JURISPRUDENCIA

EXCMA. CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL

Fallos año 1996

Estos fallos están disponibles por download en la página del Juzgado Nacional
en lo Criminal de Instrucción nro. 31 Secretaría nro. 119, cuya dirección es
http://www.ulpiano.com/JInstruccion31/inicio.html

 

 

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES

EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL

DE LA CAPITAL

 

Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca

Publicación Interna

 

 

Indice por materias año 1996:

ACCION PENAL. Principios procesales. "Nex procedat iudex ex officio" . Aplicación del art. 348 del C.P.P.

            El principio procesal que encuentra sustento en el art. 71 del C.P., impone la promoción necesaria de la acción penal e impide otorgar al fiscal de primera instancia, el exclusivo arbitrio de decidir la procedencia del impulso investigativo sin control jurisdiccional de legalidad alguno. Esta facultad, fue receptada por el art. 348 del C.P.P., del que se trasunta el imperativo de que una decisión de tal envergadura no puede supeditarse al Ministerio Público, sino que debe superar el control de un órgano jurisdiccional independiente, sólo subordinado a la ley. Es este órgano el que, a fin de no quebrantar el principio "nex procedat iudex ex officio", decidirá la procedencia del impulso de la acción penal, sin poder iniciar pesquisa alguna, sino instruir a un nuevo fiscal para que así proceda.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos-

c. 4.685, KAPPA CORP. S.A.

Rta: 14/5/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLANAMIENTO. Jefe de la Policía Federal: facultades -decreto 6618/57-.

            La sanción del nuevo ordenamiento procesal penal (ley 23.984), no acarrea automáticamente la derogación de aquellas disposiciones legales que, como el decreto 6618/57, ratificado por ley 14.467 contemplan con una sistemática particular todo un ordenamiento integral, por lo cual mantiene vigencia la facultad que le otorga al Jefe de la Policía Federal para realizar allanamientos en los casos de faltas o contravenciones en él previstas.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Tozzini, Donna (en disidencia)-

c. 4.364, CONSTANTINI, Luis

Rta: 25/3/96.-

Disidencia del Dr. Donna: La nueva ley procesal no deja dudas de que la única forma de ingresar al domicilio de una persona, es mediante orden de allanamiento, tal como lo disponen los art. 224 y 538 del C.P.P. (*). Sería contradictorio, que en caso de delito o presunción de éste, se exigiera una orden de juez competente y, en cambio, en caso de una falta o contravención, la autoridad administrativa pueda disponer el allanamiento de morada, que en ambos casos, tiene protección constitucional.

Se citó: (*) Donna, Edgardo - Maiza, María Cecilia, "Código Procesal Penal Comen-tado", Ed. Astrea, Bs. As., 1994, pág. 261.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLANAMIENTO. Sin orden judicial. Local abierto al público.

            Queda eliminada toda posibilidad de vicios en el obrar policial -alla-namiento sin la correspondiente orden judicial- toda vez que ingresaron al comercio en momentos en que se hallaba abierto al público y que la documentación incautada se encontraba sobre el mostrador.

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch (en disidencia)-

c. 4.113, HAIEK, Oscar D.

Rta: 13/2/96.-

Disidencia del Dr. Barbarosch: No obstante que el comercio se hallaba abierto al público y la documentación se encontraba sobre el mostrador, tanto el ingreso al local como lo allí secuestrado, requiere necesariamente orden de allanamiento del magistrado interviniente.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CALUMNIAS E INJURIAS. a) Configuración. b) Ley Orgánica Municipal N° 19.987, art. 20: inmunidad. c) Derecho de información.

            a) La imputación calumniosa sólo se satisface cuando se ha señalado: autor, hecho y circunstancias de modo, tiempo y lugar. La unidad del delito de injuria subsiste en razón de la continuidad en la conducta del autor, los actos injuriosos integran un contexto difamatorio.

            b) La inmunidad, conforme al art. 20 de la Ley Orgánica Municipal -19.987-, implica una sustracción temporaria del sujeto a las normas procesales hasta que se hayan producido ciertos actos no jurisdiccionales (desafuero, destitución, etc.)

            c) El derecho de información no puede alterar la necesaria armonía con los restantes derechos, también de raigambre constitucional, como la intimidad, el honor y la reputación de las personas. El honor es protegido por el Código Penal como forma indispensable para la convivencia pacífica. La tranquilidad propia es la base generadora de la paz social y por tanto la exigencia del respeto por la personalidad. La libertad de expresión no otorga la inmunidad absoluta para difamar gratuitamente y sin elementos de convicción que permitan realizar afirmaciones sobre las cualidades morales o éticas de otra persona.

C.N.Crim. Sala V (Correc.) -Filozof, Gerome, Escobar -

c. 33.551, CRESPO CAMPOS, Julio A.

Rta: 11/4/96.-

Se citó: Nuñez, Ricardo, "Tratado...", T. II, vol. II, págs. 114, 115, 126 y ss.; Bustamante Alsina, Jorge, "Los efectos civiles de las informaciones inexactas o agravantes", L.L., 1989-D-885; C.N.Crim., Sala III, c. 31.251, "Toma, Miguel A.", rta: 21/9/92, con cita de Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", T. I, pág. 214 y 109, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/92, pág. 183; C.S.J.N., Fallos, 300:75; C.N.Crim., Sala III, c. 27.811, "Uriondo, Luis", rta: 3/10/90, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 6/90, pág. 274; C.N.Crim., Sala. VI, c. 26.924, "Marcolli, M.", rta: 4/5/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 93.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHEQUE. FALSIFICACION: a) Imitación de firma: configuración. b) Ley 24.452: multas: improcedencia. Sede penal.

            a) Para que se configure el delito de falsificación de cheque, basta que uno de sus elementos, como el texto o la firma, sean objeto de falsedad documental, no siendo sólo la imitación de la firma, un requisito indispensable para tener por configurada la artimaña.(*)

            b) Es improcedente en sede penal, la aplicación de alguna de las sanciones pecuniarias establecidas por la ley 24.452, puesto que‚ aquellas están dirigidas a toda infracción de índole comercial cometidas por individuos que libren cheques sin las formalidades de rigor, más en modo alguno constituye una norma penal inserta en una ley común.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González, González Palazzo-

c. 27.193, DE LA FUENTE, José A.

Rta: 5/3/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 36.122, "Crocco, Pablo", rta: 9/11/89, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/89, pág. 259 y Plenario "Horowitz, León", rto: 3/6/49, C.C.C., Fallos, T. VII, pág. 441 y C.C.C., Fallos Plenarios, T. I, pág. 563.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPETENCIA. Juez Correccional: declaración indagatoria. NULIDAD: Proceden-cia.

            Corresponde declarar la nulidad de la declaración indagatoria, recibida por el Juez en lo Correccional en la cual se interrogó al imputado en relación al delito de defraudación, por resultar esta materia ajena a su competencia. Si bien el art. 50 del C.P.P. convalida los actos de instrucción practicados hasta la decisión de la competencia, este precepto encuentra su excepción en lo dispuesto por el art. 36 del mismo ordenamiento legal, que sanciona la inobservancia de las reglas para determinar la competencia en razón de la materia con la nulidad del acto, cuando este puede ser repetido.

C.N.Crim. Sala VI (Correc.) -González, Escobar, Elbert-

c. 4.499, SARSA GALLO, Martín E.

Rta: 21/3/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPETENCIA. Ordinaria. Servicio de correo privado.

            La norma del art. 154, C.P. no comprende a las empresas particulares que llevan a cabo el correo, toda vez que la vinculación entre prestador y prestataria del servicio se hallaría ligada a una relación privada. Careciendo de sustento la remisión del proceso a la justicia federal porque el hecho ilícito ni atenta, ni pone en peligro o daña la seguridad del Estado o sus instituciones, como así tampoco se ve involucrado en el acontecimiento ningún funcionario público.                      

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos-

c. 4.169, OCAMPO MEDINA, José

Rta: 13/2/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPETENCIA. FEDERAL: Correo privado.

            De conformidad con lo dispuesto por el art. 33, inc. 1°, c) del C.P.P., corresponde intervenir a la Justicia Federal, debido a la especial protección que acuerda la norma a la correspondencia, con fundamento en la libertad individual y que trasciende la mera ejecución del servicio postal, aunque sea prestado por una empresa privada.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert-

c. 4.456, AYALA, Sergio A.

Rta: 14/3/96.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VI, c. 2.936, "Lafranchi, C.", rta: 4/5/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 68.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPETENCIA. FEDERAL: Por la materia.

            Toda vez que la DGI podría encontrar su interés económico comprometido, por imperio del art. 33, inc. c) del C.P.P., ha de ser la justicia Federal la que asuma la investigación dada la presunta falsedad de pólizas de seguro de caución, para garantías impositivas.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Ouviña, Piombo-

c. 4.750, MOLINS, Gustavo

Rta: 27/6/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPETENCIA. FEDERAL: Violación de correspondencia. Correo público.

            Corresponde la competencia de la Justicia Federal, cuando los delitos están dirigidos a violentar o estorbar la correspondencia o cuando obstruyan el normal funcionamiento de una institución oficial, característica que sólo reúne el correo público. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Donna, Tozzini-

c. 4.091, ALFONSO, Adrián Eduardo

Rta: 23/2/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 3.553, "Rojas, Rubén A.", rta: 18/8/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/95, pág. 122.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPETENCIA. INSTRUCCION: Impuestos locales: falsificación de sellos.

            Es competente la justicia de instrucción toda vez que se trata de un impuesto de carácter local, cuyo pago se habría burlado mediante la imposición de sellos apócrifos. (*)

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Gerome, Navarro, Filozof-

c. 4.793, N. N.

Rta: 3/5/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 4.380, "Bustos, Pablo", rta: 28/3/96.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPETENCIA. INSTRUCCION: Taxímetro: uso de oblea apócrifa.

            El uso a sabiendas de una oblea apócrifa, supuestamente expedida por SACTA que habilita un automóvil como taxímetro, configura, "prima facie", la utilización de un documento público (art. 292, C.P.), por lo que debe declararse la competencia del Juzgado de Instrucción correspondiente.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, González Palazzo-

c. 4.200, FONT, Eugenio E.

Rta: 15/2/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAÑO. Transporte público. Improcedencia de la agravante. (Art. 184, inc. 5° del C.P.).

            Es improcedente la aplicación de la agravante prevista en el inc. 5° del art. 184 del C.P., respecto del vehículo afectado (colectivo) por tratarse de un bien de propiedad privada, al cual se otorga una licencia para prestar un servicio público, pero no goza de la custodia y protección que merecen como tales los bienes del Estado, abonando este razonamiento la circunstancia de que la utilización de los transportes colectivos, es facultativa del usuario y a raíz de ello, la relación entre el prestador y la persona transportada es de naturaleza contractual y no reglamentaria, lo que categoriza a estos vehículos como bienes aportados por el concesionario para la prestación de un servicio habilitado por las autoridades municipales. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) - González Palazzo (en disidencia parcial), González, Elbert-

c. 27.035, DI DONATO, Luis A.

Rta: 5/3/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 26.059, "Vigil, J.", rta: 31/5/94 y c. 2.710, "Pérez, A.", rta: 31/3/95.

Disidencia parcial del Dr. González Palazzo: Si bien el colectivo afectado al transporte público es un bien de propiedad privada, adquiere la calidad requerida por el tipo agravado al estar afectado a la prestación de un servicio de uso general, de interés para la comunidad, como lo es el transporte público. (**)

Se citó: (**) C.N.Crim., Sala VI, c. 2.571, "Rado, A.", rta: 31/3/95.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEBIDO PROCESO. GARANTIAS PROCESALES: Audiencias: ausencia del juez. NULIDAD: Improcedencia.

            Es improcedente la declaración de nulidad de una audiencia celebrada sin la presencia del juez, puesto que esta circunstancia tiene causa en la imposibilidad material y técnica de que una misma persona pueda estar presente, simultánea o alternativamente, en las múltiples audiencias que se fijan cada día y, al mismo tiempo, atender el despacho diario, estudiar la documentación de cada causa y resolver los expedientes. Por otra parte, cabe consignar que estuvo presente el actuario, quien dió fe de la corrección de los procedimientos así como también de la identidad de los comparecientes. (*)

            La conducta del juez, en estos casos, está motivada por la necesidad de evitar el mal mayor inminente de paralizar el funcionamiento del Juzgado, incurriendo en retardo de justicia.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 4.277, BARTOLOTTA, Francisco

Rta: 31/5/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 12.137, "Casabal Elía, A.", rta: 1/7/85, publicada en Bol. In. de Jurisp. N° 2/85, pág. 219.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARACION INDAGATORIA. Acta: omisión de constancia. Derecho de Negarse a declarar. Defensa en juicio. NULIDAD: Improcedencia.

            La omisión de dejar constancia en el acta del derecho de denegarse a declarar sin que ello implique presunción alguna en su contra, no conlleva a su nulidad, pues de su lectura surge que el deponente prestó expresa conformidad para la realización del acto; ello aunado a que el enjuiciado confesó su participación en el suceso criminoso en forma calificada y que, ni aquél ni su asistencia técnica plantearon su ajenidad ni expresaron tampoco que durante el desarrollo hayan sido objeto de presión alguna. (*)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Gerome, Filozof-

c. 33.731, ALVAREZ, Oscar

Rta: 11/4/96.-

Se citó: (*) C.S.J.N., "Schoklender, Sergio", Fallos 311:340; Carrió, Alejandro, "Garantías Constitucionales del Proceso Penal", 3º edición, págs. 282/3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. Poder para vender inmuebles. Rendición de cuentas insatisfactoria. Art. 173, incs. 3° y 7° del C.P. Atipicidad.

            No configura el delito previsto en el art. 173, inc. 3° del C.P., la conducta de quien induce a la víctima para que le otorgue un poder para vender dos inmuebles en su representación, entregándole luego una suma que se considera insuficiente. Pues el poder fue entregado según lo convenido, no hubo engaño destinado a que el sujeto pasivo creyera que el documento tenía otro carácter o contenido, tal como lo exige el tipo antes mencionado. Tampoco se configura, el delito de defraudación por infidelidad (art. 173, inc. 7°, C.P.), por cuanto habría sido necesario que, luego de obtenido el poder, el imputado hubiera actuado infielmente para conseguir un beneficio patrimonial para sí o para la compradora.

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 45.147, CAPASSO, Manuel O.

Rta: 16/4/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Configuración. Reten-ción indebida. Depósito irregular. No configuración.

            Constituye el delito de defraudación por administración fraudulenta, la conducta del procesado que realizó maniobras con el objeto de obtener un lucro indebido, violando así el deber de fidelidad hacia su empleador, que le había confiado la administración de valores para su manejo, con notorio perjuicio patrimonial para su mandante. No se tipifica el delito previsto en el art. 173, inc. 2° del C.P., cuando lo que se debe restituir es dinero y otros bienes fungibles que no encuadran dentro de la cosa a la que se refiere el mencionado artículo, salvo que se haya entregado en depósito regular, lo que en el caso no se ha verificado.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González Palazzo, Elbert (en disidencia parcial), González-

c. 27.466, GUERRA, Aníbal B.

Rta: 28/6/96.-

Disidencia parcial del Dr. Elbert: No se configura el delito de defraudación por administración fraudulenta, puesto que las conductas desplegadas por el procesado no tuvieron carácter administrativo, sino que consistieron en desapoderar, y luego proceder al ocultamiento de los bienes mediante maniobras ardidosas. Aquéllos no habían sido entregados por una relación de confianza especial ni especialmente preconstituida, sino que es la básica e imprescindible en toda relación laboral por la que se concede un cierto manejo de las cosas propias a un tercero. El ardid estuvo orientado a un ocultamiento de lo sustraído y no a obtener los bienes con engaño, por lo que se ha configurado el delito de hurto por abuso de confianza. (*)

Se citó: (*) Núñez, Ricardo, "Tratado de derecho penal", Ed. Lerner, 1978, T. V, pág. 324.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Empleado de tesorería. Configuración.

            El empleado de la tesorería de una empresa, que confeccionó dos cheques en concepto de pago de dos facturas a proveedores, que los cobró y se apoderó del dinero, incurre en el delito de administración fraudulenta (art. 173, inc. 7°, C.P.), toda vez que ganándose la confianza de su empleador, y violando posteriormente el deber de fidelidad, se apoderó del dinero.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 44.872, SORIA, Oscar D.

Rta: 20/6/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Empleados del damnificado. Robo agravado: exclusión.

            Constituye el delito de defraudación por administración fraudulenta -debiendo excluirse la figura de robo agravado por su comisión en poblado y en banda-, la conducta de los imputados que en su calidad de empleados del damnificado, procedieron a cargar los elementos desde el puesto de venta del comerciante hasta el vehículo donde fueron transportados. La mercadería, pues, fue obtenida a través de un mandato, conferido previamente por su propio dueño para su venta, no existiendo por ende, un desapoderamiento violento, al no haberse acreditado en forma diáfana esa circunstancia, sino un obrar fraudulento dentro de la autonomía que le dio la relación laboral preexistente. (*)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Gerome, Filozof, Navarro-

c. 33.630, PACHECO, Rodolfo A.

Rta: 11/4/96.-

Se citó: (*) Navarro, Guillermo R., "Fraudes", Nuevo Pensamiento Jurídico Editora, 1994, pág. 134.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA. PRESCRIPCION DE LA ACCION: Momento a partir del cual se cuenta.

            El término de la prescripción empieza a correr, en el marco de un juicio comercial seguido al administrador infiel, cuando finaliza el plazo de cinco días por el que se le intima al pago judicial del saldo de su gestión, pues allí quedaría consumada la conducta fraudatoria del sujeto activo.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Barbarosch, Valdovinos, Navarro (en disidencia parcial)-

c. 4.343, MOMPEL, Carlos y otra

Rta: 3/5/96.-

Disidencia parcial del Dr. Navarro: Es improcedente generalizar acerca del momento consumativo en la administración fraudulenta, pero en los casos en que procede rendir cuentas, el perjuicio se produce cuando no se satisface el saldo o cuando se obtiene el recibo como consecuencia de la falsa rendición. Pues el administrador no rindió cuentas, de tal modo que su accionar fraudulento no se relaciona a esta circunstancia. Por ello debe confirmarse el decisorio que declara extinguida la acción penal. (*)

Se citó: (*) Carrera, Daniel P., "Defraudación por infidelidad o abuso", 1973, Ed. Astrea, pág. 88.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Sociedad de hecho.

            El manejo arbitrario de los negocios de una sociedad de hecho, en detrimento del patrimonio de cualquiera de sus socios, constituye el delito de defraudación por infidelidad.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Gerome, Navarro, Filozof-

c. 3.818, MONTONE, Andrés J.

Rta: 8/2/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Sujeto activo. Partícipe necesario.

            Sujeto activo del delito de administración infiel (art. 173, inc. 7° del C.P.) sólo puede serlo quien resulta garante de los intereses pecuniarios ajenos, pero quien efectúa un aporte indispensable y doloso a tal lesión concurre, en principio, como partícipe necesario.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 3.763, CARDARELLI, Renata y otro

Rta: 23/2/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS. ESTELIONATO: Concurso ideal. Venta de automotor prendado.

            Constituye el delito de desbaratamiento de derechos acordados, en concurso ideal con estelionato, la conducta de quien suscribe un certificado "08" sabiendo que el automotor estaba prendado y que aún no se había cancelado el total de la deuda. Con su accionar, el enjuiciado defraudó al acreedor prendario, por cuanto supeditó la efectividad de sus derechos a las resultas de un litigio, obligándolo a ejercer la acción repersecutoria contra el tercero adquirente (*) y por otra parte, al ocultarle el gravamen del vehículo, incurrió en el delito previsto en el art. 173, inc. 9° del C.P.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González, González Palazzo-

c. 27.296, BARLETTI, Martín M.

Rta: 8/3/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, "Gorsse, Enrique A.", rta: 7/3/69, E.D., T. 27, pág. 575.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. ESTAFA: Tarjeta de crédito. Participación: coautoría funcional.

            Si la procesada no participó por mano propia en la confección de la firma del titular de la tarjeta de crédito, -sea en ésta o sea en el cupón-, no es óbice para establecer su participación en el hecho en calidad de coautora, ya que la unión de voluntades (elemento subjetivo) y la división de tareas (elemento objetivo) integran el concepto de coautoría funcional, la que se evidencia por la circunstancia de que, conociendo la imputada la ajenidad de la tarjeta y lo espurio de las compras concretadas con ella, intervino activamente en las estafas cometidas. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola, Donna, Tozzini-

c. 44.984, STIETZ, Miriam E. y otro

Rta: 3/6/96.-

Se citó: (*) Jeschek, Hans-Heinrich, "Derecho Penal", Parte General, Ed. Comares, 1993, pág. 616.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. ESTAFA PROCESAL: Perjuicio patrimonial efectivo: ausencia. Atipicidad.

            Deviene atípica la conducta de quienes a pesar de haber observado un proceder fraudulento, no intentaron obtener ventaja patrimonial alguna ni procuraron un desmedro económico; si bien resulta indiscutible la inmoralidad de la gestión, no hay estafa procesal sin perjuicio patrimonial consistente en una apreciable pérdida pecuniaria. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Bonorino Peró, Piombo, Ouviña-

c. 21.166, CANCELA, José A. y otro

Rta: 18/3/96.-

Se citó: (*) Bergés-Giudice Bravo, "La Estafa Procesal", pág. 87; Soler, Sebastián "Derecho Penal Argentino", T. IV, pág. 370 y 371.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. ESTELIONATO: Constitución de derecho real de hipoteca so-bre un inmueble como libre de todo gravamen, conociendo la existencia de una hipoteca anterior.

            Constituye el delito de estelionato, la conducta de quien como representante de una firma comercial, participó en la celebración de dos mutuos hipotecarios sucesivamente, hipotecando en ambas ocasiones el mismo bien inmueble como libre de todo gravamen y recibiendo el importe de los mutuos. Ello es así, aun cuando posteriormente haya desaparecido el perjuicio, ya que en nada incide para tener por consumado el delito, la celebración del segundo contrato en el que se ocultó la existencia del anterior gravamen.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Navarro, Bonorino Peró, González-

c. 33.512, ETCHEMENDY, Alicia Z.

Rta: 27/5/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. DELITO. PARTICIPACION. ASOCIACION ILICITA. Distinción. II. DEFRAUDACION. ESTAFA: a) Firma autorizada para operar en Bolsa. Mesas de dinero. Absolución. b) Apariencia de bienes. No configuración.

I. DELITO. PARTICIPACION. ASOCIACION ILICITA. Distinción.

            La multiplicidad de hechos no conforma por sí sola la figura prevista en el art. 210 del C.P., cuyo bien jurídico tutelado es la tranquilidad pública. "La participación delictiva exige unidad de acuerdo y unidad de la conducta delictiva a realizar, aunque ésta se traduzca en varios delitos comprendidos en un mismo contexto de acción o en varios contextos contemporáneos. Por el contrario, la asociación ilícita requiere unidad de acuerdo y pluralidad de contextos delictivos a realizar sucesivamente. Esta última situación no puede confundirse con el caso de reiteración, de actividades delictivas en participación criminal, por las mismas personas, pues en esta hipótesis no existe un acuerdo comprensivo de esa pluralidad de actividades delictivas, que es lo que constituye la razón de que el tipo del art. 210 admita el castigo 'por el solo hecho de ser miembro de la asociación' ". (*)

II. DEFRAUDACION. ESTAFA: a) Firma autorizada para operar en Bolsa. Mesas de dinero. Absolución. b) Apariencia de bienes. No configuración

            a) Debe absolverse a los imputados en orden al delito de estafa reiterada, toda vez que no se advierte ardid alguno ejercido sobre los pretensos damnificados, ya que por un lado, debe atenderse la circunstancia que la firma comercial bajo la que operaban los imputados, se hallaba habilitada por la Comisión Nacional de Valores y, por el otro, debe observarse que los contratos de locación de Bonex eran celebrados en forma particular entre los encartados y los quejosos, no pudiendo desconocer estos últimos que ese tipo de operación financiera, que se realizaba entonces a través de las comunmente llamadas "mesas de dinero", conllevaban en sí un alto riesgo económico y, que ese riesgo fue asumido por las pretensas víctimas, en el afán de obtener mayores beneficios, incluso soslayando la reglamentación cambiaria vigente en la época. Por otro lado, cabe consignar que la fecha de cesación de pagos es sólo presunta, válida para la esfera de la ley especial de quiebra, que persigue de esta forma, invalidar actos perjudiciales para las pretensiones de la masa acreedora, pero que, al trasladarse al terreno penal, no implica una sujeción automática para convertir retroactivamente en delictiva la acción que no lo fue cuando ella tuvo lugar, ya que se debe tener en cuenta si al momento del hecho el agente activo desplegó actos engañosos que incidieran en la voluntad de los inversores provocando el error, el desplazamiento patrimonial y el perjuicio, ya que en caso contrario, cabría la hipótesis de juzgar como delictivas acciones que tal vez pueden ser ilícitas, pero no tipicamente antijurídicas y culpables.

            b) No importa apariencia de bienes, la omisión u ocultamiento de la situación jurídica del concursado o de las deudas que afectan a quien solicita un crédito, que posteriormente no abona. La ocultación de hechos o circunstancias desfavorables para otro, la disimulación que no alcanza a concretarse en un ardid o asociada a actos engañosos, no puede configurar el delito de defraudación. (**)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola, Donna, Tozzini-

c. 44.467, BUSSON, Alejandro R. y otros

Rta: 2/2/96.-

Se citó: (*) Núñez, Ricardo, "Derecho Penal", Parte Especial, Ed. Lerner, T. VI, pág. 187 y ss. (**) Irurzum, Víctor J., "El ardid en la estafa", Ed. Lerner, Buenos Aires, 1968, pág. 75.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DENUNCIA. Delito de acción pública. REQUERIMIENTO FISCAL: Ausencia. NULIDAD: Improcedencia.

            Es improcedente el pedido de declaración de nulidad de lo actuado, fundado en que la causa fue iniciada por denuncia de una de las víctimas y no por prevención policial, circunstancia que establecería la obligatoriedad del requerimiento fiscal de promoción de la acción. La prevención actuó advertida por un particular, pero en uso de las facultades que le otorga el art. 184 y cctes. del C.P.P., con fines de recolección de prueba y aprehensión de los supuestos autores, siendo éste el verdadero sentido que debe dársele a los términos denuncia y prevención, ya que someter todo un proceso a un rigorismo formal, resulta ajeno al espíritu de la ley y contrario a una adecuada administración de justicia, tendiente al descubrimiento de la verdad real. (*)

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Gerome, Navarro, Filozof-

c. 4.722, GOMEZ, Pablo S.

Rta: 30/5/96.-

Se citó: (*) Clariá Olmedo, Jorge A., "Derecho Procesal Penal", T. II, pág. 549/50.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DENUNCIA. EFECTUADA ANTE EL JUEZ: Omisión de lo dispuesto por el art. 180, C.P.P. NULIDAD: Procedencia.

            Corresponde declarar la nulidad del auto de falta de mérito apelado, pues habiéndose iniciado el proceso por denuncia en sede judicial, debió expedirse el fiscal en los términos del art. 180 del C.P.P., sin que la anterior remisión de las actuaciones al Ministerio Público por aplicación de lo dispuesto en el art. 196 del mismo cuerpo legal, permita soslayar tal recaudo.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Donna, Tozzini-

c. 4.024, BASCUÑAN de VILANOVA, Juana

Rta: 22/2/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETENCION. Personas consideradas "sospechosas". Ausencia de orden judicial. Incautación de armas de fuego. Validez de la prueba incriminatoria.

            Debe convalidarse el procedimiento policial llevado a cabo por los agentes preventores que, tras observar a dos individuos que caminaban en forma apresurada, procedieron a detenerlos por considerarlos "sospechosos" a fin de identificarlos, luego de lo cual se detectó que uno de ellos llevaba un arma de fuego por lo que se convocó a dos testigos, secuestrándose así un arma a cada detenido y documentación que permitió ubicar el comercio asaltado poco antes. La inspección efectuada tuvo origen en un estado de sospecha razonable y previo que animaba a los preventores en circunstancias en que resultaba imposible la obtención de una orden judicial sin riesgo en la demora. De ello se deriva que la policía tiene todo el derecho de revisar a una persona que haya detenido en forma legal, para asegurarse que ella no esté armada o que no esconde entre sus pertenencias otros elementos incriminatorios cuya destrucción sea necesario evitar (*). Proveer a la seguridad pública con la organización policíaca, entrenar a sus hombres, exigirles que prevengan los delitos y colaboren con los jueces en la represión de ellos, y declarar al mismo tiempo ilegal su proceder cuando, precisamente en función de su experiencia y profesionalidad, detectan la comisión de un delito, no parecen procederes compatibles entre sí. (**)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch (en disidencia)-

c. 4.839, ROMEAU, Miguel A.

Rta: 27/6/96.-

Se citó: (*) "U.S. vs. Robinson", 414 U.S. 218-1973. (**) C.N.Crim., Sala I, c. 4.900, "Herrera, Noemí del Valle", rta: 31/5/96.

Disidencia del Dr. Barbarosch: No existe en la causa explicación satisfactoria y fundada acerca del contenido del estado de "sospecha" que condujo a la detención, el cual debe ser previo al accionar preventor. Esta práctica policial infundada torna arbitraria e ilegítima la detención, pues el contenido de este concepto intenta atestarse con la expresión "caminaban en forma apresurada", construcción verbal con la que podría detenerse a todas las personas que caminan por el microcentro un día laborable, lo cual se condice más con la idea de un delito de "aspecto", incompatible con la noción de un derecho penal de culpabilidad. En nada incide que a la postre se haya logrado esclarecer un hecho ilícito cuando hasta entonces nada legitimaba la aprehensión, pues, "una aprehensión o requisa ilegal no puede quedar convalidada por lo que resulte de ella". (***)

Se citó: (***) C.S.J.N., "Daray, Carlos Angel", rta: 22/12/94, de los votos de los Dres. Moliné O’Connor y Levene (h); C.S.J.N., "Rayford, Reginal", Fallos 308:733 y "Ruiz", Fallos 310:1847; "Byars vs. United States", 273 U.S. 28-1927.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTUPEFACIENTES. Art. 7, inc. c), ley 20.771. Escasa cantidad y calidad. Absolución.

            Si bien el hecho de que se incaute poca cantidad de sustancia estupefaciente, no es óbice para considerar que tal accionar resulte típico -pues de seguirse otro lineamiento, se estaría desnaturalizando la figura de los llamados "delitos de peligro abstracto"-. Corresponde absolver a los encartados, en orden al delito de uso de estupefacientes en lugar público (art. 7, inc. "c", ley 20.771), en cuanto aquéllos fueron aprehendidos por personal policial, consumiendo cocaína en el interior de un vehículo. Del informe pericial, surge la escasa presencia de principios activos de alcaloides que presentaba el material, siendo aventurado afirmar la existencia de una verdadera aptitud toxicomanígena, que pudiera tener aquél, lo cual lleva a concluir "favor rei", que no se trataría de una sustancia estupefaciente en los términos que la ley penal exige, sino su mero desecho.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Gerome, Filozof, Navarro-

c. 33.556, TIGNANELLI, Hugo F.

Rta: 29/4/96.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESTUPEFACIENTES. TENENCIA: En la vía pública. Art. 14, ley 23.737. Delito de peligro abstracto. Configuración.

            Configura el delito de tenencia de estupefacientes, conforme el art. 14 de la ley 23.737, la conducta de quien, excediendo el ámbito de su esfera privada, fue hallado en la vía pública en posesión de estupefacientes. Ya que para que la conducta devenga atípica es necesario que la misma ni siquiera por vía de peligro tenga aptitud para vulnerar el bien jurídico protegido y tal imposibilidad de afectación no se da cuando el tenedor se encontraba en la vía pública sin que sea relevante la cantidad de material secuestrado. Por otra parte, cabe consignar que el tipo penal en cuestión es de peligro abstracto y no vulnera el art. 19 de la Constitución Nacional. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) - González Palazzo, González, Escobar-

c. 27.354, ZABALA de BARRIENTOS, Liliana I.

Rta: 30/4/96.-

Se citó: (*) C.S.J.N., M 114 XXIII, "Montalvo, Ernesto", rta: 11/12/90, J.A. 1991-I-242; C.N.Crim., Sala III, c. 31.221, "Pacheco Rubilar, Daniel", rta: 4/9/92, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/92, pág. 171; C.N.Crim., Sala IV, c. 42.779, "Tonon, Luis A.", rta: 25/3/93, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/93, pág. 12.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXCARCELACION. Conducta elusiva del imputado: improcedencia.

            La pluralidad de causas en trámite que registra el imputado y la conducta elusiva puesta de manifiesto en una de ellas, resulta pauta objetiva con entidad suficiente para presumir que, de recuperar la libertad, intentará eludir la acción de la justicia, por lo que resulta improcedente otorgar el beneficio de la excarcelación.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert-

c. 4.451, SWISTUNOWISCZ, Claudio

Rta: 12/3/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXCARCELACION. Preexistencia de condena de ejecución condicional. Improce-dencia.

            Que el procesado registre una anterior condena de ejecución condicional, impide que pueda ser sancionado nuevamente con esa modalidad. A ello cabe agregar la nueva imputación que se le formula, que demuestra que el imputado ha desoído la seria advertencia que implicaba la anterior condenación. Conforme lo expuesto se considera que, de recuperar su libertad, el encausado intentará eludir la acción de la justicia, por lo cual, no corresponde hacer lugar a la excarcelación solicitada.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Tozzini, Donna (en disidencia)-

c. 5.141, GONZALEZ, Sergio A.

Rta: 25/6/96.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala I, c. 5.072, "Ibarrola, José", rta: 21/6/96.

Disidencia del Dr. Donna: La escala penal aplicable al ilícito que se atribuye al imputado, permite su excarcelación, por aplicación de lo dispuesto en el art. 317, en función del art. 316, 2da. parte, del C.P.P., sin perjuicio de que la condena anterior que registra justifique la imposición de una adecuada caución real, para garantizar su comparecencia ante los llamados del juzgado.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXCUSA ABSOLUTORIA. Art. 185, C.P. Concubinato.

            Resulta improcedente la equiparación de la relación concubinaria al vínculo matrimonial civil, que recepta el art. 185 del C.P. como eximente de la responsabilidad penal.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 3.825, VERDUN RANELLI, Sandra E.

Rta: 16/4/96.-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FALSIFICACION. DOCUMENTO: Art. 292 del C.P. Configuración: condiciones.

            Para que se configure el delito de falsificación de documento, que prevé, el art. 292 del C.P., es condición indispensable que de la misma resulte perjuicio. Aun cuando las firmas cuestionadas resulten apócrifas, han sido insertas en escritos que habrían dado idénticos resultados de ser verdaderas. Además al ser reconocidas por el firmante, se presume su ratificación. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, González Palazzo-

c. 4.192, SALVIO, Roberto R.

Rta: 8/3/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 1.938, "Vidal, Miguel E.", rta: 30/8/94, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/94, pág. 101.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VI, c. 1.666, "Zeida, Gladys", rta: 16/6/94.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. FALSIFICACION. INSTRUMENTO PRIVADO: Cheques: endoso. Confi-guración. II. QUERELLA. ACUSACION PARTICULAR: Demanda civil: requisitos. NULIDAD.

I. FALSIFICACION. INSTRUMENTO PRIVADO: Cheques: endoso. Confi-guración.

            Configura el delito tipificado en el art. 292 del C.P., la falsificación de endosos de cheques, pues, "si bien es cierto, que en nuestro sistema penal no basta para la configuración del delito de falsificación de documento, la mera lesión de la fe pública en abstracto, no es menos exacto que existirá ese delito cuando otro bien jurídico, cualquiera que sea, resulte puesto en peligro". (*)

II. QUERELLA. ACUSACION PARTICULAR: Demanda civil: requisitos. NULI-DAD.  

            Debe declararse la nulidad de la acusación particular que a su vez implica demanda civil -en el sentido del art. 29, C.P.-, toda vez que no se han observado los requisitos prescriptos para la interposición de la demanda (art. 330, C.P.C. y C.). (**)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) - Escobar, González, Elbert-

c. 27.394, SZERMAN, Eduardo y otros

Rta: 28/6/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 26.781, "Montero, Armando A.", rta: 4/8/83, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/83, pág. 163; Sala IV, c. 39.179, "Blanco, Bernardo C.", rta: 5/7/91, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/91, pág. 251; C.N.Crim., Sala III, c. 13.930, "Saenz de Tejada, J.", rta: 3/4/81, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 5/81, pág. 99. (**) Navarro, Guillermo R., "La querella", Ed. Pensamiento Jurídico, Bs. As., 1985, 2da. ed., pág. 215; C.N.Crim., Sala VII, c. 7, "Perilli, José", rta: 26/8/80, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° IX/80, pág. 188; Sala III, c. 11.971, "Saleh, A.", rta: 6/7/79, publicada en Bol Int. de Jurisp. N° II/80, pág. 33; Sala III, c. 14.244, "Volpini, Roberto", rta: 30/6/81, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° VII/81, pág. 138 y c. 15.387, "Serra, Juan", rta: 29/4/82, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/82, pág. 55.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FALSIFICACION. INSTRUMENTO PRIVADO: No configuración. Tarjetas de crédito: cupones de compra.

            No corresponde ni aun en forma de concurso ideal, el posible delito de falsificación de instrumento privado, que algunos consideran con respecto a la falsificación de la firma de la adquirente en los cupones de compra con tarjeta de crédito; pues por documentar un negocio que sólo interesa a las partes contratantes -comprador, vendedor y firma emitente de las tarjetas-, si bien pueden valer como instrumentos privados en el ámbito civil, en lo penal carecen de atributos necesarios para poner en riesgo el bien jurídico: fe pública. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini, Donna, Rivarola (en disidencia parcial)-

c. 44.860, MAZZA, Elvira A.

Rta: 13/5/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 31.313, "Gaudini, Edgardo G.", rta: 10/3/87; c. 32.847, "Carreras de Camargo, María", rta: 21/12/87; c. 32.870, "Morales, Adriana G.", rta: 11/2/88; c. 41.372, "Fuensalida, Carlos M.", rta: 17/9/92.

Disidencia parcial del Dr. Rivarola: Los cupones que documentan las compras espurias llevadas a cabo por la procesada, son documentos privados cuya incolumnidad se encuentra también amparada por las disposiciones del Título XII, Cap. 3°, del Libro II, del Código Penal, en cuanto por dichas normas se castiga la creación de un documento falso imitativo de la verdad presunta e idóneo para engañar a un número indeterminado de personas, y también la adulteración de uno verdadero concurriendo iguales condiciones, como sucede en la especie y reiterando que en estos casos, donde la estafa concurre formalmente con la aludida falsedad documental perpetrada por quien firma los cupones con falsa identidad.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FALSIFICACION. INSTRUMENTO PRIVADO: Realizado para ocultar otro delito (usurpación) cometido con anterioridad. Absolución.

            Corresponde absolver en orden al delito de falsificación de instrumento privado, a quien fraguó un contrato de locación a fin que otra persona pudiese justificar su permanencia en el inmueble objeto del contrato, el cual había sido usurpado con anterioridad a la falsificación. Es preciso que el documento ocasione perjuicio real o potencial derivado de su empleo, lo que no ha ocurrido, porque éste no coadyuvó en la usurpación ni dificultó su pesquisa. No existe acción punible cuando la falsificación se ha cometido para ocultar o justificar un delito anterior, pues la usurpación que se habría procurado disimular ocurrió un año antes del innocuo empleo del falso contrato. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Barbarosch, Navarro-

c. 44.952, SPARER, Julio L.

Rta: 20/2/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 45.047, "Cavalli, Nicolás y otro", rta: 5/12/95.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FALSIFICACION. INSTRUMENTO PRIVADO: Tarjeta de crédito, comprobante de pago. Bien jurídico tutelado: fe pública.

            El comprobante de pago, realizado con tarjeta de crédito, es un documento destinado a atestiguar la realidad de la compra y debitarla en la cuenta del cliente, a los fines del reembolso de la entidad emisora, previo reclamo del comerciante. Dado que cuentan con circulabilidad, al fraguar esta clase de documento se afecta la fe pública, configurando el delito de falsificación de instrumento privado. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Barbarosch, Navarro-

c. 45.132, MENDEZ, Mauricio

Rta: 8/3/96.-

Se citó: (*) Núñez, Ricardo C., "Tratado de Derecho Penal", Parte Especial, Ed. Lerner, Buenos Aires, 1974, T. VII, pág. 201.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FALSIFICACION. INSTRUMENTO PUBLICO: Permiso de transporte. Decreto Municipal: creación del registro obligatorio. Atipicidad. INSTRUMENTO PRIVADO: Permiso de transporte. Documento emanado de funcionario municipal. Atipicidad.

            Deviene atípica la conducta de quien exhibió ante la autoridad policial un permiso de transporte falsificado, pues el inc. 2° del art. 979 del C.C. considera instrumentos públicos "a los que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado", debiendo entenderse la palabra "ley" conforme la norma que la Constitución considera como tal, quedando excluidas las llamadas "leyes en sentido material". De esta manera, no habiendo sido una ley formal la que estableció los requisitos pertinentes al documento cuestionado, sino un decreto municipal, la circunstancia de haber sido expedido por un funcionario de la comuna, no le otorga el carácter de instrumento público que requiere el art. 292 del C.P. El documento en análisis tampoco resulta susceptible de ser calificado como instrumento privado, ya que por haber emanado de un funcionario, su naturaleza es ajena a la de aquellos que las partes, en una determinada relación jurídica particular, extienden. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Ouviña, Bonorino Peró-

c. 21.192, CHAMBI MONTES, Jacinto

Rta: 26/2/96.-

Se citó: (*) Baigún, David - Tozzini, Carlos A., "La falsedad documental en la Jurisprudencia", Ediciones Depalma, Bs. As., 1992, 2da. edición; C.N.Crim., Sala VII, c. 5.805, "Latella, M. J.", rta: 28/2/86 y c. 21.027, "Torre, Pedro E.", rta: 2/2/96.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FALSIFICACION. SELLOS. COMPETENCIA: Juzgados de Instrucción.

            La falsificación de sellos, insertos en las boletas del impuesto a la radicación de automotores, recaudado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, es un hecho ajeno a la órbita de la Justicia en lo Penal Económico y por ende, debe ser investigado por la Justicia de Instrucción.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini-

c. 4.670, D.G.R.

Rta: 3/5/96.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala I, c. 4.640 "Acosta y Lara", rta: 3/5/96.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOMICIDIO. CULPOSO: Conducta de la víctima. Determinación de la responsabili-dad penal. Teorías. Absolución.

            Está acreditado que la víctima efectuó con su automóvil una maniobra antirreglamentaria al doblar en "U" hacia su izquierda para retomar la avenida por la que circulaba en sentido contrario, sin advertir el desplazamiento del imputado por una vía de tránsito rápido a altas horas de la noche.

            Para determinar la responsabilidad penal es necesario que la conducta del autor haya provocado la creación o elevación de un riesgo desaprobado jurídicamente, que debe ser disvalioso para el bien jurídico y, además, se materialice en el resultado (*). En cuanto a la determinación de cuando una conducta ha creado o elevado, el riesgo o no, corresponde apuntar que el imputado conducía a una velocidad que excedía de la permitida para la situación, lo que supone la elevación del riesgo que normalmente lleva ínsito el manejo de vehículos. En lo atinente a la "realización del riesgo desaprobado en el resultado", puede advertirse que el proceder del imputado no es el único prohibido en el contexto del hecho, ya que el examen que precede a la determinación de la responsabilidad penal no debe limitarse a la forma del comportamiento de quien dentro del proceso aparece como autor, sino que es indispensable analizar de igual manera la conducta de la víctima, puesto que un análisis parcial, centrado exclusivamente en la del imputado, supondría una flagrante violación a la presunción de inocencia, trocándola en una inadmisible responsabilidad penal (**).

            Por lo tanto corresponde absolver al imputado en orden al delito de homicidio culposo.

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Valdovinos, Barbarosch, Navarro-

c. 45.109, PLUDA , Federico A.

Rta: 9/4/96.-

Se citó: (*) Donna, Edgardo, "Teoría del delito y de la pena", Ed. Astrea, T. II, pág. 44. (**) Reyes Alvarado, Yesid, "Imputación objetiva", Ed. Temis, pág. 282.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOMICIDIO. CULPOSO: Configuración. Obstetra: posición de garante. Conducta omisiva.

            Si bien no ha podido acreditarse la existencia, por parte de la imputada de maniobras abortivas sobre el cuerpo de la víctima, su conducta configura el delito de homicidio culposo, pues, en su calidad de obstetra, tenía a su cargo la guardia de la paciente, debiendo reprochársele penalmente el deceso acaecido, producto de su actuar omisivo, consistente en la no derivación inmediata a un centro asistencial luego de que la víctima sufriera, según los dichos de la encausada, un "aborto espontáneo". Pues si bien es cierto, que dada la condición de obstetra de la imputada no podía exigírsele el comportamiento propio de un médico clínico, no puede soslayarse la circunstancia de que fue la propia encausada la que adoptó esa posición jurídica, pues "quien asume voluntariamente un riesgo, se convierte en garante, en la medida que con ello cree o aumente un peligro para otro". (*)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Gerome, Filozof-

c. 33.697, MENELLA de RIBOLDI, Elena B.

Rta: 31/5/96.-

Se citó: (*) Jiménez de Asúa, Luis, "Tratado de Derecho Penal", 1965, T. III, pág. 424; Jescheck, Hans-Heinrich, "Tratado de Derecho Penal", Parte General, tradución de Mir Puig, Santiago y Muñoz Conde, Francisco, Barcelona, 1995, T. II, págs. 874/5 y 856/7, Bosch Editora S.A.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOMICIDIO. CULPOSO: Mala praxis. Médico anestesista. Omisión del control de la mesa de anestesia. Principio de confianza. Beneficio de la duda. Absolución.

            Corresponde absolver al anestesista -imputado- en orden al delito de homicidio culposo por el cual se produjo el deceso de una paciente internada para la realización de una operación quirúrgica, a raíz de que estaban invertidas las mangueras de gases en la mesa de anestesia (se le suministró protóxido de nitrógeno en vez de oxígeno). Cabe consignar que en este tipo de actividades en las que participan varias personas, rige una suerte de división de funciones, siendo su principal objetivo el de realizar una distribución razonable de las tareas que en cada caso deben ser cumplidas. Es en estos supuestos donde rige el denominado "principio de confianza", es decir, que todos los integrantes del grupo de trabajo pueden esperar que los demás actúen con la debida diligencia; claro está que no es de carácter absoluto por cuanto cede al ser evidente que uno de sus integrantes va a defraudar esa confianza, sea de un modo imprudente o doloso, o cuando al competente en sí le falte cognocitividad de las reglas a aplicar o la posibilidad de seguirlas. Si bien existía respecto del encausado la exigencia de controlar la mesa de anestesia, no es menos cierto que, en el nosocomio donde aquél se desempeñaba, había una división denominada "Electro Medicina" cuya tarea era la de "entender en toda actividad que haga al mantenimiento preventivo y/o correctivo de los distintos elementos electromédicos, teniendo la función específica de mantenerlos en perfecto estado de conservación y funcionamiento, además de supervisar la correcta ejecución de los trabajos realizados por terceros. De lo expuesto se infiere que, si bien existía un deber general que pesaba sobre el imputado, por razones de especialidad, el control de la mesa de anestesia debía ser doble, uno de los cuales era de naturaleza eminentemente operativa -anestesista-; si a ello le agregamos que la falla observada puede considerarse de carácter operativo y que el equipo utilizado había sido reparado e instalado apenas unas horas antes de comenzar la intervención, puede sostenerse que, frente a la emergencia y al no tener motivo alguno para suponer la existencia de fallas, el encausado omitió concretar el cuidadoso control previo que le era requerido. El razonamiento esbozado previamente, crea un marco de duda insalvable, (art. 13, C.P.M.P.). (*)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Filozof, Gerome-

c. 33.755, PELERITTI, Humberto R.

Rta: 13/6/96.-

Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos 280:430, 296:610, 302:748, 307:207, 308:1575, 308:2561, 307:1094, 307:1779 y c. R. 586, XXI, "Rolón Zappa, Víctor F.", rto: 25/8/88 y S. 476, XXII, "Suárez Pravaz, Alejandra y otro", rto: 15/8/89; L.L., 69-114; J.A., 15-721; Welzel, Hans, "Derecho Penal Alemán", ed. 11° (4° en castellano), Ed. Jurídica de Chile, pág. 159 y ss.; Reyes Alvarado, Yesid, "Imputación objetiva", Ed. Temis, Colombia, 1994, pág. 141 y ss.; Hans-Heinrich Jeschek, "Tratado de Derecho Penal", Parte General, Ed. Bosch, T. II, pág. 812; Muñoz Conde, Francisco, "Derecho Penal", Parte General, Valencia, 1993, pág. 262. Günter, Jakobs, "Tratado de Derecho Penal", Parte General, traducción española, 1995, pág. 255, párrafo 54.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HURTO. Apoderamiento de cheque. ESTAFA. Falsificación de instrumento privado (cheque). CONCURSO. IDEAL.

            Constituye el delito de hurto en concurso ideal con estafa mediante falsificación de instrumento privado, la conducta de quien se apoderó ilegítimamente de dos cheques, asentando en el reverso, los datos y firmas correspondientes a los beneficiarios, así como la firma de la libradora, presentándolos luego al cobro. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Navarro, Barbarosch-

c. 45.037, ESCOBAR, Roque O.

Rta: 21/2/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 37.306, "Pérez Viñas, Justo", rta: 31/5/90, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/90, pág. 112; c. 45.028, "Hermosilla, Walter", rta: 23/11/95.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HURTO. Energía eléctrica: apoderamiento. Servicio de televisión por circuito cerrado. Tipicidad. Momento de la consumación.

            La apropiación del servicio de televisión por circuito cerrado, no puede configurar el delito de hurto, ya que se trata de un servicio y no, de una cosa, con los alcances que le otorga el art. 2.311 del Cód. Civil, como lo requiere el art. 162 del C.P.

            Lo que resulta apto para configurar el apoderamiento ilegítimo, prohibido por la citada norma del C.P., es la energía eléctrica de la señal que emite la empresa prestataria; lo cual ha de considerarse consumado a partir del momento en que el sujeto activo tuvo, debido a los trabajos previos de cableado, la posibilidad material de disponer de la energía de la señal, por breve que haya sido ese tiempo de disponibilidad. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini, Donna, Rivarola-

c. 44.667, BOMBA, Néstor N.

Rta: 9/4/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 38.674, "Dubin, Isaac", rta: 17/6/91, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/91, pág. 258; Sala I, c. 34.900 "Godoy, Carlos A.", rta: 31/8/89, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N°3/89, pág, 185; Sala I, c. "Agüero, Elvira", rta: 30/6/92, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/92, pág 143; Sala I, c. 44.432, "Carmine, Julio E.", rta: 9/8/95.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR. Pérdida del empleo. Existencia de indemnización.

            Las excusas alegadas por el imputado, salvo el despido laboral, no logran justificar su omisión, máxime en razón de la indemnización percibida.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Gerome, Navarro, Filozof-

c. 3.951, DALDAVO, Delia C.

Rta: 8/2/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUCCION. DELEGACION: Art. 196, C.P.P. Apelación: improcedencia.

            Resulta improcedente interponer recurso de apelación respecto a la delegación de la instrucción al fiscal. La circunstancia de correr vista al fiscal, en los términos del art. 180 del C.P.P., en nada impide que luego el juez ejerza la opción que dicha norma le otorga, ya que ello sería consecuencia del requerimiento respectivo, paso éste que resulta previo.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 4.559, MAGDALENA, Arturo M.

Rta: 21/5/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MENORES. CONTACTO DE MENORES CON SUS PADRES NO CONVIVIEN-TES: Ley 24.270, art. 1. No configuración.

            La temporaria ausencia de los hijos menores, durante el período vacacional, con alguno de sus progenitores o bajo su exclusiva responsabilidad, con conocimiento para alguno de ellos del domicilio exacto donde las vacaciones se desarrollaban, dado que la querellante no ignoraba las razones de dicho alejamiento no evidencia una acción contraria a derecho. La ilegitimidad que reclama el art. 1 de la ley 24.270, no puede residir en una conducta que la legislación no prohíbe, ni la autoridad judicial del específico fuero ha negado, si separados como se hallan los padres, resultaba imposible que el esparcimiento y descanso fuera compartido por ambos y hasta probablemente inconveniente para la convivencia en aquél período.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 4.342, TORRES, Leonor F.

Rta: 20/6/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENA. Parámetros para su mensuración.

            La culpabilidad del autor es el punto de partida para la determinación de la pena a imponer; a ello se deben sumar los criterios preventivos, tanto especiales como generales receptados por el art. 41 del C.P. Cuando el juez impone una sanción, debe meritarla sin que sea excesiva, ni se convierta en una mera declaración formal del Estado. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Navarro, Barbarosch-

c. 45.204, MAGARIÑOS, Sebastián

Rta: 14/5/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 37.600, "Arniella, Carlos A.", rta: 21/8/90.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENA. Suspensión de su cumplimiento. Conducta reiterante del imputado.

            Anteriormente ya se ha investigado la negligencia del médico que ocasionó la muerte de una joven y ahora las serias lesiones a otra paciente. Por lo tanto cabe sostener que su conducta no es reincidente sino reiterante, y que por el lapso temporal que medió entre ambos sucesos, la pena de prisión puede ser dejada en suspenso, al ser considerada sentencia unificadora, como una primera condena. En consecuencia, el cumplimiento de la pena puede quedar en suspenso.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini, Rivarola (según su voto), Donna-

c. 44.808, SORIA, José H.

Rta: 2/2/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENA. MULTA: Montos: actualización. Ley posterior a la comisión del delito. Art. 2, C.P.: no afectación.

            La aplicación retroactiva de la ley 24.286 (actualización de la pena de multa) no vulnera en modo alguno los principios del art. 2 del C.P., dado que los mayores montos que aquélla dispone no constituyen un agravamiento de la pena, sino su lógica actualización. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Correc.) -Elbert (en disidencia parcial), González, González Pala-zzo-

c. 27.520, SARACINO, Sergio

Rta: 30/4/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 25.759, "Ortiz, Miguel A. y otras", rta: 8/2/93.

Disidencia parcial del Dr. Elbert: Siendo la ley 24.286, posterior a la fecha de comisión del hecho, resulta de aplicación el art. 2 del C.P.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERITOS. Inscripción obligatoria en las listas de la Cámara. Arts. 254 y 259, C.P.P. DEFENSA EN JUICIO. INCONSTITUCIONALIDAD.

            Devienen inconstitucionales los arts. 254 y 259 del C.P.P., en tanto limitan la garantía de defensa en juicio, debido a la obligatoriedad de la inscripción de los peritos en las listas formadas por el órgano competente. La obligatoriedad del listado carece de razonabilidad, por cuanto no tiende a asegurar la idoneidad de los peritos y limita la libertad de la elección de las partes e indirectamente del juez, no pudiendo privilegiarse la vigencia de las normas reglamentarias, cuando aparece evidente que una mera cuestión ritual limita los derechos esenciales de las partes. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) - González (en disidencia), Elbert, Escobar-

c. 3.926, CASTELLS, Carlos A.

Rta: 9/4/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, "Jorman, Jorge", rta: 15/6/65; Bidart Campos, Germán, "Inscripción de peritos en una lista y designación judicial de peritos no inscriptos", E.D., T. 157, pág. 631 y ss.

Disidencia del Dr. González: La disposición cuestionada no afecta el derecho de defensa toda vez que de los peritos que figuren en la nómina, la parte podrá elegir a quien le merezca mayor confianza de acuerdo con sus méritos profesionales.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESCRIPCION DE LA ACCION. Absolución: procedencia.

            No habiéndose registrado en la causa, ningún acto con entidad interruptiva, debe declararse la prescripción de la acción y absolver al imputado, pues planteada la prescripción por la defensa después del llamado de autos para sentencia, resulta correcta la decisión del "a quo" de resolver la cuestión en la sentencia.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Tozzini, Rivarola (en disidencia parcial)-

c. 44.817, VILLANUEVA, Luis A.

Rta: 3/4/96.-

Disidencia parcial del Dr. Rivarola: Extinguida la acción penal, no cabe un pronunciamiento de mérito sobre el fondo del asunto, como lo es la absolución del causante, sino que debe dictarse a su respecto el sobreseimiento (art. 454, C.P.M.P. y 336, C.P.P.). (*)

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 44.479, "Recalde de Martínez, Dora R.", rta: 18/10/95; D’Albora, Francisco J., "Código Procesal Penal de la Nación", Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., pág. 324.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESCRIPCION DE LA ACCION. Acusación del Ministerio Público Fiscal. Acusación de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. "Secuela de juicio". No configuración.

            La acusación fiscal es el acto procesal que constituye secuela de juicio en los términos del art. 67 del C.P., sin que pueda equiparársele a tales efectos la posterior acusación de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, desde que dicha diligencia no modifica en modo alguno la etapa procesal inaugurada por aquel dictamen. De acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de la naturaleza jurídica de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrati-vas, en el sentido de que la actividad del organismo en una causa judicial no puede suplir la específica función del Ministerio Público. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, Elbert (en disidencia)-

c. 27.536, CACCIATORE, Osvaldo A.

Rta: 30/4/96.-

Se citó: (*) C.S.J.N., C 763 XXI -Recurso de hecho-, "Cacciatore, O. A. y otros", rta: 26/4/88, Fallos, 311:593.

Disidencia del Dr. Elbert: Habiendo formulado acusación la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, considero que la misma ha interrumpido la prescrip-ción.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESCRIPCION DE LA ACCION. ACTOS INTERRUPTIVOS: Art. 490 del C.P.M.P. Autos en secretaría.

            El decreto por el cual se conservaron los autos en la Secretaría para que las partes se instruyeran del resultado de las pruebas -art. 490 del C.P.M.P.-, interrumpió la prescripción de la acción penal.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Gerome, Filozof-

c. 33.533, AVICHELLI, Manuel A.

Rta: 4/3/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESCRIPCION DE LA ACCION. ACTOS INTERRUPTIVOS: Declaración indagatoria, ampliación. Improcedencia.

            Cabe excluir de las causales interruptivas de la prescripción de la acción penal, la ampliación de la declaración indagatoria cuando la misma no reconoce causa en un nuevo hecho. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, González Palazzo-

c. 26.597, PEDROUZZO, Roberto A.

Rta: 27/2/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 26.356, "Chayle, G.", rta: 19/5/94 y c. 26.480, "García, M.", rta: 2/8/94; C.N.Crim., Plenario N° 202, "Chaneton, César J.", rto: 15/12/95, E.D. 167-557.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESCRIPCION DE LA ACCION. ACTOS INTERRUPTIVOS: Llamado a indagatoria. No configuración.

            En el proceso regulado por la ley 23.984, debe considerarse como acto interruptivo de la prescripción, el auto de procesamiento y no el llamado a indagatoria, que no constituye un acto jurisdiccional de persecución, sino un medio de defensa. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Donna, Tozzini-

c. 3.930, SACCONE, Alberto

Rta: 15/2/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 3.361, "Yuan, Jian Min", rta: 20/11/95.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Delito de acción privada. Decreto que convoca a la audiencia, art. 591, C.P.M.P. Configuración.

            Los sucesivos decretos convocando a las partes a la audiencia de conciliación prevista en el art. 591 del C.P.M.P., constituyen secuela de juicio por tratarse de actos jurisdiccionales de impulso de la acción penal.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Donna, Tozzini-

c. 44.881, VIGIL, Constancio C.

Rta: 26/3/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: a) Ofrecimiento y producción de prueba. b) Llamado de autos para sentencia. No configuración.

            a) La producción de prueba, no constituye secuela de juicio, tampoco la invitación a que las partes la ofrezcan. (*)           

            b) El llamado de autos, si bien está destinado a dar impulso al proceso, en nada va dirigido contra el imputado pues podrá ser absuelto o condenado, por lo que tampoco configura secuela de juicio.

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch (en disidencia)-

c. 45.031, DE RIDDER, Luis y otros

Rta: 16/4/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Plenario N° 202, "Chaneton, César J.", rto: 15/12/95, D.J., 1996-I-589.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Proveído que dispone la captura del imputado.

            El proveído por medio del cual se ordena la captura en contra del procesado tiene entidad interruptiva de la prescripción de la acción penal, y constituye secuela de juicio. (*)

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Gerome, Filozof-

c. 33.566, SANDONE, Oscar A.

Rta: 15/3/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 33.482, "Miño, Carlos A.", rta: 30/11/95.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRISION PREVENTIVA. CADUCIDAD: Ley 24.390, art. 7. Momento de inicio del cómputo de los plazos.

            El cómputo del tiempo transcurrido en prisión preventiva, incluye los dos años transcurridos en prisión a que alude el art. 7 de la ley 24.390, puesto que de lo contrario, debe concluirse que dos años sería un plazo normal y razonable de encierro precautorio, lo cual resulta inadmisible, por cuanto la detención asegurativa no es pena, a pesar que lamentablemente existe una cierta tendencia judicial y extrajudicial, a entremezclar ambos conceptos transcurrido el cual se convierte en un exceso. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -Elbert, González (según su voto), Escobar-

c. 27.558, MARTINEZ SAUCO, A.

Rta: 11/4/96.-

Según voto del Dr. González: La inclusión en el cómputo, de los dos años transcurridos en prisión preventiva, podría favorecer desmedidamente al detenido, en especial a los que han sido procesados por delitos graves y en algunos casos tener por cumplida la totalidad de la pena cuando en realidad han estado privados de su libertad tan sólo una mínima parte del tiempo que les impusiera o requiriera como sanción. (**)

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 26.882, "Ledesma, W.", rta: 30/12/94. (**) C.N.Crim., Sala VI, c. 26.904, "Echeverría Pradena, L.", rta: 17/2/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 31; C.N.Crim., Sala VI, c. 111, "Fernández Laborda, Guillermo J.", rta: 30/1/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 13; C.N.Crim., Sala VI, "Puccio, Arquímides Rafael"; Solimine, Marcelo, "Reflexiones sobre la ley 24.390", 2da. parte, L.L., 1995-A-1057; C.S.J.N., c. "Firmenich, Mario E.", rta: 28/7/87, Fallos 310:1476.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDIMIENTO DE CONSULTA. JUEZ DE INSTRUCCION: Delegación al fiscal. FISCAL: Solicitud del sobreseimiento. Aplicación analógica del art. 348, C.P.P. Improcedencia.

            Es improcedente la elevación en consulta, por aplicación analógica del art. 348, C.P.P., realizada por el juez de instrucción, para que la Cámara se pronuncie acerca de la postura asumida por el fiscal, quien, tras habérsele delegado la instrucción (art. 196), solicita el sobreseimiento de los imputados, posición en la que persiste aun después de la consideración del magistrado de profundizar la investigación. Puesto que las diferencias en tal sentido suscitadas entre el fiscal y el magistrado, ambos con facultades instructorias, no puede zanjarse con la imposición de conductas procesales a ninguno, pues conllevaría a una indebida intromisión de la alzada en la independencia funcional otorgada por la Constitución Nacional a ambos (arts. 116 y 120, C.N.), fuera de los casos admitidos por el ordenamiento regulatorio de formas y extendidos por la Cámara Nacional de Casación Penal. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Ouviña, Piombo-

c. 4.497, OPSANSKY, Miguel y otros

Rta: 14/5/96.-

Se citó: (*) Cám. Nac. de Casación Penal, Sala II, c. 7, "Avila, Blanca N.", rta: 2/7/93, Bol. de la Cám. Nac. de Casación Penal, N° 1/93, pág. 22.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPIEDAD INTELECTUAL. Ley 11.723, art. 72, inc. c): expresión "reproducir". Alcances del concepto. Exhibición televisiva parcial de un film. Atipicidad.

            Deviene atípica la conducta de quien reprodujo por medios televisivos un film en forma parcial, esto es, habiendo mutilado algunas escenas en razón de su contenido erótico y/o violento. Es erróneo afirmar que la conducta del imputado encuadra en el inc. c) del art. 72 de la ley de propiedad intelectual, puesto que el término "reproducir", implica copiar, no exhibir, tratándose de la representación de una obra y no de su reproducción. Queda claro entonces, que la norma citada protege los derechos del autor en relación a un posible plagio, definiendo sus medios comisivos, situación extraña a los hechos del sumario. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos-

c. 44.925, SALMOYRAGHI, Héctor M.

Rta: 27/2/96.-

Se citó: (*) Anzorregüy, Jorge E.- Da Rocha, Joaquín - Hernández Vieyra, Héctor H., "Delitos contra los Derechos Intelectuales", J.A., Doctrina, 1973, págs. 543 y ss.; Le-desma, Julio, "Derecho Penal Intelectual", Bs.As., 1992.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBA. Obtenida sin intervención judicial. Grabación de conversaciones telefónicas. Valor probatorio.

            La prueba consistente en la grabación de una conversación, no reconocida por la parte imputada y que no cuenta con la correspondiente intervención judicial, violando de ese modo las garantías previstas en el art. 18 de la C.N., en la medida que el interrogatorio tenía por destino lograr que se autoincriminara el imputado, carece de valor probatorio. La invalidez o nulidad de un acto procesal realizado en transgresión de formas o garantías constitucionales o legales, comprende a los medios de prueba y elementos de convicción que abarque; no obstante no se extenderá a otras pruebas de él derivadas que no sean consecuencia necesaria, inmediata y exclusiva de la infracción y a las que, en razón de su existencia material se hubiera podido acceder por otros medios. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos-

c. 4.285, STANISLAWSKY, Jorge O.

Rta: 29/2/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala II, c. 23.680 "Pardo, Constantino", rta: 13/6/80 y De la Rúa, Fernando, "La doctrina de los frutos del árbol prohibido", L.L., 1995-E-941.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUERELLA. ACCION PARA QUERELLAR Y PERSONERIA: Particular damni-ficado.

            El carácter de ofendido por el delito, como presupuesto de la legitimación para querellar, sólo se requiere a título de hipótesis ya que de exigirse su comprobación previa a la iniciación del proceso, implicaría imponer a la parte "ab initio" la demostración de la materialidad del ilícito, que es uno de los fines de la investigación que se impulsa.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, González Palazzo-

c. 4.233, BENITEZ, Néstor

Rta: 8/3/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECONOCIMIENTO EN RUEDA DE PERSONAS. Exhibición de fotografías previa a la rueda. Ausencia de valor probatorio.

            Toda vez que a los testigos se les exhibió una fotografía del sospechado, quien no estando prófugo, sino detenido, era ciertamente factible someterlo a las pertinentes ruedas de reconocimiento. Además, de rechazarse aquélla en condiciones indudablemente indicativas, pues la foto no integraba un conjunto de retratos sino que fue expuesta sola; de manera que la falta de otras imágenes alternativas obligaba al testigo a centrar su percepción en la única que se le exhibía, la cual incluso, correspondía al documento nacional de identidad del encausado posibilitando el conocimiento de los datos en él contenidos.

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Bonorino Peró (según su voto), Ouviña, Valdovinos-

c. 21.139, SZEDLAK, Eduardo J. y AMARILLA, Arnaldo M.

Rta: 9/4/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACION. Gestor de negocios: aplicación supletoria del art. 48 del C.P.C. y C. Improcedencia.

            En la investigación de delitos de acción pública, no es pertinente la aplicación de una norma procesal del derecho privado para acciones privadas (art. 48 del C.P.C. y C.), tal como pretende el letrado patrocinante de la acusadora particular, quien intenta suplir la voluntad de aquélla interponiendo recurso de apelación en su nombre, asumiendo así una representación directa en un acto procesal trascendente, que no le fue conferida mediante poder especial (art. 83, C.P.P.) y que por disposición del art. 1184, inc. 7° del Cód. Civil, requiere su concreción en escritura pública.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini, Rivarola (en disidencia)-

c. 4.399, DUFOUR, Vilma

Rta: 28/2/96.-

Disidencia del Dr. Rivarola: El letrado que patrocina a la querellante apeló el auto de sobreseimiento dictado, indicó los motivos en los términos del art. 438 del C.P.P., y requirió que se diera curso a su presentación, invocando la gestión de negocios prevista en el art. 48 del C.P.C. y C.. A su vez, la accionante ratificó lo actuado por el letrado, dentro del término previsto en esa norma procesal, por lo que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, pues el ordenamiento ritual civil y comercial se integra al C.P.P., en tanto la aplicación del instituto no esté expresamente prohibida por este último, impedimento que no existe en este caso.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE CASACION. Procedencia. Desestimación de denuncia o querella: valor de cosa juzgada material.

            La desestimación de la querella, conforme el actual Código de Procedimientos Penal -ley 23.984-, o la denuncia por atipicidad de los hechos en que se fundan, al igual que la interpretación del art. 200 del C.P.M.P., establece una forma conclusiva con efecto de cosa juzgada material. Esto determina que proceda el recurso de casación interpuesto en relación a aquélla, toda vez que torna imposible la continuación de las actuaciones. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Tozzini, Donna (en disidencia)-

c. 3.831, EDITORIAL ANTARTICA S.A.

Rta: 3/4/96.-

Se citó: (*) D’Albora, Francisco, "Curso de Derecho Procesal Penal", Ed. Abeledo Perrot, 1982, T. I, pág. 95 y T. II, pág. 61; Oderigo, Mario, "Derecho Procesal Penal", Ed. Depalma, 1973, págs. 405/441; Ledesma, "El proceso penal", Ed. Policial, 1973, T. I, pág., 85; D’Albora, Francisco, "Código Procesal Penal de la Nación", Ed. Abeledo Perrot, Bs. As. 1993, pág. 183 (doctrina contraria).

Disidencia del Dr. Donna: La desestimación no equivale al sobreseimiento, dado que no hubo proceso propiamente dicho, bastando que la parte agregue otro tipo de prueba para que se inicie el trámite de la causa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE REPOSICION. Procedencia ante el Tribunal de Alzada.

            El recurso de reposición sólo procede en la alzada contra las resoluciones que se dictan durante la substanciación del recurso de apelación, o las providencias de mero trámite. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Donna, Tozzini-

c. 44.836, TELLELDIN, Carlos

Rta: 18/3/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 8.005, "Romero, H. L.", rta: 23/3/77 y "Charaf, J.", rta: 13/9/77; Sala I, c. 43.865, "Commenge, Héctor J.", rta: 8/3/96.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECUSACION. Improcedencia. Prejuzgamiento.

            Cuando el juzgador expresa fundamentaciones de carácter necesario y como obligación funcional, para decidir las cuestiones introducidas por las partes y no anticipa indebidamente su opinión sobre el fondo de la causa, ni realiza consideraciones prematuras en exceso al marco de la resolución que debe pronunciar, no realiza prejuzgamiento. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert-

c. 4.293, HERRERA, Luis A.

Rta: 12/3/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 26.650, "Ranucci, C.", rta: 6/9/94.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REQUISA PERSONAL. Procedimiento policial. Ausencia de orden judicial. Validez.

            Son válidas las requisas personales llevadas a cabo por personal policial, que se hallaba facultado para investigar el suceso previamente denunciado y en conocimiento de juez competente; no debía estar precisamente autorizado para efectuar tales requisas pues las realizó en la vía pública y según los dichos de los preventores, se dirigieron exclusivamente a los individuos considerados sospechosos, que eran los que llevaban consigo mercaderías sustraídas del interior de la empresa denunciante. Equiparar esta actitud policial, con el exceso que podría cometerse cuando una fuerza de seguridad realiza un registro domiciliario sin la debida orden de allanamiento, conllevaría a una interpretación extremadamente rigurosa, porque limitaría cualquier decisión de los órganos de prevención para evitar o reprimir un delito, cual es su obligación de acuerdo al art. 184 del C.P.P.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González, González Palazzo, Escobar-

c. 27.241, SORAIRE, Francisco A. y otros

Rta: 7/6/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. Configuración. ATENTADO CONTRA LA AUTORIDAD: Diferencia.

            Para que se configure el delito de resistencia a la autoridad, es necesaria la oposición del agente a la acción que ya ejecuta el funcionario, en contra de personas determinadas, que hayan estado en condiciones de percibirla, a través de la actitud asumida por aquél y las circunstancias particulares que las condicionen, esto es, en situación que no dé lugar a error. Es la contemporaneidad entre la violencia y el acto del funcionario, lo que esencialmente distingue el tipo en análisis, con el de atentado contra la autoridad pública, pues para que se configure este delito, art. 237, C.P., no debe haber comenzado el acto funcional, siendo la violencia ejercida, prioritaria al mismo. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 44.630, BORDON, Juan C.

Rta: 23/4/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Plenario "Palienko, B.", rto: 28/11/47, C.C.C., Fallos T. V, pág. 747 y C.C.C., Fallos Plenarios, T. II, pág. 452; C.N.Crim., Sala I, c. 43.830, "Mendoza, Marcelo A.", rta: 2/11/94, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/94, pág. 186 y c. 44.463 "Romero, Rogelio A. y otra", rta: 14/7/95.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROBO. Concurso ideal. ROBO DE AUTOMOTOR: Dolo: requisitos. Configuración.

            Constituye el delito de robo de automotor en concurso ideal con robo simple, la conducta de quien luego de haber ascendido a un automóvil de alquiler, intimó al chofer para que le entregara la recaudación diciendo que llevaba un arma, lo hizo descender del vehículo, expresándole que lo dejaría en las cercanías del lugar. Es improcedente, la argumentación consistente en que el procesado no tuvo dolo de quedarse con el automóvil sino sólo de apoderarse de lo recaudado; el imputado entonces conocía que el objeto sobre el que recaía su acción era un automotor, que éste era ajeno, que lo estaba sacando de la esfera de su legítimo tenedor y, en consecuencia, que se apoderaba de él en cuanto lograra su plena disponibilidad. Dicho en otros términos, el acto de apoderamiento se estructura, por un lado, con el acto material de obtención de la cosa, y por el otro, con el propósito de someterla al propio poder, es decir, el de disponer de ella; ese propósito comprende cualquier finalidad de uso, goce, afectación o destino que una persona pueda obtener de una cosa o le pueda dar a ella, o bien puede consistir en apoderarse de la misma para usarla o devolverla. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Barbarosch, Navarro -

c. 45.098, DUHOUR, Antonio y otro

Rta: 13/6/96.-

Se citó: (*) Núñez, Ricardo C., "Tratado de Derecho Penal", Parte Especial, Marcos Lerner Editora Córdoba, Buenos Aires, 1967, T. V, pág. 182 y edición 1989, T. IV, pág. 228; C.N.Crim, Sala I, c. 44.987, "Domínguez, Gustavo Daniel", rta: 24/5/96, (voto del Dr. Rivarola); Maurach, Reinhart - Zipf, Heinz, "Derecho Penal", Parte General, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1994, T. I, pág. 380; Tozzini, Carlos A., "Los delitos de hurto y robo", Ed. Depalma, Buenos Aires, 1995, pág. 264; Carrera, Daniel P., "¿Un caso de concurso ideal de delitos?", J.A. 1986-III-396.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROBO. AGRAVADO: Uso de armas y en banda. PRIVACION ILEGAL DE LA LIBERTAD. AGRAVADA: Violencia. CONCURSO. REAL: Improcedencia de doble agravante.

            La conducta de quien, tras haber ingresado a un comercio en compañía de otros tres individuos y mediante la exhibición de un arma de fuego cargada y apta para el disparo y un cuchillo, se apoderó ilegítimamente de objetos situados en ese lugar. Luego ingresó y permaneció mediante violencia y amenazas, en un domicilio particular -en su intento de escapar del personal policial que lo perseguía-, se constituye así el delito de robo calificado por el uso de arma, en concurso real con privación de la libertad, agravada por su comisión mediante violencia.

            No existe una agravación en el Código Penal para el robo por doble agravante. Los hechos deben subsumirse en el delito de robo calificado por el uso de armas. Sin perjuicio de ello, que los autores hayan actuado en banda, debe merituarse como un mayor disvalor del acto y ser tenido en cuenta a los fines de la pena.

C.N.Crim. Sala I (Def.) - Donna, Rivarola-

c. 45.034, MONSALVO, Raúl M.

Rta: 3/6/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROBO. ARMA IMPROPIA: Descripción. Agravante. Procedencia.

            Esgrimir una botella vacía, frente a una mujer con su hijo de corta edad en brazos, para desapoderarla de su cartera, aumentó ostensiblemente el poder ofensivo del agresor y lo colocó en situación ventajosa para el logro de su propósito delictivo. Así, por vía de la calificación de arma impropia, opera la agravante del art. 166, inc. 2° del C.P.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Gerome, Bonorino Peró, Filozof-

c. 4.889, GONZALEZ, Norberto A.

Rta: 26/6/96.-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROBO. ARMA IMPROPIA: Improcedencia de la agravante.

            Es improcedente la aplicación de la agravante prevista en el art. 166, inc. 2° del C.P. cuando para la comisión del robo se utiliza un arma de juguete, pues la ley pone el acento en la comisión del delito mediante la utilización de un arma y no en la "simulación de violencia armada". (*)

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Navarro, Filozof-

c. 4.490, GARRIDO, Rodolfo del Tránsito y otro

Rta: 12/4/96.-

Se citó: (*) Núñez, Ricardo C., "Tratado de Derecho Penal", Ed. Lerner, Córdoba, ed. 1989, T. IV, pág. 240.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOBRESEIMIENTO. Ausencia de declaración indagatoria. Procedencia.

            Corresponde el dictado de sobreseimiento aun ante la ausencia de declaración indagatoria, pues este acto no es un presupuesto jurídico para la procedencia de aquél, sino que la existencia de una imputación concreta contra una persona individualizada determina la viabilidad del instituto. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Donna, Tozzini-

c. 4.049, ORTIZ, Daniel A.

Rta: 28/2/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 4.014, "Bober, Angel N.", rta: 12/2/96.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOBRESEIMIENTO. Presupuestos para su dictado: legitimación pasiva del imputado.

            Para la procedencia del dictado del auto de sobreseimiento, constituye un presupuesto necesario la legitimación pasiva del imputado, sea a través de haber prestado declaración indagatoria, o bien a raíz del descargo formulado en los términos del art. 279 del C.P.P. (presentación espontánea). (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -Elbert, Escobar-

c. 4.341, MASCIAS, Adrián

Rta: 16/4/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 2.690, "Aguilar, M.", rta: 14/3/95.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. Multa: pago mínimo.

            El pago del mínimo de la multa no resulta requisito de procedibilidad o admisión de la solicitud de suspensión del juicio a prueba.

C.N.Crim. Sala V (Correc.) -Gerome, Navarro, Filozof-

c. 3.595, VIGNALE, Luis

Rta: 28/2/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. Oposición del fiscal. Improcedencia del instituto.

            La oposición del fiscal veda la posibilidad de hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba, pues el consentimiento -razonado y fundado- del Ministerio Público para la procedencia de dicho instituto está exigido expresamente como condición necesaria en el art. 76 bis, párrafo 4°, del C.P. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Tozzini, Donna (en disidencia)-

c. 44.764, FERNANDEZ, César A.

Rta: 5/3/96.-

Se citó: (*) Sala VII, c. 20.629, "Bogado, Juan E.", rta: 8/8/95; T.O.C. N° 15, c. 123, "González, Julián A.", rta: 3/11/94, J.A. 1995-III-538; Cám. Nac. de Casación Penal, Sala I, c. 518, "Asenjo, Claudio M.", rta: 17/10/95.

Disidencia del Dr. Donna: Si bien la ley exige dictamen favorable para hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba, tal oposición debe estar fundada y serlo en base a argumentos convincentes. La fundamentación de las decisiones judiciales y de los dictámenes de los funcionarios públicos son un imperativo constitucional que hace al estado de derecho. Es en base a ello que la objeción fiscal no es adecuada, ya que por los fines del instituto -evitar la pena privativa de libertad-, se estaría en tiempo oportuno para su concesión.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. Procedencia: pedido de pena. Carácter vinculante del criterio fiscal.

            El parámetro al que corresponde atender en primer término, para aplicar el instituto de la suspensión del juicio a prueba, se configura por la pena que merezca el procesado, según el criterio fiscal. Sin perjuicio que la posición del Ministerio Público no es vinculante cuando resultare infundada o errónea. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González (en disidencia), Escobar, Elbert-

c. 27.249, GOMEZ, Angel R.

Rta: 18/4/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 27.349, "Daract, D.", rta: 11/4/96 y c. 27.102, "Ortiz, J.", rta: 13/6/95.

Disidencia del Dr. González: La suspensión del juicio a prueba sólo es aplicable a aquellos supuestos cuya escala penal no exceda, en su máximo y tomando la pena en abstracto, el límite impuesto por el primer párrafo del art. 76 bis del C.P., en tanto las circunstancias permitan en el caso concreto, la ejecución condicional de la eventual pena a aplicarse y no medie oposición razonable del Ministerio Público. (**)

Se citó: (**) C.N.Crim., Sala VI, c. 27.360, "Statuto, H.", rta: 8/3/96, publicado en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/96, pág. 47.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VI, c. 27.462, "Schalit, D.", rta: 25/6/96.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. a) Requisitos para su procedencia. b) Oportunidad para su solicitud.

            a) Corresponde hacer lugar a la solicitud de suspensión del juicio a prueba, toda vez que la pena que merece el procesado, según el criterio fiscal y la parte querellante, no exceden de tres años. Rechazar lo peticionado basado en que la escala penal contempla un máximo mayor que el previsto en la ley cuya aplicación se pretende, aparece reñido con los conceptos básicos del derecho penal, a las circunstancias del hecho y al caso concreto, no permitiendo en principio formulaciones abstractas. Por otra parte, la calificación de delitos correccionales es ajena al Código Penal, es puramente organizativa y variable y, por ello, no resulta apta para fundar la interpretación de una norma que hace más a los tipos de pena, al cumplimiento de las mismas, a las sanciones alternativas, a la política criminal de un país, a los regímenes carcelarios, etc.

            b) En cuanto a la oportunidad para interponer el pedido de suspensión del juicio a prueba, debe ser interpretado en sentido amplio, abarcando la etapa que va desde la indagatoria hasta el llamamiento de autos para sentencia.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González (en disidencia), González Palazzo, Elbert-

c. 27.360, STATUTO, Horacio

Rta: 8/3/96.-

Disidencia del Dr. González: Sólo procede la aplicación de la suspensión del juicio a prueba, a aquellos delitos cuya escala penal, tomada en abstracto para el delito consumado, no supere los tres años de prisión que fijara la ley 24.316. En tal sentido, el 4to. párrafo del art. 76 bis introducido al Código de fondo, debe interpretarse armónicamente con el primero de la citada norma y no surge de aquél que se trate de un supuesto distinto, ya que dicha consideración podría conducir a una forzada exégesis, contraria al espíritu que impulsara su sanción. (*)

Se citó: (*) Informe del Diputado Antonio Hernández, Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sesiones Ordinarias, 1993; C.S.J.N., Fallos, 313:1149 y c. "Frigorífico Rioplatense S.A.", rta: 12/5/95, 315:929; T.O. N° 26, c. "González Jalillie, Mario E.", rta: 26/5/95, (voto de la minoría).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TENTATIVA. ROBO: Sujeto activo: disponibilidad sobre la cosa.

            Si ha existido "inmediatez" en la detención del autor y recupero de la cosa, el hecho debe reputarse tentado, pues la disponibilidad del bien ajeno no ha quedado consolidada en manos del sujeto activo, quien sólo ha ejercido sobre ella un señorío "efímero", ya que los incusos fueron capturados en las cercanías del lugar y a pocos instantes de ocurrido el hecho, por agentes policiales alertados por un ocasional espectador. El apoderamiento ha de consistir en la obtención real y efectiva por parte de quien sustrae un objeto (faz activa), lo que implica el bloqueo de esa posibilidad de disposición de lo sustraído por parte de la víctima, y su imposibilidad física de recuperarlo (faz pasiva). (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Navarro, Barbarosch-

c. 45.137, BELLOTTI, Pablo L.

Rta: 25/4/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 36.970, "Romero, Marcelo y otro", rta: 13/2/90, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N°1/90, pág. 10, J.A. 1991-III-104; Tozzini, Carlos A., "Los delitos de hurto y robo", Ed. Depalma, Bs. As., 1995, págs. 93/94.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USURPACION. INMUEBLE: No configuración.

            El delito de usurpación de inmueble no se configura, cuando el querellante manifiesta que abandonó voluntariamente el local y que tenía en su poder las llaves que le permitirían ingresar al mismo.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Gerome, Navarro, Filozof-

c. 3.823, ROCCATAGLIATA, Rubén

Rta: 7/2/96.-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISTA DE ACTUACIONES. Limitación. Secreto del sumario.

            Tanto el imputado como su asistencia técnica, pueden tener acceso a las actuaciones antes de aceptar el cargo y aun cuando no medie llamado a indagatoria, con la sola limitación del secreto sumarial, decidido por el Juez de la causa. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert (según su voto), Escobar-

c. 4.722, NUÑEZ, Miguel

Rta: 6/6/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 2.885, "Servian, O. D.", rta: 26/6/95.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCION PENAL. Legitimación activa. Falta de acción.

            La legitimación activa y el ingreso al sumario de la parte actora, debe serlo por quien soporta el daño producido por el delito y, en la denuncia formulada, sería en todo caso el Club River Plate, y no uno de sus socios.

C.N.Crim. Sala I (Correc.) -Rivarola, Tozzini, Donna (en disidencia)-

c. 5.710, DAVICCE, Alfredo

Rta: 14/10/96.-

Disidencia del Dr. Donna: La excepción de falta de acción se refiere a ésta, y no al querellante, que no es sujeto principal de impulsión de la acción.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACCION PENAL. PRIVADA: Desistimiento tácito. Efectos del desistimiento. INCONSTITUCIONALIDAD: Arts. 422, inc. 1° y 423, C.P.P.

            Son inconstitucionales los arts. 422, inc. 1° y 423, C.P.P., y en consecuencia será desaprobado todo auto que haga mérito de los mismos. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Correc.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 4.475, YARDIN, Clara

Rta: 19/7/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 4.720, "Lirola, Herminia I.", rta: 27/6/96 y C.N.C.P., Sala I, "Balza, Martín A.", rta: 14/8/95.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ACCION PRIVADA. Investigación preliminar. Recurso de apelación. Procedencia.

            En los delitos de acción privada se ha determinado que es necesaria una "investigación preliminar", a fin de evitar el desgaste jurisdiccional que acarrearía la tramitación de un juicio cuya sentencia declarara en definitiva la atipicidad de la conducta atribuida al querellado. Negar la posibilidad de apelación contra la resolución, que dentro de esta investigación preliminar, desestimó una querella por delito de acción privada, significa cercenar la garantía constitucional del debido proceso; por lo cual debe hacerse lugar al recurso de queja.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna,Tozzini-

c. 5.634, SALVI, Oscar y otro

Rta: 20/9/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

ALLANAMIENTO. NULIDAD: Procedimiento policial. Delito "in fraganti".

            No resulta nulo el procedimiento policial, pues debe interpretarse por delito "in fraganti", al instante de haber sido cometido el mismo. Por su parte nuestro ordenamiento rituario (art. 227, inc. 3°, C.P.P.), de acuerdo a la urgencia del caso, permite obviar la correspondiente orden de allanamiento que protege la inviolabilidad del domicilio, máxime cuando el procedimiento se realiza con anuencia para el ingreso a la vivienda y en presencia de testigos. (*)

C.N.Crim. Sala de Feria "B" (Int.) -Navarro, Valdovinos-

c. 136, SUAREZ, A.

Rta. 31/7/96.-

Se citó: (*) Núñez, Ricardo C., "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba", Ed. Lerner, Córdoba, 1986, 2° ed.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES. Improcedencia. Imputados individua-lizados.

            Es improcedente disponer el archivo de la causa, cuando existen personas imputadas de un delito, debiéndose definir su situación procesal de acuerdo a los arts. 306, 309 ó 336, C.P.P. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Tozzini-

c. 5.909, CORDOBA, Ramón R.

Rta: 5/11/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 2.515, "González, Pablo", rta: 24/2/95 y c. 3.567, "Oppen, Arturo E.", rta: 18/10/95.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala I, c. 5.062, "Shell", rta: 4/7/96 y c. 5.835, "De Delia, Carlos", rta: 30/10/96.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES. Procedencia. Carácter liminar. Falta de mérito.

            El archivo es una respuesta jurisdiccional semejante al rechazo del requerimiento fiscal, que solamente es admisible si tiene carácter liminar. No corresponde aplicarlo cuando se dictó falta de mérito o cuando se indagó. (*)

C.N.Crim. Sala IV (int.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos-

c. 4.822, VICEDOMINI, Roberto

Rta: 16/7/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 451, "Salas, H.", rta: 21/4/93 y c. "Laso de la Vega, Carlos", rta: 2/9/93, en L.L. 1994-D-460.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 5.002, "Perez, Héctor", rta: 17/7/96.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ARCHIVO DE LAS ACTUACIONES. Reserva. Sobreseimiento provisional.

            El archivo o reserva de las actuaciones, como modo de poner fin al proceso, importa restablecer el fenecido sobreseimiento provisional y no cuenta con respaldo en el régimen procesal de la ley 23.984, dado que resulta de raigambre constitucional (art. 18, C.N.) el derecho del imputado a obtener en su caso, un pronunciamiento que defina su situación de una vez y para siempre frente al orden legal, y que ponga término a la incertidumbre que deriva de su sometimiento a sospecha en el proceso penal.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña-

c. 5.517, MUSSI de ODRIOZOLA, Silvia

Rta.: 3/12/96.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VII, c. 4.474, "Trevin, Antonio", rta: 16/7/96; c. 4.585, "Vázquez, Gerardo E.", rta: 16/7/96; c. 4.584, "Cía. Sur Seguros de Vida", rta: 16/7/96; c. 4.610, "Rouges, Roger G.", rta: 19/7/96; c. 4.449, "Pérez, Oscar R.", rta: 19/7/96; c. 5.163, "Gruver, Jorge", rta: 3/10/96; c. 5.081, "Soria, Hernán H.", rta: 22/10/96; c. 5.464, "Perina, Diego", rta: 29/10/96; c. 5.337, "De Carlo, Carlos A.", rta: 12/11/96 y c. 5.347, "Arrizabalaga, Ricardo", rta: 3/12/96

---------------------------------------------------------------------------------------------

ARMAS. Adulteración de su numeración. Atipicidad. Encubrimiento.

            La adulteración de la numeración de un arma de fuego resulta atípica, sin perjuicio de que la conducta atribuida pudiera configurar alguna de las hipótesis del encubrimiento (arts. 277 y 278, C.P.). (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Ouviña, Piombo-

c. 5.822, COLALILO, Horacio F.

Rta: 9/12/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 5.179, "Geninazza, Marcelo", rta: 22/11/96.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ARMA. Impropia. Poder ofensivo de la misma.

            El alicate no reviste el carácter de arma impropia, ya que a poco de advertir su poder ofensivo, no puede considerarse que la víctima se haya amedrentado por la portación de ésta, en manos de uno de sus atacantes.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Valdovinos, Filozof-

c. 5.722, SAN JINES VIGO, Abraham J. y otro

Rta: 20/11/96.-

--------------------------------------------------------------------------------------------- AUDIENCIA DE CONCILIACION. Delitos de acción privada. Exhibición al querellado de la documentación incorporada al proceso. Nulidad del acto.

            Es nula la audiencia de conciliación (art. 424, C.P.P.), pues a la querellada se le exhibió documentación incorporada al proceso, desvirtuándose así la naturaleza del acto, cuya única finalidad es procurar la finiquitación del proceso mediante el avenimiento de las partes. Se transformó aquélla en una declaración indagatoria, negándose al imputado las debidas garantías. (*)

C.N.Crim. Sala I (Correc.) -Donna, Tozzini, Rivarola (en disidencia)-

c. 5.481, FLORES, Gustavo

Rta: 30/9/96.

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 33.335, "Massera, E.", rta: 7/6/88.

Disidencia del Dr. Rivarola: Existiendo dudas en el querellante respecto a la identidad de uno de los imputados, parece razonable que se aclare dicha circunstancia mediante las preguntas del caso y la exhibición de la documentación respectiva, máxime teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 426, C.P.P., que establece la posibilidad de realizar una investigación preliminar para individualizar al querellado.

--------------------------------------------------------------------------------------------- AUTO DE ALLANAMIENTO. Exigencia innecesaria ante la presencia y participación del Juez en el acto.

            Resulta ocioso exigirle al Juez, que en todo momento y personalmente participó del acto de allanamiento, emita una orden, en definitiva dirigida a sí mismo. El fundamento de tal exigencia aparece a los efectos de garantizar el contralor judicial del acto.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 5.286, AZZI, L. (Dr.)

Rta: 10/9/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

AUTO DE PROCESAMIENTO. Calificación legal asignada. RECURSO DE APELACION: Improcedencia.

            La mera calificación legal, asignada provisoriamente en el auto de procesamiento no resulta materia apelable, si la misma no influye en otros institutos como la prisión preventiva.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Ouviña, Piombo-

c. 5.774, OVIEDO, Ariel A.

Rta: 22/11/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

BANDA. ROBO: Agravado. No aprehensión de todos los integrantes de la banda. Configuración del tipo. Acuerdo previo: presunción "iuris et de iure".

            Conforme los dichos del testigo, en el episodio investigado habrían intervenido tres personas, corresponde entonces calificar el hecho como robo en poblado y en banda (art. 167, inc. 2°, C.P.).

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, Elbert (en disidencia)-

c. 4.934, ZARATE, Cristian R.

Rta: 11/7/96.-

Disidencia del Dr. Elbert: No debe calificarse el hecho como robo en poblado y en banda (art. 167, inc. 2°, C.P.), en la medida en que los tres o más integrantes de la "banda" no hayan comparecido a estar a derecho; dado que en tales casos el acuerdo previo, la imputabilidad, el grado de participación, etc., quedan reducidos a una mera presunción "iuris et de iure" que perjudica indebidamente al acusado con identificación y comparecencia. (*)

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 20.835, "Franco, Héctor M.", rta: 7/2/91.

---------------------------------------------------------------------------------------------

CAUCION. Apelación de la misma. Plazos.

            Si bien no surge claramente del texto del art. 332, C.P.P., se infiere que el término para impugnar el monto de la caución, en un incidente de exención de prisión o de excarcelación, es de veinticuatro horas.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos-

c. 5.898, PODESTA, María

Rta: 9/12/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

COMPETENCIA. FEDERAL: Art. 149 ter, C.P.

           

            El Código Procesal Penal (ley 23.984), atribuye expresamente la competencia de la Justicia Federal a los hechos que infrinjan la norma del art. 149 ter, Código Penal. Restringirla a los casos en que la seguridad del Estado Nacional o de algunas instituciones se vean afectadas, conllevaría a una excepcional intervención de dicho fuero; situación que el legislador no ha dispuesto expresamente en la redacción del artículo. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar-

c. 5.936, ACOSTA GONZALEZ, Jorge

Rta: 28/11/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 1.689, "Alvan, M.", rta: 16/6/94.

---------------------------------------------------------------------------------------------

COMPETENCIA. FEDERAL: Servicio de correos. Supresión de correspondencia.

            La supresión de correspondencia y consecuente falsificación de las firmas de los destinatarios en las planillas de control, imputada a un empleado de correo encargado de su distribución, afecta el normal funcionamiento del servicio de correspondencia, sin que a ello obste el carácter privado de la empresa. Así, por imperio del art. 33, inc. c), C.P.P., corresponde investigar el episodio a la justicia federal.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 4.813, HARO, Ricardo

Rta:10/7/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

CONCUSION. Funcionarios del Estado: exigencia de dádivas para provecho personal. EXACCIONES ILEGALES: Exclusión.

            Configura el delito de concusión, la conducta de los imputados que, en su calidad de inspectores de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, exigieron una suma dineraria a la propietaria de un comercio. Es improcedente entonces, la tipificación del delito de exacciones ilegales, puesto que éste se diferencia del antes mencionado en la base del motivo de la exigencia dineraria, cuando lo ilegítimamente solicitado no estaba dirigido al estado, sino al propio provecho de los imputados, con lo cual, al tratarse de un delito formal, queda consumado una vez exteriorizada la exigencia de una dávida. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola, Donna, Tozzini-

c. 44.854, BANEGAS, Marcelino y otros

Rta: 12/7/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 44.153, "Barbieri, Flavio E.", rta: 12/4/95; c. 44.396, "Tarragona, Miguel A.", rta: 30/8/95; Ramos Mejía, "El delito de concusión", Ed. Depalma, Bs. As., 1963, pág. 50 y ss.

---------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARACION INDAGATORIA. Citación. Ampliación. Facultad del Juez. RECURSO DE APELACION: Improcedencia.

            El llamado a prestar declaración indagatoria y su ampliación, respecto de circunstancias calificantes, es facultad excluyente del Juez de Instrucción, y por ende su denegatoria resulta inapelable por aplicación del art. 199, C.P.P.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Piombo-

c. 5.913, MOLINA, Alejandro A.

Rta: 20/12/96.

---------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARACION INDAGATORIA. NULIDAD: Remisión a un escrito anterior.

            Corresponde decretar la nulidad de las declaraciones indagatorias obrantes en el sumario, pues resulta improcedente remitirse a escritos anteriores, en sustitución del descargo del imputado, ya que esta circunstancia atenta contra el principio de inmediación, que impone al juez recibir la declaración indagatoria al imputado (art. 299, C.P.P.). No puede consistir en una mera remisión a un escrito presentado con anterioridad. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola (en disidencia), Donna (por sus fundamentos), Tozzini (por sus fundamentos)-

c. 5.657, CONTRERAS, Rolando y otros

Rta: 7/10/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 1.755, "Cornejo Terán, H.", rta: 28/7/94 y c. 5.129, "Rolando, Osvaldo", rta: 16/7/96.

---------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO LEY. CONSTITUCIONALIDAD: Dictado por un gobierno de facto. Ratificación tácita.

            Resulta constitucional el decreto ley N° 22.421 que reprime la caza, transportación, comercialización y distribución de la fauna silvestre, pues se considera que fue tácitamente ratificado por la ley 23.077, cuando al derogar expresamente determinadas normas penales, no incluyó en la enumeración aquella ley. En la validez de estos actos está en juego la seguridad jurídica del país, pues si bien se decidiera derogar todas la normas sancionadas por el gobierno de facto, se crearía una situación de desorden que debe ser evitada, más allá del repudio que se deba adoptar frente a esta clase de gobiernos. Esto es, que , teniendo en cuenta exclusivamente aquello más beneficioso para el orden jurídico de un país que vuelve de un régimen totalitario, ha de adoptarse como principio general el de la continuidad de las normas, pues de la otra manera se sufrirían consecuencias negativas mayores que las ventajas que se pudieran obtener. La ratificación, entonces, tiene su razón de ser en el principio de continuidad enunciado, y ha de interpretarse de esa manera por haber sido aquella la intención del legislador. (*)

C.N.Crim.Sala I (Int.) -Rivarola, Tozzini, Donna (en disidencia)-

c. 5.168, SUAREZ, Hugo N.

Rta: 20/8/96.-

Disidencia del Dr. Donna: Sostienen coincidentemente doctrina y jurispru-dencia, que al momento de decidir sobre la validad de las normas, aquéllas que preven una pena deben interpretarse con un criterio más restrictivo, pues la libertad individual es un derecho que el Estado tiene la obligación de resguardar, y sólo puede limitarlo en ocasiones excepcionales mediante un riguroso procedimiento, que comienza con la sanción de la ley y termina con el dictado de una sentencia firme, tal cual lo prevé el art. 18 de la Carta Magna. Esta distinción entre normas penales y aquellas que no lo son, adquieren suma significación al momento de decidir si la falta de pronunciamiento del Congreso Nacional sobre las leyes dictadas por los numerosos gobiernos "de facto", implica una ratificación tácita de éstas. En efecto, si bien por una cuestión de seguridad y de orden jurídico puede aceptarse este tipo de ratificación en el ámbito de las leyes no penales, no ocurre lo mismo en la esfera penal, y ello como consecuencia del grado de inferencia que tiene el Estado sobre el individuo, al privarlo de su libertad. (**)

            Los destinatarios de la ley penal no han recibido una señal cierta y precisa por parte del Estado, en cuanto a las conductas que se deben reputar prohibidas, y como el Congreso no se ha expedido, no se ha respetado, además de lo ya expresado, el requisito de publicidad que deben tener los tipos legales.

            Si se tratara de materia civil, por ejemplo, no existiría inconveniente en enrolarse en esa postura por una razón de continuidad y practicidad, pero en materia penal ha de primar, en caso de duda, la no ingerencia del Estado en la vida de los particulares. No es posible inferir del silencio del Congreso un consentimiento a favor de la validez de la ley.

            La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), norma de jerarquía constitucional, dispone que los tipos penales han de adecuarse a un procedimiento fijado por la Carta Magna de cada país, resultando claro que la supuesta ratificación tácita no responde al mecanismo de formación de normas, dispuesto en los arts. 77 al 84 de la Ley Suprema.

Se citó: (*) C.S.J.N., c. "Pignataro, Luis A.", rta: 15/10/91; (**) C.S.J.N., Fallos 306:73, 173 y 313:1621.

---------------------------------------------------------------------------------------------DEFRAUDACION. Art.173, inc. 7°, C.P. -cajero infiel-

            Incurrió en la hipótesis del art. 173, inc. 7°, C.P., la cajera de un supermercado que actuando en colusión con los "clientes" del comercio, no contabilizó el egreso de la mercadería tomada del salón de ventas; violando así el deber de cuidado que sobre fondos ajenos tenía a su cargo, en virtud del contrato laboral.

C.N.Crim. Sala V (Correc.) -Gerome, Navarro-

c. 5.100, FLORIBAL, Carlos A.

Rta: 11/9/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. Cajeros que desviaron dinero en provecho propio. COMPETENCIA: Juzgado de Instrucción.

            Los sujetos activos, aprovechando su condición de cajeros, violaron el deber de cuidado y desviaron en su provecho dinero perteneciente a la institución donde trabajaban, obteniendo así un lucro indebido al faltar al deber de fidelidad emergente del contrato laboral con el ente financiero. Entonces, su conducta encuadra "prime facie", en el art. 173, inc. 7°, C.P.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Gerome, Filozof, Navarro (en disidencia)-

c. 5.137, OYOLA, Rodolfo D. y otro

Rta: 27/9/96.-

Disidencia del Dr. Navarro: La hipótesis delictual mencionada encuadraría, en principio, en la figura del hurto (art. 162, C.P.) y es competente la justicia correccional.

---------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Improcedencia. Cajero de banco. HURTO. Por abuso de confianza.

            El cajero de banco que se apropia de dinero que le fue entregado para su función, comete el delito de hurto por abuso de confianza, pero no el de administración infiel previsto en el art. 173, inc.7°, C.P., dado que este último requiere como presupuesto una disposición patrimonial previa y voluntaria hacia el agente que abusa; lo que no tiene lugar entre empleado y empleador, dado que este último posee siempre todo aquello que confía al cuidado de aquel. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Navarro, Valdovinos (en disidencia), Barbarosch-

c. 45.322, VILLALBA, Julio C.

Rta: 4/10/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. "T. de G., D.", rta: 30/9/83, en E.D. 108-306; Sala IV, c. 45.283, "Anastacio, J.M." rta: 27/8/96; y C.N.C.P., Sala I, c. "Percunte, Mario", rta: 7/3/95 en D.J. 1996-2-13.

Disidencia del Dr. Valdovinos: Debe calificarse el hecho como fraude por administración infiel.

---------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Configuración. Agente de cobranzas. Retención de dinero.

            Cometió el delito de administración fraudulenta o infiel, del art. 173, inc. 7°, C.P., el agente de cobranzas de una empresa que retuvo para sí los importes de varios pagos que otras empresas efectuaron a su empleadora. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Elbert (en disidencia parcial), González, Escobar-

c. 27.521. SERU, Raúl

Rta: 26/11/96.-

Disidencia parcial del Dr. Elbert: No incurre en administración fraudulenta del art. 173, inc. 7°, C.P., quien reviste la calidad de empleado, pues carece del carácter de agente especial de manejo de bienes ajenos, con autonomía decisoria y obligación de rendir cuentas. Es evidente que el encausado "perjudicó intereses" de bienes que no se le "confiaron" sino asignaron, pero también que este perjuicio debe seguir un camino distinto, y dado que el desapoderamiento tuvo lugar dentro de la esfera de custodia de su empleador, estamos ante el hurto del art. 162, C.P. (**)

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala. VI, c. 26.373, "García, Hugo D.", rta: 21/11/94. (**) Carrera, Daniel, "Defraudación por infidelidad o abuso", Ed. Astrea, 1973; Creus, Carlos, "Derecho Penal", Ed. Astrea, 1988, T. I, pág. 517 y ss.

---------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. ESTAFA: Ardid idóneo. Configuración. ESTELIONA-TO: Gravamen oponible.

            Quien vende un automóvil conociendo que estaba gravado por un contrato de prenda, y oculta dicha circunstancia, incurre en el delito de estafa (art. 172, C.P.).

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Barbarosch (en disidencia), Navarro, Valdovinos-

c. 45.337, BIANCONI, Marcelo

Rta: 29/10/96.-

Disidencia del Dr. Barbarosch: Por ausencia de uno de los elementos objetivos del tipo penal estelionato, esto es la existencia de un gravamen oponible al querellante, debe descartarse su configuración. El mismo argumento corresponde a la figura de estafa, dado que el perjuicio patrimonial que sufriera el querellante surgió como consecuencia de dos situaciones, en las que el imputado no tuvo intervención directa: la demora en formalizar la venta y la inscripción de la prenda previa a la misma.

---------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. ESTAFA: Ardid idóneo para llevar al perjuicio a la víctima.

            El entregar cheques sabiéndolos incobrables, no es un mero incumplimiento de contratos civiles. Se está frente al delito de estafa, dado que el procesado y su coimputado, usaron un ardid que resultó idóneo para llevar al perjuicio de las víctimas; se ganaron la confianza de las mismas, y luego aprovechándose de esa circunstancia, entregaron cheques a cargo de mercadería, que ellos sabían, de antemano, eran incobrables.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Tozzini, Rivarola-

c. 45.141, BORDA, Daniel D.

Rta: 10/10/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. ESTAFA: Falsificación de cupones de tarjeta de crédito.

            La confección de los cupones de las tarjetas de crédito no alcanzan a ser aquellos documentos protegidos por el art. 292, C.P., habida cuenta que no son instrumentos que hagan nacer o modificar derechos de terceros. Por lo cual, no corresponde calificar como falsificación de documento privado, sino, estafa mediante falsificación de documento privado.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Rivarola (en disidencia parcial), Tozzini-

c. 45.050, SALOTTI, Luis N.

Rta: 2/9/96.-

Disidencia parcial del Dr. Rivarola: La falsificación de cupones de tarjeta de crédito ajena, usada para cometer estafas, encuadra en las previsiones del art. 292 y 55, C.P., ya que dichas falsificaciones tienen entidad suficiente para afectar el bien jurídico tutelado, no siendo otro que la fe pública, que concurre, en cada compra espúrea, en forma ideal con el delito de estafa (art. 172, C.P.).

---------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. ESTAFA: Teoría de la insignificancia. Improcedencia. Alteración del taxímetro que afecta a potenciales damnificados. Auto de procesamiento.

            No resulta procedente el argumento de la defensa, si se tiene en cuenta la acción de conectar cables a una plaqueta a fin de enviar por ese medio, pulsos al reloj taxímetro y alterar su marcha cada vez que se oprima un pulsador, y así incrementar el valor del viaje; no resulta procedente aplicar la teoría de la insignificancia. Ello es así, pues ante la posibilidad de potenciales damnificados, el daño al bien jurídico protegido no resulta ínfimo.

            En consecuencia, deberá confirmarse el auto de procesamiento en orden al delito de estafa tentado.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Donna-

c. 5.801, D'AVERSA, Osvaldo

Rta: 18/10/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. ESTAFA: Uso de documento privado falso. Entrega de cheques a cambio de mercaderías. Cheques rechazados por falta de firma de uno de los titulares. Configuración.

            Configura el delito de estafa mediante uso de documento privado falso, la conducta de quien entrega cheques a cambio de mercaderías a sabiendas que los mismos serán rechazados, toda vez que la cuenta bancaria estaba registrada a la orden conjunta de dos personas, y los documentos de marras, sólo contenían la firma del imputado. No es acertado sostener que se trataría de un caso de falta de cuidado de la víctima, pues al tratarse de un tipo penal que protege el patrimonio de las personas, especialmente frente a maniobras de este tipo, esta falta de cuidado, en nada le quita el obrar doloso del imputado, sino que estuvo en las previsiones del procesado, a los efectos de llevar a error a la víctima.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Rivarola, Tozzini-

c. 44.864, LEDESMA, Dante R.

Rta: 5/7/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. ESTAFA PROCESAL: Artificio apto para inducir a engaño al órgano jurisdiccional.

            La estafa procesal, consiste en utilizar a la justicia como medio para obtener un beneficio económico, en perjuicio de otro; se requiere, que la demanda promovida se acompañe de artificio apto para inducir a engaño al órgano jurisdiccional, hipótesis que no puede darse si el imputado obró, como se aduce, en connivencia con el entonces juez.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Barbarosch, Navarro,Vadovinos-

c. 5.515, EMBON, Pedro

Rta: 29/10/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA: Contador que retiene libros contables hasta el pago de sus honorarios.

            Comete el delito de retención indebida, art. 173, inc. 2°, C.P., el contador que retuvo los libros de una sociedad hasta que le fueron pagados sus honorarios, dado que éste es un derecho personal cuya salvaguarda no autoriza la retención de documentos ajenos por imperio del art. 3.939 del Cód. Civil, a "contrario sensu".

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 4.829, FERRARI, Roberto O.

Rta: 17/7/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

DELITO. SEVERIDADES ILEGALES: Facultad disciplinaria del celador.

            Comete el delito de severidades ilegales, art. 144 bis, inc. 3º, C.P., el celador que le aplicó una cachetada a un interno menor, que se negó a acatar una orden, dado que ello excede la facultad disciplinaria de aquél.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Valdovinos, Filozof, Gerome-

c. 34.000, BARBOZA, Alberto J.

Rta: 17/12/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

DENUNCIA. Menor víctima. Capacidad para denunciar: protección.

            No corresponde declarar la nulidad del acto promotor del proceso, toda vez que la fiscalía reprochó por la comisión del delito de coacción, en concurso ideal con abuso deshonesto. El simple hecho que la denuncia la realizara la propia víctima, quien detentaba al momento de los hechos veinte años y no veintiuno como la ley civil requiere y que, no sólo se limitó a denunciarlo ante la autoridad policial, sino también lo ratificó en sede judicial, se careó con el imputado y se sometió a la desagradable revisión médica. Todos ellos resultan ser elementos que prueban acabadamente su intención de instar, no pudiendo -en justicia- ser dejados de lado por el hecho que, por unos días, no alcanzó la mayoría de edad.

            De igual manera resultaría un contrasentido que la ley penal permita que un menor de dieciseis años, en ciertos casos, y en otros a los dieciocho, pueda ser acusado de un delito, y, por otra parte, se lo prive a esa edad de denunciar por sí solo un accionar del que ha sido víctima. Finalmente, el art. 72, C.P., está destinado a la protección de la víctima y no a la del victimario.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Gerome, Filozof, Navarro-

c. 33.924, FLORES, Flavio L.

Rta: 18/12/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

DESISTIMIENTO VOLUNTARIO. Improcedencia.

            No se da el desistimiento liberador de pena conforme al art. 43, C.P., pues el policía que persiguió al imputado, por alrededor de siete cuadras hasta lograr su aprehensión en el hueco de entrada de un edificio, bien pudo haber seguido de largo o perderlo de vista. Al no tener posibilidad efectiva de escapar, aquél aceptó sin resistencias su captura. El resultado del delito no fue posible, entonces, pero por circunstancias ajenas a su voluntad, lo cual resulta incompatible con el desistimiento voluntario alegado.-

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Rivarola, Tozzini-

c. 45.038, ORONA, Juan C.

Rta: 21/8/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

DESOBEDIENCIA. Improcedencia. Falta de notificación personal.

            La conducta del procesado de haberse presentado en las inmediaciones del colegio adonde asisten sus hijos, desobedeciendo de esta forma la prohibición dispuesta por el Juez Civil, no se encuentra atrapada en la descripción del art. 239 del C.P., pues no está probado que aquél haya sido personalmente notificado de la manda judicial concreta. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Donna-

c. 5.755, FLAGITONTE, Guillermo

Rta: 18/10/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 43.400, "Idachkin, Jorge O.", rta: 28/6/94.

---------------------------------------------------------------------------------------------

DETENCION. Del imputado. Lectura de derechos. Nulidad.

            La ausencia del acta que documenta la lectura de los derechos del imputado, por parte del personal preventor, no implica en todos los casos, la invalidez de lo actuado. Ello, en la medida en que no aparezca afectado el derecho de defensa.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos-

c. 5.634, ESNAOLA, Alejandro

Rta: 7/11/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

EMOCION VIOLENTA. Conforme las circunstancias del caso.

            En el estado de emoción violenta, al no producirse una supresión de la conciencia, sino un trastorno de la lucidez mental, un enturbiamiento de ella, la función amnésica no se verá suprimida totalmente, y por lo tanto no encontraremos amnesia, sino una alteración cualitativa de la memoria (dismnesia). Es decir que el individuo al evocar los hechos acaecidos exhibirá un registro mnésico desorganizado, fragmentado, con una sucesión de recuerdos parcelares inconexos (islotes mnésicos), que no le permitirán reconstruirlos en su evocación, cual si le faltasen varias piezas que le impidiesen armar su rompecabezas. Cabe recordar que la emoción no excusa por sí misma, sino que las circunstancias del caso deben tornarla excusable, dando así pábulo a la aplicación de la atenuante. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Vadovinos, Barbarosch, Navarro-

c. 45.381, IASI, Patricia N.

Rta: 29/10/96.-

Se citó: (*) Riu, Jorge A. - Tavella de Riu, Guillermina, "Psiquiatría Forense", Ed. Macchi, Bs. As., 1994, 2° ed., pág. 320.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ENCUBRIMIENTO. Adulteración del número de carrocería y motor de un rodado.

            El decreto-ley 6.582/58 sólo castiga la alteración de la numeración individualizante del rodado, estampado por orden del Registro Nacional del Automotor. Por ende, la conducta de modificar el número de carrocería y motor grabados por la empresa fabricante no es punible, sin perjuicio de que tal conducta encuadre, objetivamente, en la figura de encubrimiento (art. 277, inc. 3º, C.P.), habida cuenta de la procedencia ilícita que, sin duda, importa un automóvil con sus numeraciones identificatorias adulteradas.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Ouviña, Piombo-

c. 5.446, ALDAVEZ, Osvaldo C. y otros

Rta: 11/10/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

ESTADO DE NECESIDAD. Requisitos para su configuración.

            La causal de estado de necesidad, requiere algo más que su mera enunciación. Quien pueda estar comprendido en ella, deberá intentar, mínimamente, establecer que no consiguió trabajo, que el mal que atravesaba le era extraño y que tenía pendiente otros, que no fueran las de solamente vivir en condiciones similares a las que poseen muchos habitantes de este país.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Bonorino Peró, Gerome, Filozof-

c. 33.825, PEREZ, Alejandro J. y otros

Rta: 12/7/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

EXCARCELACION. Denegatoria. Restricciones. Falta de arraigo del imputado.

            La mera circunstancia que el causante registre antecedentes condenatorios, y la posibilidad que en los autos principales eventualmente recaiga pena de efectivo cumplimiento, no constituyen extremos suficientes para denegar el beneficio de la excarcelación. Ahora, ello sumado a la supuesta falta de arraigo del imputado, cuyo domicilio aún no se pudo constatar, genera la presunción objetiva del art. 319, C.P.P.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Barbarosch, Navarro,Vadovinos-

c. 5.338, BLANCO, Miguel A.

Rta: 13/9/96.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 5.375, "Cerrudo, Ricardo", rta: 19/9/96 y c. 5.531, "Farias Lopez, Roberto A.", rta: 16/10/96.

---------------------------------------------------------------------------------------------

EXCARCELACION. Restricciones. Condiciones personales de los imputados.

            Deberá denegarse la excarcelación, ante la objetiva y provisional valoración de las características que asumiera el hecho, las que dan cuenta de un innecesario ensañamiento con la víctima, a quien no obstante superar con amplitud en número, los autores del robo le infligieron una herida cortante en el cuello desde el inicio de la acción, lo cual revela las condiciones personales de los encartados, que hacen presumir, fundadamente, que no habrán de asumir los compromisos procesales (art. 319, C.P.P.).

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 5.772, PAROLARO, Sergio

Rta: 14/11/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

FALSIFICACION. INSTRUMENTO PRIVADO: Uso de los mismos.

            La falsificación de los instrumentos privados examinados, pese a englobar una pluralidad de actos, debe ser tratada como un único hecho, pues la consumación exigida por la figura penal aludida, es alcanzada recién con el uso que de aquéllos se haga, los cuales fueron introducidos en un juicio comercial en una sola y única presentación. (Del voto del Dr. Rivarola)

            Esta clase de instrumentos privados civiles que sirven para documentar una relación jurídica que interesa a determinadas partes, no llevan en sí ningún elemento que los haga portadores de fe pública, entendida ésta como la confianza puesta por terceros indeterminados en las formas y objetivos del propio instrumento, garantizados por la legislación del Estado, por ejemplo, cheques, cartas de porte, etc. (Del voto del Dr. Tozzini)

            La esencia de la falsificación (de documentos), se encuentra en el abuso de la forma en el tráfico jurídico. Y ello es así, ya que la fidelidad en la institución del documento como medio probatorio exige esta protección. De allí, que el valor del documento tenga un limitado número de personas que pueden ser afectadas, y en consecuencia, el perjuicio del que habla el código, no es otra cosa que convertir el tipo penal en un tipo de peligro concreto. (Del voto del Dr. Donna)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola (por sus fundamentos), Donna (por sus fundamentos), Tozzini (en disidencia)-

c. 45.068, ALBORNOZ, Juan C. y otro

Rta: 8/11/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

FALSIFICACION. INSTRUMENTO PUBLICO: Falsedad ideológica en instrumento público, art. 293, C.P. Oficial notificador.

            Comete el delito de falsedad ideológica en instrumento público, conforme el art. 293, C.P., el oficial notificador del Poder Judicial que insertó en diversas cédulas de notificación, la falsedad de afirmar que no pudo notificar las mismas por ausencia de moradores, cuando las pruebas desvirtuan este extremo.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Gerome, Filozof, Navarro-

c. 33.961, MARQUEZ, Ramón E.

Rta: 18/12/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

FALSIFICACION. INSTRUMENTO PUBLICO: Licencia de conducir. CONCURSO: Aparente. Uso de instrumento público falso.

            Sin la participación de la procesada no habría podido llevarse a cabo la falsificación de la licencia de conducir, ya que el instrumento tenía inserta una fotografía perteneciente a aquella (art. 45, C.P.). Las distintas figuras de falsificación documental y la de uso de documento falso, se excluyen entre sí cuando están constituidas por conductas del mismo sujeto. El autor de falsificación, que a la vez usa el documento, no puede ser castigado al mismo tiempo por aquella falsificación y por este uso, únicamente puede serlo por el primer delito. Por eso, quien luego de participar en la confección de la licencia apócrifa, la utilizó con miras a concretar un perjuicio, incurre en la figura que subsume el uso del documento en cuestión, es decir la del art. 292, C.P. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González, González Palazzo, Elbert-

c. 27.482, CUFARO, Olga T.

Rta: 19/9/96.-

Se citó: (*) Creus, Carlos, "Derecho Penal", Parte Especial, Ed. Astrea, 4° ed., pág. 476.

---------------------------------------------------------------------------------------------

FALTA DE ACCION. Exclusión del querellante por esa vía. Improcedencia.

            La condición de particularmente ofendido no coincide con la titularidad del bien jurídico afectado, permitiéndose la querella conjunta en delitos que agravian a la administración pública. Además es bastante con que el delito ofenda al particular. Por lo cual corresponde no hacer lugar a la excepción de falta de acción para querellar. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Tozzini, Donna (por sus fundamentos)-

c. 5.181, MON, María.V.

Rta: 16/7/96.-

Fundamentos del Dr.Donna: Si bien he votado con anterioridad aceptando que por vía de la excepción de falta de acción se excluya al querellante, un nuevo y detenido análisis del problema me lleva a rechazar que, por este camino, se puede excluir a un sujeto procesal, más aun cuando el texto legal no lo permite. En efecto, el art. 339, inc. 2°, C.P.P. es expreso al hablar de falta de acción. No es el caso analizado; el supuesto que la acción no haya sido legalmente promovida, ni que ésta no se haya podido proseguir, ni que estuviese extinguida. Así es que analizando el tema en profundidad la excepción de falta de acción se refiere a ésta, y no al querellante, que no es sujeto principal de impulsión de la acción. (**)

Se citó: (*) D'Albora, Francisco, "Código Procesal Penal de la Nación", pág. 102; Navarro, Guillermo, "La Querella", Ed. Pensamiento Jurídico, 2° ed., pág. 80; (**) C.N.Crim., Sala I, c. 1.220, "Cavallero, Juan", rta: 26/8/94; Clariá Olmedo, Jorge A., "Tratado de Derecho Procesal Penal", Ed. Ediar, Bs. As., 1964, T. IV, pág. 569/570.

---------------------------------------------------------------------------------------------

FISCAL. Ejercicio de la acción. Procedimiento de consulta.

            Dentro de la sistemática del Cód. Procesal Penal se infiere que la opinión del fiscal no puede constreñir la decisión del órgano jurisdiccional, porque no es dable admitir que el legislador haya querido otorgar a aquel funcionario el monopolio del ejercicio de la acción. Si otro hubiere sido el criterio, carecería de razón de ser el procedimiento previsto en el caso del art. 348, C.P.P.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Barbarosch, Vadovinos-

c. 5.492, FERNANDEZ, Jorge H.

Rta: 25/11/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

FISCAL. REQUERIMIENTO DE INSTRUCCION: Ampliación del objeto procesal. Necesidad de un nuevo requerimiento de instrucción. JUEZ: Apartamiento (art. 173, C.P.P.).

            Deberá nulificarse de oficio la decisión que, en violación al derecho de defensa del imputado, amplió el objeto procesal en estudio, sin el respectivo requerimiento de instrucción, por parte del Fiscal. Esta seria irregularidad, habilita se disponga apartar al Juez que conoce en el temario (art. 173, C.P.P).

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Donna, Tozzini-

c. 5.464, FERRON, Eduardo J. F.

Rta: 10/10/96.-

--------------------------------------------------------------------------------------------

FISCAL. REQUERIMIENTO DE INSTRUCCION: Ausencia. PRUEBA: Validez. Inicio de la investigación.

           

            La ausencia de requerimiento no obsta a la iniciación de la investigación, resultando, quizás, superabundante su existencia, más nunca nulas las pruebas reunidas llevadas a cabo en uso de las facultades que el código ritual en la materia le confiere a la prevención policial con la anuencia del tribunal interviniente.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Donna-

c. 5.790, GENDRA, Rodolfo

Rta: 18/10/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

FOTOCOPIAS. Obtención de las mismas -art. 131, C.P.P.-

            El art. 131, C.P.P. faculta al particular que acredite legítimo interés, no sólo en el proceso sino respecto de otras cuestiones, siempre que no sean contradictorias a la ley, a obtener fotocopia de las actuaciones.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Gerome, Navarro, Filozof-

c. 5.055, MASPERO, Jorge J.

Rta: 6/9/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

HABEAS CORPUS. Ejecución de la sentencia. Intervención del juez que conoció en primera instancia.

            Corresponde al juez que haya conocido en el juicio en primera instancia, la ejecución de las sentencias (art. 557, C.P.M.P.), y en consecuencia las condiciones en que aquélla se realiza; por lo que deberá interiorizarse de la situación del interno presentante del habeas corpus.

C.N.Crim. Sala de Habeas Corpus III (Int.) -Escobar, Valdovinos-

c. 1.106, GOMEZ, Miguel A.

Rta: 6/10/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

HABEAS DATA. Improcedencia. Obligación de demostrar el motivo descali-ficante del dato en cuestión.

            La posible denegatoria de entregar la historia clínica del detenido no se encuentra prevista en los presupuestos de procedencia de la acción de "habeas data", salvo que la negativa haya tenido en cuenta algún dato descalificante o discriminatorio que conste en sus propios archivos, extremo que no se desprende del legajo. (*)

C.N.Crim. Sala de Feria "B" -Navarro, Valdovinos-

c. 240, OVIEDO, J.

Rta: 31/7/97.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

HONORARIOS. ABOGADOS: Prescripción del derecho a cobrarlos.

            Habiendo transcurrido en exceso, el plazo de dos años desde la finalización del proceso, a la iniciación de la incidencia de reclamación de honorarios por parte de los letrados, la acción nacida del derecho a cobrarlos estaba prescripta al tiempo de la regulación de los mismos (art. 4.032, inc. 1°, primer supuesto, Cód. Civil).

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos-

c. 4.740, CLAUSEN, Enrique H.

Rta: 18/7/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

HURTO. CALIFICADO: Art. 163, inc. 3º, C.P. Uso de ganzúa. Teléfono público.

            La calificante contenida en el inc. 3º del art. 163, C.P, no alcanza al teléfono público toda vez que el lugar donde debe penetrar el ladrón no puede ser una cosa, objeto o mueble no habitable. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Ouviña, Piombo-

c. 21.382, PEÑA, Alberto M.

Rta: 5/11/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 21.020, "Gallardo, Gladys R.", rta: 29/4/96.

---------------------------------------------------------------------------------------------

IMPLEMENTACION. Derecho de opción. QUERELLA: Acto promotor. Inadmisibilidad. QUERELLANTE: Deberes.

            Al haber optado la querellada por el trámite previsto en la ley 23.984 y habiéndose dispuesto oportunamente continuar el proceso conforme a las disposiciones del Cód. Procesal Penal, a partir de entonces, y dentro del término de sesenta días (art. 422, inc. 1° C.P.P.) el querellante debió adecuar el acto promotor de la querella a las condiciones del art. 418 del citado código, siendo la inadmisibilidad, la sanción prevista al no cumplir con dicha carga. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos-

c. 5.126, MAZZEO de PALLASA, Marta

Rta: 30/8/96.-

Se citó: (*) Darritchon, Luis, "Como es el nuevo proceso penal", Ed. Abeledo Perrot, T. II, pág. 21.

---------------------------------------------------------------------------------------------

IMPUTABILIDAD. Ingesta de alcohol y psicofármacos. Estado de duda: "Indubio pro reo".

            El imputado alegó haber actuado fuera de control, debido a la ingesta de alcohol y psicofármacos; esta versión fue corroborada por los testimonios de todos quienes tuvieron contacto con él cuando ocurrió el hecho. El Tribunal, entonces, debe probar fehacientemente que aquél tuvo capacidad de comprender y dirigir sus acciones, dentro de un marco razonable ya que los descargos encuentran apoyo en diversas circunstancias de la causa.            Subsisten serias dudas acerca del estado real del procesado al cometer los hechos que se le atribuyen; tal duda debió ser necesariamente disipada por la autoridad interviniente, en tanto tenía abundantes indicios de un comportamiento irregular. Por estas razones, la cuestión debe resolverse en favor del imputado, sugún lo dispone el art. 13, C.P.M.P.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Elbert, González, Escobar-

c. 27.752, MARTINO, Miguel A.

Rta: 20/12/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

IMPUTACION OBJETIVA. ESTRAGO: Culposo calificado. Pirotecnia. Artículos prohibidos.

            El disvalor de la acción, es decir el actuar negligente, no determina por sí solo el reproche. Además, debe conectarse ello con la producción de un resultado dañoso, el cual debe ser previsible, teniendo en cuenta el incremento de la puesta en peligro previamente creada.

            Los enjuiciados, al tomar a su cargo la venta de artículos que, por sí solos crean cierto peligro, asumieron una posición de garante, calidad ésta que los obligaba a tener ciertos conocimientos especiales y a utilizarlos de manera que no se incremente el riesgo ya existente más allá de lo social o jurídicamente permitido. (*)

            La existencia de esta especial posición obliga a quien la detenta, en caso de tomar conocimiento por cualquier medio de que no se están respetando los estándares de seguridad mínimos, a desplegar una actividad en el seno de su rol; y, en concreto, encargarse de restablecer la situación estandar, pues, su mera desviación, ya de por sí constituye una perturbación que como garante debe suprimir. No sólo estamos en presencia de una mera infracción administrativa, sino ante un verdadero accionar imprudente, el que, adunado a la tenencia considerable de mercadería de uso prohibido en condiciones no aptas, incrementó en forma notable el riesgo normal que el resultado lesivo se produzca, máxime si toda aquella -o cuanto menos una porción importante- se hallaba en exhibición en la vía pública un día de verano. Por ello resulta reprochable ese accionar, no sólo por haber sido objetivamente previsible ese resultado, sino también por el conocimiento que detentaban acerca de la ilegitimidad de su proceder y, pese a ello, no depuso su actitud.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Gerome, Filozof, Navarro-

c. 33.952, DOPAZO, Pablo F. y otro

Rta: 17/12/96.-

Se citó: (*) Reyes Alvarado, Yesid, "Imputación Objetiva", Ed. Temis, 1995, pág. 128/9.

---------------------------------------------------------------------------------------------

INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR. Elementos que componen la carga familiar.

            Conforme lo resuelto en el plenario "Gomez, Isabeliano", el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar es de peligro abstracto. La carga familiar no se limita a la simple alimentación sino también a proporcionar adecuada vestimenta, educación y proveer a la salud del menor, ya que de acuerdo a los arts. 267 y 372, Cód. Civil, los medios indispensables para la subsistencia son cuatro: alimentación, vestido, habitación y asistencia médica. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola, Donna (por sus fundamentos),Tozzini-

c. 45.148, GARCIA BOURG, Agustín

Rta: 14/10/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario N° 185, "Gomez, Isabeliano", rto: 31/3/93 en J.P.B.A., 81:177 y L.L., 1993-C-149; Sala I, c. 39.510, "Fernandez, Juan C.", rta: 20/9/93; c. 42.357, "Soiffer, Eduardo C.", rta: 30/4/93 y c. 44.999, "Zunino, Carlos T.", rta: 3/6/96; Nuñez, Ricardo, "Tratado de Derecho Penal", T. VI, pág. 32/33.

---------------------------------------------------------------------------------------------

JUEZ. INMUNIDADES: De arresto y procesamiento.

            Las diligencias judiciales previas, en un juicio criminal o correccional, donde resultare parte imputada un Magistrado, pueden llevarse a cabo sin que ello afecte su investidura, excepto cuando deba dictarse su procesamiento, orden de detención o cualquier acto procesal cuyo cumplimiento se traduzca en una restricción de su libertad ambulatoria, actos que sólo podrán materializarse en tanto el Senado, en la actualidad, o bien el Consejo de la Magistratura próximo a crearse, hicieran lugar a su desafuero. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Correc.) -González, Elbert, Escobar (en disidencia)-

c. 4.939, CASTEJON, Fernando (Dr.)

Rta: 7/11/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 5.367, "Trovato, Francisco. M.", rta: 24/9/96.

Disidencia del Dr. Escobar: La inmunidad prevista en el art. 70, C.N., alcanza a todo acto que implique cualquier tipo de medida coercitiva dirigida contra los funcionarios allí enumerados, entre los cuales, precisamente, se encuentran equiparados los Jueces de los Tribunales inferiores de la Nación.

---------------------------------------------------------------------------------------------

LESIONES. LEVES. CULPOSAS: Acción dependiente de instancia privada. Necesidad de denuncia del agraviado.

            Debe declararse la nulidad de todo lo actuado por el juzgado que realizó, de oficio, la pesquisa por lesiones leves culposas, llegando a condenar al imputado, sin denuncia del agraviado quien recién se presentó como parte querellante tres meses más tarde de iniciado el proceso, y todo por aplicación del art. 72, "in fine", C.P. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González, Escobar, Elbert-

c. 27.612, GERBER, Carlos R.

Rta: 20/12/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala III, c. 21.764, "Medina, Benjamín", rta: 23/4/87.

---------------------------------------------------------------------------------------------

NULIDAD. Actas: Validez de los actos realizados en otras jurisdicciones. Ausencia de testigos.

            Se plantea la nulidad del acta de secuestro realizado en el territorio de la Pcia. de Bs. As.; su validez, necesariamente, debe evaluarse en base a la normativa procesal que rige en el lugar, pues por imperio de los arts. 5 y 7 de la C.N. la validez de lo actuado por las justicias provinciales, resulta indiscutible siempre que esté ajustado a la ley procesal de la provincia (*). La situación es análoga a la del art. 138, C.P.P., y en tal sentido, la ausencia de un testigo o aun de ambos no necesariamente acarrea la nulidad del acta. (**)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Donna, Tozzini-

c. 5.822, YÑIGUEZ, Luis A.

Rta: 28/10/96.-

Se citó: (*) Navarro-Daray, "Código Procesal Penal de la Nación", Ed., Pensamiento Jurídico, Bs. As., 1996, T. I, pág. 116. (**) T.O. Menores N° 2, c. 67, rta: 6/10/93, y T.O. N° 8, c. 1, "Mena, Walter. y otro", rta: 27/4/93.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

NULIDAD. Denegatoria de excarcelación sin sustento. Auto de procesaminto.

           

            La denegatoria de excarcelación, sin sustento en un auto de procesamiento con prisión preventiva (art. 312, C.P.P), torna írrito el pronunciamiento. Por lo tanto, corresponde declarar la nulidad del decisorio así dictado.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos-

c. 5.300, PRUSKI, Alejandro A.

Rta: 4/9/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

PERITOS. Nombramiento. Inscripción previa ante el órgano judicial competente. Constitucionalidad.

            La normativa del art. 254, C.P.P. que exige a los peritos, pertenecientes a profesión reglamentada, para poder actuar en juicio, la inscripción previa ante el órgano judicial competente, no afecta el derecho de trabajar, la garantía de defensa en juicio ni la igualdad ante la ley que impone la Constitución Nacional. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña-

c. 4.333, STRAUCH, José y otros

Rta: 6/8/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 2.672, "Iribarren, Juan J.", rta: 17/4/95.

---------------------------------------------------------------------------------------------

PERITOS. Obligación de trabajar y deliberar en conjunto. Nulidad de la pericia.

            En virtud del principio de especificidad, previsto en el art. 166, C.P.P., la inobservancia por parte de los peritos, de la regla que los obliga a trabajar y deliberar en conjunto, no se encuentra sancionada con la nulidad del dictamen; más allá del valor convictivo que arroje el resultado, conforme a la regla de la sana crítica plasmada en el art. 241, C.P.P.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos-

c. 5.750, CIRULO, Osvaldo

Rta: 17/12/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

PRESCRIPCION DE LA ACCION. Declaración de rebeldía. Sentencia condenatoria.

            Corresponde computar el término de la prescripción de la acción penal, desde que al enjuiciado se lo declaró rebelde, se le revocó el beneficio de la excarcelación y se ordenó su detención; no desde la sentencia de primera instancia que lo condenó, como sostiene el Fiscal de Cámara. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos-

c. 45.205, CONCA, Antonio

Rta: 15/8/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

PRESCRIPCION DE LA ACCION. INSTRUCCION: Código Procesal Penal -ley 23.984-

            El término de la prescripción se interrumpe con el llamado a prestar declaración indagatoria, el auto de procesamiento y el requerimiento de elevación a juicio. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Correc.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 5.355, DESSEGNO, Rebecca B.

Rta: 14/11/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 4.839, "Alvarado, Juan y otro", rta: 24/8/96.

Nota: Ver C.N.Crim., Sala VII, c. 21.348, "Fain, Ernesto", rta: 19/12/96, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/96, pág. 86 y en igual sentido, c. 5.044, "Borgo, Juan C.", rta: 5/11/96.

---------------------------------------------------------------------------------------------

PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Actos jurisdiccionales.

            El decreto de apertura a prueba, el llamado de autos para sentencia y la sentencia condenatoria son actos jurisdiccionales que constituyen secuela de juicio. (*)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Valdovinos (en disidencia parcial), Filozof, Gerome-

c. 33.989, ACEVEDO, Maria V. y otra

Rta: 17/12/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 33.609, "Belascuain, Lucio M.", rta: 29/9/94; c. 33.338, "Tedesco, Oscar", rta: 6/10/95 y c. 32.943, "Barrios, Alicia", rta: 10/4/95.

Nota: Ver C.N.Crim., Sala V, c. 5.311, "González, Ismael G.", rta: 27/9/96, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/96, pág. 87.

Disidencia parcial del Dr. Valdovinos: Desde la acusación fiscal, hasta el dictado de la sentencia, transcurrió en exceso el plazo máximo previsto para el delito de hurto, tal como lo establece el art. 62, inc. 2° del digesto de fondo, sin que haya mediado alguna de las causales interruptivas idóneas al efecto.

---------------------------------------------------------------------------------------------

PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Actos persecutorios. Impuso procesal.

            Los actos que constituyen lo que se ha dado en llamar secuela de juicio, son todos aquellos que revisten naturaleza y dinámica procesal, o sea, actos persecutorios con aptitud para generar un impulso procesal que importe el ejercicio de la jurisdicción. Por eso, ni el decreto de la prisión preventiva, que tiene un carácter de medida puramente cautelar, ni el acta de rebeldía constituyen secuela de juicio.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Piombo-

c. 21.348, FAIN, Ernesto

Rta: 19/12/96.-

Nota: Ver C.N.Crim., Sala VII, c. 5.355, "Dessegno, Rebecca", rta: 14/11/96, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/96, pág. 84.

---------------------------------------------------------------------------------------------

PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Actos que impulsan el proceso. Orden de apertura.

            Cabe asignar la entidad "secuela de juicio" a todos aquellos actos procesales que evidencien la finalidad última de impulsar el proceso, cual es el libramiento de orden de captura contra los imputados.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, Elbert (en disidencia)-

c. 27.727, LUCERO, Rodolfo

Rta: 29/8/96.-

Disidencia del Dr. Elbert: Los actos jurisdiccionales susceptibles de interrumpir la prescripción son los que hacen avanzar el proceso a otra etapa y no aquellos de mero trámite, que no llevan a que la acción se canalice hacia la definitiva terminación del proceso o sea a la sentencia que absuelva o condene. (*)

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario N° 162, "Czernicer, Sergio A.", en J.P.B.A. 78-215, J.A. 1992-III-493 y C.N.Crim. Fed., Sala II, c. "Varini", rta: 25/8/86.

---------------------------------------------------------------------------------------------

PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Auto de procesamiento. Llamado a indagatoria.

            Debe considerarse acto interruptivo de la prescripción, el auto de procesamiento y no el llamado a indagatoria, que no constituye un acto jurisdiccional de persecución, sino un medio de defensa. (*)

C.N.Crim. Sala I (Correc.) -Rivarola, Tozzini-

c. 5.618, PALOMO, Miguel A.

Rta: 1/10/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 3.930, "Saccone, Alberto", rta: 15/2/96.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala I, c. 5.591, "Mosqueda, María F.", rta: 27/9/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Convocatoria a prestar declaración indagatoria. Auto de procesamiento.

            La convocatoria a prestar declaración indagatoria al imputado, y la disposición mediante la cual se decretó su procesamiento, constituyen secuela de juicio, toda vez que traducen actos de impulso jurisdiccional, de naturaleza persecutoria y destinados a la aplicación del derecho sustantivo.

C.N.Crim. Sala V (Correc.) -Gerome, Navarro, Filozof-

c. 5.311, GONZALEZ, Ismael G.

Rta: 27/9/96.-

Nota: Ver C.N.Crim., Sala V, c. 33.989, "Acevedo, María V.", rta: 17/12/96, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/96, pág. 85.

---------------------------------------------------------------------------------------------

PRINCIPIOS PROCESALES. NON BIS IN IDEM: Sobreseimiento por el delito de robo con armas y procesamiento por encubrimiento. Nulidad de dicho decisorio.

            Al imputado por el delito de robo con armas, de un rodado -en cuyo poder fue aprehendido-, se lo sobreseyó por aquél, y se lo procesó por el delito de encubrimiento. Esta decisión deviene nula, dado que implica el desdoblamiento de una conducta única y nueva persecución por un mismo hecho, lo cual es violatorio del principio "non bis in idem".

C.N.Crim. Sala VII (Correc.) -Bonorino Peró, Ouviña-

c. 5.298, GALANTERIA, Carlos A.

Rta: 3/12/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

PRINCIPIOS PROCESALES. SUBSIDIARIEDAD: Contenido fáctico de la acusación y el fallo.

            El juzgador es libre para afirmar la existencia de un delito distinto al formulado en la requisitoria, pues el principio de subsidiariedad no obsta a su propósito, siempre y cuando exista correspondencia de contenido fáctico entre lo que es motivo de acusación y lo que recoge el fallo.

C.N.Crim. Sala V (Def.) - Bonorino Peró, Gerome, Filozof-

c. 33.859, DE LAURENTIS, Norma C.

Rta: 6/9/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

PRISION PREVENTIVA. Régimen ley 23.984. RECURSO DE APELACION: Improcedencia.

            En el nuevo régimen procesal de la ley 23.984, el auto de prisión preventiva no es susceptible del recurso de apelación, existiendo otros institutos para procurar su neutralización.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 5.608, ZUKOWSKI, Judith R.

Rta: 5/11/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

PROPIEDAD INTELECTUAL. Extracción de fotocopias de una obra literaria sin autoriazación del autor.

            En esta causa, el Tribunal debe expedirse nuevamente, a consecuencia que el anterior fallo recibió la tacha de arbitrariedad, pues se fundó en una errónea interpretación de la ley de propiedad intelectual -art. 72, inc. a), ley 11.723-. El razonamiento seguido entonces, se basó en que, tanto la extracción de copias fotostáticas, con la autorización de su autor, realizadas sobre una obra no inédita o publicada, como fotocopiar parcialmente textos a su vez ya fotocopiados, es decir, no originales, no quedaban atrapados por el tipo penal de referencia.

            Cuando la norma en estudio dice que serán considerados casos especiales de defraudación, describe conductas, con independencia de la figura a que hace referencia y la equiparación tan solo es "quod poenam". (*)

            El comportamiento del enjuiciado consistía en obtener libros de textos que sabía eran requeridos por la Universidad -sea en original o en fotocopias que cumplían tal carácter-, para reproducirlos, por medio de fotocopias, en forma total o parcial, conculcando de ese modo los derechos que surgen de la ley de propiedad intelectual.

            Respecto al argumento, "favor rei", que las reproducciones debían ser consideradas copias personales, pues los originales fueron aportados por los alumnos para destinarlas a fines didácticos, ello no puede compartirse, por cuanto el propio imputado confesó haberlas concretado para y a pedido de terceros y ello no es personal, sino, precisamente, lo que reprime la norma penal mencionada.

            Por ello se considera al autor penalmente responsable del delito de reproducción de obras publicadas sin autorización del autor -art. 72, inc. a) de la ley 11.723- (Del voto del Dr. Filozof).

            La defraudación no requiere que se consume la venta, basta con reproducir o editar sin autorización del autor (Del voto del Dr. Navarro).

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Filozof, Gerome (en disidencia), Navarro-

c. 33.596, LITMAN, Elías D.

Rta: 12/7/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 27.321, "Dragani, Luis", rta: 5/7/91.

Disidencia del Dr. Gerome: No habiéndose acreditado de un modo fehaciente, que las copias secuestradas en el local del encausado, fuesen a ser cedidas a terceros -a título oneroso o gratuito-, su mera extracción, constituye, un acto preparatorio no punible, por cuanto mientras no concurra ese extremo, no se observa que el accionar señalado haya podido producir el perjuicio patrimonial efectivo y no potencial, que requiere la figura de la defraudación.

---------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBA. Imputado como objeto de prueba. Violación agravada.

            En el caso de violación, el imputado reviste el carácter de objeto de prueba, y como tal susceptible de efectuarle extracciones de sangre sin su autorización, para someterlas a peritaje.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Ouviña, Piombo-

c. 5.407, RAMIREZ, Sandro A.

Rta: 1/10/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBA. ILEGAL: Principio de legalidad. Derecho de defensa.

            Corresponde absolver a los imputados, pues se violó su derecho de defensa cuando el personal policial los interrogó a contrario de la normativa del art. 316, inc. 1°, C.P.M.P. sin imponerlos de los derechos consagrados por los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional; obligación que sí se le impone al Magistrado como requisito previo a la declaración indagatoria.

            La Corte Suprema, al pronunciarse al respecto (*) sentó precedente en cuanto a la necesidad del más absoluto respeto de los derechos individuales contra los avances del Estado, basándose no sólo en premisas éticas, sino también en el principio de legalidad. El error parte de considerar que la contradicción se verifica a priori, cuando en la práctica el Estado cuenta a su alcance con los medios necesarios para el esclarecimiento de delitos, sin necesidad de incurrir en ilicitudes. No se advierte que así, no se abre camino para descubrir la verdad real, sino que a la postre se convierte a los ciudadanos en simples objetos de sospecha, con prescindencia de sus cualidades de humanidad.

           

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Barbarosch, Vadovinos, Navarro-

c. 45.171, ROMANO, Dardo R.

Rta: 24/10/96.-

Se citó: (*) C.S.J.N. "Martinez de Hoz, José A.", rta: 23/3/93, en L.L. 1993-C-195 y "Daray, Carlos A", rta: 22/12/94, en L.L. 1995-B-349 y ss., entre otros.

---------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBA. PERICIAL: Nulidad: improcedencia. Falta de realización de lo solicitado por la defensa.Validez del acto procesal.

            Toda vez que la defensa, resultó convenientemente notificada, la falta de realización de los puntos de pericia solicitados por aquélla no determina la nulidad del informe pericial, ya que es la parte la que propone y el magistrado el que está facultado para ordenarlos en caso de así considerarlo.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Vadovinos, Filozof-

c. 5.635, FERNANDEZ, José D.

Rta: 20/11/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

PRUEBA. RECURSOS: Medidas instructorias. Facultad exclusiva del Juez.

            Toda vez que es facultativo para el Juez de grado, dar curso a las medidas instructorias solicitadas por las partes (art. 199, C.P.P.) su resolución resulta irrecurrible.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 4.901, BERDULLAS, Héctor A.

Rta: 12/9/96.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VII, c. 5.461, "Dagnino, Silvia", rta: 4/10/96.

---------------------------------------------------------------------------------------------

QUERELLA. Delitos de acción privada. Examen por el Juez de los términos de la querella.

            Si bien el Código Procesal Penal -ley 23.984- expresamente no posibilita que el magistrado realice un examen de los términos de la querella, presentada en orden a los delitos de acción privada, se impone la necesidad de evitar el desgaste jurisdiccional que implicaría la tramitación de un juicio cuyo fallo declarara, en definitiva, la atipicidad de la conducta atribuida al querellado. Por carecer estos juicios de una etapa instructoria propiamente dicha, debe aceptarse un control previo de lo que constituiría, a posteriori, el objeto del proceso, que además encuentra sustento en el art. 426, C.P.P., pues hace alusión a la eventual procedencia de una "investigación preliminar", claramente distinta a lo que técnicamente es el plenario, el que recién se abre paso cuando la querella es formalmente admitida a través del examen que el juez debe realizar para evitar el dispendio jurisdiccional; considerándose que estas situaciones deben regirse analógicamente por las previsiones del art. 180, C.P.P. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos-

c. 5.119, SILVA, Ricardo

Rta: 12/8/96.-

Se citó: (*) C.N.C.P., Sala III, c. 20, "Silleta, Alfredo", rta: 8/9/93.

---------------------------------------------------------------------------------------------

QUERELLANTE. Facultad del Controlador General (Ombudsman) para actuar como tal.

            El Controlador General (Ombudsman) de la Ciudad de Buenos Aires, no reúne los requisitos para asumir el rol de querellante, de acuerdo al art. 82, C.P.P., pues no aparece como persona particularmente ofendida por un delito de acción pública.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -Elbert, Escobar-

c. 4.879, CARTAÑA, Antonio

Rta: 5/11/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

REBELDIA. Del imputado. Obligación de proseguir la recolección de probanzas. Agravio del Ministerio Público.

            La decisión que ponga fin a la instrucción, como consecuencia de la rebeldía del imputado, causa gravamen irreparable al fiscal, al cerrar la posibilidad de perfeccionar la investigación.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos-

c. 5.679, COSTA, Silvio S.

Rta: 8/11/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACION. DECLARACION INDAGATORIA: Valoración de los presupuestos que fundamentan su llamado. Facultad exclusiva del Juez de Instrucción.

            No es procedente el recurso de apelación interpuesto por el agente fiscal, pues es facultativo del magistrado instructor, la valoración de los presupuestos que fundamentan el llamado a prestar declaración indagatoria, sin que su sola negativa pueda por sí provocar agravio al Ministerio Público.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 5.214, PONCE, Alberto

Rta: 8/11/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE CASACION. Improcedencia. Cuestiones de valoración probatoria.

            No procede la vía casatoria para plantear cuestiones de valoración probatoria, pues la discusión sobre tales aspectos, permanece ajena a la hipótesis del art. 456, inc. 2°, C.P.P. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 4.365, ELOLA, José L.

Rta: 10/9/96.-

Se citó: (*) C.N.C.P., Sala II, c. 616/95, "Sequeiros, Ismael", rta: 22/11/95.

---------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE CASACION. Improcedencia. Enumeración del art. 457, C.P.P. FISCAL. Titular de la acción: procedimiento analógico (art. 348, C.P.P.). Recurso de Casación. Procedencia

            Debe declararse inadmisible el recurso de casación por cuanto la decisión cuestionada no es de aquellas que taxativamente enumera el art. 457, C.P.P., pues "lo que caracteriza a las decisiones recurribles en casación es que tienen el efecto de poner término al proceso, y el criterio para determinar este concepto se funda más en las consecuencias de la resolución con relación a las actuaciones, que en su contenido". (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Tozzini, Donna (en disidencia)-

c. 5.199, ROCCA S.A.

Rta: 10/10/96.-

Se citó: (*) C.N.C.P., Sala III, c. 16, "Alvarez, Domingo V.", rta: 30/3/94.

Disidencia del Dr. Donna: Debe concederse el recurso interpuesto, pues la cuestión encuadra en lo dispuesto por el art. 456, inc. 2°, C.P.P., en concordancia con el art. 167, del mismo cuerpo legal, habida cuenta que se ha tomado un procedimiento analógico, en contra del imputado, por una parte, y por otra, se ha sacado del fiscal la titularidad de la acción penal, que por ley le corresponde.

---------------------------------------------------------------------------------------------

REQUERIMIENTO DE INSTRUCCION. NULIDAD: Improcedencia.

            En el supuesto de que no mediara el requerimiento instructorio previsto en el art. 188, C.P.P., la actividad ulterior desplegada por el Ministerio Público suple tal formalidad. Máxime cuando no sólo el Fiscal ha consentido el procesamiento oportunamente dictado, respecto del hecho en cuestión, y tanto el de grado cuanto el Fiscal de Cámara postulan el rechazo de la impugnación intentada en ese sentido. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Elbert, Escobar-

c. 5.296, AZZI, L. (Dr.)

Rta: 10/9/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 1.887, "Redruello, O.", rta: 16/8/94; c. 1.824, "Melntzky, H.", rta: 23/8/94 y c. 3.431, "Fernandez, M.", rta: 12/9/95.

---------------------------------------------------------------------------------------------

REQUERIMIENTO FISCAL. Instrucción del sumario. Divergencia entre Juez y Fiscal.

            Cuando el Juez de Instrucción considera "prima facie" la existencia de delito y la necesidad de su investigación, y el Ministerio Público no lo considera así, análogamente, el primero debe imprimir al caso el procedimiento de consulta del art. 348, C.P.P. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo-

c. 5.204, ZANUTTINI, Roberto

Rta: 29/10/96.-

Se citó: (*) C.N.C.P., Sala II, c. 7, "Avila, Blanca N.", rta: 2/7/93, publicado en Bol. de C.N. de Casación Penal, N°1/93, pág. 22.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ROBO. Agravado. BANDA: Mayor poder intimidatorio por la pluralidad de autores.

            La cualificante "en banda" rige si la violencia es ejercida sobre las personas y no cuando únicamente se emplea fuerza en las cosas. Pues en este caso hay ausencia del mayor poder intimidatorio que la pluralidad de autores implica como justificativo de la agravación punitiva. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Navarro, Barbarosch-

c. 45.245, CEJAS, Walter A.

Rta: 15/8/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 2.273, "Ale, Roberto E.", rta: 28/11/94; c. 44.607, "Fontana, Alberto A.", rta: 20/3/95; c. 44.946, "Vázquez, Darío J.", rta: 28/11/95; c. 45.148, "Gallego, Víctor H.", rta: 18/4/96 y c. 45.247, "Lozano Espinosa, Marco A.", rta: 21/6/96.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ROBO. TENTATIVA: Improcedencia. Bienes sustraídos. Efectivización.

            El suceso alcanzó el grado de consumación, pues la naturaleza de parte de los bienes sustraídos, a los ocupantes del inmueble ubicado en el noveno piso de un edificio de departamentos (relojes, cadenas y otras joyas), pudieron ser efectivamente dispuestos en el trayecto recorrido, hasta la aprehensión de los autores, próxima a la salida de la planta baja. Además de las innumerables posibilidades de efectivización, cuanto menos para alguno de ellos, que ofrecían los espacios y aberturas de la construcción.

C.N.Crim. Sala de Feria "B" (Int.) -Bonorino Peró, Navarro, Piombo-

c. 70, DANTE, Carlos A. y otro

Rta: 26/7/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

ROBO. TENTATIVA: Improcedencia. Disponibilidad de la cosa.

            Las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el hecho impiden justipreciarlo en grado de tentativa. Ello es así, pues, los procesados fueron aprehendidos poco después del desapoderamiento, con un lapso importante, por la considerable cantidad de cuadras que recorrieron en un rodado, privando así a las damnificadas del señorío material sobre los efectos de su propiedad. Tanto más cuando uno de los malhechores arrojó a la vía pública un radiograbador, para despojarse del mismo; así, de haberlo querido, hubieran podido repetir el desprendimiento de los restantes objetos.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González, Elbert-

c. 27.524, GAMARRA, Silvano y otro

Rta: 19/7/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

ROBO. TENTATIVA: Posibilidad de disposición del bien robado.

            Habiéndose perdido de vista al posible autor, aunque sea por un tiempo mínino, el hecho se encuentra consumado, toda vez que pudo en ese momento disponer del bien, sacándolo de la esfera de custodia de su dueño o tenedor.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Valdovinos, Filozof-

c. 5.901, GONZALEZ, Ariel M.

Rta: 23/12/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

I. SECUESTRO DE PERSONAS. EXTORSION: División de tareas. COAUTORIA: Configuración. II. PRUEBA. Valoración. Principio de congruencia.

I. SECUESTRO DE PERSONAS. EXTORSION: División de tareas. COAUTORIA. Configuración.

            Es coautor del delito de secuestro extorsivo, en grado de tentativa quien, habiendo intervenido reiteradamente con los otros coautores en el planeamiento del ilícito, demostrando así la consiguiente voluntad de codominar fácticamente el hecho plurisubjetivo del secuestro, cumplió, dentro de la división de tareas, con la función de esperar en la casa y prepararla para recibir a la víctima, si el delito era exitoso.

II. PRUEBA. Valoración. Principio de congruencia.

            Debe tomarse la totalidad de la prueba común que fue valorada respecto de todos los demás coacusados. Sino se estaría violando el principio de congruencia de las ponderaciones probatorias, al aceptar como válidas las mismas pruebas para unos y no, en cambio, para otros.

            Si bien la imputación de un coprocesado es un elemento que debe analizarse con suma cautela, ello no implica que se trate de una evidencia irrelevante. Antes bien, dichas manifestaciones pueden ser evaluadas en contra de la persona a quien se dirigen, a partir de la veracidad que merece el hecho de la responsabilidad que le surge al confesante de su propia confesión, ya que de no haberlo hecho, hubiera sido muy difícil acreditar su intervención. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini, Rivarola, Donna-

c. 44.794, PUCCIO, Arquímedes R.

Rta: 17/7/96.-

Se citó: (*) Dei Malatesta, Framarino, "Lógica de las pruebas en materia criminal", Ed. Temis, Bogotá, 1964.

---------------------------------------------------------------------------------------------

SOBRESEIMIENTO. Relación entre sustracción y encubrimiento. Nulidad.

            La relación de alternatividad existente entre sustracción y encubrimiento, impide el sobreseimiento por una de las calificaciones posibles en la medida en que ello implicaría el desdoblamiento de la unidad fáctica, por lo cual debe declararse nulo el auto que dispuso aquél. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Barbarosch, Navarro,Valdovinos-

c. 5.152, SANGHINETTI, Norberto

Rta: 15/8/96.-

Se citó: (*) C.S.J.N. Fallos 312:1624 y 1896 y sus citas.

---------------------------------------------------------------------------------------------

SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. Improcedencia ante previsible aplicación de pena de inhabilitación.

            Es improcedente la aplicación del beneficio de suspensión del juicio a prueba "probation", en todos las casos en que sea previsible aplicar, sin distinción de su carácter, la pena de inhabilitación.

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos-

c. 4.961, MELCHIONDA, Miguel A.

Rta: 15/7/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. Improcedencia respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación.

            La propia legislación en el art. 76 bis, "in fine", C.P. impide el ortorgamiento de la suspensión del juicio a prueba para los casos de pena de inhabilitación, sin discernir que ésta se encuentra prevista como pena principal o accesoria. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Ouviña, Piombo-

c. 4.715, GAITAN, Oscar

Rta: 4/10/96.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 20.767, "Bonahora, Héctor", rta: 17/8/95.

---------------------------------------------------------------------------------------------

SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. Pena de inhabilitación. Improcedencia.

            La intención del legislador (ley 24.316), estriba en que los procesos que se vinculan a la impericia, inobservancia de los reglamentos o deberes del cargo, concluyan en una sentencia definitiva, debido a las consecuencias que las inhabilitaciones puedan tener en relación a conductas que el Estado desea corregir o evitar. En consecuencia, no procede la suspensión del juicio a prueba en los casos de delitos reprimidos con pena de inhabilitación.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos-

c. 5.578, GOLPE, José M.

Rta: 8/11/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. PROBATION: Ausencia de dictamen fiscal. CONCURSO DE DELITOS: Pena de inhabilitacion. Improcedencia del beneficio.

            Si bien hubiese sido necesario oír al Fiscal de grado con relación a lo peticionado por la imputada, lo cierto es que el monto de la pena emergente del concurso real de los delitos que se le atribuyen a la procesada (homicidio culposo y falsa denuncia) y la calidad de la pena de inhabilitación prevista en el primero de ellos, veda la procedencia de la suspensión del juicio a prueba, conforme lo disponen el 2° y 8° párr. del art. 76 bis, C.P.

C.N.Crim. Sala I (Correc.) -Rivarola, Tozzini, Donna (por sus fundamentos)-

c. 5.256, MON, María V.

Rta: 17/7/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

USURPACION. Cambio de cerradura entre cónyuges.

            Comete delito de usurpación, el marido que luego de una discusión con su esposa, cambia la cerradura, impidiéndole así ingresar al hogar conyugal.

C.N.Crim. Sala V (Correc.) -Gerome, Bonorino Peró-

c. 4.863, WAINRIB, Alejandro J.

Rta: 9/8/96.-

---------------------------------------------------------------------------------------------

VISTA DE ACTUACIONES. Facultad del abogado defensor. Aceptación del cargo. Fotocopias.

            La asistencia técnica del imputado, y también éste, pueden tener acceso a las actuaciones antes de aceptar el cargo y aun cuando no medie llamado a indagatoria, con la sola limitación del secreto sumarial. Ello, por la posibilidad de acordar a la parte el ejercicio del derecho de defensa consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional. Por lo cual, la postura del "a-quo" de no acordar la extracción de fotocopias a la parte aparece como limitativa de ese derecho, sin advertirse motivo razonable que lo fundamente.

C.N.Crim. Sala VI (Correc.) -González, Elbert-

c. 5.804, URIONA, I.

Rta: 17/12/96.-

Se citó:(*) C.N.Crim., Sala VI, c. 2.885, "Servian, O. D.", rta: 26/6/95.

 


Página Inicial - Legislación - Jurisprudencia - Doctrina - Práctica Profesional

Servicios de Pago - Organismos Públicos

Instituciones Privadas - Libros Jurídicos - Educación - Otros Temas


Información sobre Legislaw - Condiciones del Servicio - Comuníquese - Sugiera un Sitio

Copyright © 1999 Legislaw. Todos los derechos reservados