R., "La Querella", pág. 24 y ss.(**) Ledesma, Julio C., "El Proceso Penal", T. II, pág. 83 y Cúneo Libarona, Mariano, "Nulidad de sentencia en el Proceso Penal", pág. 50.

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QUERELLA. Recurso de apelación. Finalidad de la querella.

            La solicitud de ser tenido por parte querellante efectuada con posterioridad a la decisión jurisdiccional que pone fin a la sustanciación de la causa, resulta inidónea, toda vez que la misma no puede estar dirigida únicamente a los fines de apelar la resolución.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 6.588, CORRALES, Enrique

Rta: 30/4/97.-

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QUERELLA. UNIFICACION DE PERSONERIA: Diferentes intereses de los querellantes.

            Cuando los intereses de los querellantes, si bien no están en pugna son diferentes, esta diversidad se opone a la unificación de personería.

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.773, AZOCAR, Jorge E.

Rta: 5/6/97.-

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QUERELLANTE. Calidad de administrador del consorcio de propietarios.

            La condición de administrador del consorcio de propietarios no habilita por sí a asumir el carácter de querellante, ya que carece de representación a esos fines para la defensa penal de los intereses de aquél, si no ha sido expresamente designado en legal forma para tan específica actuación, que excede las facultades generales conferidas en virtud de la ley de propiedad horizontal.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña-

c. 6.148, FRAIZ, Juan C.

Rta: 3/6/97.-

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QUERELLANTE. Persona por nacer. Representante.

            Resulta improcedente solicitar ser tenido por parte querellante en representación de una persona por nacer, debido a que conforme el art. 64, Cód. Civil, la adquisición de derechos queda supeditada al nacimiento con vida, art. 70, Cód. Civil.

            Si en el transcurso del trámite de la impugnación del respectivo decreto se produjo aquel nacimiento, debe hacerse lugar a la solicitud de la madre para asumir dicho rol.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.557, CABALLERO VILLALBA, Lucas y otro

Rta: 6/5/97.-

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RECURSO DE ACLARATORIA. Casos de error u omisión material.

            No debe hacerse lugar al recurso de aclaratoria deducido cuando no se verifiquen las hipótesis señaladas en el art. 126, C.P.P., para casos en que se compruebe un "error material" (expresión equívoca o errónea de la parte resolutiva de la resolución generalmente contradictoria) u "omisión material" (silencio respecto de un tema que debió decidirse en el pronunciamiento).

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.752, PORTEIRO, Elsa

Rta: 12/6/97.-

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RECURSO DE CASACION. Sujeto legitimado. Querellante pretenso.

            No puede recurrir en casación el pretenso querellante puesto que la ley rituaria admite tal posibilidad a determinados sujetos procesales que revisten la calidad de partes legalmente constituidas, arts. 458 al 462, C.P.P. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.505, FRANCO, Cecilia

Rta: 23/5/97.-

Se citó: (*) Cám. Nac. de Casación Penal, Sala III, c. 5, "Acerbo, Néstor H.", rta: 31/5/93, reg. N° 8.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 6.587, "Luaces, Jorge L.", rta: 2/6/97 y lo allí citado.

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RECUSACION. Vinculación con las partes. Imparcialidad necesaria.

            Con la recusación se intenta preservar la imparcialidad necesaria de los tribunales de justicia, pero, a su vez, se intenta evitar que el instituto se transforme en un medio espurio para apartar a los jueces del conocimiento de la causa que por norma legal le ha sido atribuido.

            Las causales de remoción deben estar vinculadas con las partes y no con los profesionales que las patrocinan o representan. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.522, SCIACCALUGA, Horacio

Rta: 2/6/97.-

Se citó: (*) C.S.J.N., "Industrias Mecánicas del Estado v. Borward Argentina S.A. y otros", rta: 30/4/96, en J.A. 1997-I, Síntesis (Indice, págs. 150, 151, 154, 156), y Cám. Apel. Concepción del Uruguay, Sala Civ. y Com., "Jo.Ja.Ma. S.R.L. v. Castiglioni de Mazzuchi, Sara M.", rta: 8/5/96, en J.A. 1997-I, Síntesis (Indice, pág. 151)

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REQUISA PERSONAL. POLICIA: Atribuciones.

            Las fuerzas de seguridad pueden llevar a cabo toda requisa personal para impedir que se cometan delitos o que los ya consumados sean llevados a consecuencias ulteriores, siempre que existan motivos vehementes para presumir que el sujeto lleva sobre su persona cosas que puedan ser útiles para la investigación, art. 230, C.P.P. y una razón de urgencia aconseje no postergar el acto, art. 184, inc. 5°, C.P.P.

            A la policía le asiste el derecho de revisar a una persona que haya detenido previamente en forma legal con el objeto de que no esté armada o no esconda entre sus pertenencias elementos incriminatorios cuya destrucción sea necesario evitar. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch (en disidencia)-

c. 6.456, LOSTANAU, Juan D.

Rta: 21/4/97.-

Disidencia del Dr. Barbarosch: No resulta suficiente para iniciar una pesquisa con requisa de los imputados, la sospecha del personal policial sobre la maniobra del conductor del vehículo, máxime cuando hasta ese momento ningún delito se había denunciado, por ende no existía flagrancia ni ningún indicio vehemente para presumirlo. (**)

Se citó: (*) Cám. Nac. de Cámara Penal, Sala II, "L.A. s/recurso de casación", rto: 27/3/95 y C.F., "U.S. vs. Robinson", 414, U.S. 218-1973. (**) C.N.Crim., Sala IV, c. 4.839, "Romean, Miguel Angel", rta: 2/7/96.

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RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. Configuración. Cognoscibilidad.

            Es condición para la existencia del delito de resistencia que ésta sea opuesta al funcionario en el ejercicio legítimo de la función, razón por la que no existirá ilícito tanto cuando el acto no importe desarrollo de aquélla como cuando, a pesar de tratarse de una acción funcionalmente posible, ella sea sustancialmente ilegítima.

            La configuración delictiva exige que la autoridad aparezca como tal, de forma que al receptor de la orden le quede claro que es la autoridad pública la que emitió el mandato. Al ser la figura dolosa, el agente debe tener conocimiento de la situación típica, con lo que el aspecto cognoscitivo debe abarcar el reconocimiento inequívoco de hallarse frente a una autoridad; el elemento de la cognoscibilidad es útil para deducir una conclusión fiable sobre la decisión en contra del bien jurídico; quien conoce todas las circunstancias dañosas y de todos modos actúa, no podrá afirmar que ello no está comprendido dentro del ámbito de su decisión.

            No ha sido probado el dolo del autor si no existen evidencias que demuestren su conocimiento de la calidad de funcionario detentado por quien intentaba aprehenderlo. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Barbarosch, Navarro-

c. 45.511, QUIROZ, Alfredo

Rta: 12/6/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, "Duhour, Antonio y otro", rta: 13/6/96, en J.A. 1997-II-539.

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RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. Diferencia con el atentado a la autoridad. POLICIA: Inicio del acto funcional.

            Para que exista atentado a la autoridad es menester que el acto funcional aún no haya comenzado; en la resistencia, que aquél haya sido iniciado. La contemporaneidad entre la violencia y el acto del funcionario, es, pues, el rasgo más firme que distingue la resistencia del atentado, que se caracteriza, a su vez, por la prioridad de la violencia respecto del acto. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 6.591, ZALAZAR, Juan M.

Rta: 14/4/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario, "Palienko, B.", rto: 28/11/47, voto del Dr. Ure, en CCC, Fallos Plenarios, T. II, pág. 452 y L.L. 49-125.

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ROBO. Con escalamiento. Agilidad y destreza para trepar una alta pared medianera. Escalera apoyada en patio interno que facilita el descenso. Efracción. Improcedencia cuando se trata de un comercio sin vivienda. TENTATIVA: Improcedencia. CONSUMACION: Mediante consumición de cosas consumibles.

            Es correcta la aplicación de la agravante por escalamiento, toda vez que ella se concretó en el momento en que el acusado ascendió, mediante la necesaria agilidad y destreza, al techo del supermercado para encontrar, después, una escalera apoyada contra la pared del patio interno del dicho comercio; ubicación ésta que, aunque imprudente en cuanto a facilitar el descenso, no por ello implicó renuncia alguna por parte del propietario a la mayor defensa que significaba la alta pared medianera que el autor debió previamente sortear, lo que sí, en cambio, hubiese ocurrido si la escalera hubiera sido dejada por el propietario en el terreno baldío.

            Es improcedente aplicar la agravación por efracción al tratarse del robo a un comercio en el cual no vivía persona alguna. Al fundarse la dicha agravante en la conjunción multiofensiva de, por una parte, la fuerza destructiva que perfora o fractura los resguardos materiales, y, por la otra, de la lesión a la intimidad y seguridad de las personas que moran en ese ámbito, se hace necesario, para su procedencia, la existencia en el lugar de un domicilio. Y así, expresamente, al exigir que se trate de "un lugar habitado o sus dependencias inmediatas", lo requiere el tipo penal previsto en el inc. 3°, art. 167, C.P.

            El robo se consumó, pues, no obstante que el acusado se negó a prestar declaración indagatoria, su consorte de causa confesó detalladamente la actuación de ambos, quienes al ingresar al comercio -supermercado-, comieron de la mercadería que allí encontraron, lo cual hace que el delito se hubiera agotado en cuanto fueron consumidos bienes consumibles.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini, Donna, Rivarola-

c. 45.300, GAMBA, Marcelo C.

Rta: 17/6/97.-

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ROBO. AGRAVADO: Fractura del vidrio de una ventana.

            El vidrio constituye el cuerpo material de una ventana por lo que representa una defensa colocada por su propietario para impedir la intromisión de extraños a su domicilio, art. 167, inc. 3°, C.P. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Elbert (en disidencia parcial), González, Escobar-

c. 27.804, FONSECA, Roberto

Rta: 10/4/97.-

Disidencia parcial del Dr. Elbert: La persiana de madera que cubre los vidrios de una ventana tiene un fin defensivo y de seguridad, no así el cristal salvo que sea blindado, por lo que la rotura de un vidrio común de una ventana debe quedar abarcada en la fuerza en las cosas, de la figura genérica del art. 164, C.P. y no constituye una agravante.(**)

Se citó: (*) C.N.Crim. Sala III, c. 21.208, "Manjon, Víctor", rta: 21/4/87; (**) C.N.Crim. Sala VII, c.16.067, "González García, A.", rta: 28/11/91, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 5/91, pág. 422; Sala I, c. 43.214, "Pretara, W.", rta: 6/12/93.

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ROBO. EMPLEO DE ARMA: Arma "blanca". Falta de secuestro. PRUEBA: Delito comprobado por otros medios.

            Corresponde la aplicación de la calificación de robo agravado (art. 166, inc. 2°, C.P.), aunque no se haya incautado el arma "blanca" utilizada. Ello en mérito a la prueba obtenida; la declaración conteste de los damnificados, del agente policial que intervino en la detención del autor y la huida del lugar del partícipe, quien pudo haber retirado el arma del escenario de los hechos.

            Las características de este tipo de armas se hallan fuera del alcance de otras comprobaciones, como las que se imponen para el arma de fuego (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 6.818, VIÑABAL, Miguel A.

Rta: 24/6/97.-

Se citó: (*) C.C.C., Fallo Plenario "Costas, Héctor y otro", rto: 15/10/86, publicado en Boletín de Jurisprudencia, Fallos Plenarios 1983-1997, pág. 26 y J.P.B.A. 61-100.

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ROBO. HURTO. Diferencias. Improcedencia de la distinción entre fuerza normal y anormal. Fuerza necesaria para vencer la resistencia al apoderamiento, aunque sea normal.

            La ley no requiere otra cosa que el que se emplee fuerza para el desapoderamiento ilegítimo de una cosa ajena, y que ofrece cierta resistencia. De modo que aquélla que transforma al hurto en robo no es sólo la extraordinaria o anormal, sino toda aquélla que fuere necesaria ejercer para vencer materialmente la resistencia al apoderamiento. Por lo que también configura robo, y no simplemente hurto, el ejercicio por parte del ladrón de una energía normal, o sea, similar a la que necesitaría el dueño o el legítimo tenedor para separar y tomar la cosa, según lo exija su naturaleza, cuando tales actos demanden cierto esfuerzo físico, humano o artificial, tal y como ocurre en las acciones de arrancar, de cortar, de hachar, de destornillar, etc.; energía que está totalmente ausente en el apoderamiento sin uso de energía que caracteriza al hurto.

            La cosa opone en sí misma resistencia cuando, por sus características, requiere una actividad en quien se apodera de ella, que va más allá de lo necesario para transportarla o simplemente removerla del lugar donde estaba, como ocurre cuando forma parte de un todo del cual debe ser separada.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 6.734, SCHNIDER, Jorge R.

Rta: 7/5/97.-

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I. ROBO. TENTATIVA: Uso de llave original. II. PRINCIPIOS PROCESALES. NON REFORMATIO IN PEJUS: Recurso fiscal. Ausencia.

I. ROBO. TENTATIVA: Uso de llave original.

            Debe tenerse por acreditado el intento de desapoderamiento en grado de tentativa, dado que la escasez de tiempo para vencer el sistema de seguridad del automóvil (usando la llave original que se hallaba en poder del propietario) no puede convertir en inidónea a una maniobra que aparece como intrínsecamente apta para consumar ese fin ilícito. Es decir, que el no poder ingresar al vehículo, utilizando la llave original, debido al sistema de seguridad que éste posee, no puede transformar el hecho en inidóneo, desde que la lógica indica que es ese mismo instrumento (la llave) el utilizado por el propietario para acceder al rodado.

II. PRINCIPIOS PROCESALES. NON REFORMATIO IN PEJUS: Recurso fiscal. Ausencia.

            Si bien la coautoría en la tenencia del arma de guerra podría hacer presumir un acuerdo común por parte del encausado en los delitos que se investigan, lo cierto es que la ausencia de recurso fiscal obstaría, por aplicación del principio de "non reformatio in pejus", al agravamiento de las condiciones del procesamiento.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -Elbert, Escobar, González (en disidencia parcial)

c. 6.622, OLIVERA, Luis H.

Rta: 27/5/97.-

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SECRETO DEL SUMARIO. Cuestión recurrible.

            Cuando la implantación y reimplantación del secreto sumarial, se halla motivada en la detención de otros implicados y en el resguardo del éxito de la investigación, no es materia recurrible pues no ocasiona gravamen irreparable.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 6.293, TRILLO Alejandro

Rta: 4/4/97.-

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SOBRESEIMIENTO. ARCHIVO DE ACTUACIONES: Imputado prófugo.

            Deben archivarse las actuaciones, pues si bien el legitimado pasiva-mente en el proceso adquiere el derecho a que se defina a través de una resolución su situación, la aplicación a raja tabla de este temperamento -con el dictado de sobreseimiento- traería aparejado un obstáculo insalvable en la hipótesis de que su coprocesado sea habido o se presente a estar a derecho, toda vez que la aplicación de cualquiera de las causales previstas en el art. 336, C.P.P., conlleva cosa juzgada. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.436, EMBON, Pedro L.

Rta: 14/4/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 2.909, "Pérez, Adriana N.", rta: 30/5/95.

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SUSPENSION DEL PROCESO A PRUEBA. PROBATION: Procedencia. Pena de inhabilitación. Exclusiva.

            Tratándose de un medio y un derecho que toma en cuenta la necesidad de favorecer a una minoría del conjunto total de imputados, la norma debe ser interpretada y aplicada con amplitud para abarcar situaciones diversas que materialicen la utilidad práctica del instituto, por lo tanto, cabe interpretar que la restricción establecida en el último párrafo del art. 76 bis, C.P. para la "probation" debe ser entendida en el sentido de que sólo alude a aquellos casos en que el delito considerado prevea exclusivamente pena de inhabilitación, posibilitando su otorgamiento cuando la misma esté prevista como pena conjunta, arts. 84 y 94, C.P.

            La procedencia del beneficio debe analizarse en cada caso particular dado que en algunos supuestos (mala praxis profesional), resultaría conveniente la realización del debate por cuestiones de política criminal.

C.N.Crim. Sala VI (Correc.) -Elbert, Escobar, González (en disidencia)-

c. 6.345, CANIL, Gonzalo

Rta: 22/5/97.-

Disidencia del Dr. González: Cuando el art. 76 bis, C.P. se refiere a la improcedencia del instituto en los supuestos delitos reprimidos con pena de inhabilitación, debe entenderse que involucra a los casos en que está presente esa especie de pena, sin distinguir su carácter de principal, conjunta o alternativa.

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TENTATIVA. CONSUMACION: Dominio efectivo del bien sustraído. ROBO.

            Para que el desapoderamiento se consume, la disponibilidad de la cosa debe ser real y no ficta, es decir, el autor tiene que ejercer un dominio efectivo del bien sustraído, situación que no se da si es apresado con el botín en las cercanías, por agentes policiales alertados por la víctima o un testigo, sin haber tenido aquél más que un señorío efímero sobre el bien ajeno.(*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.678, BARRIOS, Carla

Rta: 27/5/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 36.970, "Romero, M.", rta. 13/2/90, en J.A. 1991-III-104.

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TIPO CULPOSO. Configuración. Posibilidad de conocimiento. TIPO DOLOSO. Diferenciación.

            Los tipos culposos no requieren un conocimiento efectivo como los dolosos; basta la posibilidad de conocimiento, la mera previsibilidad. El aspecto cognoscitivo consiste, simplemente, en la posibilidad de conocer el peligro que el acto encierra. El aspecto conativo o de la voluntad, es mucho más simple aún: consiste en la voluntad de llevar adelante el acto con los medios elegidos. El imputado pudo haber preguntado de quién era el fusil, o haberse abstenido de tocarlo, o haberlo tomado con las precauciones asimiladas en su entrenamiento profesional. A medida que aumenta la jerarquía y antigüedad en el escalafón militar, mayor es la aptitud y prudencia que cabe exigir a ese personal, a diferencia de los soldados rasos, con menor compenetración y experiencia en los usos y técnicas del ejército.

            El caso fortuito alegado por la defensa no es admisible, ya que la hipotética producción del resultado era previsible para el encausado. La ignorancia invencible es el caso fortuito, que en las circunstancias estuvo ausente. Nadie puede justificar que para conocer el estado de un arma deba procederse a accionarla, antes de verificarla debidamente.

C.N.Crim. Sala VI (Correc.) -Elbert (en disidencia parcial), González, Escobar-

c. 27.769, TIESI, Sergio

Rta: 10/6/97.-

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UNIFICACION DE CONDENAS. Solicitud de parte. Procedencia.

            El hecho que sobre el recurrente pese una condena agotada y otra en vías de ejecución, no resulta óbice para la unificación de las penas que las mismas imponen -más allá del texto expreso del art. 58, C.P.- cuando media interés por parte de aquél. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 21.713, GARRIDO, Raúl R.

Rta: 30/6/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario, "Palacios, J.", rto: 29/12/70, en J.A. 1971-10-358; Sala V, c. 16.129, "Gómez, Juan", rta: 4/10/83.

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UNIFICACION DE PENA. Métodos de suma aritmética y composicional.

            Tanto el sistema de suma aritmética como el composicional se encuentran legitimados por el respectivo marco legal -arts. 55 y 58, C.P.- por lo que su concreta elección debe atender a los restantes criterios legales, resultando atingentes los previstos en el art. 41, C.P.

            Si se atiende a las razones dadas por el Juez de grado, se advierte que no ha sumado caprichosamente las penas unificadas y que aquéllas constituyen serio fundamento para descartar un nuevo beneficio a los oportunamente dados al procesado; en el caso, la reiteración de hechos delictivos, su grave naturaleza y la actitud asumida por el procesado, han sido bien tenidas en cuenta por el Juez para disminuir la pena resultante.

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Ouviña, Piombo-

c. 21.668, CARBALLO, Ramón D.

Rta: 11/4/97.-

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VIOLACION DE CORRESPONDENCIA. COMPETENCIA: Criminal.

            En toda causa donde se comprueba que la correspondencia ha sido violada, sustraída, retenida o falseada, atento lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia (*), corresponde atribuir competencia a la Justicia de Instrucción.

C.N.Crim. Sala V (Int.) - Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 6.423, N. N.

Rta: 21/4/97.-

Se citó: (*) C.S.J.N., c. "Bustos, Jorge Eduardo s/hurto", rta:11/7/96, Comp. 711 T. XXXI.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala V, c. 6.417, "N.N.", rta: 21/4/97; c. 6.328, "N.N.", rta: 21/4/97.

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ALLANAMIENTO. NULIDAD: Inmediato aviso al órgano judicial competente.

            Toda vez que, el art. 184, inc. 5°, C.P.P. autoriza al personal policial a llevar a cabo un allanamiento con inmediato aviso al órgano judicial competente, debe homologarse el procedimiento impugnado ya que fue ordenado jurisdiccionalmente, con la urgencia que el caso reclamaba a los efectos de que una de las pruebas vitales para la hipótesis delictiva pesquisada no se deteriore o simplemente desaparezca, inclusive destacándose que en el inmueble inspeccionado moraba el imputado. Por ello, no procede la nulidad alegada.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.868, CRUZ, Félix

Rta: 8/7/97.-

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ARCHIVO. IMPROCEDENCIA: Personas imputadas individualizadas.

            El archivo o reserva de las actuaciones no constituye un modo de paralizar la investigación sumarial que cuente con apoyo en el régimen procesal de la ley 23.984 y toda vez que exista imputado individualizado, el temperamento que se adopte deberá ajustarse a alguno de los institutos que contempla dicha normativa.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 6.588, SOSA, Ismael J.

Rta: 1/9/97.-

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ASOCIACION ILICITA. Requisitos para su configuración.

            La configuración del delito de asociación ilícita demanda para su existencia la inequívoca constatación del vínculo criminoso que asocia permanente-mente a sus autores para delinquir indiscriminadamente. No basta la integración entonces de tres personas solamente, sino que, exige una colaboración para que ejecuten hechos punibles determinados con el propósito común de delinquir.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 7.026, TELEIRO, Arturo A.

Rta: 30/9/97.-

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ATENTADO A LA AUTORIDAD. Resistencia al arresto. No configuración.

            Sino se exigió la omisión de un acto funcional a los preventores, no se cometió atentado a la autoridad. Comenzada la represión del delito, la resistencia a ella, encuadra en la hipótesis del art. 239, C.P.

C.N.Crim. Sala V (Int.) - Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 7.011, LEOPARDO, Néstor A.

Rta: 4/8/97.-

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AUTO DE PROCESAMIENTO. Nulidad.

            La inclusión en la decisión de mérito dictada de quehaceres delictivos no intimados previamente, no sólo colisiona con el principio de congruencia que debe primar en toda investigación, sino que produce la secuela de la violación de la garantía de defensa en juicio, ya que se privó al imputado de todo descargo al respecto.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.074, GOLD, Roberto

Rta: 12/8/97.-

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AUTO DE PROCESAMIENTO. Parte querellante. Apelación.

            El art. 311, C.P.P., determina que el auto de procesamiento sólo es susceptible de apelación por parte del imputado o el fiscal, no incluyendo entre las partes al querellante como sujeto con facultades impugnatorias. Dicho precepto específico debe conjugarse también con lo dispuesto en el art. 435 del mencionado cuerpo legal en cuanto establece que "la parte querellante podrá recurrir de las resoluciones judiciales sólo en los casos expresamente previstos en este código".

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 7.306, CRUZ, Daniel H.

Rta: 4/8/97.-

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CAUCION. Juratoria. Caución real. Procedencia. EMBARGO: Naturaleza del mismo.

            La caución real está destinada a garantizar la comparecencia del encausado cuando, en base a pautas objetivas acreditadas en las actuaciones, se estima insuficiente su sola palabra a tal fin. Por otro lado, el monto o tipo de caución no tiene relación con que el imputado se haya beneficiado patrimonialmente con el delito lo cual se repara con el instituto del embargo a decretarse y no de la fianza que asegura sujeción al proceso.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Navarro, González Palazzo-

c. 6.894, RIQUELME, Silvestre P.

Rta: 15/8/97.-

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COMPETENCIA. Juez de menores.

            Corresponde declarar la incompetencia del Juez de Menores pues, como lo ha sostenido la jurisprudencia, el conocimiento que le es atribuido, de manifiesto carácter tuitivo y circunscripto a casos de simple inconducta, o abandono material o peligro moral de menores, carece de aptitud para enervar la competencia de un Tribunal destinado al juzgamiento de delitos cometidos por mayores, sin perjuicio de la protección tuitiva del menor. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.918, TRIONFANTE, Alfredo

Rta: 2/7/97.-

Se citó: (*) Cám. Nac. de Casación Penal, Sala II, c. 60, "Horisberger, Juan C.", rta: 2/11/93, en Bol. de Jurisp. de la Cám. Nac. de Casación Penal N° 5/93, pág. 1 y Sala I, c. 45, "Coro, Ernesto", rta: 27/9/93, en Bol. de Jurisp. de la Cám. Nac. de Casación Penal N° 4/93, pág. 6.

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COMPETENCIA. Procedencia.

            Para declarar la incompetencia del Tribunal, ésta debe encontrarse precedida de la correspondiente investigación que le otorgue sustento.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.132, SCHRAM SAMIR, Manuel

Rta: 14/8/97.-

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COMPETENCIA. Robo de correspondencia.

            La acción denunciada encuadra en la figura prevista y reprimida en el art. 166, inc. 2º, C.P. y en la del art. 153, 1er. párrafo del citado cuerpo normativo -apo-deramiento indebido de una carta- por lo que debe entender la justicia ordinaria. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola-

c. 7.221, CARPENA, Pablo

Rta: 15/7/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 38.331, "De León, Oscar", rta: 21/2/91, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/91, pág. 4; C.S.J.N., 958 XXIII, "Martínez, Gustavo F.", rta: 25/2/92 y 584 XXXII, "Núñez, Claudio A.", rta: 29/10/96.

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COMPETENCIA. Sustracción de correspondencia.

            La violación, sustracción, retención o falsificación de la correspondencia es de competencia de la justicia de instrucción. (*)

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Bonorino Peró, González Palazzo-

c. 6.878, N. N.

Rta: 7/7/97.-

Se citó: (*) C.S.J.N., C 711 XXXI, "Bustos, Jorge E.", rta: 11/7/96.

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COMPETENCIA. COACCION: Art. 149 ter, C.P. Justicia de instrucción.

            Resulta competente la justicia de instrucción para entender en las causas instruidas por coacción calificada, art. 149 ter, C.P., cuando de los términos de las amenazas proferidas se infiere que tuvieron motivación particular no resultando conculcado interés federal alguno.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola-

c. 7.222, GOMEZ, Marcelo

Rta: 20/8/97.-

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COMPETENCIA. CRIMINAL: Por el lugar. ADMINISTRACION FRAUDU-LENTA: Lugar donde se ejecutan los actos infieles.

            A los fines de la competencia territorial el delito de administración fraudulenta, art. 173, inc. 7°, C.P., debe estimarse cometido en el lugar donde se ejecutan los actos infieles perjudiciales en violación al deber. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 6.749, PELEGAGGE, Jorge O.

Rta: 17/7/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 2.188, "De Bruni, Esteban", rta: 24/10/94.

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COMPETENCIA. CRIMINAL: Por la materia. Figuras alternativas.

            De acuerdo con lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y atendiendo a cuestiones de economía procesal, resulta procedente que también conozca el mismo magistrado en la eventual comisión del delito de encubrimiento que pudiera haberse cometido a partir de la sustracción del automóvil. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 6.963, LEIVA, Mauro

Rta: 17/7/97.-

Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos 303:860, 308:677, 311:443 y C 58 XXXI, "Giménez, S."; y C.N.Crim., Sala VI, c. 6.811, "Leiva, R.", rta: 29/5/97.

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COMPETENCIA. JUSTICIA PROVINCIAL: a) Compraventa de inmuebles celebrada en jurisdicción provincial. b) Delitos a distancia. Improcedencia.

            Si el imputado tenía algún derecho sobre el inmueble cuestionado, éste le habría sido desbaratado por la compraventa celebrada en la Provincia de Buenos Aires, acto que sería fraguado según la querellante.

            Resulta competente la justicia provincial (*), sin que se advierta la posibilidad de aplicar la regla referente a los "delitos a distancia" (**) pues de la comprobación de la falsificación dependerá el curso de la investigación.

C.N.Crim. Sala IV (Int) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.087, ASSIZ, Horacio

Rta: 14/8/97.-

Se citó: (*) C.S.J.N, Fallos 300:533; 306:757. (**) C.S.J.N., Fallos 277:270.

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CONSULTA. Aplicación analógica del art. 348, C.P.P.

            La elevación en consulta al Superior por aplicación analógica del art. 348, C.P.P. procede cuando el fiscal considera que el hecho denunciado no constituye delito y el titular del juzgado entiende que corresponde la instrucción del sumario.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola-

c. 7.280, SPOTO, Carlos M.

Rta: 18/7/97.-

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CONSULTA. Constitucionalidad.

            La aplicación del art. 348, C.P.P., por el cual se requiere la intervención de la Cámara de Apelaciones si no se estuviese de acuerdo con el sobreseimiento instado por el fiscal, no lesiona la garantía del debido proceso, art. 33, C.N., ni la independencia funcional y orgánica del Ministerio Público, art. 120, C.N., que aseguran a los habitantes de la nación un juicio previo en el que las funciones de acusar y juzgar se encuentren en manos de órganos diferentes.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 6.711, MASUCCI, Ernesto

Rta: 28/8/97.-

Se citó: (*) Cám. Nac. de Casación Penal, Sala I, c. 635, "Sánchez, R. O.", rta: 12/2/96.

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CULPA. REPRESENTACION. OMISION: Deber de cuidado. Instalación de gas defectuosa.

            De las constancias surge acreditada una culpa con representación por cuanto el imputado -locador del departamento en cuyo interior falleciera el locatario a raíz de un desperfecto en el calefactor- pudo representarse sin dificultad alguna que una instalación de gas no revisada en décadas podría trabajar defectuosamente, era preciso proceder a su control antes de entregar el departamento bajo la indiferente e inexacta afirmación contractual de que sus accesorios estaban en buen estado de funcionamiento. Una omisión de deber de cuidado de décadas de duración no es un simple olvido o una torpeza, o algo que nadie pudo suponer en modo alguno, por lo que existe responsabilidad del imputado, debiendo revocarse el sobreseimiento dictado.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar-

c. 6.503, BERTUNA, José

Rta: 5/8/97.-

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DECLARACION INDAGATORIA. Juez de instrucción: discrecionalidad.

            Es una facultad discrecional propia del juez de instrucción el llamado a prestar declaración indagatoria pues ha de ser él quien valore que hay motivos bastantes para sospechar si una persona es autora, cómplice o encubridora de un delito, al extremo que dicha decisión es inapelable.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 6.809, RODRIGUEZ, Teresita

Rta: 1/7/97.-

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DECLARACION INDAGATORIA. Propuesta de defensor particular. Nulidad. Principio de preclusión.

            Si bien se le hizo saber al imputado acerca de la propuesta de defensor oficial presentada por su cónyuge, omitió aclararle que tenía derecho de contar con la presencia de un defensor, extremo que revestía para ese momento una singular relevancia, puesto que el letrado propuesto aún no había aceptado el cargo y tampoco estuvo presente en el acto, por lo que el juez debió haberle designado provisoriamente al defensor oficial, máxime cuando aquél se encontraba detenido e incomunicado.

            La declaración deviene nula por cuanto en esas condiciones se encuentran lesionadas las garantías de la defensa en juicio y el debido proceso legal, art. 18, C.N. (*)

            Ante la declaración de nulidad de todo lo actuado, debe resolverse de manera definitiva la situación del encartado mediante el dictado de un pronunciamiento liberatorio en su favor pues retrotraer el proceso hacia una etapa totalmente superada importa quebrantar los principios de progresividad y preclusión, cuyos fundamentos responden a la seguridad jurídica y a la celeridad en los procesos e implica someter nuevamente al justiciable a una investigación por hechos idénticos a los que ya fueron objeto de pesquisa, siendo que además ningún ciudadano tiene por qué pagar injusto tributo por los errores cometidos por los encargados de administrar justicia y de los que ha sido extraño. (**)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) - Escobar, Elbert-

c. 27.898, CECCATI, Julio

Rta: 18/7/97.-

Se citó: (*) C.S.J.N., "Bredeston, Jorge V. y otro", rta: 27/12/88; Corwin, Edward, "La Constitución de los EE.UU y su significación actual", pág. 486; T.O. N° 2, c. 107, rta: 31/3/93; C.S.J.N., Fallos 189:34; 296:65; 298:578; 304:830 y 1886; 310:492; 311:2502. (**) C.N.Crim., Sala IV, c. 42.395, "Zelmanovich, Isaac y otros", rta: 24/6/93, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/93, pág. 49; c. 33.493, "Frias, Roque", rta: 9/2/88, en D.J. 1988-2-431 y "Berón, Abel A.", rta: 29/11/88, en D.J. 1989-2-173; C.S.J.N., "Mattei, Angel", Fallos 272:188 y en L.L. 133-414; Fallos 272:188 y 302; 302:299 y 310:937.

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DECLARACION INDAGATORIA. NULIDAD: Oposición a prestarla.

            Debe reputarse nulo el fallo que declara la invalidez de las indagatorias de los procesados, pues se declaró cumplido el mandato constitucional de no obligar a nadie a declarar contra sí mismo al constar en las declaraciones que no existió oposición a prestarlas. Es decir, se comunicó a los procesados su derecho de abstención, como también se cumplió con el debido requisito constitucional de emanar de la libre voluntad de aquéllos, que no fueron colocados, entonces, en un estado de indefensión. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 45.582, MONTI, Gustavo E.

Rta: 21/8/97.-

Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos 311:340

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 45.605, "Pérez Cardozo, Marcelo N.", rta: 1/9/97.

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DEFENSOR. Derecho a tomar vista de las actuaciones.

            El abogado defensor tiene derecho a confrontar las actuaciones (salvo que se haya implantado el secreto sumarial), pero como instancia previa a la aceptación del cargo cuando el imputado fuera llamado a prestar declaración indagatoria o manifestara su voluntad de ejercer la facultad que le confiere el art. 73, C.P.P. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 6.621, VERA, Juan C.

Rta: 26/8/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim, Sala VII, c. 1.399, "Bejm, Pablo J.", rta: 7/3/94; c. 1.076, "Speroni, Alejandro", rta: 11/11/93; c. 2.459, "Dr. Quantín, Norberto", rta: 9/2/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 59.

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DEFENSOR. Derecho a tomar vista de las actuaciones antes de la declaración indagatoria.

            Si de la sola lectura de los arts. 204, 106 y 198 del C.P.P., se desprende el derecho que asiste a la defensa al examen de las actuaciones, con la sola limitación de que se hubiera decretado el secreto del sumario. Sostener lo contrario implicaría avalar la inequitativa circunstancia -contraria a los más elementales principios constitucionales- de permitir la compulsa de las actuaciones al fiscal en cualquier momento y cercenar tal derecho a la defensa del imputado; la declaración indagatoria es un medio de defensa y eventualmente de prueba, encontrándose establecido el derecho de asesoramiento previo. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola-

c. 7.372, CASVIN, Julio

Rta: 28/8/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 1.419, "Rebella, Romina D.", rta: 22/4/94, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/94, pág. 79 y c. 3.082, "Starosinsky, A.", rta: 7/6/95.

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Concurso ideal con otros delitos. Juez competente.

            La administración fraudulenta es un delito cuya unidad no puede escindirse por cada acto de gestión infiel que la constituya aunque alguno de ellos también pudiera adecuarse, conforme a la relación concursal del art. 54, C.P., a otro tipo legal y por ende el magistrado instructor competente para investigar el delito previsto en el art. 173, inc. 7º, C.P., también lo es para cualquiera de los actos fraudulentos que integren la común gestión infiel.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 6.741, MARTINEZ, Liliana B.

Rta: 27/8/97.-

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Configuración.

            Corresponde adecuar típicamente la conducta incriminada al imputado por su irregular actuación en perjuicio de los intereses de su mandante, al percibir una suma dineraria no rendida en tiempo y forma y cuyo monto, con algún descuento fuera consignada judicialmente, en la hipótesis punible, inc. 7º, art. 173, C.P. La defraudación, inc. 2º, art. 173, no se perfecciona cuando el objeto de la controversia es dinero, pues en tal situación, la obligación de restituir se refiere a cosas que no admiten sustitutos. La percepción de dinero que el mandatario no entrega a su mandante configura administración fraudulenta, inc. 7°, art. 173, C.P. (*)

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro-

c. 7.024, PINI, Alejandro L.

Rta: 22/8/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario, "Echaniz, Horacio V.", rto: 1/8/61, en J.A. 1961-IV-610; Navarro, Guillermo R., "Delitos contra la propiedad", pág. 61 y jurisprudencia allí citada.

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Diferencia con hurto reiterado.

            Constituye el delito de defraudación por administración fraudulenta, art. 173, inc. 7°, C.P. y no el de hurto reiterado, la conducta del cajero de un banco que recibió en distintas ocasiones sumas de dinero de los clientes que eran puestas a su cuidado teniendo a su cargo los intereses pecuniarios ajenos y careciendo de poder de disponer de los mismos.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 6.917, VERA, Héctor J.

Rta: 9/9/97.-

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Juez competente.

            Es competente en la investigación del delito de administración fraudulenta el juez del lugar donde debe practicarse la rendición de cuentas. (*)

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Bonorino Peró, González Palazzo-

c. 6.714, DI PASCUO, Angel

Rta: 7/7/97.-

Se citó: (*) Navarro, Guillermo - Daray, Roberto, "Código Procesal Penal de la Nación", T. I, pág. 106 y jurisprudencia allí citada.

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Rendición de cuentas.

            Es obligación de cualquier mandatario desempeñar sus funciones con lealtad, art. 1908 del Cód. Civil, -a contrario sensu-, por lo que no se explica cómo, dado que el procesado se hallaba en conocimiento de las obligaciones inherentes a su cargo, no decidió, ante la imposibilidad de ubicar a su mandante, consignar los importes, art. 757, inc. 3º, Cód. Civil, a fin de deslindar responsabilidades.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Elbert, González, Escobar-

c. 27.973, MARTINI, Angel

Rta: 29/8/97.-

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DEFRAUDACION. DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS: Fianza: no configuración.

            El desbaratamiento de derechos acordados, art. 173, inc. 11°, C.P. es una figura que exige, como un elemento esencial, que se esté en presencia de una obligación de "dar" y no de "hacer".

            No constituye delito la conducta de quienes devienen fiadores solidarios en un contrato de locación comprometiéndose en dicho acto a no enajenar ni gravar dos inmuebles de su propiedad y al tiempo se comprueba que uno de los bienes se encontraba gravado con una hipoteca y varios embargos y el otro había sido vendido, pues la garantía que presta una persona en la circunstancia citada es personal y no origina un "ius persecuendi" sobre la cosa. La fianza es una de las garantías o seguridades de las llamadas personales, consistente en agregar o acumular la obligación de otra persona (fiador) a la obligación del deudor, bien diferente de las garantías reales, en las cuales una cosa queda especialmente afectada al cumplimiento de una obligación (en nuestro derecho, la hipoteca, prenda y anticresis). Por ello, puede decirse que las seguridades personales no son nunca de eficacia absolutamente cierta, pues existe la posibilidad de que al ser la fianza una garantía personal, el fiador también caiga en insolvencia, contrariamente a lo que sucede cuando se constituyen garantías reales, en las que el acreedor precisamente tiene el llamado "ius persecuendi" sobre el bien gravado. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola-

c. 7.154, CASOLI, Irene

Rta: 14/7/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 44.096, "Rodríguez, Claudio R.", rta: 14/3/95 y Salvat, Raymundo, "Tratado de Derecho Civil Argentino, Fuentes de las Obligaciones", T. III, pág. 230.

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DEFRAUDACION. DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS: Requisitos para su configuración.

            El desbaratamiento de derechos acordados es delito que exige para su configuración que se haya otorgado un derecho sobre un bien y que se frustre el derecho de alguno de los modos descriptos por el inc. 11°, art. 173, C.P., derecho que no se otorga mediante un pacto de cuota litis.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Navarro, González Palazzo-

c. 6.889, SOLARI LOUDET, Gastón O. y otros

Rta: 7/8/97.-

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DEFRAUDACION. ESTAFA: Cheque rechazado. No configuración.

            La entrega de un cheque que resultó rechazado por existir denuncia de extravío, en concepto de pago de mercaderías recibidas con antelación, no contiene los elementos típicos exigidos por la figura genérica del art. 172, C.P., toda vez que, al haberse estipulado un plazo para que el deudor efectuara el pago, se concluye que el cartular no fue el móvil ardidoso o engañoso que determinara a la víctima a efectuar la disposición causante del perjuicio, pues la mercadería ya había sido entregada con anterioridad a la supuesta entrega del cheque referido. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola-

c. 7.088, BIONDI, José

Rta: 3/7/97.-

Se citó: (*) Romero, Gladys, "Los elementos del tipo de estafa", Lerner Editores Asociados, Bs. As., 1985, pág. 194.

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DEFRAUDACION. ESTAFA: Dolo del sujeto activo. Ardid. Error de identidad.

            El aprovechamiento del error ajeno se pone en evidencia, generalmente, en el marco de otras conductas positivas que lo delatan. Ya que el imputado se valió, substancialmente, de una confusión de identidad con su hermano, dedicado a la misma actividad, en la que acredita un prestigio comercial reconocido. Es este dato el que hace creíble los títulos, documentos y autoatribuciones de solvencia del imputado. Los antecedentes de éste demuestran su habilidad en el manejo de esta clase de situaciones y tiende sobre su proceder un manto de sospecha que se transforma en plena prueba de una intervención dolosa, relacionándola con su conducta posterior: la venta inmediata de la hacienda recibida, con una irregularidad tal, que impidió la ubicación y recuperación siquiera de parte del ganado. No cabe duda que el imputado contrató conociendo perfectamente su situación de insolvencia, que de haber sido admitida hubiese impedido el negocio, cuanto menos en las condiciones en que fue pactado; el art. 172, C.P. define la defraudación sin limitarla a un ardid específico; por el contrario, si se descartan los falsos títulos por la displicencia de las víctimas para verificarlos, subsisten, sin embargo, el nombre supuesto, la calidad simulada, el aparentamiento de bienes y muy especialmente el abuso de la confianza que se le concedió en parte por un error de identidad y en parte por la delicadeza que preside el trato con grandes clientes, del rango que simuló ser el imputado.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Escobar (en disidencia), Elbert, González-

c. 27.877, PERNICONE, Víctor

Rta: 23/9/97.-

Disidencia del Dr. Escobar: Para que se verifique la configuración de la estafa, es requisito imprescindible que exista un ardid -entendido como todo artificio mañosamente empleado para lograr algo- o engaño -consistente en la falta a la verdad, evidenciados con actos externos que conducen a viciar con error a una voluntad-, y que a través de esos medios el sujeto pasivo se determine a efectuar una prestación patrimonial perjudicial. Asimismo, el tipo estafatorio exige que la conducta del agente induzca a error a la víctima, por lo que necesariamente debe quedar fuera del alcance de esta figura la acción desplegada por quien se aprovecha de la existencia de un error preexistente en la víctima, del que fuera ajeno, lo que no se revela.

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DEFRAUDACION. ESTAFA: Entrega de cheques apócrifos. Configuración.

            Es autor responsable del delito de estafa mediante falsificación de documento privado quien hace entrega de cheques apócrifos por operaciones comerciales efectuadas ocultando las irregularidades relacionadas con la cuenta bancaria -la que no estaba a su nombre y que requería, para su continuación, una renovación de firmas por parte del titular-. Mediante la suplantación de la identidad del titular ante el banco, el procesado logró la renovación de dicha cuenta, pudiendo así presentar ante sus proveedores una imagen suficiente de seriedad y solvencia en el cumplimiento de sus obligaciones, revelándose la maniobra ardidosa como idónea destinada a defraudar a los damnificados.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) - Escobar (en disidencia parcial), Elbert, Gerome-

c. 27.853, COSENZA, Norberto

Rta: 29/8/97.-

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DEFRAUDACION. ESTAFA: Falsificación reiterada de documento privado, equiparado a público. Defraudación a través del descuento de pagarés falsificados puestos en circulación por distintos conceptos sin contraprestación.

            El delito de estafa mediante pagarés falsificados sólo es posible cuando el motivo determinante de la prestación perjudicial es la firma apócrifa. Lo que realmente cuenta es la fe o confianza que al damnificado le merezca determinada firma, hasta el punto de haberlo decidido a contratar, entregando algo de valor. Es exclusivamente sobre esta base que podrá hablarse de error y perjuicio en los términos del art. 172, C.P., no así en los casos que no existió contraprestación alguna, en los que sólo será posible achacarle a las encartadas el delito de falsedad documental. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos-

c. 45.075, FRIDMAN de SANCHEZ, Flora

Rta: 10/7/97.-

Se citó: (*) Irurzun, Víctor J.; Luque, Clodomiro, J.; Rossi, Héctor M., "El ardid en la estafa", Ed. Lerner.

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DEFRAUDACION. ESTAFA: No configuración. Elementos. Contraprestación da-ñosa.

            Debe desestimarse la denuncia por inexistencia de delito en el caso de una persona que por dos deudas que mantenía con una entidad bancaria por la tarjeta de crédito, al no poder abonarlas le hicieron firmar un pagaré por ambas sumas, tiempo después se le inició un juicio ejecutivo por el cobro del pagaré y un juicio sumario por el saldo de la suma debitada a aquélla tarjeta. El hecho no constituye el delito de estafa por cuanto, el medio para lograr la disposición patrimonial es el fraude, el cual debe estar integrado por ardid o engaño que motive directamente la contraprestación dañosa, elementos éstos que no se advierten como previos en este caso. El cliente, al momento de la primitiva contratación, conocía los detalles de las operaciones que estaba efectuando, no medió ningún ocultamiento ni aseveración de hechos falsos por parte de los dependientes del banco que permitieran indicar la presencia de un hecho delictivo.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola-

c. 7.167, ORICHER de RODRIGUEZ ORTIZ, Teresa

Rta: 15/7/97.-

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DEFRAUDACION. ESTAFA: Petardismo o gorronería.

            Incurre en el delito de estafa reiterada quien, en concepto de pago por el consumo de bebidas en un local, hace entrega de dos cheques los que al ser presentados al cobro, fueron rechazados por existir denuncia policial por robo y cuenta cerrada por falta de fondos, no habiéndose otorgado crédito en favor del imputado para saldar la deuda contraída, toda vez que los documentos fueron librados para ser cobrados el primer día hábil siguiente a las consumiciones ocurridas durante el fin de semana, aduciendo no tener dinero para saldar la deuda y ofrecer en contraprestación los cartulares, conociendo que no iban a poder ser cobrados. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 7.193, CALDERON, Sergio F.

Rta: 17/7/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario N°183, "Franco, Roberto C.", rto: 3/9/93, publicado en Bol. Int. de Jurisp., Fallos Plenarios 1983-1997, pág. 3 y en L.L. 1993-D-474.

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DEFRAUDACION. ESTAFA: Utilización de tarjeta de crédito ajena. PENA: Graduación.

            Comete el delito de estafa reiterada quien usa una tarjeta de crédito sustraída a su titular junto a su documento nacional de identidad para adquirir mercaderías, quedando abarcada en el ardid la simulación de la firma estampada en cada uno de los respectivos cupones.

            Debe ponderarse como circunstancias agravantes en la medida de la pena, el número elevado de acciones delictivas -treinta y tres- y el hecho de haber burlado la confianza de una amiga sustrayéndole su documento de identidad y su tarjeta de crédito.

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Ouviña, Piombo-

c. 21.691, DZIAD, Marcela J.

Rta: 16/7/97.-

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DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA: Bien no restituido en el plazo acordado.

            Comete defraudación por retención indebida aquél que, valiéndose de la especial relación que lo unía con la denunciante, recibió de ésta un automóvil con el que haría un viaje por el término de diez días, vencido el plazo y ante la no restitución del bien, la damnificada lo intimó mediante carta documento para que en el plazo de veinticuatro horas le restituyera el vehículo, lo que recién aconteció pasados varios días; la calificación legal del hecho es correcta ya que el procesado tuvo conocimiento fehaciente de su obligación de restituir el automotor dentro del plazo fijado por su dueña, y si bien la entrega del bien resulta legítima, ya que obedeció a la estrecha amistad que los unía, acaecida la intimación de restitución, extremo objetivo exigido por la figura prevista en el inc. 2º, art. 173, C.P., ante la ausencia de un plazo previamente convenido, se transformó en ilícita la continuación de la tenencia del vehículo no pudiendo desconocer el procesado que entrado en conocimiento de aquella intimación, su obligación era la de devolver a su titular el bien oportunamente recibido. El accionar típico de este precepto penal finca en la omisión de restituir o de negarse a restituir la cosa mueble entregada. Asimismo, de la normativa en materia civil aplicable al caso, surge que ante la ausencia de plazo la simple interpelación del titular al tenedor de la cosa lo obliga a devolverla, lo que no aconteció a su debido tiempo sino con ponderable demora.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola, Donna-

c. 45.474, ZAKARIAN, Jorge J.

Rta: 7/7/97.-

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DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA: Contrato de "leasing".

            Incurre en el delito contemplado en el art. 173, inc. 2°, C.P., quien, teniendo la obligación de devolver el vehículo que había recibido en su oportunidad como objeto de un contrato especial que no pudo perfeccionarse ante el incumplimiento de lo pactado por su culpa, lo retiene en su poder aduciendo que de haber actuado de otra forma, provocaba que la sociedad de la cual era presidente, incurriera en un delito en detrimento de la masa de los acreedores, situación que no ocurrió por cuanto no abonó la totalidad de las cuotas estipuladas ni ejerció la opción de compra del bien por lo que no puede considerárselo como ingresado al patrimonio societario. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 6.347, SAID, Marcos H.

Rta: 1/7/97.-

Se citó: (*) Maffía, Osvaldo J., "Leasing y quiebra", 1° parte, en L.L. 1992-B-1081 y 3° parte, en L.L. 1992-D-989.

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DELITOS DE ACCION PRIVADA. Recaudos legales.

            En los delitos perseguibles exclusivamente mediante la acción privada donde se excluye la investigación instructoria, la presentación inicial debe ser autosuficiente, pues de ella se desprende la base fáctica del juicio y la inobservancia de los recaudos legales podría conculcar la garantía de la defensa en juicio.

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.131, FERNANDEZ, Mario

Rta: 15/8/97.-

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DESESTIMACION. Inexistencia de delito. Improcedencia del archivo.

            En caso de que el juez considere que el hecho a investigar no encuadra en ilícito alguno debe dictar la desestimación de la denuncia y no su archivo.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 7.113, PERSONAL POLICIAL

Rta: 3/7/97.-

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DESESTIMACION. Procedencia.

            La decisión adoptada por el juez no se ajusta a derecho, pues luego del requerimiento fiscal tal magistrado no se pronunció conforme lo prevé el art. 180, último párrafo, C.P.P., sino que, por el contrario decidió instruir el sumario disponiendo la realización de medidas que se llevaron a cabo en autos, lo que implica considerar la existencia del delito, para luego dictar una resolución en la que desestimó la causa por inexistencia de aquél cuando en realidad debió pronunciarse conforme lo prevé el art. 336, C.P.P.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini-

c. 7.517, BERVS, Benjamín

Rta: 11/9/97.-

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ELEVACION A JUICIO. Cumplimiento de las prescripciones de la instrucción. Facultades del tribunal de juicio. NULIDAD: Actos confirmados por la Cámara de Apelaciones. Improcedencia.

            La declaración de nulidad dispuesta por el tribunal de juicio respecto del dictado de procesamiento y embargo decidido por el juez de instrucción, resolución ésta oportunamente confirmada por la Sala, excede el marco del art. 354, C.P.P., pues aquél carece de la facultad de nulificar actos resueltos por la Cámara de Apelaciones, por lo que corresponde el reenvío del legajo -por intermedio del magistrado instructor interviniente- al tribunal de juicio a fin de que, en caso de no compartir el criterio adoptado, eleve las actuaciones a la Cámara Nacional de Casación Penal con el objeto de dirimir la cuestión. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.237, BOGADO, Aldo y otro

Rta: 12/8/97.-

Se citó: (*) Cám. Nac. de Casación Penal, Sala I, c. 126, "Carnevale, Adrián", rta: 25/4/94, reg. N° 171, en Bol. de Jurisp. de la Cám. Nac. de Casación Penal N° 2-a/94, pág. 7.

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ESTUPEFACIENTES. TENENCIA: Lesión al bien jurídico tutelado.

            Corresponde responsabilizar en orden al delito de tenencia de estupefacientes a quien se le secuestrara en su poder un envoltorio que contenía 1,8 grs. de "cannabis sativa", conforme a la doctrina de la C.S.J.N. en el sentido de que establecida la potencialidad dañosa de determinadas sustancias respecto de la salud pública, su tenencia constituye una acción que trasciende la intimidad, susceptible de ser castigada, y entre las acciones que ofenden el orden, la moral y la salud pública se encuentra sin duda la tenencia de estupefacientes para uso personal, porque al tratarse de una conducta de peligro abstracto está ínsita la trascendencia a terceros y, en cuanto al elemento subjetivo de la figura, se satisface con la voluntad conciente del sujeto de tener la droga, importando poco la finalidad con que lo haga. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Barbarosch, Navarro-

c. 45.624, BLAZQUEZ, Oscar A.

Rta: 26/8/97.-

Se citó: (*) C.S.J.N., M 114 LXXIII, "Montalvo, Ernesto", rto: 11/12/90, en J.A. 1991-I-244; C 173 XXXI, "Caporale, Susana", rta: 24/10/95; C.N.Crim., Sala, IV, c. 45.046, "López, Diego H.", rta: 29/2/96.

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EXCARCELACION. FISCAL: Requerimiento de elevación a juicio. Cambio de calificación legal del hecho.

            La modificación del encuadre típico efectuado por el Ministerio Público en oportunidad de la requisitoria de elevación a juicio, no resulta vinculante para el Tribunal quien ya se expidiera en la oportunidad del procesamiento del imputado, respecto de su soltura anticipada. (*)

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Bonorino Peró, González Palazzo-

c. 6.913, RAMIREZ, J.

Rta: 11/7/97.-

Se citó: (*) Navarro, Guillermo - Daray, Roberto, "Código Procesal Penal de la Nación", T. I, pág. 664.

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EXCEPCION DE FALTA DE PERSONALIDAD. QUERELLANTE: Incapacidad.

            No se hará lugar a la excepción de falta de personalidad hasta tanto no medie declaración de incapacidad, aunque del informe médico se desprenda que las facultades mentales de la querellante no encuadrarían dentro de los parámetros considerados como normales desde la perspectiva médico legal, por lo que aquélla se encuentra legitimada para actuar en la causa.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.086, GUAZZONE de PASSALACQUA, Argenta M.

Rta: 7/8/97.-

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EXCUSACION. Rechazo.

            Cabe rechazar la excusación formulada por cuanto el recusante aparece como letrado patrocinante de la querella y conforme la jurisprudencia reiterada del Tribunal, la ley ritual remite a los aspectos contemplados en los arts. 74 y ss., C.P.P. en circunstancias vinculadas en relación directa con la parte, más no a aquéllas, cualesquiera que fuesen, que tuvieran relación con su letrado asistente, patrocinante o apoderado. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 28.012, OCCIDENTAL S.A.

Rta: 28/8/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 26.676, "Timerman, J.", rta: 14/10/94.

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FALSIFICACION. Documento de identidad: Cédula de identidad y D.N.I.: Competencia.

            La falsificación de un D.N.I. es materia del fuero federal en tanto que el uso y falsificación de una cédula de identidad es materia del fuero ordinario por cuanto el mencionado documento es de uso local tal como se desprende del art. 5, apartado 2º del Estatuto de la Policía Federal. (*)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -González Palazzo, Filozof, Bonorino Peró-

c. 34.053, CARRANZA, Liliana R.

Rta: 21/8/97.-

Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos 225:43.

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FALSIFICACION. Tarjetas timbradas expedidas por la M.C.B.A. Documento. Atipicidad.

            Incurre en el delito de falsificación previsto en el art. 288, inc. 2°, C.P., quien realiza tal conducta respecto de las tarjetas que acreditan la habilitación otorgada por la M.C.B.A. a las empresas fabricantes y recargadoras de matafuegos, cuya emisión y venta se encuentra a cargo del ente mencionado y a través de las cuales se percibe un derecho de timbre.

            El documento público, propio de la tipicidad del art. 292, C.P., ha de revestir las condiciones que el Código Civil exige para este tipo de instrumentos en su art. 979 y ha de advertirse que los requisitos propios del otorgamiento de las tarjetas no proceden de una ley en el sentido formal, es decir, emanadas del Congreso Nacional o Provincial, por lo que extender la protección de aquéllas derivadas de una ley en sentido material importaría, a la postre, una extensión analógica de la regla represiva. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Piombo Bonorino Peró, Ouviña-

c. 21.661, LAMELAS, Ramón

Rta: 25/8/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 21.192, "Chambi Montes, Jacinto", 26/2/96, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/96, pág. 24; c. 21.027, "Torre, Pedro E.", rta: 2/2/96.

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FALSO TESTIMONIO. Atipicidad de la conducta.

            Es atípica la conducta del testigo que presta declaración en una causa y se limita a repetir los comentarios que le efectuaran terceras personas y a comentar un hecho del cual tomara conocimiento por un recorte periodístico. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 7.136, TRAVIESO, Leonardo

Rta: 7/7/97.-

Se citó: (*) Creus, Carlos, "Derecho Penal", Parte Especial, T. 2, pág. 348.

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FISCAL. Ampliación del objeto procesal. Nulidad.

            Cabe declarar la nulidad de lo actuado a partir de la información que dio lugar a la ampliación del objeto procesal sin la debida vista al fiscal a efectos de que indique o no si corresponde la instrucción del mismo, lo cual invalida todo lo realizado con posterioridad.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini-

c. 7.486, FLORES, Felipe

Rta: 11/9/97.-

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FISCAL. Solicitud de cambio de calificación legal del hecho.

            No corresponde el cambio de calificación propuesto por el fiscal, toda vez que la segunda instancia no está abierta para modificar la calificación propuesta en la acusación original en perjuicio del derecho del imputado, pues ello implicaría violar el principio de defensa en juicio, máxime si, como en el presente caso, el pedido fiscal de cambio de calificación presupone la existencia de dos hechos diferentes. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González, Elbert, Escobar-

c. 27.957, MAYER, Raúl E.

Rta: 29/8/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 16.493, "Ramírez, R.", rta: 22/8/88; c. 16.223, "Castillo, D.", rta: 2/9/88 y c. 16.887, "Mederos, C.", rta: 29/11/88.

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FOTOCOPIAS. DEFENSOR: Derecho a solicitarlas.

            El derecho a tomar vista de las actuaciones contemplado en el art. 106, C.P.P. puesto en cabeza de los letrados defensores que comprende a los que fueron ya propuestos y que, aún no han aceptado el cargo, también comprende el de solicitar a su costa la extracción de fotocopias del legajo, con el mismo fin, esto es, el de llevar a cabo un adecuado ejercicio del derecho de defensa de su asistido. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 7.303, PEREZ, Diego

Rta: 21/8/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 6.197, "Bianucci, Miguel A.", rta: 7/3/97; c. 6.607, "Kotodij, Diego", rta: 16/4/97.

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HABEAS CORPUS. Orden de detención emanada de autoridad competente. Rechazo.

            Habrá de rechazarse la acción de habeas corpus por cuanto, tanto la orden de detención como la privación de libertad que sufre el interesado ha emanado de autoridad competente -Juzgado Federal de la Provincia de Mendoza- con respaldo legal en lo establecido en el art. 19 del tratado de extradición vigente con la República de Italia aprobado por ley 23.719.

C.N.Crim. Sala de Habeas Corpus -Navarro, Bonorino Peró-

c. 1.199, LARA, Juan H.

Rta: 10/8/97.-

IMPUTADO. Obligación del juez de resolver su situación procesal. Sobreseimiento.

            El mero imputado, aunque no se le haya recibido declaración indagatoria, tiene derecho a que se decida y se ponga fin al proceso abierto en su contra, dictando en su caso sobreseimiento a su respecto. (*)

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 6.938, CAPUTO, Víctor V.

Rta: 1/9/97.-

Se citó: (*) Navarro, Guillermo - Daray, Roberto, "Código Procesal Penal de la Nación", T. I, pág. 701.

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IMPUTADO. Procedencia de la forma de descargo. NULIDAD: Improcedencia cuando no es ampliatorio de la indagatoria.

            Si bien es incorrecto invitar al imputado a formular sus descargos, la presentación escrita de éste se ajusta a la preceptiva del art. 73, C.P.P., a diferencia de la declaración que admite el art. 279 ibídem. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.269, MUÑOZ, Luis F.

Rta: 4/9/97.-

Se citó: (*) Darritchon, Luis, "Cómo es el Nuevo Proceso Penal", Abeledo-Perrot, 1992, T. 2, 2da. edición, pág. 87; Navarro, Guillermo R. - Daray, Roberto R., "Código Procesal Penal de la Nación", Pensamiento Jurídico Editora, 1996, T. I, pág. 168.

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INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR. Delito de omisión y de peligro abstracto. Efectiva carencia alimentaria. Prueba no requerida.

            El delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar es de omisión y de peligro abstracto, el cual se da cuando, lo que se paga, por ser totalmente insuficiente, crea el mencionado peligro de defecto alimentario de los menores, sin que se requiera, por tanto, la prueba de la efectiva carencia.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola-

c. 7.150, AZIZE, Eduardo A.

Rta: 11/7/97.-

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INDEMNIZACION. Daño moral y material. Posición "restrictiva".

            No corresponde hacer lugar a la indemnización por daño moral y material solicitada por la parte querellante en virtud de no haber cumplido el requirente con las formalidades del art. 330, C.P.C. y C. tomando parte de una posición "restrictiva" (*) diferente a la "amplia" (**) en el sentido de exigir indefectiblemente la concurrencia de aquellos requisitos en la oportunidad de concretarse la acusación particular durante el plenario.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González, Elbert, Escobar-

c. 27.897, QUESADA, César H.

Rta: 18/9/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 7, "Perilli, José", rta: 26/8/80, en Bol. Int. de Jurisp. IX/80, pág. 188; Sala III, c. 11.971, "Saleh, A.", rta: 6/7/79, en Bol. Int. de Jurisp. III/80, pág. 33; Sala III, c. 14.244, "Volpini, Roberto", rta: 30/6/81, en Bol. Int. de Jurisp. VII/81, pág. 138; Sala III, c. 15.387, "Serra, Juan", rta: 29/4/82, en Bol. Int de Jurisp. Nº 2/82, pág. 55. (**) C.N.Crim., Sala V, c. 25.438, "Lococco, D.", rta: 17/5/90, en Bol. Int. de Jurisp. Nº 2/90, pág. 58; Sala I, c. 37.632, "Labriola, Héctor M.", rta: 7/2/91, en Bol. Int. de Jurisp. Nº 1/91, pág. 1.

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INHABILITACION. Art. 311 bis, C.P.P. Inconstitucionalidad.

            La inhabilitación prevista en el art. 311 bis, C.P.P. viola el principio de estado de inocencia protegido por la Constitución Nacional en su art. 18, al imponer una pena, la de inhabilitación para conducir vehículos, sin sentencia firme. El solo auto de procesamiento no es suficiente, para imponer una sanción como la prevista en el art. 5, C.P. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) - Donna, Tozzini-

c. 7.519, CASTRO, Maximiliano

Rta: 11/9/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 7.399, "Wasserman, Diego", rta: 8/9/97; c. 210, "Troiano, Guillermo A.", rta: 10/1/95.

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JUEGOS DE AZAR. CONSTITUCIONALIDAD: Ejercicio del poder de policía.

            La reglamentación de los juegos de azar es materia de orden público, en ejercicio del poder de policía sobre usos y costumbres, que queda habilitada por la naturaleza mixta que presenta la legislación pertinente, formalmente válida y legítima conforme a la Constitución Nacional, en consecuencia, las disposiciones del dec.-ley 6.618/57, ratificado por ley 14.467, no violan las disposiciones de la C.N. por lo que debe revocarse la declaración de inconstitucionalidad de dicha norma. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 27.492, CONTEIRO, M.

Rta: 8/7/97.-

Se citó: (*) C.S.J.N., P. 137 XXIII, "Peralta, L. c/ Estado Nacional", rta: 27/12/90, Fallos 313:1513.

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NOTIFICACION. CEDULA. NULIDAD: Diligencias.

            Habrá que declarar la nulidad de las diligencias de notificación en razón de no haberse cumplido íntegramente con las exigencias previstas en el art. 149, C.P.P., dado que no consta la identidad de quienes habrían recibido las cédulas -en uno de los casos no existe firma del notificado- ni la firma de tercero a ruego, ni constancia de quien aparece rubricando los instrumentos. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 6.850, PELLICORI, Oscar

Rta: 12/8/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 2.928, "Abeytua, H.", rta: 13/6/95.

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NULIDAD. Encuadre típico. Principio de congruencia.

            Se describe el hecho imputado como un intento de apoderamiento de un vehículo, tal como se hiciera en el acto de la indagatoria, al valorarse la prueba de cargo que podría calificarse como decisiva, se sostiene que en realidad la voluntad del imputado habría sido la de apoderarse de algún efecto que se encontrara en el interior del rodado, por lo que, y afectándose además el principio de congruencia al modificarse el objeto procesal materia de indagatoria, corresponde declarar la nulidad del auto.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 7.330, JAIME, Pablo

Rta: 28/8/97.-

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PERITOS. Designación. Calidad habilitante. Inscripción en las listas correspondientes: constitucionalidad.

            No corresponde designar perito de parte a quien no esté inscripto en el registro respectivo no siendo inconstitucionales los arts. 254 y 259, C.P.P., pues no contradicen lo preceptuado en los arts. 14, 18 y 28 de la Constitución Nacional, ya que los mismos garantizan la igualdad entre las partes para evitar privilegios y asegurar el buen desempeño de los peritos, dado que la inscripción previa de éstos ante el órgano judicial, sólo puede ser realizada por personas expertas con profesión reglamentada, y el perito de parte no dictamina defendiendo los intereses de quien lo propone, sino que debe emitir una opinión especializada que el juez necesita para esclarecer un hecho. (*)

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo (en disidencia)-

c. 7.113, GILD, Alberto I.

Rta: 18/9/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 1.297, "Banco de Boston", rta: 4/4/94.

Disidencia del Dr. González Palazzo: La regla establecida por los arts. 254 y 259, C.P.P., es inconstitucional, puesto que se contrapone con garantías contenidas en nuestra Carta Magna. En tal sentido considera que se afecta el derecho de defensa en juicio, al coartar a la parte litigante la elección de un perito de confianza o de mayor prestigio por el solo hecho de no haber cumplido con una reglamentación en el tiempo limitado que allí se fija y, lógicamente anterior al hecho o al momento procesal que hace nacer la necesidad o el interés de la designación. Debe declararse la inconstitucionalidad de los citados artículos en tanto ordenan una reglamentación que limita la garantía de defensa.

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PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Auto de procesa-miento.

            El auto de procesamiento dictado en autos constituye secuela de juicio por poseer entidad suficiente para imprimir real dinámica e inequívoco impulso persecutorio al proceso, sin el cual no podría proseguirse la causa. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini-

c. 7.431, GAVINO, Héctor H.

Rta: 11/9/97.-

Se citó: (*) Cám. Nac. de Casación Penal, Sala II, "Andrada, Nicolás y otros", rta: 9/3/95; Sala III, "Patat, Juan C.", rta: 13/2/95; C.N.Crim., Sala I, c. 3.661, "Yuan, Jian Min", rta: 20/11/95.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala I, c. 7.453, "Linares, Daniel", rta: 5/9/97.

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PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Citación a prestar declaración indagatoria.

            La convocatoria a prestar declaración indagatoria genera, aun en el código rituario que gobierna el sumario, acto interruptivo como secuela de juicio, debiéndose interpretar por el vocablo juicio la totalidad del trámite del proceso. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.068, GARCIA, Manuel

Rta: 5/8/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 4.444, "Elores, Modesto", rta: 11/4/96; Cám. Nac. de Casación Penal, Sala III, c. 241, "Patat, Juan Carlos", rta: 13/2/95 y Sala II, c. 268, "Andrade, Nicolás", rta: 9/3/95.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 7.374, "Leloir, María de las Mercedes", rta: 23/9/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 112; Sala VII, c. 21.689, "Deslarmes, Jorge E.", rta: 30/9/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 113; Sala V, c. 7.034, "Magni, Miguel A.", rta: 28/8/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 113; Sala VII, c. 6.576, "Grecco, Carlos A.", rta: 10/7/97; Sala VII, c. 6.429, "Dominguez, E.", rta: 10/7/97; Sala VII, c. 6.162, "González, José L.", rta: 10/7/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 114.

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PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Citación a prestar declaración indagatoria. Procedencia. Requerimiento fiscal: improcedencia.

            El primer acto interruptivo que debe ser considerado secuela de juicio en los términos previstos en el art. 67, C.P., es la convocatoria a prestar declaración indagatoria, posición que no ha merecido modificación con la sanción de la ley 23.984. (*)

            El requerimiento fiscal establecido en el art. 180, C.P.P., si bien resulta el primigenio acto con idéntica latitud, no es de naturaleza jurisdiccional y además, hasta ese momento, no existe sumario propiamente dicho.

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.374, LELOIR, María de las Mercedes

Rta: 23/9/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 4.444, "Elores, Modesto", rta: 11/4/96.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 7.068, "García, Manuel", rta: 5/8/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 111; Sala VII, c. 21.689, "Deslarmes, Jorge E.", rta: 30/9/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 113; Sala V, c. 7.034, "Magni, Miguel A.", rta: 28/8/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 113; Sala VII, c. 6.576, "Grecco, Carlos A.", rta: 10/7/97; Sala VII, c. 6.429, "Dominguez, E.", rta: 10/7/97; Sala VII, c. 6.162, "González, José L.", rta: 10/7/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 114.

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PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Declaración de indagatoria. Auto que la ordena.

            Debe computarse como acto interruptivo de la prescripción el auto por el cual se ordenó la declaración indagatoria del imputado, y la acusación fiscal. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Ouviña, Bonorino Peró-

c. 21.689, DESLARMES, Jorge E.

Rta: 30/9/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario N° 219, "Rojkes, Ernesto J.", rto: 3/9/97, publicado en Bol. Int. de Jurisp., Fallos Plenarios 1983-1997, pág. 10; Fallo Plenario, "Prinzo, E. F.", rto: 7/6/49, en C.C.C., Fallos, T. VII, pág. 468 y en Navarro, Guillermo - Jacoby, Pablo, Jurisprudencia Criminal Plenaria, "Actualización de Fallos Plenarios Penales", pág. 130.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 7.068, "García, Manuel", rta: 5/8/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 111; C.N.Crim., Sala IV, c. 7.374, "Leloir, María de las Mercedes", rta: 23/9/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 112; Sala V, c. 7.034, "Magni, Miguel A.", rta: 28/8/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 113; Sala VII, c. 6.576, "Grecco, Carlos A.", rta: 10/7/97; Sala VII, c. 6.429, "Dominguez, E.", rta: 10/7/97; Sala VII, c. 6.162, "González, José L.", rta: 10/7/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 114.

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PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Citación a indagatoria.

            El llamado a prestar declaración indagatoria resulta secuela de juicio.(*)

C.N.Crim. Sala V (Int.) - Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 7.034, MAGNI, Miguel A.

Rta: 28/8/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 6.480, "Romero Giménez, E.", rta: 21/5/97; c. 6.516, "Zilberbarg, Félix", rta: 21/5/97.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala V, c. 6.801, "Zabalardo, Julio A.", rta: 7/7/97; C.N.Crim., Sala IV, c. 7.068, "García, Manuel", rta: 5/8/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 111; C.N.Crim., Sala IV, c. 7.374, "Leloir, María de las Mercedes", rta: 23/9/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 112; Sala VII, c. 21.689, "Deslarmes, Jorge E.", rta: 30/9/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 113; Sala VII, c. 6.576, "Grecco, Carlos A.", rta: 10/7/97; Sala VII, c. 6.429, "Dominguez, E.", rta: 10/7/97; Sala VII, c. 6.162, "González, José L.", rta: 10/7/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 114.

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PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Llamado a indagatoria. Auto de procesamiento.

            Tanto el llamado a prestar declaración indagatoria como el auto de procesamiento se hallan entre los actos jurisdiccionales que interrumpen la prescripción por resultar secuela de juicio, toda vez que representan una manifestación de voluntad inequívoca de impulso persecutorio. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 6.162, GONZALEZ, José L.

Rta: 10/7/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 4.839, "Alvarado, Juan", rta: 24/8/96.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VII, c. 6.288, "Federman de Grinberg, Silvia", rta: 10/7/97; C.N.Crim., Sala IV, c. 7.068, "García, Manuel", rta: 5/8/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 111; C.N.Crim., Sala IV, c. 7.374, "Leloir, María de las Mercedes", rta: 23/9/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 112; Sala VII, c. 21.689, "Deslarmes, Jorge E.", rta: 30/9/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 113; Sala V, c. 7.034, "Magni, Miguel A.", rta: 28/8/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 113; Sala VII, c. 6.576, "Grecco, Carlos A.", rta: 10/7/97; Sala VII, c. 6.429, "Dominguez, E.", rta: 10/7/97.

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PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Orden de captura.

            El auto que dispone la orden de captura no es un acto persecutorio con aptitud para dar impulso procesal que importe el ejercicio de la jurisdicción, por lo que no constituye secuela de juicio. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 21.607, LUJAN, Oscar A.

Rta: 25/9/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 14.237, "Bograd, Ana B.", rta: 17/12/90.

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PROPIEDAD INTELECTUAL. Reproducción de obra artística sin autorización.

            Incurre en los delitos tipificados en los arts. 72, inc. a) y 72 bis, inc. a) de la ley 11.723 quien incluye temas musicales en los "cassettes" destinados a emitir mensajes que harían referencias a la publicidad de un banco, sin contar con la debida autorización y con la negativa de abonar los respectivos derechos.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 6.905, BANCO CIUDAD de BUENOS AIRES

Rta: 1/7/97.-

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PROPIEDAD INTELECTUAL. "Software".

            Constituye el delito tipificado en el art. 72, inc. a), ley 11.723 cometido en forma reiterada, la acción del imputado que reprodujo y vendió programas de computación de la firma damnificada sin autorización alguna. Pues las órdenes que se le imparten a una máquina no están unidas en forma arbitraria sino que se encuentra detrás el intelecto del programador por lo que le es otorgado a cada "software" un rasgo distintivo que encuentra protección en la ley citada. Asimismo dichos programas de computación son el resultado de una gestión racional y por ende humana que constituyen el desarrollo de una idea, vale decir, una creación personal y original del espíritu. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 21.673, CARCAN, Javier A.

Rta: 18/7/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 19.864, "Cueto, Gabriela S.", rta: 31/5/94; c. 5.643, "Rizzo, Martín", rta: 27/2/97.

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PROPIEDAD INTELECTUAL. INFRACCION: Edición no autorizada de una obra publicada.

            La reimpresión sin autorización de ejemplares y comercialización de una obra sin obtener la previa anuencia de su autor ni efectuado el correspondiente pago de los derechos constituye el delito de edición no autorizada de una obra publicada, en virtud de que la emisión de los libros se trata de una segunda edición y no de una segunda "tirada" pues se han verificado notables diferencias entre los ejemplares reputados auténticos con los supuestamente espurios.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.112, CLAVELL BORRAS, José

Rta: 12/8/97.-

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PRUEBA. Facultad del juez de instrucción y del tribunal de juicio de denegar las medidas probatorias sugeridas por las partes. Sana crítica.

            El ordenamiento procesal vigente (ley 23.984) ha consagrado a los efectos de la valoración de la prueba, el sistema de la sana crítica, fundado en las libres convicciones del juzgador, y en virtud del cual, tanto el magistrado instructor, art. 199, C.P.P., como el tribunal de juicio ya en la etapa de plenario, arts. 356 y 398, C.P.P., se hallan facultados para denegar las diligencias propuestas cuando las consideren impertinentes o superabundantes, siendo esta decisión irrecurrible.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini-

c. 7.583, CAMPAGNOLI, José M.

Rta: 11/9/97.-

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PRUEBA. ILEGAL: Grabaciones telefónicas. Transcripción carente de eficacia probatoria.

            No reviste validez ni eficacia probatoria la transcripción de la conversación telefónica, pues conforma una pieza espuria al haber sido obtenida de un modo subrepticio y por lo tanto, en directa violación a la garantía de resguardo a la intimidad, que consagran los arts. 18 y 19 de nuestra Constitución Nacional. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Escobar (en disidencia), Elbert, González-

c. 27.886, LEZICA, Sergio F.

Rta: 18/9/97.-

Se citó: (*) Kielmanovich, Jorge, "La grabación subrepticia de una conversación telefónica como prueba en el proceso civil", en L.L. 1984-B-731; "La prueba -Ten-dencias Modernas-", Ed. Abeledo Perrot, 1991, pág. 246; C.S.J.N., "Fiorentino, Diego", rta: 27/11/84; "Rayford, Regional R. y otros", rta: 13/5/86 y C.N.Crim.Fed., Sala I, "Monticelli de Prozillo", rta: 10/8/84, en L.L. 1984-D-373.

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PRUEBA. INDICIARIA: Testigo que oye las voces de la damnificada y del imputado procedentes del interior del domicilio. Ausencia de testigo presencial del hecho.

            Por más sospechas que se tengan, fundadas en indicios, si éstos no alcanzan a conformar el grado de certidumbre para una condenación, es jurídicamente imposible emitir un juicio de reproche. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos-

c. 45.566, ESTIGARRIVIA, Anselmo F.

Rta: 15/7/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 34.864, "Trotta, Osvaldo", rta: 28/4/89, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/89, pág. 71.

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PRUEBA. OFRECIMIENTO: Discrecionalidad del juez. Constitucionalidad.

            El art. 199, C.P.P. habilita a las partes a que en cualquier momento de la instrucción propongan las diligencias de prueba que consideren conducentes. Asimismo y atento al carácter no contradictorio de dicha etapa, subordina su efectiva producción a la discrecionalidad del Juez, quien deberá evaluarlas en cuanto a su pertinencia y utilidad, tornándose su decisión irrecurrible. La posibilidad de ofrecer pruebas no se agota allí, ya que renace en oportunidad del juicio oral por imperio de lo dispuesto en el art. 354.

            Si bien la ley ritual prevé posibilidades diversas relativas a las articulaciones que pueden efectuar los acusadores privado y público, y la defensa (arts. 347 y 349 de la ley adjetiva) no implican una desigualdad ante la ley. En efecto, tales márgenes aparecen como una consecuencia lógica y necesaria, derivada de los diferentes roles desempeñados por dichas partes en el proceso y de los fines que persiguen durante una etapa que no es contradictoria. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 7.379, BORGOGNO, Mario

Rta: 23/9/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 7.065 bis, "Iaquinta, A.", rta: 12/8/97.

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QUERELLANTE. Citación a indagatoria. Incompatibilidad. Separación del rol de querellante.

            El llamado a indagatoria del querellante es incompatible con el rol que reviste sin perjuicio de que el devenir de la investigación le habilite a impetrar nueva legislación.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 7.279, VILAN, Ernesto J.

Rta: 26/9/97.-

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I. QUERELLANTE. Particular ofendido del delito denunciado. II. REVELACION DE SECRETOS. Entrega de fotocopias. No configuración.

I. QUERELLANTE. Particular ofendido del delito denunciado.

            Debe rechazarse la pretensión de asumir el rol de parte querellante del denunciante en su calidad de abogado pues no ha sido particularmente ofendido del delito denunciado, sino que en todo caso lo sería su cliente.

II. REVELACION DE SECRETOS. Entrega de fotocopias. No configuración.

            No constituye delito el hecho de que el juez haya ordenado y expedido fotocopias de un sumario solicitadas por el denunciante pues le asisten los derechos que resultan del art. 80, C.P.P., lo cual es compatible con la obtención de fotocopias de un incipiente proceso sin que pueda ser considerado un extraño en los términos del mismo texto legal; por otra parte, es posible que el denunciante hubiera tenido la voluntad de constituirse en parte querellante y para su presentación hubiera considerado necesario obtener del expediente elementos que al momento desconocía.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Donna, Tozzini-

c. 5.053, M., J. J. (Dr.)

Rta: 16/7/97.-

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QUERELLANTE. DENUNCIA: Desestimación sin notificar. Procedencia.

            Deberá hacerse lugar al pedido de ser tenido por parte querellante en virtud de que, si bien la denuncia fue desestimada por inexistencia de delito, la petición se efectuó antes de ser notificado de esa resolución y por lo tanto no se encontraba firme pues no se había notificado al pretenso querellante, no obstante que la magistrado interviniente sostuviera que las actuaciones se encontraban formalmente concluidas cuando se recibió dicho pedido pues la desestimación fue dictada de conformidad con el fiscal.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola-

c. 7.038, BELLEFROID, Edmond M.

Rta: 14/7/97.-

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QUERELLANTE. FALSO TESTIMONIO: Perjuicio real o posible.

            Debe tenerse como particular ofendido en relación al delito de falso testimonio, la parte respecto de la cual resultara un perjuicio real o posible.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 6.967, CAÑETE de MUÑIZ, Elsa D.

Rta: 9/9/97.-

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RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS. Nulidad. Art. 171, C.P.P.

            No es causal de nulidad el reconocimiento en rueda de personas el hecho de que el testigo no fuera interrogado previamente para que efectúe una descripción de la persona a reconocer pues si bien el procedimiento indicado fue omitido por el Juez, la defensa presenció y consintió aquel acto, tornándolo de esa forma, perfectamente válido. La ausencia de la descripción previa, no se encuentra expresamente prevista en el ordenamiento procesal como causal de nulidad.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola-

c. 7.155, CZORNENKI, Christian

Rta: 14/7/97.-

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RECURSO DE CASACION. Cuestiones de hecho ya debatidas con anterioridad. Improcedencia.

            Se rechazará el recurso de casación interpuesto por la querella en virtud de que no se dan los supuestos previstos en el art. 456, C.P.P., pues los argumentos introducidos por el recurrente se limitan a cuestiones de hecho ya debatidas con anterioridad, poseyendo además la resolución, suficiente fundamentación como para descalificar lo manifestado por el impugnante, en el sentido de que se habría aplicado erróneamente la ley sustantiva, ya que la normativa comercial atinente a las diferencias existentes entre el contrato de locación de obra, administración por cuenta de terceros y el derecho de retención. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola-

c. 6.916, PORJOLOVSKY, Claudio y otro

Rta: 15/7/97.-

Se citó: (*) D’Albora, Francisco, "Código Procesal Penal de la Nación", Abeledo Perrot, Bs.As., 1993, pág. 465.

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RECURSO DE CASACION. IMPROCEDENCIA: Crítica de la prueba.

            Cabe rechazar el recurso de casación articulado cuando el fundamento del agravio referido a la errónea aplicación de la ley sustantiva constituye una consideración impugnativa referente a la falta de correspondencia entre los elementos probatorios valorados en el pronunciamiento y la conclusión que ellos motivan, representa una crítica dirigida a la prueba de la causa y no a la inteligencia u observancia de la ley de fondo. Por otra parte, las facultades del Tribunal de mérito, cual es la Sala, en lo relativo a la fuerza convictiva de la prueba, son irrevisables por la vía casatoria. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 6.819, HERRERA, Héctor

Rta: 4/9/97.-

Se citó: (*) Cám. Nac. de Casación Penal, Sala III, c. 102, "Mercado, M. s/casación", rta: 14/2/94.

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RECURSO DE CASACION. IMPROCEDENCIA: Requisito de autosuficiencia y completividad.

            No se hará lugar al recurso de casación en el caso en que la presentación del recurrente no reúna el requisito de autosuficiencia y completividad que exige el Alto Tribunal como "conditio sine quanon" de admisibilidad de la vía intentada pues si bien alude a lo que a su juicio implicaría un error "in iudicando", en cambio, no expresa en forma concreta cuál es, en definitiva, la aplicación que de ella pretende por aquel Tribunal. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 7.010, PERROTA, Walter

Rta: 30/9/97.-

Se citó: (*) Cám. Nac. de Casación Penal, Sala III, c. ,"Uzal, E.", rta: 23/3/96; Sala III, c. 102, "Mercado, M. s/casación", rta: 14/2/94.

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RECURSO DE CASACION. IMPROCEDENCIA: Requisitos.

            El recurso de casación no puede prosperar sin haber hecho protesta de interponerlo en caso de decisión contraria.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 6.823, R. L., F. (Dr.)

Rta: 4/8/97.-

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RECURSO EXTRAORDINARIO. Procedencia.

            El recurso extraordinario no es procedente sin haber hecho reserva del caso federal.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 6.980, MURGAN, Osvaldo

Rta: 28/8/97.-

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REQUERIMIENTO FISCAL. DE INSTRUCCION: Causas iniciadas por prevención policial.

            En las causas iniciadas por prevención policial no es necesaria la existencia de requerimiento fiscal para la prosecución de la investigación. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola-

c. 7.289, GOMEZ CAVADINI, Sergio

Rta: 14/8/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 2.891, "Zucchiatti, Susana O.", rta: 24/4/95; c. 1.174, "Brunetti, Sergio F.", rta: 6/12/93.

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REQUERIMIENTO FISCAL. DE INSTRUCCION: Hecho nuevo. Indagatoria. Nulidad.

            Debe declararse la nulidad parcial de la declaración indagatoria con relación a un hecho nuevo denunciado en autos pues no ha existido requerimiento fiscal respecto del mismo por lo que corresponde remitir las actuaciones al fiscal en los términos del art. 180, C.P.P.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 7.265, JURADO, Raúl E.

Rta: 25/8/97.-

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REQUERIMIENTO FISCAL. DE INSTRUCCION: Nueva persona imputada. No necesariedad de un nuevo requerimiento.

            El requerimiento de instrucción, otorga al judicante jurisdicción plena, que no puede considerarse restringida por la sola voluntad del órgano acusador respecto a los sujetos sometidos a su ejercicio. Por ende es innecesaria en la especie una nueva requisitoria para instruir la causa respecto de otra persona. (*)

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 6.887, MENARDO, Gabriel A.

Rta: 4/8/97.-

Se citó: (*) Navarro, Guillermo - Daray, Roberto, "Código Procesal Penal de la Nación", T. I, pág. 406/407; C.N.Crim., Sala V, c. 1.380, "Cambón, C.", rta: 18/4/94.

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REQUERIMIENTO FISCAL. DE INSTRUCCION: Nulidad.

            Se considera que al momento de la delegación o cuando ésta concluye, debe el fiscal interviniente cumplir con los requisitos del art. 188, C.P.P., esto es, debe incluir la indicación de las condiciones personales del imputado y efectuar una descripción del hecho; este requisito tiene por finalidad limitar el objeto procesal concreto, circunscribiendo la órbita fáctica de la actividad jurisdiccional. No se cumplió con esa exigencia, pues la delegación fiscal culminó con el pedido de reserva y dicho escrito no contiene los recaudos previstos en los incs. 1° y 2°, art. 188, C.P.P., por ello corresponde decretar la nulidad de las actuaciones relacionadas con esa omisión. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini-

c. 7.485, GRANILLO, Ricardo J.

Rta: 11/9/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 7.309, "Placenti, Santos", rta: 29/8/97; c. 6.196, "Riela de Bastida", rta: 21/2/97 y T.O. N° 1, c. 57, "Ponce, Raúl N.", rta: 9/12/92.

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RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. Concurso ideal con daño agravado. Diferencias.

            En base a lo sostenido en el pronunciamiento plenario "Palienko, B.", los incoados se opusieron por medios violentos a la orden impartida por el funcionario, quedando limitado el accionar de los enjuiciados a esta figura, dado que la conducta descripta en el art. 184, inc. 1°, C.P. atiende puntualmente a la cosa y no a la obstaculización de la disposición emanada por el policía. (*)

C.N.Crim. Sala de Feria "B" -Navarro, Bonorino Peró, Filozof-

c. 24, PEREZ, Gustavo

Rta: 29/7/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario, "Palienko, B.", rto: 28/11/47, en L.L. 49-125.

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ROBO. AGRAVANTE: Banda.

            La presunta participación de tres personas y la falta de detención de dos de los individuos que compondrían el grupo, impide conocer los parámetros necesarios para establecer los requisitos del art. 45, C.P., a los efectos de justificar la agravante de "banda". (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.304, MARTINEZ, Walter J.

Rta: 4/9/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario N° 111, "Quiroz, Julio A.", rto: 4/9/89, publicado en Bol. Int. de Jurisp., Fallos Plenarios, 1983-1997, pág. 25 y en J.P.B.A., 69:291.

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ROBO. EMPLEO DE ARMAS: Impropia. Clavo de 8 centímetros.

            Un clavo de 8 centímetros utilizado es un arma, vale decir un objeto con aptitud para producir daño en el cuerpo del asaltado y aunque su poder vulnerante sea menor que el de un punzón no puede dudarse de su aptitud para lastimar.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 7.197, ARAMELA, José L.

Rta: 29/8/97.-

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ROBO. EMPLEO DE ARMAS: Punzón y cuchillo. Amenaza de contagio de SIDA.

            Si fueron secuestrados en poder de la imputada un punzón y un cuchillo, elementos que se compadecen, en principio, con el gesto intimidatorio desplegado ante la víctima y la exhibición de un cuchillo por el imputado, acercándolo al rostro de la damnificada, juntamente con la mano herida con dicho instrumento y la amenaza de contagio de SIDA, constituye suficiente fundamento objetivo y subjetivo de la concurrencia de la circunstancia calificante.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 7.301, IRAZUSTA, Mariano y otro

Rta: 10/9/97.-

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ROBO. EMPLEO DE ARMAS: Trozo de alambre.

            Constituye el delito de robo con armas la conducta del imputado que colocó un trozo de alambre alrededor del cuello de un taxista exigiéndole la entrega de dinero, dado el inocultable poder intimidatorio y lesivo que el mismo presenta, poseyendo asimismo una entidad vulnerable, al acrecentar su vigor ofensivo, a punto tal que podría ser factor de estrangulamiento.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Bonorino Peró, González Palazzo-

c. 6.871, SANABRIA, Miguel A.

Rta: 11/7/97.-

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ROBO. EN POBLADO Y EN BANDA: Agravante. Robo con violencia. Fuerza en las cosas.

            El robo en donde sólo hubo fuerza en las cosas -sin presencia del sujeto pasivo al tiempo de la comisión del hecho- es configurativo de la agravante banda, pues desde un punto de vista sistemático y teniendo en cuenta el bien protegido, aquélla se ha tipificado, habida cuenta del mayor peligro que suscita el número de personas intervinientes y con ello la menor defensa que tiene la víctima frente a la pluralidad de sujetos. La calificación se aplica tanto al robo con violencia, como con fuerza en las cosas. (*)

            No procede hacer tal distinción frente al tipo del art. 164, C.P., es que el propio legislador agravó el delito de daño cuando se comete en banda (art. 184, inc. 4°, C.P.), siendo que el daño para nada exige violencia sobre las personas para su tipificación.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Rivarola, Tozzini-

c. 45.452, HAEDO, Carlos O.

Rta: 18/7/97.-

Se citó: (*) Núñez, Ricardo, "Análisis de la ley 21.338", pág. 59; Laje Anaya, Justo J., "Comentarios al Código Penal", T. II, pág. 52; Tozzini, Carlos A., "Los delitos de hurto y robo", Ed. Depalma, pág. 318.

Nota: El presente fallo se ajusta a la doctrina sentada en el Fallo Plenario N° 218, "Cejas, Walter A.", rto: 18/11/97, publicado en Bol. Int. de Jurisp., Fallos Plenarios, 1983-1997, pág. 25.

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ROBO. EN POBLADO Y EN BANDA: Automotor dejado en la vía pública.

            Debe encuadrarse el accionar del encausado exclusivamente en la modalidad de robo en lugar poblado y en banda y no como robo con armas pues no se produjo el secuestro de ningún objeto en poder de aquél que revista estas características. (*)

            No procede encuadrarse la conducta del encausado en la de robo de automotor dejado en la vía pública, pues luego de la derogación de las normas que agravaban el desapoderamiento de un automotor, dec.-ley 6.582/58, éste puede ser estimado en la actualidad con diversas variantes e incluírselo en la figura más gravosa del art. 167, inc. 4° que remite al art. 163, inc. 6°, ambos del código sustantivo.

            El despojo del rodado fue producto del robo con violencia en la persona de su propietario, en tal sentido, el objeto del hecho ilícito no ha sido un automóvil "dejado en la vía pública o en lugares de acceso público" sino que se despojó a la víctima de tal bien a través de la violencia sobre su persona, que es inherente al tipo penal más el incremento intimidatorio que implica el haber sido llevado a cabo por tres personas y todo indica que los maleantes conocían de antemano la calidad de propietario del agredido, porque concurrieron al lugar determinados a llevarse el vehículo y ninguna otra cosa, lo que lograron desapoderando a su dueño de las llaves para abrirlo y ponerlo en marcha.

            Por otra parte, el art. 167, inc. 4°, se aplica a los vehículos que, por su expuesta situación de vulnerabilidad ante la falta de vigilancia por su propietario, merecen esta más grave calificación. (**)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert (en disidencia parcial), Escobar-

c. 7.057, TOLEDO, David A.

Rta: 10/7/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario N° 16, "Costas, Héctor y otro", rto: 15/10/86, publicado en Bol. Int. de Jurisp., Fallos Plenarios, 1983-1997, pág. 26. (**) C.N.Crim., Sala VI, c. 6.919, "Ríos, A.", rta: 8/7/97.

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SECUESTRO DE EFECTOS. NULIDAD: Orden de allanamiento. Exceso.

            Es nulo el secuestro de efectos que no estaban comprendidos en la orden de allanamiento, y en tal caso, si se sospechaba que aquéllos estaban vinculados con un hecho delictivo, debió el personal policial implantar una consigna en el lugar y solicitar una nueva orden de allanamiento.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola-

c. 7.157, RODHIO

Rta: 15/7/97.-

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SOBRESEIMIENTO. Derecho del imputado. No indagado por todos los hechos.

            La circunstancia de que el imputado no haya sido indagado por todos los hechos que se le atribuyeron en la causa, no obsta al dictado del sobreseimiento, toda vez que la imputación concreta contra persona individualizada determina la adquisición de la calidad de tal y por lo tanto, la viabilidad de su sobreseimiento, debiendo efectuarse la aclaración de que el auto dictado es con respecto a hechos concretos y no a calificaciones legales. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola-

c. 7.254, VILLAR, Rodolfo

Rta: 14/8/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 4.014, "Bober, Angel N.", rta: 12/2/96.

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SOBRESEIMIENTO. Imputado identificado.

            Toda vez que exista imputado individualizado corresponde sobreseer a su respecto en cualquier etapa de la instrucción, aun sin habérsele indagado previamente.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 6.886, ALCAIDE, Diego

Rta: 1/9/97.-

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SOBRESEIMIENTO. Procedencia: falta de declaración del imputado.

            Dentro del nuevo sistema de la ley 23.984 es aceptable dictar el sobreseimiento de una persona imputada aunque no haya declarado en autos, si el hecho no constituye delito, art. 336, inc. 3°, C.P.P.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Navarro, Ouviña, Piombo-

c. 5.538, TORRE, Hugo

Rta: 17/7/97.-

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SOBRESEIMIENTO. REVOCACION: Devolución de las actuaciones al juzgado. Derecho a recurrir del fallo.

            En el caso de que el Tribunal revoque el sobreseimiento dictado por el juez de grado y considere reunidos los extremos del art. 306 del código de rito respecto de los encausados, corresponde remitir las actuaciones al juzgado de origen con el objeto de no privar a las partes de una instancia, consagrando el derecho a recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 7.087, ARDITO, Claudio O.

Rta: 26/8/97.-

Se citó: (*) "Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica", art. 8, inc. h) (Garantías judiciales); C.S. de la Pcia. de Santa Fe, c. "Gervasoni, Turquina", rta: 28/9/94.

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SUSPENSION DE JUICIO A PRUEBA. Interpretación restrictiva.

            La restricción establecida en el último párrafo del art. 76 bis para la procedencia de la "probation", debe ser entendida en el sentido de que sólo alude a aquellos casos en que el delito considerado prevea exclusivamente pena de inhabilitación, art. 260, 1° parte, C.P., posibilitando su otorgamiento cuando la inhabilitación esté prevista como pena conjunta (ej: arts. 84 y 94, C.P., entre otros). La interpretación acotada, pondría en crisis el principio de igualdad consagrado por el art. 16, C.N., máxime cuando el marco de aplicación de la norma está primordialmente delimitado por el monto de pena privativa de libertad que merezca el imputado, subordinándolo a la posibilidad de una eventual condena condicional. La negativa del Ministerio Fiscal no resulta vinculante para el tribunal.

            En el particular en que las penas de inhabilitación están establecidas por la ley sustantiva como pena conjunta, la finalidad última es también la recuperación y reeducación del sujeto. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -Elbert, Escobar, González (en disidencia)-

c. 28.010, FRATTINI, Norberto J.

Rta: 30/9/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 6.345, "Canil, Gonzalo", rta: 22/5/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/97, pág. 79; c. 27.102, "Ortiz, Jorge H.", rta: 13/6/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 116.

Disidencia del Dr. González: Cuando el art. 76 bis, C.P. se refiere a la improcedencia del instituto que nos ocupa en los supuestos de delitos reprimidos con pena de inhabilitación, debe entenderse que involucra a todos aquellos casos en los que está presente esa especie de pena, sin distinguir su carácter de principal, conjunta o alternativa. (**)

Se citó: (**) Cám. Nac. de Casación Penal, Sala I, c. 518, "Asenjo, C. M.", rta: 17/10/95; C.N.Crim., Sala VI, c. 6.345, "Canil, Gonzalo", rta: 22/5/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/97, pág. 79.

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SUSPENSION DE JUICIO A PRUEBA. Oposición del fiscal.

            La oposición del fiscal a la suspensión de juicio a prueba veda la posibilidad de hacer lugar al mismo, pues el consentimiento -obviamente razonado y fundado- del Ministerio Público para la procedencia de dicho instituto está exigido expresamente como condición necesaria en el art. 76 bis, párrafo cuarto, del Código Penal. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola-

c. 7.215, LEIVA, Argentino H.

Rta: 18/7/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 44.764, "Fernández, César A.", rta: 5/3/96; Sala VII, c. 26.629, "Bogado, Juan E.", rta: 8/8/94 y T.O. N° 15, c. 123, "González, Julián", rta: 3/11/94.

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USURPACION. a) Disposición material del inmueble por el propietario. b) Valor probatorio de la declaración de autoridad policial.

            a) Incurre en el delito de usurpación en grado de tentativa quien mediante la utilización de un corta fierro y una maza, logra ingresar a un inmueble, que se encontraba desocupado para su venta y perfectamente cerrado con llave por su propietario, con el propósito de ocuparlo, pues, toda vez que aquél, aunque no lo habite, mantiene la disposición material del mismo, conservando la llave y entrando al mismo cuando lo crea necesario. (*)

            b) La declaración del oficial de la Policía Federal, no puede ser utilizada como prueba de cargo. (**)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Filozof, Bonorino Peró, González Palazzo-

c. 34.173, ROMERO, Daniel A.

Rta: 18/7/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, "Piñero, Alex", rta: 14/7/64, en L.L. 117-1965, pág. 380; D.J.A., N° 2011, 18/8/64, fallo 8.997, citado por Núñez, Ricardo, "Tratado de Derecho Penal", Marcos Lerner Editora, Córdoba, 1989, T. IV, pág. 480. (**) C.N.Crim., Sala V, c. 32.716, "Lobo, J. J.", rta: 12/9/94.

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VIOLACION DE SECRETOS. SUSTRACCION DE TARJETA DE CREDITO: Configuración. Estafa. Concurso real.

            Incurre en sustracción de correspondencia en concurso real con estafa reiterada, el empleado postal de la firma "OCASA", que sustrajo diversas tarjetas de crédito pertenecientes a la firma "Visa Argentina", fraguando los datos de identidad, las firmas en las planillas de control y los recibos de entrega de tarjetas de sus respectivos usuarios; y mediante un previo acuerdo monetario las entregó a sus coprocesados siendo luego utilizadas ilegítimamente generando obligaciones crediticias que fueron afrontadas por las empresas emisoras con el consecuente perjuicio económico para ellas. La sustracción de las tarjetas de crédito que fueran dadas por la empresa de correos a su dependiente para que éste las entregara a los respectivos titulares o usuarios, se subsume en la figura de sustracción de correspondencia, art. 154, C.P. y los extremos típicos de esta figura especial se encuentran presentes al revestir el procesado la cualidad de empleado de correo que, a través de su abusivo comportamiento, se apoderó de la correspondencia que a él se le confió y de las tarjetas referidas, concretando de esta forma el ilícito propósito de entregarlas a terceros. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola, Donna-

c. 45.463, ROSALES, Carlos A.

Rta: 7/7/97.-

Se citó: (*) Núñez, Ricardo, "Derecho Penal Argentino", Parte Especial, T. V, Bibliográfica Argentina, Bs. As., 1967, pág. 104.

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VISTA DE LAS ACTUACIONES. Derecho del abogado defensor aun antes de aceptar el cargo.

            Habiendo sido la imputada convocada para prestar declaración indagatoria, sin que exista secreto sumarial implantado, corresponde autorizar a su letrado aun antes de asumir el cargo, a confrontar las actuaciones. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Ouviña, Piombo-

c. 7.250, LAZAMARES, Vilma

Rta: 18/9/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 1.399, "Bejm, Pablo J.", rta: 7/3/94; c. 1.076, "Speroni, Alejandro", rta: 11/11/93.

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ABUSO DESHONESTO. Prueba.

            Como en esta clase de delito es casi imposible la obtención de testigos directos del suceso, aunque en el caso en estudio se cuenta sólo con el testimonio de la madre de la menor, el cual resulta creíble y susceptible de ser valorado en tal sentido, sumado al de la víctima, quien profirió un detallado relato de lo acontecido, debe por lo tanto el juzgador basarse en ellos, toda vez que no surge del sumario que las nombradas hayan atribuido falazmente al imputado la comisión del ilícito narrado.

            Conforme a tal criterio se expidió la Corte Suprema argumentando que "la prueba de los delitos contra la honestidad resulta de difícil recolección, por lo que habrá que valorar las pruebas teniendo en cuenta cada uno de los aspectos relevantes de la instrucción para arribar a un fallo definitivo que sea comprensivo y abarcador de los elementos de juicio recolectados". (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 45.712, ROJAS SANABRIA, Raúl

Rta: 18/12/97.-

Se citó: (*) C.S.J.N., V 120 XXX, "Vera Rojas, Rolando s/ delito de violación", rta: 15/7/97, en L.L. 1997-F-25.

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ACCION PENAL. Acción pública. No disponibilidad por parte del damnificado.

            La circunstancia que los damnificados hayan manifestado, al concurrir al juzgado, su desinterés en que se continúe sustanciando el sumario, no puede motivar el sobreseimiento de los imputados. La acción pública no es disponible por el damnificado.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini-

c. 7.758. RUIZ, Dante

Rta: 27/10/97.-

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ACUSACION. Requisitos del Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional. Nulidad.

            Es nula la acusación carente de relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos (art. 138, inc. "a", R.J.C.C) y de valoración de la culpabilidad pues viola el principio de la defensa en juicio, tanto que haya sido efectuada por fiscal o querellante. (*)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Filozof, González Palazzo, Navarro-

c. 34.227, LOPEZ, Carlos

Rta: 27/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim. Sala IV, c. "Pérez, H.", rta: 8/2/77, en J.P.B.A. 35:457; Seyahian, José A.-Daray, Roberto R.-Rodríguez, Alejandro A., "Código de Procedimientos en Materia Penal", T. IV, págs. 11 y ss., y sus citas: C.N.Crim., Sala III, c. 1.286, "Cermesoni, A.", rta: 10/7/62; C.N.Crim., Sala VI, c. 3.434, "Rigirozzi, C. E.", rta: 11/4/78.

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ALLANAMIENTO. Sin orden escrita.

            Si la policía intervino a raíz de un llamado telefónico de la damnificada, quien era amenazada con un arma blanca por su concubino, la situación de riesgo concreto que podía implicar la actitud del imputado, sumada al consentimiento para ingresar a la finca prestado por la víctima que habitaba en el lugar, habilitan la actuación policial sin previa orden escrita, puesto que la espera de conseguir dicha orden resultaría inconciliable con la seguridad de terceros e incluso del propio encausado, si se tienen en cuenta las condiciones en las que se encontraría al momento de su detención. (*)

            Tal situación es compatible con el art. 277, inc. 4º, C.P.P.

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Valdovinos-

c. 7.677, NAVARRO, Oscar

Rta: 4/11/97.-

Se citó: (*) T.O. Nº 2, c. 130, "Salto, Ismael", rta: 30/7/93, publicado en Bol. Int. de Jurisp., Entrega Especial N° 7, pág. 16.

ARCHIVO. DE ACTUACIONES: Personas imputadas individualizadas. Improce-dencia.

            Existiendo personas imputadas de un delito, perfectamente individualizadas, no procede disponer el archivo de las actuaciones, y sólo cabe definir su situación procesal por sobreseimiento, procesamiento o falta de mérito o, en el inicio, desestimando por falta de delito. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int) -Tozzini, Rivarola, Donna (en disidencia)-

c. 7.653, MORENO, Susana

Rta: 16/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 2.515, "González, Pablo", rta: 24/2/95 y c. 3.567, "Oppen, Arturo E.", rta: 18/10/95.

Disidencia del Dr. Donna: Si el agente fiscal no formuló requerimiento de instrucción pues solicitó el archivo de las actuaciones, en atención a los resultados de los informes periciales, corresponde desestimar por inexistencia de delito, art. 180, 3° párrafo, C.P.P.

            Al no existir acción penal no puede dictarse, el sobreseimiento, habida cuenta que no existe una imputación formal en la causa.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala I, c. 7.898, "Gheringuelli, Marcelo", rta: 10/11/97.

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ASOCIACION ILICITA. Receptación en varias ocasiones de mercadería robada.

            No corresponde incriminar al autor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado por la habitualidad dentro de la asociación ilícita en que incurrieran los autores del robo de la mercadería por aquél receptada pues, para constatar la existencia de tal ilícito, tanto la jurisprudencia como la doctrina en general demandan la comprobación del acuerdo de voluntades imperante al respecto entre quienes se asociaran para ello sin dejar duda o vacilación sobre el propósito que los anidara.

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 21.736, EQUITANTI, Jorge R. y otros

Rta: 5/11/97.-

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COMPETENCIA. CRIMINAL: Por la materia. Amenazas.

            Si bien se ha sostenido la competencia del fuero federal en los supuestos "prima facie" encuadrables en el art. 149 ter, C.P., la C.S.J.N. a través de reiteradas decisiones ha dispuesto que entienda el fuero ordinario en aquellos casos en que no resulte afectada "...directa o indirectamente la seguridad del Estado...". Siendo la C.S.J.N. último intérprete normativo y aun cuando sus fallos no resultan vinculantes, con el fin de evitar el dispendio jurisdiccional corresponde adaptar el criterio a los precedentes mencionados, por lo que debe seguir interviniendo el Juzgado de Instrucción. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert-

c. 7.728, MONACHESI, A.

Rta: 13/11/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 1.689, "Alvan, M.", rta: 16/6/94; c. 6.890, "Monachesi, A.", rta: 19/6/97; C.S.J.N., C 65 XXVIII, "Coghlan, Antonio R. s/ denuncia", rta: 7/2/95, Fallos 318:53.

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COMPETENCIA. CRIMINAL: Por la materia. Falsificación de documento.

            La falsificación de la firma en el acta de reconocimiento de un hijo y en la solicitud de inscripción de su nombre, obrantes en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, de esta ciudad, debe ser investigada por la justicia ordinaria de la Capital Federal, al haber sido aquéllos emitidos por autoridades locales.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 8.054. PIÑEIRO, Cecilia

Rta: 27/11/97.-

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COMPETENCIA. CRIMINAL: Por la materia. FEDERAL: Incompetencia.

            Si el ilícito atribuido al funcionario federal no está relacionado con su función, no corresponde la intervención de la justicia de excepción. (*)

            En el caso el ilícito se habría cometido al colaborar personal de la Policía Aeronáutica Nacional en la comprobación de infracciones de carácter municipal, de manera que no ejercía funciones federales específicas.

            Corresponde, por lo tanto, que siga interviniendo la justicia de instrucción.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.540, PERSONAL DE LA POLICIA AERONAUTICA

Rta: 7/10/97.-

Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos 305:1358.

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COMPETENCIA. CRIMINAL: Por la materia. Servicio de correspondencia.

            El permiso estatal a empresas particulares para el servicio de correspondencia no las coloca en una órbita de excepción, por tratarse justamente de una actividad privada en la que, de cometerse un hecho que violente o estorbe la correspondencia, no se pone en peligro ningún interés nacional, no se afectan las rentas del Estado, ni tampoco aparece comprometido ningún funcionario público; por lo que corresponde intervenir a la justicia de instrucción y no a la federal. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 7.663. TITTARELLI, Marcelo

Rta: 2/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 38.331, "De León, Oscar", rta: 21/2/91, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/91, pág. 4; C.S.J.N, 958 XXIII, "Martínez, Gustavo Fabián s/robo calificado", rta: 25/2/92, Fallos 315:84 y C.S.J.N, 584 XXXII, "Núñez, Claudio Alejandro s/ denuncia robo", rta: 29/10/96.

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COMPETENCIA. FEDERAL: Por la materia. Sustracción de correspondencia.

            Si bien con anterioridad esta Sala sustentó la competencia federal que se hacía extensiva aun a los supuestos de sustracción de correspondencia cuando una empresa privada era la prestataria del servicio, ha modificado su criterio a partir de los fallos dictados sobre el particular por la C.S.J.N. a fin de evitar el dispendio jurisdiccional la calidad de último intérprete normativo del Alto Tribunal. Por ello, debe intervenir la Justicia federal respecto de la correspondencia que habría sido sustraída y despachada por intermedio del Correo Argentino, empresa con participación estatal mayoritaria. (*)

C.N.Crim., Sala VI (Int.) -González, Elbert-

c. 7.822, ROMAY, Manuel

Rta: 13/11/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 6.701, "Pallini, M.", rta: 22/5/97; Sala VI, c. 2.936, "Lafranchi, C.", rta: 4/5/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 68; Sala VI, c. 6.897, "Severo, Bruno", rta: 12/6/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/97, pág. 43; C.S.J.N., C 584 XXXII, "Núñez, C. A.", rta: 29/10/96; Cám. Nac. de Casación Penal, Sala IV, c. 552, "Esteiro, L. R.", rta: 22/4/97; D’Albora, Francisco J., "Código Procesal Penal de la Nación", pág. 60, comentario al art. 33, inc. c) y lo allí citado.

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CONSTITUCION NACIONAL. Art. 120. FISCAL. Función: defensa de la legalidad y de los intereses sociales. DEFENSA EN JUICIO. Tribunales diferenciados de la Cámara de Apelaciones para el juzgamiento de la acusación, como garantía constitucional. IMPUTADO. Derecho a producir y controlar pruebas y formular conclusiones finales.

            Debe afirmarse la constitucionalidad del art. 348, C.P.P., "...pues del propio texto del art. 120, C.N. surge que la función asignada al Ministerio Público en el sentido de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, no debe ser ejercida por los fiscales con carácter excluyente, sino en coordinación con las demás autoridades de la República, entre las cuales se encuentran tanto el juez de instrucción como la Cámara de Apelaciones...".

 

            Por otro lado, el mérito de la acusación debe ser oportunamente juzgado por tribunales diferenciados de la mencionada Cámara, lo cual, unido a la posibilidad que tiene el imputado, durante el debate, de producir y controlar la prueba propuesta, así como de formular sus conclusiones finales, descartan toda posible lesión a la garantía constitucional de la defensa en juicio.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna (en disidencia)-

c. 8.282, LAGO, Carlos

Rta: 26/12/97.-

Disidencia del Dr. Donna: El procedimiento de consulta, contemplado en el art. 348, C.P.P., es inconstitucional, toda vez que tal mecanismo establece un sistema por el cual un órgano jurisdiccional ordena al Ministerio Público Fiscal el impulso de la acción penal, lo cual resulta contrario al art. 120, C.N.; norma que, por una parte, sin duda alguna, otorga a ese ministerio el carácter de autónomo, y por otra, tal procedimiento interferiría con el papel acusador que se erige en forma exclusiva en cabeza del Ministerio Público.

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CULPA. Deber de cuidado.

            El encargado de la obra y el operario que la efectuaba violaron el deber de cuidado al colocar la valla de contención tras la caída de la víctima al pozo.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro-

c. 7.268, NACARATO, Alberico y otro

Rta: 20/10/97.-

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DAMNIFICADO. Derecho a ser informado.

            La víctima de un delito tiene derecho a ser informada sobre el estado de la causa y la situación del imputado, tal como lo establece el art. 80, inc. b), C.P.P.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini-

c. 7.779, NOGUES, Julio

Rta: 31/10/97.-

DAÑO. CALIFICADO: Poda de árboles. COMPETENCIA: Juez de instrucción. Declinación de competencia por parte del juzgado correccional.

            Constituye el delito de daño calificado, art. 184, inc. 5°, C.P., la poda de árboles situados en la vía pública sin la correspondiente autorización del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en razón de la naturaleza de bienes de uso público que estos revisten por su ubicación, por lo que debe continuar la investigación el juzgado de instrucción.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Rivarola-

c. 7.690, SOSA, Rubén

Rta: 8/10/97.-

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DECLARACION ESPONTANEA. a) Confesión prestada ante autoridad de prevención. b) Ausencia de la firma del funcionario policial. c) No constituye medio de prueba. d) Exclusión de la prueba obtenida ilegalmente.

            a) Los dichos del procesado que a tenor de su contenido, corresponde otorgarle significación autoincriminante, en flagrante violación a lo prescripto en el inc. 1°, art. 316, C.P.P, de acuerdo al agregado introducido por la ley 23.465, en cuanto establece que "la confesión prestada ante la autoridad de prevención carecerá de valor probatorio y no podrá ser usada en la causa".

            Es, pues, un defecto insubsanable por afectar principio de raigambre constitucional, como se trata del debido proceso legal y de la defensa en juicio (art. 18, C.N).

            b) La ausencia de la firma del funcionario policial al pie del acta que protocolizó su pretendido "testimonio", defecto que le priva de todo valor probatorio, confirma la irregular actividad prevencional.

            c) La imposibilidad de valerse como medio de prueba de las declaraciones "espontáneas" que se prestan en sede policial, por resultar nulas, ha sido criterio prácticamente unívoco de nuestros tribunales. (*)

            d) La exclusión de la prueba obtenida ilegalmente con desconocimiento de las garantías constitucionales, y de la que resulte una derivación necesaria de aquélla, conforma un principio sentado por la práctica jurisprudencial en numerosos precedentes. (**)

 

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Escobar, Elbert, González-

c. 27.956, BRUGORELLO, Miguel y otros

Rta: 21/10/97.-

Se citó: (*) C.S.J.N., "Quezada, Juan José", Fallos 185:75 y en J.A. 1968-IV-442; C.N.Crim. Fed., Sala II, "Calatayud Lizarazu, V.", rta: 8/10/92, en J.A 1995-III, Indice, pág. 195; C.N.Crim., Sala VII, c. 7.353, "Dutruel, Rodolfo", rta: 22/12/86, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/86, pág. 1.352. (**) C.S.J.N., "Gordon, Aníbal y otro", rta: 4/10/88, Fallos 311:2045; C.S.J.N, D 380 XXIII, "Daray, Carlos A.", rta: 22/12/94, Fallos 317:1985; C.S.J.N, G 242 XXIV, "García D’Auro, Ramiro E.", rta: 10/8/95, Fallos 315:1920; C.S.J.N, "Charles Hnos. y otros", rta: 5/9/81, Fallos 46:36; C.S.J.N, "Fiorentino, Diego", rta: 27/12/84, Fallos 306:1752; C.S.J.N, "Rayfor, Reginald y otros", Fallos 308:733; C.S.J.N., F 477 XIX, "Francomano, Alberto J. y otros", rta: 19/11/87, Fallos 310:2402 y en L.L. 1988-B-454; C.N.Crim. Fed. La Plata, Sala Penal III, c. 14.470, "Ezcurra Varela, Guillermo F.", rta: 30/12/93, en J.A. l994-IV-372; C.N.Crim. Fed., Sala II, "Rodríguez de Palmieri, Mabel", rta: 10/7/86, en J.A. 1987-II-525.

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DECLARACION INDAGATORIA. Nulidad. Efectos de la invalidez.

            Corresponde invalidar la indagatoria cuando no consta que se le hubiese advertido al imputado de los derechos que le asisten y su comprensión de las garantías que rodean ese acto. (*)

            Los efectos que produce la declaración de invalidez tiñen de írritos los actos procesales cumplidos con posterioridad -auto de prisión preventiva, de cierre del sumario, y de la acusación- que necesariamente producen, cumplidas irregularmente todas las etapas del procedimiento, la emisión de un pronunciamiento absolutorio.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Escobar, Elbert, González (en disidencia)-

c. 27.943, DE LELLIS, Gabriel F.

Rta: 18/11/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim, Sala VI, c. 27.717, "Auet, Alfredo y Ciciola, Humberto R.", rta: 13/3/97; Sala VI, c. 27.898, "Ceccati, Julio C.", rta: 18/7/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 90.

Disidencia del Dr. González: No corresponde que se arribe a una solución liberatoria acarreada por la nulidad de la declaración indagatoria del procesado. En los casos donde se advierten nulidades manifiestas en el procedimiento, si bien coincido en que se proceda a la nulificación de los actos viciados por haberse violado garantías constitucionales, no ocurre lo mismo con la absolución postulada ya que, según mi criterio, corresponde que la causa vuelva al Juzgado de Instrucción originario para que se le reciba una nueva declaración del mismo tenor, subsanándose así los defectos que presenta el acto impugnado, máxime cuando no se vislumbre "prima facie", que la acción penal se halle extinguida.

            Estimo que no pueden considerarse precluidas las distintas etapas que fueran superadas, ni los actos procesales ya cumplidos, porque ello sólo procede cuando no existen supuestos de nulidad. (**)

Se citó: (**) C.N.Crim, Sala VI, c. 27.717, "Auet, Alfredo y Ciciola, Humberto R.", rta: 13/3/97; c. 27.963, "Turano, Eduardo A.", rta: y C.S.J.N., "Mattei, Angel", rta: 29/11/68, Fallos 272:188 y en L.L. 133:414.

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DECLARACION INFORMATIVA. Nulidad. Relevación del juramento prestado por el procesado. Garantía de la defensa en juicio. Declaración de absolución. Improcedencia de la devolución de las actuaciones al juzgado originario para volver a tramitarlas a partir de una nueva declaración que se le recepcionaría al encartado.

            Corresponde declarar la nulidad de la declaración informativa, de quién primero fue denunciante, luego imputado no procesado y finalmente procesado, sin que fuera relevado del juramento primigenio, lo cual se encuentra vedado expresamente por el art. 18, C.N.

            No corresponde la devolución de las actuaciones al juez de instrucción para que vuelvan a tramitarse los autos a partir de una nueva declaración al encartado, pues atenta contra todo principio garantizador retrotraer el proceso hacia una etapa absolutamente precluida por el desarrollo completo del plenario. Ello importaría quebrantar los principios de progresividad y preclusión, cuyos fundamentos responden a la seguridad jurídica y a la celeridad en los procesos que impone evitar además la actividad jurisdiccional dispendiosa o inútil, para concretar el principio constitucional de una justicia pronta y sin dilaciones indebidas.

 

            Asimismo el retroceso a una etapa procesal superada importa también incurrir en uno de los supuestos mediante los cuales se vulnera el principio de raigambre constitucional que veda el doble juzgamiento, toda vez que somete nuevamente al justiciable a una investigación por hechos idénticos a los que fueron objeto de pesquisa con anterioridad, siendo, que ningún ciudadano tiene por qué pagar injusto tributo por los errores cometidos por los encargados de administrar justicia y de los que ha sido extraño. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Def). -González (disidencia parcial), Escobar, Elbert-

c. 27.972, BIANCHI, Guillermo O.

Rta: 9/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 42.395, "Zelmanovich, Isaac y otros", rta: 24/6/93, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/93, pág. 49; C.N.Crim., Sala IV, c. 33.493, "Frías, Roque", rta: 9/2/88; C.N.Crim., Sala IV, c. 35.271, "Berón, Abel A", rta: 29/11/88, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/88, pág. 12; C.N.Crim., Sala VI, c. 27.898, "Cecatti, Julio César", rta: 18/7/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 90; C.N.Crim., Sala VI, c. 27.774, "Acuña Ortiz, Omar", rta: 23/12/96; C.N.Crim., Sala VI, c. 27.717, "Auet, Alfredo A. y otro", rta: 13/3/97; C.S.J.N, Fallos 272: 188, 302; 302:299; 310:937; C.S.J.N, "Mattei, Angel", Fallos 272:188 y en: L.L. 133:414.

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DEFENSOR. Entrevista previa. Renuncia a la misma.

            Anoticiado el imputado del derecho del art. 295, C.P.P. pudo renunciar a él sin que ella afecte la validez del acto.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 7.575, PICIRILLO, Daniel O.

Rta: 31/10/97.-

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Cadena de delitos.

            Si bien la acción típica del delito de administración fraudulenta puede consistir en una cadena de ilicitudes inspiradas en un único propósito delictivo y que en tal hipótesis la pluralidad episódica no multiplica el delito, también es posible que el administrador infiel incurra en conductas escindibles obedeciendo a determinaciones independientes que originan distintas figuras delictivas. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.990, FERNANDEZ, Luis

Rta: 5/12/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 29.683, "Caillon, M.", rta. 12/9/85, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/85, pág. 166.

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Consideración a la totalidad de la gestión como única e inescindible. Absorción de los distintos fraudes por la administración total.

            En la infracción al art. 173, inc. 7°, C.P., se tiene en mira la totalidad de la gestión de los mandatarios en el manejo del patrimonio ajeno; accionar que no puede confundirse con los diferentes fraudes que se puedan haber cometido, aunque ellos estén dirigidos sobre los bienes administrados. Los distintos delitos que se perpetran para consumar la administración fraudulenta son absorbidos por ésta, por lo que no cabe tomarlos como sucesos independientes. Los episodios infieles no implican reiteración, no multiplican el delito, que sigue siendo único e inescindible.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 7.922, CONDOMI ALCORTA, Roberto

Rta: 28/11/97.-

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Requisitos.

            La figura de la administración fraudulenta requiere, como condición típica, el propósito de lucro o daño en la conducta del sujeto activo, de manera que si esta finalidad no es acreditada, la gestión administrativa no es pasible de encuadre penal aunque esté signada por la ineficiencia, la desprolijidad y el desorden contable. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.991, CAPRIA, Bruno

Rta: 19/12/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 29.683, "Caillon, Miguel", rta: 12/9/85, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/85, pág. 166.

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Requisitos. Boletas falsificadas. Cambio de calificación. ESTAFA: No configuración.

            El delito de estafa requiere para su configuración la presencia de un ardid o engaño previo al despojo patrimonial. Ello no ocurrió cuando el imputado recibió el dinero de su empleadora sin engaño, para que lo destinara al pago de impuestos y luego rindiera cuentas. Al apropiarse de lo percibido, el imputado incurrió en el acto de infidelidad que tipifica el delito de administración fraudulenta, pues medió fin de lucro y hubo perjuicio patrimonial.

            Por otra parte, al presentar después para ocultar su acción boletas falsificadas, no sumó material ni idealmente un nuevo delito, pues los documentos fraguados resultaban inhábiles para ocasionar otro perjuicio. (*)

            El cambio de calificación en nada agravia a las partes cuando no hay mutación del hecho ilícito en sus elementos materiales o psíquicos por otros distintos o más graves que modifiquen el objeto procesal.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Valdovinos, Navarro, Barbarosch-

c. 7.943, NOBILI, Guillermo y otro

Rta: 12/12/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala III, c. 9.294, "Benitez, Horacio A.", rta: 2/8/77, publicada en Bol. Int. de Jurisp. V-1978, pág. 52; Sala I, c. 14.283, rta: 22/12/72, publicada en Bol. Int. de Jurisp. 1973-I; Sala IV, c. 30.527, "Lami, H.", rta: 12/11/85; C.N.Crim., Sala IV, c. 40.947, "Pérez, Domingo A.", rta: 5/5/92, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/92, pág. 86.

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DEFRAUDACION. ESTAFA: Entrega de dinero como adelanto de locación de un inmueble.

            Incurre en el delito de estafa y no de defraudación por retención indebida quien recibe dinero como adelanto de locación de un departamento anunciado mediante una publicación periodística y en el acto de instrumentarlo presenta a la damnificada un contrato de comodato ya redactado para la firma induciendo a error a aquélla simulando que iba a locar el departamento y de esa manera recibir la seña para luego alterar la naturaleza jurídica del convenio causándole un perjuicio patrimonial que resultó del ardid desplegado.

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Ouviña, Bonorino Peró-

c. 21.796, MONSO, Patricio

Rta: 25/11/97.-

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DEFRAUDACION. ESTAFA: a) Requisitos. Torpeza de la víctima. b) Falsedad ideológica en instrumentos privados. Formularios del banco para obtener una cuenta con datos falsos.

            a) Es sabido que el delito de estafa requiere para su consumación el despliegue de una maquinación idónea para provocar en el sujeto pasivo un error determinante de su contraprestación, situación que no se da si el presunto damnificado actuó con desidia al no verificar la documentación utilizada. Para que exista verdadera relación de causalidad entre el engaño y el error producido en la víctima, es preciso que este error no derive de la propia torpeza, es decir, que no provenga de una negligencia culpable. (*)

            b) Respecto de quien, para obtener engañosamente una cuenta en la institución bancaria haciendo figurar en los formularios los datos del padre como propios, con perjuicio patrimonial para el banco, puesto que la documentación fue suscrita por el imputado con firma auténtica, su contenido es inaccesible al reproche penal, porque la falsificación ideológica en instrumentos privados sólo es punible en los supuestos expresamente previstos por la ley, como ser, el certificado médico penado en el art. 295, C.P.

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Navarro, Barbarosch-

c. 45.664, MARIN, José A.

Rta: 9/12/97.-

Se citó: (*) Romero, Gladys, "Los elementos del tipo de estafa", pág. 173.

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DEFRAUDACION. ESTAFA PROCESAL: Configuración. Documento presentado por el deudor.

            Para que se pueda configurar el delito de estafa procesal es necesario que estén también presentes los requisitos propios de tal figura, esto es, fraude, inducción a error mediante aquél, y disposición patrimonial perjudicial a consecuencia directa de los dos primeros; requisitos que se dan cuando es el actor quien inicia un juicio con documentación falsa, y no, en cambio, cuando es el deudor quien lo aporta como argumento defensivo, en procura de enervar una deuda preexistente. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini-

c. 7.750, LA ROSA, Jorge y otros

Rta: 22/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 44.525, "Guezugutchikian, Esteban", rta: 30/10/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/95, pág. 177.

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DEFRAUDACION. ESTAFA PROCESAL: No configuración.

            La causa por presunta estafa procesal debe ser desestimada toda vez que no se advierte en el caso la presentación en el expediente civil de parte de los imputados de documentación supuestamente apócrifa en el referido proceso, sino que de sus constancias se desprendería en principio la existencia de una oposición a los términos de la demanda allí instaurada, que la contraparte denuncia como errónea o falaz, extremos que constituirían materia de controversia a dilucidar en dicho expediente a través de los medios procesales pertinentes.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) - Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.969, ZOSSO, Juan A.

Rta: 12/12/97.-

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DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA: Lugar de consumación del delito. COMPETENCIA.

            El delito de defraudación por retención indebida se consuma donde la cosa debe ser restituida. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Rivarola-

c. 7.460, DEL TRECO, Alfredo

Rta: 7/10/97.-

Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos 314: 477 y 786; 313:163 y 1416.

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DENUNCIA. Efectuada a través de fax anónimo. Validez

            La denuncia anónima en nada altera la posibilidad de hacer llegar la novedad a las autoridades, para que se investigue la comisión de un hecho delictual conforme el art. 174, C.P.P., por lo que no corresponde el archivo de las actuaciones. (*)

C.N.Crim., Sala I (Int) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 8.176, HERMES PHONE

Rta: 30/12/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 3.965, "Nobleza Picardo", rta: 24/4/96.

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DETENCION. Procedencia cuando existe el requisito legal que el Código estatuye para los actos procesales de mayor entidad. NULIDAD: Improcedencia cuando el detenido portaba un documento de identidad adulterado.

            Resulta improcedente el planteo de nulidad de las actuaciones efectuado por la defensa con respecto a la detención de su defendido, si la tal detención se produjo a raíz de que éste portaba un documento de identidad adulterado, ante lo cual el personal policial cumplió con su específica función prevencional. Como dijo la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal (*), si para condenar es indispensable la certeza, y para el dictado de la prisión preventiva alcanza con la semiplena prueba, parece correcto afirmar que, para la mera detención o requisa es suficiente el requisito legal que el código estatuye para los actos procesales de mayor entidad.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola-

c. 8.083, MIRANDA, Julio

Rta: 5/12/97.-

Se citó: (*) Cám. Nac. de Casación Penal, Sala III, c. "Romero Saucedo, Carlos A.", rta: 3/3/95, en J.A. 1995-III-553.

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DOCUMENTO PUBLICO. Licencia de conducir.

            La licencia de conducir es un documento público pues revisten tal calidad no sólo aquellos actos que menciona el art. 979, Cód. Civil, sino también las constancias extendidas por los funcionarios legalmente facultados en la forma solemne o no, que las leyes -entendidas éstas en sentido material- o su reglamentación exigen o admiten, siempre que presenten los signos de autenticidad que les corresponden en cada caso. (*)

            Toda vez que el procesado aportó su propio retrato fotográfico para la confección del documento público apócrifo, su conducta encuadra en el delito de falsificación contenida en el art. 292, C.P., en calidad de partícipe necesario, al prestar una colaboración indispensable para su ejecución. (**)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -González Palazzo, Filozof, Navarro-

c. 34.226, ALVARADO, Diego D.

Rta: 10/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 25.230, "Morrone, Luis A. y otros", rta: 15/10/93, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/93, pág 114. (**) C.N.Crim., Sala V, c. 34.053, "Carranza, Liliana R.", rta: 21/8/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 104.

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DOCUMENTO PUBLICO. Requisitos. Permiso de venta ambulante. ESTAFA PROCESAL. Presentación de documentos falsos junto al petitorio de amparo.

            El documento público propio de la tipicidad del art. 292, C.P. ha de revestir las condiciones que el Cód. Civil exige para este tipo de instrumentos en su art. 979, sin que corresponda extender la protección a aquéllos cuyos requisitos se derivan de una ley en sentido material y no de una de orden formal, es decir, emanada del Congreso Nacional o Provincial. (*)

            El permiso de venta ambulante, por tratarse de un documento emanado de un funcionario municipal, es de naturaleza ajena a la de los instrumentos que las partes de una determinada relación jurídica particular extienden, con los alcances previstos en el Título V del Libro II, Sección II, Cód. Civil.

            No debe entenderse que la clase de documentos privados tiene un sentido residual, complementario de la de los públicos, que permitiera incluir entre aquéllos todos los que no pertenezcan a éstos.

            Configura el delito de estafa procesal, la presentación de permisos falsos de venta ambulante junto al recurso de amparo con la solicitud de no innovar ante el Juzgado en lo contencioso administrativo, como parte integrante y fundamental del ardid desplegado para llevar a error al juez actuante.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Ouviña, Piombo-

c. 7.484, CRUZ, Ana M. y otros

Rta: 4/11/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 21.192, "Chambi Montes, Jacinto", rta: 26/2/96, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/96, pág. 24; Sala VII, c. 21.027, "Torre, L.", rta: 2/2/96.

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ENCUBRIMIENTO. Relación de alternatividad.

            La relación de alternatividad existente entre sustracción y encubrimiento impide el sobreseimiento por una de las posibles calificaciones legales, tal como se dispone en el auto recurrido, pues ello implicaría escindir el objeto procesal. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.841, QUISPE, Román G.

Rta: 11/12/97.-

Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos 312:1624 y 1896.

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ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS. a) Utilización de información o datos de carácter reservado. b) Reiteración. Hechos independientes.

            a) Es autor penalmente responsable del delito de utilización de información o datos de carácter reservado quien en su condición de inspector de la Dirección de Industria y Comercio de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires utilizó, con propósito de lucro, el conocimiento de cuestiones de la órbita municipal relativas a presuntas infracciones en las que se hallarían inmuebles de distintas firmas, ofreciéndose a solucionar los problemas de los inspeccionados.

            b) La hipótesis típica, conforme a la redacción que le diera el legislador a la norma del art. 268 (1), C.P., no da lugar para pensar que el verbo "utilizar" empleado en la enunciación encierre multiplicidad de comportamientos. Cada aprovechamiento de un dato o información reservada importa un hecho independiente e inescindible, nada existe en el enunciado normativo que nos alcance una pauta de mensuración, y menos aún la descripción legal nos permite aventurar supuestos de tal naturaleza por lo que la acción típica fue reiterada, en tres oportunidades, en tanto los conocimientos que se aprovechaban correspondían a tres empresas diferentes.

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Bonorino Peró, Ouviña-

c. 21.791, RODRIGUEZ, Ariel

Rta: 25/11/97.-

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EXCARCELACION. Denegatoria. Autos de procesamiento y prisión preventiva.

            El rechazo de la excarcelación del imputado impone necesariamente, el dictado del auto de procesamiento y prisión preventiva dentro del término de diez días que fija el art. 306, C.P.P.

            El juez de grado denegó la excarcelación del imputado y al día siguiente se declaró incompetente sin dictar auto de procesamiento y prisión preventiva.

            Tal situación implica la subsistencia de un encarcelamiento ilegal que admite subsanarse en la alzada (*).         Como no puede descartarse la condena de ejecución condicional al imputado, se revoca la resolución impugnada y se concede la excarcelación del imputado bajo caución real o personal.

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch (en disidencia)-

c. 7.552, MARCONE, Héctor

Rta: 14/10/97.-

Se citó: (*) Navarro, Guillermo R.-Daray, Roberto R., "Código Procesal Penal", T. I, pág. 319.

Disidencia del Dr. Barbarosch: Si el juez de grado no hace lugar a la excarcelación del imputado imperiosamente se debe llevar a cabo el dictado del auto de procesamiento y prisión preventiva del mismo en forma inmediata. En el caso de la inobservancia del juez de grado de lo establecido en el art. 312, C.P.P. torna írrita la resolución materia de conocimiento en función de lo establecido en el art. 168, 2do. párrafo, C.P.P.

            Tampoco se comparte el criterio de que la situación del prevenido en la hipótesis de encarcelamiento ilegal sea subsanable en la alzada.

            Por ello, se debe declarar la nulidad de la resolución impugnada (art. 168, 2do. párrafo, C.P.P.).

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EXCEPCIONES. Falta de personería. Ley 19.551, art. 114. Ley 24.552, art. 110. QUERELLA. A cargo del síndico en caso de quiebra.

            La excepción de falta de personería interpuesta por la defensa ha de prosperar, toda vez que la masa de acreedores de la quiebra sólo puede ser representada por el síndico, y no por uno de sus acreedores verificados, art. 114, ley 19.551, modificada por el art. 110, ley 24.552.

            Con la declaración de quiebra, los órganos naturales de administración, decisión y fiscalización son reemplazados por el funcionario judicial designado para el desempeño de la sindicatura en las respectivas actuaciones judiciales, correspondiéndole sólo a éste la representación procesal de la fallida.

            Es la lesión, y no el daño, lo que determina la condición necesaria para la existencia del derecho de querella, y habida cuenta de que por la persona jurídica damnificada tan solo puede querellar quien la represente -el síndico de la quiebra en la actualidad y no un accionista particular-, debe hacerse lugar a la excepción de falta de personería planteada.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Gerome-

c. 45.625, ASTARITA, Luis M.

Rta: 11/12/97.-

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EXTORSION. Requisitos.

           

            En cuanto a la figura de extorsión cabe decir que cualquier exigencia más o menos injusta no constituye la intimidación a que se refiere el art. 168, C.P., sino aquélla de carácter atemorizante capaz de hacer obrar la voluntad del destinatario conforme a la del agente, ni tampoco puede ser asimilada a un estado de nerviosismo o preocupación del supuesto damnificado.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.589, NUSENBAUM, Sonia

Rta: 24/10/97.-

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FALSA DENUNCIA. FALSO TESTIMONIO. Calumnia. Diferencias.

            Si la imputada mintió al formular denuncia, no pudo incurrir en falso testimonio sino en calumnia, al imputar falsamente a otra persona el delito de usurpación.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos-

c. 7.859, SETA, María Cristina y otro

Rta: 26/11/97.-

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FALSA DENUNCIA. FALSO TESTIMONIO. Diferencias.

            No puede equipararse la situación del testigo que depone con falsedad para encubrir el hecho propio, con la de quien con la misma finalidad efectúa una denuncia falaz. Ello es así, puesto que en el primer caso la persona se encuentra conminada a declarar, arts. 240, 247 y 248, C.P.P., al tiempo que concurre a su respecto el derecho de no ser obligado a declarar contra sí mismo. En cambio, en la otra hipótesis, el sujeto actúa libremente, es decir, sin obligación alguna, evidenciando de este modo su voluntad de engaño a la autoridad, tratando de falsificar una posible coartada para su eventual delito, agrediendo en consecuencia el bien jurídico protegido por el art. 245, C.P. que es el normal desenvolvimiento de la actividad jurisdiccional. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos-

c. 7.699, ALEGRE, Rolando

Rta: 4/11/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala III, c. 26.708, "Czaban, Alberto P.", rta: 24/4/90, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/90, pág. 99; Sala III, c. 21.839, "Arrigazzi, C.", rta: 26/5/87, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/87, pág. 610.

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FALSIFICACION. Sellos particulares. Atipicidad.

            La falsificación del sello de un abogado particular no constituye delito alguno, pues no se trata de los "sellos oficiales" mencionados en el art. 288, inc. 1°, C.P. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola-

c. 7.826, PONCE, David O.

Rta: 31/10/97.-

Se citó: (*) Creus, Carlos, "Derecho Penal", Parte Especial, Ed. Astrea, 1993, 4° ed., T. II, pág. 390, parág. 2.277; Núñez, Ricardo, "Tratado de Derecho Penal", Marcos Lerner Editora, Córdoba, T. V, vol. 2, págs. 207 y ss.

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FALSO TESTIMONIO. Omisión de imponer al imputado cuales respuestas del interrogatorio le eran imputadas como falsedad testimonial.

            Corresponde la absolución del delito de falso testimonio por el que fuera acusado, el imputado que al ser indagado fue incorrectamente interrogado respecto al hecho, pues no se le impuso acerca de cuál o cuáles respuestas del respectivo interrogatorio le eran imputadas como falsedad testimonial, omisión que no resulta excusable por el hecho de haberse amparado en su derecho de negarse a declarar.

            No puede suplir la omisión de la concreta indagación del hecho que se le atribuye la vaga referencia a haberse expresado con falsedad o haber callado lo que sabe, pues éstas son expresiones relativas al tipo legal y por tanto genéricas a cualquier caso de falso testimonio.

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Ouviña, Bonorino Peró-

c. 21.662, GIMENEZ, José L. y otros

Rta: 29/10/97.-

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FISCAL. Delegación de la investigación en el mismo.

            Aun cuando el plazo establecido en el art. 180, 2do. párrafo, C.P.P., a fin de que el magistrado instructor haga uso de la facultad prevista en el art. 196, C.P.P. no pueda considerarse perentorio, lo cierto es que tampoco puede prolongarse "sine die", máxime cuando, luego del requerimiento, el juez de grado asumió la instrucción del proceso. Por ello, el magistrado debe continuar al frente de la investigación.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos-

c. 7.784, FERREYRA CAMACHO, Fernando

Rta: 19/11/97.-

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FISCAL. Delegación de la investigación en el mismo.

            Del 2do. párrafo, art. 180, C.P.P. puede extraerse que si el magistrado ha conferido vista al Ministerio Público para que formule requerimiento de instrucción, ha descartado la delegación de la investigación al fiscal, ya que para ello cuenta con el plazo estipulado en la norma aludida, debiendo continuar con el trámite de la causa el juez de instrucción. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 7.437, N.N.

Rta: 9/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 1.696, "Borello, Claudia B.", rta: 26/5/94.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VII, c. 7.434, "Morini, Alberto", rta: 9/10/97.

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FISCAL. Delegación de la investigación en el mismo.

            La delegación que estatuye el art. 196, C.P.P., no puede concretarse arbitrariamente en cualquier estado del proceso, excediendo incluso la previsión del art. 161, C.P.P. (*)

C.N.Crim. Sala V (Int) -Filozof, González Palazzo-

c. 7.641, ROSENFELD, Mario

Rta: 31/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 1.078, "Pinzón, Néstor", rta: 23/12/93; c. 1.681, "Vallejos, Antonio", rta: 23/6/94 y c. 2.925, "Cúneo, Horacio", 28/6/95.

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FISCAL. Delegación de la investigación. Plazo. Prosecución de la investigación por el Juez instructor.

            La Sala ha considerado que el término de veinticuatro horas a que alude el art. 180, C.P.P. tiene un carácter meramente ordenatorio. (*)

            Cuando el magistrado instructor se encuentra a cargo de la investigación del proceso originario que motivó la conexidad, la latitud de la pesquisa y dado que la escisión planteada podría generar un detrimento en la celeridad del avance de los legajos, sin perjuicio de una duplicación de las medidas dispuestas, es razonable que la investigación prosiga a cargo del juez, siendo inconveniente la delegación en los términos del art. 196, C.P.P.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.593, GIUDICE BRAVO, Juan (Dr.)

Rta: 16/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 3.187, "Cudicio, Rodolfo", rta: 15/8/95.

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FISCAL. Delegación de la investigación. Violación al principio de congruencia. Nulidad.

            Corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado, en virtud de que el hecho impuesto al encargado, al prestar declaración indagatoria, resultó distinto del descripto en el auto de procesamiento, por lo que no se respetó el principio de congruencia que necesariamente debe existir entre dichos trascendentales actos instructivos, y, asimismo, porque, devueltas las actuaciones por parte del agente fiscal al concluir su investigación, no fueron descriptos los hechos sobre los cuales continuaría la instrucción del sumario.

            Este tribunal tiene dicho, en anteriores pronunciamientos, que en las causas delegadas al agente fiscal, o bien al inicio de la investigación o bien al concluirla, deben describirse los hechos materia de la investigación, a fin de no vulnerar el principio de la defensa en juicio. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Rivarola-

c. 6.755, VACHERET, Abel

Rta: 10/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 7.485, "Granillo, Ricardo J.", rta: 11/9/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/97, pág. 123; c. 7.309, "Placenti, Santos", rta: 29/8/97; c. 6.196, "Riela de Bastida", rta: 21/2/97.

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FISCAL. Medidas de prueba. Denegatoria. Apelación.

            La denegatoria por el juez de grado de las medidas de prueba requeridas en el segmento procesal previsto en el art. 346, C.P.P. resulta susceptible de causar agravio irreparable al Ministerio Público Fiscal, por lo que corresponde abrir la queja interpuesta. (*)

 

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Barbarosch-

c. 7.742, PODESTA, Miguel A.

Rta: 30/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 1.543, "Crous, F.", rta: 13/5/94.

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HOMICIDIO. CALIFICADO. CRIMINIS CAUSAE: Configuración. Imputados sorprendidos por la autoridad policial momentos después de consumar el desapoderamiento y en las inmediaciones del lugar del hecho. Disparo por uno de ellos de su arma ante la orden de detención impartida por el funcionario.

            El homicidio "criminis causae" se configura para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados, procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito: debe existir relación causal entre un hecho y otro, debido a que el homicidio es un medio para conseguir lo que se propuso el autor.

            "...Cuando el ladrón va decidido a violentar físicamente a sus víctimas y de esa violencia resulta, ocasionalmente, la muerte de alguien se da la hipótesis prevista en el art. 165, C.P...". En cambio, cuando el homicidio entró desde el primer momento en los planes del ladrón, cuando éste da muerte a alguien, para perpetrar el robo, entonces caemos dentro del art. 80, inc. 7°, C.P. Igualmente puede ocurrir que el ladrón no haya pensado matar, pero al interponerse una persona que no contaba en sus planes, la mata (sea para lograr la impunidad, sea para consumar el hecho) (*), en este caso, se trata también de un homicidio agravado, porque hay dolo directo de matar, que obedece a alguno de los propósitos enunciados en el art. 80, inc. 7°, C.P. (**)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Valdovinos, Barbarosch, Navarro (en disidencia)-

c. 7.594, RECALDE, Gustavo A. y otro

Rta: 24/10/97.-

Se citó: (*) Molinario, Alfredo, "Los delitos", Ed. Tea, 1996, págs. 269/271. (**) C.N.Crim., Sala IV, c. 31.307, "Suárez López, José", rta: 16/9/86, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/86, pág. 1055.

 

Disidencia del Dr. Navarro: Al haber sido sorprendidos los incoados por el preventor policial momentos después de consumar el desapoderamiento y en las inmediaciones del comercio y en estas circunstancias el imputado habría disparado su arma ante la orden de detención impartida por el funcionario, no existió entonces la preordenación de la muerte a la finalidad del robo, se trataría de una derivación del primitivo designio de robo que se produjo como consecuencia de la aparición del occiso, por lo que debe encuadrarse el hecho en el tipo del art. 165, C.P. que no admite concurso material con el robo agravado por el uso de armas. (***)

Se citó: (***) C.N.Crim., Sala I, "Amaya, Soledad A.", rta: 21/2/91, en D.J. 1991-2-623; Núñez, Ricardo, "Derecho Penal Argentino", T. III, pág. 54; Cám. Nac. de Casación Penal, Sala III, c. "Guardia, Hugo C.", rta: 15/9/95, en J.A. 1997-II-498.

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HOMICIDIO. CULPOSO: Imposibilidad de fundar un juicio de culpabilidad con el grado de certeza exigible en una condena criminal.

            Cuando a la causa del deceso de una beba prematura -congestión y edema agudo de pulmón- se superpone la existencia de una infección grave, concomitante o posterior que pudo poseer incidencia prioritaria en un organismo particularmente vulnerable, deja sin fundamento la asunción de la transfusión excesiva de glóbulos rojos sedimentados, supuestamente equivocada como acción productiva del evento pesquisado y obliga a admitir la eventual presencia de otra causal extraña a la culpabilidad con el grado de certeza exigible en una condena criminal. (*)

            La ley no castiga el acto imprudente en sí mismo sino en cuanto ha causado un resultado delictivo imputable a título de culpa y dicho resultado debe hallarse en relación de causa a efecto con la acción u omisión reprochada. (**)

            No constituye culpa jurídica cualquier conducta que pueda vincularse en algún grado con el resultado, sino que es exigible que esa conducta signifique una condición necesaria y no meramente ocasional, no sólo en el sentido de que sin ella no podía producirse el resultado sino que éste se ha producido precisamente debido a ella. (***)

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Valdovinos, Navarro-

c. 45.677, GUGLIERI, Sergio

Rta: 10/11/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 29.830, "Beriau, O.", rta: 25/4/85. (**) Núñez, Ricardo, "Tratado de Derecho Penal", T. II, pág. 89. (***) Altavilla, Enrico, "La culpa", pág. 142.

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HOMICIDIO. CULPOSO: "Mala praxis". Tratamientos diferentes.

            El equivocado tratamiento prescripto, que tuvo como consecuencia el desenlace fatal, constituye la mala praxis reprimida por el art. 84, C.P.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 7.741, PUEBLA, Guillermo O. y otros

Rta: 19/12/97.-

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HURTO. Agravante. Escalamiento.

            Constituye el delito de hurto agravado por su comisión con escalamiento, art. 163, inc. 4°, C.P., el haber vulnerado las defensas predispuestas por el damnificado para resguardo de sus bienes, con el objeto de su apoderamiento. Así, y tal como se desprende de los propios dichos del imputado, éste saltó "...el tapial que divide la casa del declarante con la de su vecino. Que el tapial tiene una altura de unos dos metros...".

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González, Escobar, Elbert-

c. 28.037, RIVERO, Carlos H.

Rta: 9/10/97.-

Se citó: (*) Creus, Carlos, "Derecho Penal", Parte Especial, Ed. Astrea, 4ta. ed. actualizada, T. I, pág. 436.

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IMPUTADO. Domicilio. Captura y rebeldía.

            El tribunal de grado debe extremar los recaudos para determinar el domicilio del imputado cuando sólo se cuenta con aquél expresado por la denunciante.

 

 

            En caso de ordenar la captura del imputado, art. 283, C.P.P., ésta no debe ir acompañada de la declaración de rebeldía ya que ello presupone la violación de deberes procesales de los que hubiera sido legalmente impuesto. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert-

c. 7.533, PERE, Alfredo

Rta: 13/11/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 3.062, "Mauro, O.", rta: 15/6/95.

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INCONSTITUCIONALIDAD. Carácter abstracto del tema materia de la queja. Situación procesal de los imputados detenidos.

            Para que pueda ser puesta en tela de juicio la legitimidad de las leyes es indispensable la existencia de un conflicto jurisdiccional y un peticionante cuyos derechos personales se encuentren realmente afectados. La declaración de inconstitucionalidad de una ley en su totalidad, por razones político-criminales, para no aplicarla al caso concreto, constituye una manifestación en abstracto que sería válida para cualquier tipo de casos, sin atención a circunstancias procesales concretas, priorizándose un debate teórico por sobre el tratamiento inmediato de la situación procesal de los imputados por lo que corresponde decretar la nulidad del auto que declara la inconstitucionalidad de la ley y que el juez de instrucción proceda de inmediato a resolver la situación procesal de los imputados. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -Elbert, Escobar, González (según su voto)-

c. 7.912, RAMIREZ, Diego S.

Rta: 16/12/97.-

Se citó: (*) C.S.J.N., M 896 XXI, "Martínez, José A. s/robo agravado", rta: 6/6/89, Fallos 312:826.

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INJURIAS. Desestimación. Improcedencia.

            La desestimación es improcedente tras haberse decretado la realización de diligencia preliminar, pues ella implica haber aceptado el carácter delictivo del hecho imputado y la admisibilidad de la querella. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.500, GRILLO, María J.

Rta: 2/10/97.-

Se citó: (*) Navarro, Guillermo R.-Daray, Roberto R., "Código Procesal Penal de la Nación", T. II, pág. 156.

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LESIONES. CULPOSAS: Conductor de transporte de pasajeros: violación del deber de cuidado.

            Corresponde decretar el procesamiento del chofer de autotransporte, que embistió a un peatón al efectuar el giro en un cruce no teniendo visión suficiente para hacerlo, ya que ello violaría, en principio, el deber de cuidado al que está obligado como chofer de ómnibus.

C.N.Crim. Sala I (Int) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 8.000, GONZALEZ, Carlos V.

Rta: 24/11/97.-

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LESIONES. PROCESAMIENTO: Deber de cuidado.

            Los elementos de juicio incorporados al legajo dan cuenta de un accionar violatorio al deber de cuidado, consistente en traspasar una bocacalle a velocidad antirreglamentaria, a decir de los testigos citados y del informe de la prevención que constituida en el lugar pudo advertir huellas de frenado de seis metros aproximadamente de longitud, provocando con dicha conducta las lesiones certificadas.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 7.488, CUELLO, Walter A.

Rta: 30/10/97.-

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NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL. Delito de acción privada. Audiencia de conciliación. COMPETENCIA. Cámara Nacional de Casación Penal.

            Transcurrida la audiencia de conciliación, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital no resulta tribunal de alzada en el recurso de queja, debiendo, por tanto, intervenir en él la Cámara Nacional de Casación Penal. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 7.754, MORREALE, Alejandro

Rta: 16/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 2.172, "Leyes, Miguel A.", rta: 30/6/95; Cám. Nac. de Casación Penal, Sala III, c. 428, "Silleta, Alfredo", rta: 15/3/93.

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NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL. INFORME TECNICO: Arma: apta para el disparo. PRUEBA PERICIAL: Diferencia. NOTIFICACION. NULIDAD: Mero informe técnico: innecesariedad de notificar a las partes.

            El estudio solicitado para determinar la aptitud para el disparo de las armas secuestradas, es un mero informe técnico, y carece, por tanto, de los requisitos propios de la pericia. Aquél puede, reproducirse en etapas posteriores, por lo cual no resulta nulo si se omitió notificar a las partes antes de su realización.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 7.709, PALERMO, Norberto

Rta: 2/10/97.-

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NULIDAD. Acta de declaración indagatoria no rubricada por el juez.

            Corresponde declarar la nulidad de la declaración indagatoria, así como también de todo lo actuado en consecuencia, cuando aquélla no fue rubricada por el juez.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 8.042, VAZQUEZ, José I.

Rta: 28/11/97.-

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NULIDAD. AUTO DE PROCESAMIENTO. Hecho único: desdoblamiento.

            De las constancias probatorias surge que la violencia desplegada por los imputados contra la víctima habría tenido el objeto de desapoderarlo de sus bienes; razón por la cual las lesiones leves sufridas por aquélla quedarían subsumidas en la figura del robo o concurrirían en forma ideal con ellas.

            En tales condiciones, el auto por el cual se dicta procesamiento por lesiones leves y se sobresee por robo en tentativa, deviene nulo.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.910, PASCUAL, Antonio G. y otro

Rta: 10/12/97.-

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NULIDAD. FISCAL: Dictamen. Principio de congruencia. Garantía de defensa.

            Corresponde declarar la nulidad del dictamen fiscal cuando éste se limita a transcribir dichos del querellante en el acápite "hechos" pero no describe y concreta el suceso que considera típico y por el cual formulara reproche al imputado. La calificación legal a la que arriba no ha sido precedida de un análisis de la conducta del imputado que considera típica por lo que aparece alterado el principio de congruencia, con el objeto de preservar la garantía de defensa consagrada por la C.N.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 28.044, VIDALES, Jorge C.

Rta: 23/12/97.-

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PERICIA. Notificación a las partes. Nulidad.

            Del juego armónico de los arts. 258, 2do. párrafo, y 259, C.P.P. se desprende, bajo sanción de nulidad, que debe el juez notificar al Ministerio Público, la parte querellante y a los defensores de los imputados, de la realización de la pericia dispuesta, para que éstas propongan perito de parte. Esta facultad también emana del art. 200, C.P.P., en defensa del principio de legalidad y debido proceso. Sin embargo, se puede diferir dicha notificación para luego de practicado el estudio en casos urgentes o extremadamente simples, art. 258, C.P.P., indicando los motivos en que ello se basa, art. 201, C.P.P.. De lo contrario, la incorporación de los procesos de la pericia es nula por efecto de los arts. 166, 167 y 168, C.P.P.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini-

c. 7.746, DEL CUATRO, Oscar R.

Rta: 22/10/97.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala I, c. 7.479, "Lío de Muzzicato, Filomena", rta: 2/10/97.

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PERICIA. Practicada en sede policial. Nulidad. Improcedencia.

            Corresponde rechazar la nulidad interpuesta respecto de los informes periciales practicados en sede policial sobre la tijera incautada y el estado del vehículo damnificado, respectivamente, al no constituir dichos informes pericias en sentido estricto y no resultarles en consecuencia aplicables las pertinentes disposiciones contenidas en el código adjetivo.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos-

c. 7.669, GHILINO, Ricardo G.

Rta: 5/11/97.-

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PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Auto de procesamiento.

            El auto de procesamiento constituye secuela de juicio, por poseer entidad suficiente para imprimir real dinámica e inequívoco impulso persecutorio al proceso sin el cual no podría proseguirse la causa. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 7.843, LAVIGNE, Andrés

Rta: 10/11/97.-

 

 

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 3.661, "Yuan, Jian Min", rta: 20/11/95; Cám. Nac. de Casación Penal, Sala II, "Andrada, Nicolás y otros", rta: 9/3/95 y Sala III, "Patat, Juan Carlos", rta: 13/2/95.

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PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Auto de procesamiento: procedencia. Declaración indagatoria: improcedencia.

            Conforme las directivas del nuevo procedimiento penal, ley 23.984, debe considerarse acto interruptivo de la prescripción el auto de procesamiento, y no el llamado a indagatoria, que no constituye un acto jurisdiccional de persecución sino un medio de defensa. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Rivarola-

c. 7.684, GLEIZER, Néstor

Rta: 13/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 3.661, "Yuan, Jian Min", rta: 20/11/95 y c. 3.930, "Saccone, Alberto", rta: 15/2/96, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/96, pág. 34.

Nota: Ver en contra: C.N.Crim., Sala VII, c. 7.136, "Cabrera, Oscar A.", rta: 10/10/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/97, pág. 167 y Sala IV, c. 7.533, "Aquino, Aníbal A.", rta: 14/10/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/97, pág. 166.

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PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Declaración indagatoria. Auto de procesamiento.

            El llamado a declarar en indagatoria interrumpe la prescripción. También lo hace el auto de procesamiento como presupuesto formal del requerimiento de elevación a juicio.

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.533, AQUINO, Aníbal A.

Rta: 14/10/97.-

 

 

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VII, c. 7.136, "Cabrera, Oscar A.", rta: 10/10/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/97, pág. 167. Ver en contra, C.N.Crim. Sala I, c. 7.684, "Gleizer, Néstor", rta: 13/10/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/97, pág. 166.

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PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Declaración indagatoria. Auto de procesamiento. Requerimiento fiscal.

            El llamado a prestar declaración indagatoria, el auto de procesamiento y el requerimiento fiscal de elevación a juicio se encuentran entre los actos jurisdiccionales que interrumpen la prescripción por resultar secuela de juicio toda vez que representan manifestación de voluntad inequívoca de impulso persecutorio. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 7.136, CABRERA, Oscar A.

Rta: 10/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 4.839, "Alvarado, Juan", rta: 24/8/96.

Nota: Ver en igual sentido, Sala IV, c. 7.533, "Aquino, Aníbal A.", rta: 14/10/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/97, pág. 166. Ver en contra, C.N.Crim. Sala I, c. 7.684, "Gleizer, Néstor", rta: 13/10/97, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/97, pág. 166.

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PRISION PREVENTIVA. APELACION: Vía incidental.

            Es criterio del Tribunal que toda discusión acerca de la prisión preventiva dictada en autos debe merecer tratamiento mediante la vía incidental correspondiente, por lo que el recurso de apelación deviene erróneamente concedido en el aspecto señalado.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) - Navarro, Valdovinos, Barbarosch (en disidencia)-

c. 8.018, SUAREZ, Daniel G.

Rta: 18/12/97.-

Disidencia del Dr. Barbarosch: Dado que el imputado fue notificado del punto primero en el cual se dicta su prisión preventiva y que lo resuelto causa gravamen irreparable al nombrado, es que no resulta viable la remisión de la discusión al incidente de excarcelación respectivo debiéndose abordar la cuestión en el principal.

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PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD. AGRAVADA: Internación en un establecimiento geriátrico sin consentimiento de la víctima.

            La internación en un geriátrico, mediante engaño, con orden de impedir a la internada comunicación con familiares, constituye privación ilegal de la libertad, lo mismo que la omisión de retirarla.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -González Palazzo, Filozof, Navarro-

c. 34.200, PELAEZ, Cecilia I. y otro

Rta: 21/11/97.-

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PROCESAMIENTO. Término para dictarlo. Nulidad.

            Si bien el vicio apuntado por la defensa radica en que el instructor excedió el plazo señalado por el art. 306, C.P.P. para dictar el auto de procesamiento, se trata de una trasgresión no configurativa de nulidad esencial que afecte la garantía de la defensa en juicio, pues el término indicado en dicha norma es meramente ordenador y por consiguiente no pasible de invalidación, como lo entiende también la doctrina imperante. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.838, SCOPEL de MARTINEZ, María G.

Rta: 2/12/97.-

Se citó: (*) Navarro, Guillermo R.-Daray, Roberto R., "Código Procesal Penal", T. I, pág. 635.

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PROPIEDAD INTELECTUAL. a) "Convención Universal de Derechos de Autor": exime a obras extranjeras del cumplimiento de toda formalidad. Arts. 16 y 20, C.N.: violación. b) Tutela: obra no inscripta antes de su publicación. c) Jurisprudencia: evolución en nuestro país.

            a) La "Convención Universal de Derechos de Autor" ratificada en nuestro país por el dec.-ley 12.088/57, exime a las obras extranjeras del cumplimiento de toda formalidad al someterlas a un solo requisito: "la colocación de la advertencia de la Convención en todos los ejemplares de la obra publicada, la que está integrada por tres elementos: el símbolo ©, el nombre del titular del derecho de autor y el año de la primera publicación de la obra. "...La colocación de la advertencia de la Convención iguala jurídicamente a los autores de obras extranjeras con las nacionales que hayan cumplido con las formalidades prescriptas por la legislación interna, pero no excluye de su amparo a los primeros aun cuando no hubiesen observado lo estatuido en los arts. 13 y 14 de la ley 11.723...". La C.N. preveía en su art. 31 el orden jerárquico de las normas internacionales, equiparando los tratados a la propia Carta Magna y cuya doctrina se reiterara en la reforma del año 1994, por lo que debe considerarse entonces a la letra de la Convención como una prescripción equiparable a nuestra ley fundamental, con prelación a la ley local 11.723. (*)

            b) Se estaría ante un supuesto de desigualdad ante la ley violatorio del principio establecido por el art. 16, con remisión al art. 20, ambos de la C.N. pues protege de este modo la Convención a las obras extranjeras, dispensándolas de ciertos requisitos de formalidad que se demandan a los autores nacionales porque un derecho de propiedad extraterritorial gozaría entonces de ciertas prebendas con relación a otro de origen argentino.

            c) En atención a la evolución de la jurisprudencia en nuestro país que ha avanzado hacia una concepción amplia y desburocratizada sobre el derecho del autor, sin desdeñar las formalidades de la ley local, se impone flexibilizar y aplicar este progresivo avance jurídico a los trabajos intelectuales originados en nuestro territorio, la tutela debe abarcar incluso a una obra que no haya sido objeto de inscripción antes de ser publicada, sin que ello signifique un desaire a las disposiciones de la ley 11.723. (**)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González, Escobar, Elbert-

c. 27.953, GONZALEZ, Américo V.

 

Rta: 21/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario, "Ferrari de Gnisi, Noemí y otro", rto: 30/11/81 -voto del Dr. Ledesma-, en L.L. 1982-C-23 y en Navarro, Guillermo R.-Jacoby, Pablo M., "Jurisprudencia Criminal Plenaria" -Actualización de "Fallos Plenarios Penales"-, Pensamiento Jurídico Editora, Bs. As., 1991, pág. 135. (**) Iribarne, Rodolfo A., "El estado actual de la jurisprudencia en la represión penal" (ponencia), presentada en el "V Congreso Internacional sobre la Protección de las Derechos Intelectuales", págs. 245 a 254, 1990, Ciudad de Buenos Aires.

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PRUEBA. Grabaciones telefónicas. Nulidad.

             La grabación oportunamente aportada por el querellante carece de toda relevancia probatoria desde que, al ser desconocida su realización por parte de los imputados y no estar autorizada judicialmente, art. 236, C.P.P., importaría una violación de las garantías del art. 18, C.N. en la medida en que el diálogo mantenido apuntaría a lograr la autoincriminación. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.143, PEYRU, Daniel O. y otro

Rta: 8/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 21.937, "Salcedo, G.", rta: 6/8/91, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/91, pág. 339 y en E.D. 145-317; C.N.Crim., Sala IV, c. "M., P.", rta: 22/8/95, en E.D. 166-163.

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PRUEBA. Obtención de muestras de cabello y sangre por la fuerza. Constitucionalidad.

            La extracción de muestras de cabello y aún de sangre no viola garantías constitucionales, aunque frente a la negativa del imputado deba practicarse por la fuerza pública. Ello es así por cuanto el imputado representa a los efectos de tales medidas sólo un objeto de prueba y no sujeto de ésta. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 7.520, GUIÑAZU, Enrique

Rta: 7/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 13.348, "Mom, Mario Rufino", rta: 20/6/90, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/90, pág. 132; C.N.Crim., Sala VII, c. 5.407, "Ramírez, Sandro A.", rta: 1/10/96, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/96, pág. 90 y C.S.J.N., H 91 XXIV, "H., G y S. y otro s/apelación de medidas probatorias", rta: 4/12/95.

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PRUEBA.TESTIMONIAL: Acta de secuestro: validez de indicios.

            La imposibilidad de ratificar a uno de los testigos del secuestro no afecta el valor del acta que lo documenta, art. 349, C.P.M.P.

            El testimonio de los preventores, en el que no se observa interés, enemistad u otra circunstancia que lo vicie, tiene el valor asignado por los arts. 305, 306 y 307, C.P.M.P. (*)

            Son indicios confiables la posesión del producto del delito y la tentativa de fuga del imputado. (**)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Filozof, González Palazzo, Navarro-

c. 34.252, LOPEZ, Carlos

Rta: 27/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 32.859, "Mesa, Carlos W.", rta: 31/5/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 108. (**) C.N.Crim., Sala V, c. 31.802, "Mallo Bibiloni, D. C.", rta: 9/5/94 y lo allí citado: C.S.J.N., I 12 XXIII, "Irigoyen, Marcelo y otro s/ robo de automotor", rta: 10/11/88, Fallos 311:2314.

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PRUEBA. TESTIMONIAL: Testimonios tomados por la policía.

            Las declaraciones testimoniales obtenidas por los funcionarios policiales en el marco de las facultades que le fueron asignadas, art. 184, inc. 7º, C.P.P., y observando el rigorismo ritual exigido para su validez, art. 138, C.P.P., no admiten objeciones o reparos para su validez y respecto de su aspecto convictivo se encuentran sometidas a la valoración que el magistrado realice en virtud a la regla de la sana crítica del art. 241, C.P.P. (*)

 

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.463, LECCE, Ramón R.

Rta: 2/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 4.762, "Agostinni de Nanni, Nora", rta: 6/6/96.

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QUERELLA. Sociedad anónima. Autorización para querellar.

            Corresponde denegar la pretensión del denunciante de ser tenido por parte querellante pues quien representa a una sociedad anónima debe acreditar, además de su representación, la autorización para querellar por parte del órgano social.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 7.717, SANTAMARIA, Roberto

Rta: 20/10/97.-

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QUERELLANTE. Causa cerrada. Improcedencia.

            Quien requiere legitimación activa con posterioridad a la decisión que dió fin a la causa no puede ser constituido en parte al solo efecto de apelarla.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Navarro, Filozof-

c. 7.627, RODRIGUEZ, Gustavo J.

Rta: 17/10/97.-

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QUERELLANTE. Legitimación.

            Conforme el art. 82, C.P.P. es precondición indispensable para acceder a la calidad de querellante la existencia previa de un hecho ilícito, entendiéndose que "prima facie" el delito debe aparecer verosímilmente acreditado, por lo que, al no darse los extremos señalados, mal puede legitimarse la participación a título de querellante del interesado.

C.N.Crim. Sala VI (Correc.) -González, Elbert-

c. 7.543, FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON

Rta: 13/11/97.-

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QUERELLANTE. Sociedad constituida en el extranjero. Ley 19.550, art. 118. Derecho a constituirse en parte. Inscripción ante la Inspección General de Justicia. Habitualidad en el comercio.

            El art. 118, ley 19.550 dispone que la sociedad extranjera, constituida de conformidad a las leyes de su país, tiene derecho a estar en juicio, y, en consecuencia, a constituirse en parte querellante. La inscripción ante la Inspección General de Justicia local solamente resulta obligatoria en caso de que ejerza el comercio con habitualidad.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna (por sus fundamentos)-

c. 7.719, TOMBACCO, Oscar

Rta: 20/10/97.-

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QUERELLANTE. NULIDAD PARCIAL: Falta de legitimación parcial de la denunciante con relación a los delitos previstos en la ley 13.944.

            Debe declararse la nulidad parcial del auto que dispone tener por parte querellante a quien por derecho propio y en representación de su hijo menor querella al padre de éste por delitos previstos en la ley 13.944 cuando no es cónyuge del denunciado por lo que no puede actuar por derecho propio al no reunir los requisitos normativos para ser titular del bien jurídico protegido aunque resulte correcta la invocación de los derechos de su hijo a quien legítimamente representa.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 7.220, MANSILLA, Osvaldo C. y otra

Rta: 24/10/97.-

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RECURSO DE APELACION. Motivo del mismo.

            La sola expresión "causándome gravamen irreparable" aducida por el querellante no es motivación suficiente para ejercer la facultad impugnativa dado que no reúne los requisitos del art. 438, C.P.P.

 

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, González Palazzo-

c. 7.625, PELLIZA, Armando O.

Rta: 30/10/97.-

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RECURSO DE APELACION. Términos.

            El defensor dedujo apelación fuera del término legal, art. 450, C.P.P., argumentando que uno de los días correspondientes al término respectivo el legajo se encontraba fuera de la dependencia del Tribunal.

            El argumento del quejoso carece de trascendencia, debido a que los términos son perentorios e improrrogables para las partes, salvo excepciones dispuestas por la ley, art. 163, C.P.P. y no admiten suspensión ni interrupción.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.954, CUBAS, Facundo

Rta: 15/12/97.-

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RECURSO DE CASACION. Improcedencia. Auto que rechaza un planteo de nulidad emanado de una Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital.

            No corresponde hacer lugar al recurso de casación articulado contra lo resuelto por el Tribunal por cuanto el decisorio que se pretende atacar no es de aquellos contemplados en el art. 457, C.P.P., pues el carácter de definitivo de una resolución, a los efectos del recurso extraordinario aparece dado por la particularidad del hecho de que la misma defina una cuestión poniendo término al debate, o bien impida que continúe discutiéndose el punto, o que cause un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior (*); en suma, el concepto de sentencia definitiva está ligado a la irreparabilidad del perjuicio (**), de ello resulta que la viabilidad del recurso esté directamente vinculada y supeditada a la posibilidad de que el agravio del impugnante no pueda ser eficazmente atendido en una ulterior oportunidad procesal. La decisión de la Sala no reúne ninguno de los requisitos de admisibilidad establecidos en tal artículo y, si bien no se trata de una sentencia definitiva ni tampoco alguno de los "autos" que menciona la ley, ya que tiene por efecto rechazar una pretensión que, de prosperar, fulminaría la acción respectiva, impidiendo la prosecución del trámite de la causa. Tiene dicho el Tribunal que "aquellos pronunciamientos que impongan la obligación de seguir sometido a proceso criminal -como lo es en el caso el auto que rechaza un planteo de nulidad- no reúnen el requisito de carácter final, ya que no ponen fin al procedimiento, ni hacen imposible su continuación". (***)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 7.545, NARVAEZ DELMAS, M.

Rta: 11/12/97.-

Se citó: (*) Clariá Olmedo, Jorge A., "Tratado de Derecho Penal", Bs. As., 1964, T. V, pág. 546; Palacio, Lino E., "El Recurso Extraordinario Federal", Bs. As., 1992, pág. 76; Gozaini, Osvaldo A. y otros, "Recursos Judiciales", Bs. As., 1993, págs. 185 y 221. (**) Lugones, Narciso J.-Dugo, Sergio O., "La Casación Penal y el Recurso Extraordinario", Bs. As., 1993, pág. 279. (***) Cám. Nac. de Casación Penal, c. 52 bis, "Buasso, M. L.", rta: 23/11/93.

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RECURSO DE CASACION. Procedencia.

            Corresponde conceder el recurso de casación pues interpuesto en legal tiempo y forma, su fundamentación resulta suficiente toda vez que se asienta en la causal prevista en el art. 456, inc. 2°, C.P.P., se menciona el presunto error "in procedendi" en que se habría incurrido y se dice además cuál es la aplicación de la ley adjetiva que en definitiva se pretende; asimismo reúne los requisitos requeridos por el art. 457 del ordenamiento de forma, ya que, en cuanto a sus efectos, aparece equiparable a sentencia definitiva.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 7.403, PSZEMIAROWER, Claudio

Rta: 11/12/97.-

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RECURSO EXTRAORDINARIO. a) Paralización del trámite del procedimiento. b) Plazos para su interposición.

            a) Del juego armónico de los arts. 442 y 478, 2do. párrafo, C.P.P. y del art. 283, C.P.Civ. y Com. se desprende que la interposición de una queja por recurso denegado, no paraliza el trámite del procedimiento, sino sólo cuando se hiciere lugar a la misma y el Tribunal que abriere el recurso otorgare éste con efecto suspensivo, lo que no ocurre aquí, puesto que la articulación fue rechazada. (*)

            b) Corresponde rechazar el recurso extraordinario interpuesto pues ha sido presentado largamente excedido el término establecido en el art. 257, C.P.Civ. y Com.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert-

c. 7.721, AGRELO, Carlos

Rta: 13/11/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 4.129, "Monkasch, E.", rta: 21/5/96.

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RECURSO EXTRAORDINARIO. Requisitos. Improcedencia.

            Corresponde rechazar la reserva del caso federal planteada, cuando se omitió señalar, en forma clara y precisa, cuáles garantías constitucionales se encontrarían conculcadas con el dictado de la sentencia recurrida, su origen concreto y la relación de unos con otros, requisitos insoslayables para acceder a esta vía extraordinaria, que tampoco fue introducida en la primera ocasión ofrecida en el juicio en forma ajustada a los términos de la ley 48.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola, Tozzini, Donna-

c. 45.629, TABOADA, Marcelo P.

Rta: 26/12/97.-

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RECUSACION. Clima de tensión. Causales no previstas.

            No puede esgrimirse como causal de recusación la existencia de un clima de tensión entre el juez y la defensa, ni asignarse relevancia para dar curso al apartamiento del instructor a la mera posibilidad de que éste llegue a ser imputado por el incidentista en otra causa.

            Aunque en casos excepcionales se ha admitido la extensión del instituto de la recusación a hipótesis no previstas expresamente en la ley, ello sólo es viable cuando resulta evidente que la garantía de imparcialidad del magistrado se encuentra afectada en detrimento de la parte, lo cual debe extraerse de comprobaciones objetivas y no del enfoque subjetivo del recusante. (*)

 

 

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Valdovinos, Barbarosch, Navarro (en disidencia)-

c. 7.342, CASSAGNE, Juan C.

Rta: 13/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario, "Terza, José E." rto: 23/12/80, en C.C.C., Fallos Plenarios, T. III, vol. 1, pág. 357 y en Navarro, Guillermo R.-Jacoby, Pablo M., "Jurisprudencia Criminal Plenaria" -Actualización de "Fallos Plenarios Penales"-, Pensamiento Jurídico Editora, Bs. As., 1991, pág. 145.

Disidencia del Dr. Navarro: Los fundamentos del Fiscal de Cámara convencen de la necesidad de hacer lugar a la recusación.

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ROBO. Tentativa. Inmediatez. "Iter criminis".

            Si ha existido inmediatez en la detención del autor y recupero de la cosa, el hecho debe reputarse tentado, pues la disponibilidad del bien ajeno no ha quedado consolidada en manos del sujeto activo, quien sólo ha ejercido sobre ella un señorío efímero; así ha ocurrido cuando el incuso fue capturado y el objeto de la acción recuperado en las inmediaciones del lugar del robo. De tal modo, deberá mutarse el título del reproche por el de robo en grado de tentativa. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Navarro-

c. 45.704, BLANCO, José H.

Rta: 18/11/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 36.970, "Romero, Marcelo y otro", rta: 13/2/90, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/90, pág. 10 y en J.A. 1991-III-104; C.N.Crim., Sala IV, c. 45.137, "Bellotti, Pablo L.", rta: 22/4/96, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/96, pág. 48.

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I. ROBO. EMPLEO DE ARMAS: Arma: idoneidad. EN POBLADO Y EN BANDA: Agravante. II. USURPACION DE TITULOS. Uniforme policial. III. DECLARACION DE PREVENTORES. Plena prueba.

I. ROBO. EMPLEO DE ARMAS: Arma: idoneidad. EN POBLADO Y EN BANDA: Agravante.

            a) El empleo de armas de fuego efectivamente cargadas y aptas para el disparo son condiciones que indefectiblemente deben concurrir para que pueda tenerse por configurado el tipo agravado del robo, tal como quedara establecido en numerosos precedentes jurisprudenciales. (*)

            La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido que la idoneidad del arma constituye un elemento del tipo penal del art. 166, inc. 2°, C.P. (**)

            b) El delito de robo agravado por su modalidad comisiva, en poblado y en banda -art. 167, inc. 2°, C.P.- difiere del encuadre en la figura de robo simple ya que los cuatro individuos que participaron activamente en el episodio evidenciaron un claro concierto previo, desplegaron diferentes conductas, todas ellas necesarias y conducentes para la concreción de su común designio criminoso, en calidad de coautores, art. 45, C.P.

            La circunstancia de que uno de los individuos sindicado como "tercera persona" estuviera durante el desarrollo de los hechos en la cocina del departamento y que la "cuarta persona" permaneciera en la puerta de acceso al edificio, no puede entenderse como que cumplieron roles secundarios, ya que se condujeron así como consecuencia del plan delictivo pergeñado, asegurando cada uno de ellos, desde sus particulares posiciones, el éxito de su común finalidad delictiva, habiendo tenido en sus manos "...el curso del suceso típico" y querido el hecho como "propio", tal como lo sostiene la "teoría del dominio final del hecho" referida al marco limitativo de las características modales del tipo legal "teoría formal objetiva". (***)

II. USURPACION DE TITULOS. Uniforme policial.

            El haber vestido los asaltantes uniformes similares a los de la Policía Federal, presentándose como miembros de esa fuerza apuntaba únicamente a facilitar el ingreso al domicilio elegido para llevar a cabo sus fines delictivos, pero de ninguna manera puede considerarse como constitutiva del delito de usurpación de títulos, porque el tipo descripto en el art. 247, C.P., exige necesariamente que la falsa condición particular y funcional del sujeto sea expuesta de manera ostensible, pública. El bien jurídico tutelado por esta infracción es el regular y legal despliegue de las actividades de la administración pública -en sentido amplio- y que, en consecuencia, debe existir una real afectación al normal desenvolvimiento de esa función estatal.

            Por ello, el tipo penal del art. 247, C.P. no se satisface con la simple portación o exhibición de la insignia o del uniforme en un sitio privado por antonomacia, como se trata de un domicilio particular, porque en ese ambiente es imposible que se vertifique la característica de notoriedad, la posibilidad de que la insignia, distintivo o uniforme sean vistos por un número indeterminado de personas, puesto que sólo en estas condiciones podría considerarse afectado el bien jurídicamente protegido por esa norma.

III. DECLARACION DE PREVENTORES. Plena prueba.

            Las declaraciones de los preventores deben meritarse como elemento formador de criterio si no existen constancias objetivas que autoricen a sospechar que pudieron haber depuesto con falsedad, o inspirados por interés, afecto u odio. (****)

            Además las inhabilidades del art. 276, C.P.M.P., no son absolutas sino relativas, por lo que deben ser apreciadas en la forma que prescribe el art. 277, C.P.M.P., aplicable -ley 2.372-. (*****)

            Si las deposiciones de los funcionarios policiales actuantes guardan correlato entre sí y se compadecen con el resto de las probanzas obtenidas en la pesquisa, corresponden conferirles el carácter de plena prueba. (******)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Escobar, Elbert (en disidencia parcial), González-

c. 28.023, MORENO, Carlos

Rta: 9/12/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 43.842, "Echegaray, Marcelo", rta: 4/3/94, en L.L. 1995-B-406. (**) C.S.J.N., S 266 XXII, "Sánchez, Juan A.", rta: 1/12/88, Fallos 311:2548; A 222 XXVIII, "A., M. y López, Oscar G.", rta: 12/3/96; L 645 XXXI, "López, Jorge A.", rta: 25/6/96. (***) Maurach, Reinhart, "Tratado de Derecho Penal", Editorial Ariel-Baulona, 1962, T. II, pág. 343. (****) C.N.Crim., Sala II, c. 30.927, "Canafoglia, Juan C.", rta: 20/2/86, publ. en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/86, pág. 12; C.N.Crim., Sala I, c. 34.814, "Osorio, Ramón W.", rta: 11/4/89, publ. en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/89, pág. 115; C.N.Crim., Sala I, c. 32.697, "Beltran, Héctor R.", rta: 24/11/87. (*****) C.N.Crim., Sala II, c. 32.019, "Cotrone J.", rta: 19/2/87, publ. en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/87, pág 100. (******) C.N.Crim., Sala III, c. 22.039, "Mustillo, Ernesto", rta: 28/7/87, publ. en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/87, pág. 1.157.

Disidencia parcial del Dr. Elbert: Disiento con la solución adoptada en relación a la procedencia de la calificante de "banda" por cuanto, como vengo sosteniendo, la calificante no puede tenerse por probada si los supuestos partícipes no han comparecido a estar a derecho, ya que ello impide conocer la existencia de un previo acuerdo de voluntades, la participación que le cupo a cada integrante, o su grado de imputabilidad, sentando una seria presunción en contra del procesado que podría, eventualmente, quedar desvirtuada si los hipotéticos coautores se presentaran en la causa. (*******)

Se citó: (*******) C.N.Crim., Sala VI, c. 28.046, "Orellana, Miguel", rta: 18/11/97.

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ROBO. EN POBLADO Y EN BANDA: Sustracción del frente desmontable de un estéreo del interior de un automóvil estacionado en la vía pública. AGRAVANTE: Ausencia de la víctima.

            Lo que constituye la razón de ser de la agravante de la figura básica del robo es la actuación en banda, independientemente de que para perpetrar el ilícito se haya empleado violencia en las personas o fuerza sobre las cosas, por lo que no es imprescindible para la agravante la presencia de una víctima de la violencia. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Rivarola-

c. 7.643, GONZALEZ PRADO, Julio

Rta: 7/10/97.-

Se citó: (*) Creus, Carlos, "Derecho Penal", Parte Especial, T. I, pág. 458.

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SECUESTRO DE EFECTOS. Actuación policial.

            La presencia de un automóvil particular en zona de depósito ferroviaria justificó la intervención policial y la revisión del vehículo, conforme al art. 184, C.P.P.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro-

c. 7.264, FILIBERTI, Raúl O. y otro

Rta: 14/10/97.-

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SENTENCIA. Fundamentación.

            Corresponde declarar la nulidad del auto declarativo del procesamiento del imputado, toda vez que el art. 123, C.P.P., exige que las resoluciones judiciales -sentencias y autos- sean motivados, esto es, "que contengan, según el caso, la valoración de la prueba, la explicación de cómo se llegó al juicio de valor y la razón de la aplicación de determinada o determinadas normas del plexo penal" por que el juez sólo se limita a enumerar la prueba sin relatar los hechos, careciendo también el auto en crisis de la debida fundamentación respecto del encuadre típico escogido. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 7.771, MERCADO, María J.

Rta: 27/11/97.-

Se citó: (*) Navarro, Guillermo R.-Daray, Roberto, "Código Procesal Penal de la Nación", pág. 286; D’Albora, Francisco J., "Código Procesal Penal de la Nación", comentario al art. 123, págs. 135 y 136.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VI, c. 7.575, "Villanueva, N.", rta: 27/11/97.

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SOBRESEIMIENTO. Imputado que no declaró en autos. Procedencia.

            Aunque el imputado no haya sido oído en autos a través de los canales procesales pertinentes -deposición espontánea e indagatoria- nada empece que se adopte una solución concluyente a su respecto, debido a que de todas maneras frente a la atribución delictiva enrostrada, reviste la calidad de imputado.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos-

c. 7.797, LASCANO DOMENECH, Esteban

Rta: 26/11/97.-

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SOBRESEIMIENTO. Imputado que no declaró. Procedencia.

            Aun cuando el imputado no haya prestado declaración en la causa, de todas maneras resulta sujeto pasivo en el proceso con motivo de la denuncia interpuesta, por lo que corresponde resolver la cuestión en forma concluyente conforme a lo establecido en el art. 336, inc. 3°,  C.P.P.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 7.914, GOLDSMAN, Fernando

Rta: 5/12/97.-

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SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. Pena de inhabilitación. Improcedencia.

            El art. 76 bis, C.P., impide que la suspensión del juicio a prueba alcance a los procesos tramitados por delitos con pena de inhabilitación sea ésta principal o accesoria, como por ejemplo el tipificado en el art. 94, C.P.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 7.131, BERMUDEZ, Cirilo

Rta: 3/10/97.-

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SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. Procedencia.

            Sólo corresponde aplicar la suspensión del juicio a prueba en los supuestos en donde el máximo de la pena legalmente prevista a los delitos imputados no exceda los tres años de prisión. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna (en disidencia)-

c. 45.579, BRONSTEIN, Angel

Rta: 2/10/97.-

Se cito: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 2.513, "Ramallo Mariño", rta: 7/2/95; Sala I, c. 44.335, "Carcione, Norberto R.", rta: 26/5/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 113.

Disidencia del Dr. Donna: Intentar reducir la institución de la suspensión del juicio a prueba a un problema de tipos penales y no a un tema de montos de pena es inconstitucional por violación del art. 16, C.N., que regula la igualdad de las personas y obliga a una igualdad de tratamiento para igualdad de circunstancia.

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SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. Procedencia.

            No corresponde hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba respecto de quien se dictó auto de procesamiento por el delito de lesiones culposas, art. 94, C.P., pues dicho ilícito prevé, entre otras penas a aplicar, la de inhabilitación. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int) - Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 8.004, LIVINGSTON, Federico

Rta: 24/11/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 5.256, "Mon, María Victoria", rta: 17/7/96, publ. en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/96, pág. 101; Sala VII, c. 20.767, "Bonahora, Héctor R.", rta: 17/8/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/95, pág. 163; Sala IV, c. 44.220, "Bessone, Ricardo", rta: 29/8/94, publ. en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/94, pág. 123.

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USURA. No configuración. EXTORSION. No configuración.

            No aparece configurado el delito de usura, si bien las garantías exigidas por el prestamista fueron excesivas así como elevados sus intereses, pues éste no tendía a paliar una necesidad premiosa sino a continuar con el giro de su actividad comercial, persiguiéndose en consecuencia incrementar ganancias patrimoniales, esperando conseguir un beneficio mayor a los intereses pactados.

 

 

            No constituye el delito de extorsión el anuncio del futuro ejercicio de un derecho por parte de los imputados por cuanto carece de idoneidad para configurar el tipo descripto en el art. 168, C.P.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -Elbert, Escobar-

c. 7.491, CHEMES RIAL GUYOT, Luis A.

Rta: 30/12/97.-

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USURPACION. Medio comisivo: cambio de cerradura.

            El cambio de cerradura es equiparable a la violencia señalada por el inc. 1°, art. 181, C.P., adhiriendo a las conclusiones de Soler, que expresa que "la ley no distingue forma alguna de violencia, de manera que está comprendida a la que se ejerce sobre las personas o sobre las cosas, la violencia física efectiva o tácita". (*)

            Corresponde responsabilizar en orden al delito de usurpación a la imputada, quien al conocer el regreso de su cónyuge, debió darle noticias de los cambios efectuados en el sistema de seguridad para permitirle de esa manera ingresar al inmueble de cuya posesión nunca fue apartado por medio legítimo alguno, en tanto el argumento respecto a que el querellante había requerido el retiro provisional del hogar conyugal -no aceptado en definitiva-, tiene un alcance esencialmente reservado a la relación conyugal que de modo alguno excluye al régimen de la posesión.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Ouviña, Piombo-

c. 7.059, TORRES de BLEIWEISS, Marta

Rta: 4/11/97.-

Se citó: (*) Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", Editorial T.E.A., Bs. As. 1978, T. IV, pág. 454; C.N.Crim., Sala VII, c. 17.666, "Lentini, Claudia M.", rta: 24/8/92, publ. en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/92, pág. 207 y c. 15.154, "Ricitelli Osvaldo", rta: 25/6/91, publ. en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/91, pág. 290.

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USURPACION. Relación laboral. Consulta.

            La negativa del encargado a abandonar la vivienda otorgada por virtud del contrato laboral resuelto, configura usurpación. (*)

 

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro-

c. 7.338, ALTAMIRANO, Miguel A.

Rta: 14/10/97.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario, "Contarino, Mario", rto: 13/8/64, en C.C.C., Fallos Plenarios, T. II, pág. 539; en L.L. 115-555 y Navarro, Guillermo R.-Jacoby, Pablo M., "Jurisprudencia Criminal Plenaria" -Actualización de "Fallos Plenarios Penales"-, Pensamiento Jurídico Editora, Bs. As., 1991, pág. 162.


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