JURISPRUDENCIA

EXCMA. CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL

Fallos año 1995

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en lo Criminal de Instrucción nro. 31 Secretaría nro. 119, cuya dirección es
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CAMARA NACIONAL DE APELACIONES

EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL

DE LA CAPITAL

 

Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca

Publicación Interna

 

 

Indice por materias año 1995:

ABUSO DE ARMAS. DELITO DE PELIGRO: Víctima lesionada: arma no apuntada directamente. Configuración.

            Si bien, para la configuración del delito de abuso de armas se requiere que haya sido dirigida contra la víctima, pues se trata de un delito de peligro cuya punibilidad desaparece si ese riesgo no ha sido corrido; cuando el sujeto pasivo es herido, el peligro materializado desplaza la exigencia de acreditar el hipotético, resultando indiferente que el autor no haya tomado puntería. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def) -Valdovinos, Barbarosch, Navarro- (Sent. "CH", sec. 38)

c. 44.530, ORREGO, Mercedes

Rta: 30/3/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 32.363, "Núñez, I.", rta. 26/2/87.

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ACCION DE AMPARO. Improcedencia. Acto emanado del Poder Judicial. Juez propio de la causa: imposibilidad de sustituirlo.

            La ley 16.986 excluye en forma expresa la posibilidad de acoger la acción de amparo cuando el acto lesivo emane de un órgano del Poder Judicial -art. 2, inc. b)-, siendo principio general sentado por la C.S.J.N. que el "habeas corpus" no autoriza a sustituir a los jueces propios de la causa, lo que es aplicable -por vía de principio-, también al amparo. (*)

C.N.Crim. Sala de Feria I (Int.) -Tozzini, Rivarola- (Instr. 4, sec. 113)

c. 61, GARCIA GUZMAN, Juan C.

Rta: 5/1/95.-

Se citó: (*) C.S.J.N., "Kelly, Guillermo P. y otros", rta: 22/10/58 en Fallos 242:112 y "Rowe, Elena M.", rta: 23/11/55 en Fallos 233:103.

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ACTA DE SECUESTRO. Inexistencia. Personal de vigilancia. Intervención policial posterior. Validez de lo actuado.

            Es válida la actuación policial y lo instruido en consecuencia al hacerse cargo del procedimiento iniciado por el personal de vigilancia de un supermercado a raíz del hurto de mercaderías, no obstante que el acta de secuestro nunca existió, pues los arts. que rigen la materia -211 y 215 del C.P.M.P.-, se refieren concretamente al juez instructor y a las autoridades policiales encargadas de la pesquisa, por lo que si bien dichos empleados debieron haber dado oportuna y prematura intervención a la comisaría actuante, o adoptar los recaudos del caso tendientes a la búsqueda de testigos del procedimiento labrado, la ausencia de tales medidas no inhabilita los testimonios prestados, que podrán ser valorados judicialmente, por lo que habiendo aquéllos secuestrado los objetos en poder de los imputados, (luego de lo cual se requirió la presencia policial a quien se le transfirió el procedimiento) no pudo ésta labrar un secuestro que habría sido ilegal, pero sí, por ser su obligación, hacerse cargo de la gestión iniciada.

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Bonorino Peró, Ouviña- (Sent. "K", sec. 40)

c. 20.420, MELI, Claudio R. y otra

Rta: 28/2/95.-

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ACTA DE SECUESTRO. NULIDAD: a) Firma de un solo testigo. Testigo no presen-cial. Improcedencia de la sanción. b) Ratificación por el damnificado. Innecesariedad.

            a) No es nula el acta de secuestro que fue firmada por el damnificado, un solo testigo y el policía, los cuales no prestaron declaración en autos para ratificar la diligencia, toda vez que tratándose de una nulidad relativa de orden procesal que no fue invocada en la etapa oportuna, no puede ser declarada oficiosamente, siendo atendibles las fallas o falencias de las actas por las dificultades de conseguir testigos debido a la forma, tiempo y lugar del procedimiento policial.

            b) La ratificación del acta de secuestro por el damnificado no es indispensable porque se trata de un nuevo testigo de la actuación que no podría contradecir, variar o alterar el contenido del documento.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González Palazzo, González, Elbert (en disidencia)- (Sent. "D", sec. 7)

c. 26.291, ARROYO, Pedro B.

Rta: 2/2/95.-

Disidencia del Dr. Elbert respecto del punto a): En el acta de secuestro consta un testigo que no presenció los hechos ni el secuestro mismo, por lo que debería ser declarada nula, ya que adquiere una importancia decisiva en la prueba de cargo y debería exigírsele, en este caso, un rigor que no posee.

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BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS. Fin del mismo. Imposibilidad de aplica-ción retroactiva. Procedencia para la instancia extraordinaria. Defensa en juicio.

            El beneficio de litigar sin gastos ha sido previsto por la ley para no privar del servicio de justicia a todos aquellos que por razones de estrechez económica no pueden acceder a la utilización de los órganos jurisdiccionales del estado, como una derivación de las garantías de igualdad y de defensa en juicio consagradas en los arts. 16 y 18 de la Constitución Nacional, por lo cual, si bien carece de aptitud para exonerar de las obligaciones impuestas por decisión judicial anterior a la pretensión, corresponde declararlo también procedente para la instancia extraordinaria, pues resultaría desnaturalizar tal institución, menoscabar con excepciones la natural amplitud de ella. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Correc.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Correc. 9, sec. 64)

c. 20.319, COMESAÑA, Silvia

Rta: 9/2/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 16.382, "Kersman, Alfredo", rta: 16/12/91, publi-cado en Bol. Int. de Jurisp. N° 5/91, pág. 362.

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CALUMNIAS E INJURIAS. INJURIAS: Configuración. Calificación de "ñoqui".

            La calificación de "ñoqui", empleada por el periodista al formular una pregunta en la entrevista, y la identificación de la querellante como respuesta -ambas difundidas por televisión-, podrían constituir el delito de injuria, dado el carácter ofensivo que reviste tal calificación, pues en el lenguaje cotidiano se la emplea para designar al funcionario que fraudulentamente figura en el presupuesto, ya que sólo concurre a su lugar de trabajo a fin de mes para cobrar indebidamente su sueldo, tal nombre expresa algo más que el mal cumplimiento de una función pública, y es por ello que podría resultar idóneo para instrumentar una ofensa.

C.N.Crim. Sala VII (Correc.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Correc. 5, sec. 75)

c. 2.432, CASTRO, Juan y otros

Rta: 21/2/95.-

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CALUMNIAS E INJURIAS. VERTIDAS POR LA PRENSA: a) TIPO OBJETIVO: Calificativos peyorativos. Falsedad de la imputación. Calidades personales del querellante. b) IMPUTABILIDAD SUBJETIVA: Necesariedad del dolo (directo, indirecto y eventual). "Elementos subjetivos del tipo". Improcedencia. Ilegalidad. c) TEORIA DE LA REAL MALICIA: Presupuestos. d) DEBER DE EXAMINAR LA NOTICIA: Necesariedad. "Imprudencia temeraria".

            a) Queda configurado el delito de injurias, en su faz objetiva, si la imputación dirigida al querellante, amén de ser falsa, fue acompañada de calificativos como: un "disparate notable" y una "algarada", en razón del significado peyorativo que poseen ambas expresiones, máxime si se considera que el particular sentido lesivo que adquiere para cualquier persona, se multiplica para un ex militar, al endilgarle la pretensión de quitarle el uniforme al cuerpo de granaderos a caballo.

            b) En nuestro sistema legal no existe la responsabilidad objetiva, siendo imprescindible probar el factor de imputabilidad subjetiva -sea culpa o dolo de la persona u organismo que dio la noticia- ya que el derecho de informar no escapa al sistema general de responsabilidad por los daños que su ejercicio pueda causar a terceros (*). Es por ello que siendo doloso el tipo subjetivo de la injuria, admite cualesquiera de las clases de dolo existentes: directo, de primer y segundo grado, y eventual, siendo inaceptable acudir a los llamados elementos subjetivos del tipo, que el legislador ni siquiera ha mencionado en el art. 110 del C.P., pues de lo contrario se introduciría una causal de atipicidad no prevista, creando categorías dogmáticas no sólo incorrectas sino ilegales.

            c) Se da en el caso, lo que se ha dado en llamar la doctrina de la real malicia, que ha seguido la Corte de los Estados Unidos, ya que se ha probado la falsedad de la imputación, el conocimiento por parte del autor del hecho de esa falsedad o inexactitud, y la despreocupación para indagar acerca de la falsedad, inexactitud o veracidad de la manifestación pública, cuando sin duda se disponía de los medios para tal fin. (**)

            d) No se puede buscar una justificación, en el presente caso, en lo que la doctrina alemana ha llamado el riesgo permitido y dentro de ella a la defensa de intereses justificados, o el llamado interés preponderante, con la cual se buscaba, mediante el principio de ponderación de bienes, garantizar un adecuado equilibrio entre los derechos constitucionalmente reconocidos de la libertad de opinión e información, especialmente el art. 5 de la Constitución Federal, por una parte, y la protección penal del honor por otra (***). Se impone la idea que el derecho, prima sobre el honor en virtud de la verdad, el arte o la ciencia (****). De allí que no exista protección constitucional para contar hechos que no han pasado, y con ellas ofender el honor de terceros, y además pretender que no se castigue el delito así cometido.

            Se está, sin duda alguna, en lo que se ha llamado en doctrina la "imprudencia temeraria" en cuanto a la forma de buscar la noticia, que no es otra cosa que la exigencia del deber de examen de la noticia, que sin duda, no debe ser obstáculo para poner en peligro la función de la libre opinión. La constitución protege la libertad de opinión expresada externamente, cuyo centro está en la información de interés general, motivo por el cual no se comprende el puro sensacionalismo y el escándalo, sin real valor de noticia. De allí el deber de examinar la noticia por parte del periodista a los efectos que su conducta encuadre en la eximente que se comenta.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Rivarola, Tozzini- (Correc. 6, sec. 101)

c. 44.181, MORALES SOLA, Joaquín M.

Rta: 22/2/95.-

Se citó: (*) C.S.J.N., P. A., A. c/Arte Gráfica Ed. Arg. S.A., en L.L. 1993-E-83 y C.S., P. A., A. c/Diario La Prensa S.A., en L.L. 1993-E-87. (**) Badeni, Gregorio, "La libertad de prensa en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España", en L.L. 1993-D-808. (***) Maurach- Zipf AT, par. 28, III). (****) Schönke-Schröder-Cramer, STGB, Kommentar, par. 193, I.

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COMPETENCIA. CHEQUE. ORDINARIA: Banco privado. Art. 33, C.P.P. Falta de perjuicio al Estado.

            Corresponde intervenir a la Justicia de Instrucción, ante la maniobra de intentar cobrar un cheque perteneciente a un banco privado, pues si bien existe la posibilidad de que los hechos denunciados fueran perpetrados en la Cámara Compensadora del Banco Central, tal maniobra no estuvo destinada a producir un perjuicio al Estado, sino a entidades de carácter privado.

C.N.Crim., Sala I (Int.) -Tozzini, Donna, Rivarola- (Instr. 11, sec. 113)

c. 2.583, BANCO MAYO -Coop. Ltdo.-

Rta: 14/2/95.-

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COMPETENCIA. FEDERAL. VIOLACION DE CORRESPONDENCIA: Correo pri-vado. Fundamento de la norma. PRINCIPIOS: Inviolabilidad de la correspondencia.

            El fundamento que el legislador tuvo en cuenta para atribuir competencia a la justicia federal en los delitos que "violenten, estorben o falseen la correspondencia de los correos", no radica meramente en el posible perjuicio de las rentas nacionales o en el mal desempeño de los empleados del Estado Federal, sino en el resguardo de la garantía de la inviolabilidad de la correspondencia y los papeles privados consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional, de lo que no resulta relevante establecer diferencias en cuanto al carácter público o privado de la empresa que preste el servicio de correo para atribuir la competencia, sino en la naturaleza de la prestación misma si se atiende, además, a la circunstancia de que los entes privados distribuyen la correspondencia en virtud del permiso o concesión otorgados por la autoridad pública estatal.

C.N.Crim. Sala V (Int) -Gerome, Bonorino Peró, Filozof (en disidencia)- (Correc. 4, sec. 66)

c. 2.673, O.C.A. S.A. (Correo Privado)

Rta: 13/3/95.-

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COMPETENCIA. JUEZ DE MENORES. contacto de menores con SUS PADRES NO CONVIVIENTES: Impedimento. Abandono moral del menor.

            El impedimento de contacto con alguno de sus progenitores coloca al menor en un virtual estado de abandono moral, cuando no también de carácter material, que en mérito a las previsiones del art. 29, inc. 3° del C.P.P. torna procedente la intervención del juzgado de la especialidad.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Juzg. de Menores 3, sec. 8)

c. 2.561, LIMBERTI, Silvia

Rta: 9/2/95.-

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COMPETENCIA. TERRITORIAL. CAPITAL FEDERAL: Lugar de comisión del he-cho. Actos de administración fraudulentos. Perjuicio a una sociedad provincial.

            Si el imputado realizó actos de administración en perjuicio de una sociedad provincial operando desde esta capital, por resultar el lugar de producción de éstos atributiva de la competencia "atione loci", en la materia, habrá de ser la justicia de instrucción capitalina la que deba asumir la investigación de los hechos.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Instr. 33, sec. 169)

c. 2.387, JUAREZ POZO, Juan A.

Rta: 16/2/95.-

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CONCUSION. AGRAVANTE: Improcedencia.

            Configura el delito previsto en el art. 266 del C.P., la conducta del oficial de policía que, solicitó y recibió una suma de dinero para interesarse por la libertad de un detenido, pues el sujeto activo requirió y obtuvo una dádiva para sí, resultando inaplicable la agravante del art. 268, procedente sólo cuando la contribución o el derecho se han exigido con destino al Estado. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Navarro, Barbarosch- (Sent. "V", sec. 29)

c. 44.465, DI BLASI, Luis F.

Rta: 16/2/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 32.621, "García, L.", rta: 4/6/87 y c. 32.822, "Botazzi, J.O.", rta: 30/6/87, ambos publicados en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/87, págs. 599 y 478, respectivamente.

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DECLARACION INDAGATORIA. encuadramiento legaL: Variación respecto de la declaración anterior. NULIDAD: Improcedencia.

            El hecho de que en la ampliación de la declaración indagatoria se le atribuya al imputado los mismos hechos que en la anterior declaración, pero con un encuadre típico distinto, no es susceptible de nulidad alguna, pues es clara la letra del art. 298 del C.P.P. en cuanto establece que en la indagatoria se le informará al imputado cuál es el hecho que se le atribuye -cuya descripción en ambas fue la misma-, y no cuál es el encuadre típico, el que puede variar con el transcurso de la investigación.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Donna, Rivarola- (Instr. 14, sec. 143)

c. 2.461, GONZALEZ CALFIL, Rodrigo

Rta: 16/2/95.-

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DEFENSA EN JUICIO. Afectación. ABOGADO DEFENSOR: Separación de oficio. Improcedencia.

            Reconocido el carácter de sujeto pasivo procesal del imputado y aceptada su defensa letrada de conformidad a las normas que regulan dicha interven-ción, no procede su oficiosa separación sin afectar el derecho de defensa en juicio.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Correc. 12, sec. 77)

c. 2.643, CASAL, Carlos A. y otro

Rta: 9/3/95.-

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DEFENSA EN JUICIO. Principio de congruencia. No afectación.

            No obsta al principio de congruencia, el hecho de que la sentencia condenatoria verse sobre un delito distinto del que lo hicieran la acusación y la defensa durante el proceso, ello es así toda vez que el hecho único que se juzga aparece sometido a las formas sustanciales del juicio y la conducta atribuida no resulta diversa a la penada; además cabe consignar que, la distinta calificación propuesta por las partes, de ninguna manera obliga al juez.

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Piombo, Bonorino Peró, Ouviña- (Sent. "P",sec. 17)

c. 20.354, RECCIA, Antonio y otros

Rta: 22/2/95.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VII, c. 20.480, "D'Arielli, María A.", rta: 13/2/95.

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DEFENSA EN JUICIO. DEFENSOR OFICIAL: Traslado de la acusación fiscal. En-trevista previa con el defendido. Condición innecesaria.

            Si bien el art. 140, último párrafo del Reglamento del Fuero prevé el contacto previo del Defensor Oficial con su ocasional asistido con antelación a evacuar el traslado de la acusación fiscal, aun cuando no haya podido concretarse dicha entrevista por la reiterada ausencia del imputado a las citaciones cursadas, no es condición necesaria para contestar tal traslado, de acuerdo con una interpretación sistemática de dicha norma con el art. 141 del citado cuerpo.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, González Palazzo- (Correc. 3, sec. 60)

c. 26.947, TIMERMAN, Jacobo

Rta: 16/3/95.-

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Tipicidad. Sujeto activo: fin de lucro o daño. Configuración.

            Para que se configure el delito de defraudación por administración fraudulenta, se requiere, además del acto administrativo infiel -que es la acción básica-, el propósito de lucro o daño en la conducta del sujeto activo, de manera que si no se descubre esta finalidad, la gestión administrativa no podrá ser pasible de encuadramiento penal, aunque haya sido signada por la ineficiencia, la arbitrariedad ejecutiva y el desorden contable.(*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Barbarosch,Valdovinos- (Instr. 33, sec. 169)

c. 44.500, LABATTE de HENRY, María

Rta: 7/3/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 29.683, "Caillón, M." rta: 12/9/85 y c. 2.462, "Cutro-na de Navarro, Alicia", rta: 24/2/95.

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DEFRAUDACION. DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS. BOLETO DE COMPRAVENTA: Obligación de hacer. Ausencia de derecho real. Atipicidad.

            El boleto de compraventa no transmite el dominio sobre el bien, sino que se trata de una promesa de escrituración -arts. 1184, inc. 1° y 1185, C.Civil-, en consecuencia, la obligación del imputado era de hacer y no de dar, que son las amparadas por el tipo penal del art. 173, inc. 11° del C.P., de modo que las obligaciones asumidas por el imputado no generaron un derecho real en favor de los compradores, sino un derecho personal, asistiéndoles a éstos, además, la vía civil, mediante juicios de escrituración, suficientes para hacer valer sus derechos.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Elbert, González Palazzo, González- (Sent. "K", sec. 40)

c. 26.639, DE SANTIS, Miguel C.

Rta: 23/3/95.-

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DEFRAUDACION. DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS. FIADOR: Contrato de locación. Enajenación de un bien: obligación personal. Atipicidad.

            Deviene atípica la conducta del imputado que, en carácter de fiador solidario y principal pagador por todas las obligaciones que contrajo la locataria en el contrato de locación celebrado, se obligó con todo su patrimonio, en especial con un inmueble de su propiedad, no obstante lo cual, enajenó el inmueble, ello es así por tratarse de una de las garantías de las llamadas personales, como es la fianza, consistente en agregar o acumular la obligación de otra persona (fiador) a la obligación del deudor, bien diferente a las garantías reales, en las cuales una cosa queda especialmente afectada al cumplimiento de una obligación, como son en nuestro derecho la hipoteca, prenda y anticresis. De allí que las seguridades personales no son nunca de eficacia absolutamente cierta, pues existe la posibilidad de que al ser la fianza una garantía personal, el fiador caiga también en insolvencia, contrariamente a lo que sucede cuando se constituyen garantías reales, en las que el acreedor tiene el llamado "ius persecuendi" sobre el bien gravado. (*) Por otra parte cabe consignar que en el art. 173, inc. 11°, sólo quedan comprendidas las obligaciones de dar, siendo las citadas aquellas en las cuales el objeto consiste en la entrega de una cosa mueble o inmueble nuevamente con el fin de constituir sobre ella derechos reales o de transferir solamente el uso o la tenencia o restituirla a su dueño, nada de lo cual puede confundirse con las obligaciones del fiador en la locación.(**)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola, Donna (por sus fundamentos)- (Sent. "Z", sec. 46)

c. 44.096, RODRIGUEZ, Claudio R.

Rta: 14/3/95.-

Se citó: (*) Salvat, Raymundo, "Tratado de Derecho Civil Argentino", Fuentes de las Obligaciones, T. III, pág. 230. (**) Creus, C., "Derecho Penal", Parte Especial, T. I.

Fundamentos del Dr. Donna: La absolución del procesado debe basarse, además de los fundamentos expuestos, en la responsabilidad objetiva, pues el art. 173, inc. 11° del C.P., exige el dolo directo, esto es la intención de tornar imposible, incierto o litigioso el derecho sobre un bien, extremo que no se ha probado en autos, ya que el objeto, el bien de que se habla, no era el departamento propio, sino una deuda distinta, proveniente de otro inmueble. (***)

Se citó: (***) Donna, Edgardo-Ruiz López, Alejandrina, "Desbaratamiento de Derechos Acordados", en D.P., 1982, pág. 521.

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DEFRAUDACION. ENTRE CONYUGES. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD: Falsificación de instumento público. Exclusión.

            Si bien el art. 185 del C.P. exime de responsabilidad a los cónyuges por las defraudaciones que recíprocamente se causaren, ella no alcanza al delito de falsificación de instrumentos públicos.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Instr. 30, sec. 109)

c. 2.678, ARDANZ PEDREIRA, Angel.

Rta: 13/3/95.-

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DEFRAUDACION. ESTAFA. CHEQUE: a) ARDID: Idoneidad. Entrega de mercade-rías. b) Emisión de cheques sin fondos. Cuenta cerrada: configuración. Otorgamiento de crédito de la víctima. Justificación inaceptable.

            La entrega de cheques a cambio de mercaderías, es parte del ardid desplegado por el autor que, en tal caso cobra mayor relevancia en cuanto a que es una demostración de solvencia de la persona que lo entrega, y que lleva a la víctima a confiar en esa persona, y por ende a entregar la contraprestación solicitada, que lo perjudica patrimonialmente y que de otra manera no lo hubiera hecho. Si el cheque que se entrega no sólo carece de fondos, sino que ha sido librado sobre una cuenta cerrada del titular o difiere la firma, no puede argumentarse como excusa la tesis de que la víctima ha dado crédito, aun en el caso de cheque a fecha, pues en el supuesto de que la víctima haya dado crédito, tales maniobras demuestran que esa voluntad ya estaba viciada por la intención primera de no pagar.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna,Tozzini, Rivarola- (Sent. "A", sec. 1)

C. 43.604, VISSIO, Ernesto A. y otro

Rta: 14/3/95.-

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DELITO IMPOSIBLE. TENTATIVA IDONEA: Comercio de estupefacientes. Encausado inducido por personal policial. Configuración.

            No constituye tentativa de delito imposible, la conducta del procesado que es inducido por personal policial a la comisión del delito de comercio de estupefacientes, sino que se trata de una tentativa idónea, pues la intervención del agente provocador representa en realidad una circunstancia ajena a la voluntad del provocado, que impidió que éste consumara el delito que tenía el fin de cometer. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Piombo, Bonorino Peró- (Sent. "P", sec. 16)

c. 20.191, RAMIREZ PUJOL, Jorge y otros

Rta: 28/2/95.-

Se citó: (*) Núñez, Ricardo C., "Las disposiciones generales del Código Penal", Marcos Lerner Editora, Córdoba, 1988, pág. 185.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala V, c. 1.743, "Serra, Rodolfo J. o González, Jesús, D.", rta: 30/6/94, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/94, pág. 51.

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ENTREGA DE RODADO. PARCIAL: Escindibilidad del motor.

            El motor de un rodado puede ser vendido, comprado, etc., no consti-tuyendo por ello una parte inescindible de aquél, que además puede ser fraccionado, sin desmedro de los trámites que requiere el registro pertinente.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Gerome, Bonorino Peró- (Instr. 23, sec. 139)

c. 2.518, GONZALEZ, María del Valle

Rta: 13/3/95.-

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EXCARCELACION. LEY 24.390. a) IMPROCEDENCIA: Coexistencia de la ley con el régimen excarcelatorio vigente. Denegación de la excarcelación con fundamento en el art. 380 del C.P.M.P. Prórroga de la medida cautelar: validez. Razonabilidad. b) COMPUTO: Plazos provisorios y definitivos. c) INCONSTITUCIONALIDAD: Arts. 1 y 2 de la ley.

            a) La ley 24.390 no supone la liberación automática del imputado, vencidos los plazos que ella prevé en el art. 1, pues no existiendo ninguna derogación expresa del régimen excarcelatorio previsto en las leyes 2.372 y 23.984, nada impide su aplicación conjunta ni obsta a la vigencia de las condiciones impuestas por el magistrado, por lo que, en consecuencia, debe denegarse el pedido de excarcelación si el peticionante se encuentra en una situación tal que torne aplicable las disposiciones del art. 380 del C.P.M.P. (*)

            b) El art. 7 de la ley citada resulta aplicable tanto para el caso de cómputos provisorios para resolver una excarcelación, como para cuando debe calcularse definitivamente el tiempo de detención cumplido, en caso de recaer condena.

            c) Resultan inconstitucionales los arts. 1 y 2 de la ley 24.390, por cuanto exceden los límites de la propia ley reglamentada (Pacto de San José de Costa Rica), y, por tanto, también los límites constitucionales de las atribuciones jurisdiccionales de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores (del voto del Dr. Tozzini). (**)

C.N.Crim. Sala de Feria I (Int.) -González, Tozzini- (Sent. "Q", sec. 18)

c. 111, FERNANDEZ LABORDA, Guillermo J. L.

Rta: 30/1/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 26.882, "Ledesma, W.", rta: 30/12/94; C.S.J.N., "Firmenich, Mario E.", rta: 28/7/87, en D.J. 1988-I-454. (**). C.N.Crim., Sala de Feria, c. 210, "Troiano, Guillermo", rta: 10/1/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 35 y c. 209, "Mac Intosh, Hugo", rta: 10/1/95.

Nota: Respecto del punto c), ver en contra, C.N.Crim., Sala IV, c. 44.604, "Troiano, Guillermo", rta: 3/3/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 33. Respecto del punto a), ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 44.639, "Varela, Jorge A.", rta: 16/3/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 14.

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EXCARCELACION. LEY 24.390. IMPROCEDENCIA: Extremos del art. 380 del C.P.M.P. Aplicabilidad.

            Siendo el régimen excarcelatorio independiente del contemplado por la ley 24.390, no obstante que ambos apunten a la libertad del detenido no debe hacerse lugar a su excarcelación -bajo ningún tipo de caución- cuando ha gozado en varias oportunidades de este beneficio; máxime si fue declarado contumaz en dos oportunidades y cuando en la hipótesis de recaer condena en los autos principales la pena a imponer fuera de efectivo cumplimiento y con la posibilidad de proceder una eventual unificación con los fallos que podrían recaer en los procesos que registra en trámite, debiendo presumirse, por todo ello los extremos del art. 380 del C.P.M.P.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Barbarosch, Valdovinos- (Sent. "Z", sec. 45)

c. 44.639, VARELA, Jorge A.

Rta: 16/3/95.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim, Sala de Feria I, c. 111, "Fernández Laborda, Guillermo", rta: 30/1/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 13, punto a).

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EXCARCELACION. LEY 24.390. INCONSTITUCIONALIDAD: Arts. 1 y 2. a) Pacto de San José de Costa Rica. Razonabilidad de la detención: resorte exclusivo de los jueces. Improcedencia de la imposición de plazos fijos para la excarcelación. b) Declaración oficiosa de inconstitucionalidad. Procedencia. c) PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES: Afianzar la justicia; facultad inalienable del juez natural. d) PRISION PREVENTIVA: Art. 379, inc. 6°, C.P.M.P.: fijación de límites temporales: conveniencia. Aplicación automática de la excarcelación: improcedencia. e) Conflicto de intereses sociales e individuales. Armonización y equilibrio.

            a) Son inconstitucionales los arts. 1 y 2 de la ley 24.390, en tanto fijan un término rígido y común a todos los procesos judiciales de 3 años como máximo para mantener el encarcelamiento de los encartados, sin atender la entidad de los hechos atribuidos, lo que significa sin más, desatender la significación ético social de cada uno de los casos en detrimento del interés de la sociedad toda; tarea ésta que nadie más que el Juez está legitimado para ejercer, bajo control, obvio es, de las distintas instancias que garantizan la justicia de la solución. Además, si bien la citada ley se dice reglamentaria del art. 7, inc. 5° del Pacto de San José de Costa Rica, cabe consignar que mientras éste establece que "toda persona detenida...tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad..." -razonabilidad que es del resorte exclusivo de los jueces, con arreglo a cada caso singular-; los arts. 1 y 2 de la ley 24.390, establecen en cambio un plazo de 2 años, extensible a tres y a seis meses, sustituyendo así, legis-lativamente, la idea de "razonabilidad" por el decurso de un tiempo fijo, debiendo necesariamente tenerse en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como máximo Tribunal de garantías constitucionales, interpretó la misma disposición del Pacto de San José de Costa Rica, considerando que la razonabilidad a que él alude no puede traducirse en un número fijo de días, semanas, meses o años, debiendo siempre estar relacionado, con el juicio a pronunciarse, con las circunstancias concretas de cada caso a resolverse. (*)

            b) Es deber del Tribunal considerar oficiosamente la constituciona-lidad de la ley 24.390, si advierte discordancia entre ella, que se dice reglamentaria del Pacto de San José de Costa Rica, y el texto de dicho pacto -art. 7, inc. 5°- incorporado ahora a la Constitución Nacional con jerarquía superior a las leyes emanadas del Congreso de la Nación, en razón de ello debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que: "es elemental...examinar las leyes, compararlas con el texto constitucional, averiguar si guardan o no conformidad con ella, y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición...". (**)

            c) "La finalidad constitucional de afianzar la justicia hacia la cual se orienta el juicio previo, requiere: 1) que no se impida u obstaculice su realización; 2) que sus conclusiones se asienten sobre la verdad; 3) que se cumpla efectivamente lo que en él se resuelva. Si el culpable aprovechando su libertad, pudiera impedir la condena (falseando pruebas o no compareciendo al proceso) o eludir el cumplimiento de la pena (fugando), la justicia, lejos de ser afianzada sería burlada. Para evitar tal peligro, la propia Constitución Nacional pone en manos del juez natural, como autoridad compe-tente del juicio previo, el poder de arrestar al sospechoso (art. 18 de la C.N.). Esta privación de libertad (que no es pena) durante el juicio previo, tiende a proteger a éste de los señalados peligros que pueden comprometer su destino de afianzar la justicia" (***). De ello se desprende, como ha expresado la C.S.J.N. que "nadie puede sustraer a la esfera de la acción del Poder Judicial la atribución inalienable y la obligación que tiene de hacer respetar el estatuto fundamental", no entenderlo así implicaría admitir el triunfo de la soberanía del Congreso, al alto precio de olvidar que "el palladium de la libertad no es una ley suspendible en sus efectos, revocable según las conveniencias públicas del momento...sino la Constitución Nacional...arca sagrada de todas las libertades, de todas las garantías individuales, cuya preservación inviolable, guarda severamente escrupulosa, debe ser el objeto primordial de las leyes, la condición esencial de los fallos de la Justicia Federal" (****).

            d) Es conveniente, y si se quiere necesario, fijar límites temporales a las formas de coerción personal que admite el ámbito procesal; más el establecimiento de términos en esa materia, ya había sido consagrado por la ley 23.050, al establecer la caducidad de la prisión preventiva, en el inc. 6° del art. 379 del C.P.M.P.; norma cuya interpretación, empero, ha sido siempre del exclusivo resorte judicial, habiéndose entendido en ese plano que su aplicación no es automática, como también que la razonabilidad del tiempo para el juzgamiento debe ser ejercido en relación con las perspectivas de pena, por lo cual el transcurso del plazo de 2 años establecido por el citado artículo, no puede traducirse necesariamente en el otorgamiento de la excarce-lación, sin valorar las características del caso concreto, la repercusión social ante la eventual liberación del procesado, y, particularmente, sin evaluar conforme las constancias del expediente, la posibilidad de que aquél evada la acción de la justicia, frustrando el derecho de los demás ciudadanos a su realización.

            e) En el tema existe un conflicto entre el interés fundamental de la sociedad por una rápida y eficiente ejecución de la ley, y el interés individual a ser juzgado para definir su situación frente a la ley y la sociedad, debiendo en consecuencia buscarse un punto de equilibrio para armonizar ambos extremos, sin que uno sufra en desmedro del otro, como sucedería en el caso de la libertad anticipada de una persona que ha cometido un delito grave, de singular repercusión, y que está a punto de terminar su proceso por sentencia definitiva.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna (en disidencia)- (Sent. "Q", sec. 18)

c. 44.273, PUCCIO, Arquímides

Rta: 10/3/95.-

Se citó: (*) C.S.J.N., "Firmenich, Mario", rta: 28/7/87, en D.J., 1988-I-454. (**) C.S.J.N., Fallos 33:162; 143:191; 185:140. (***) Cafferata Nores, José, "La excarcela-ción", 2da. edición, T. I, cap. 1, punto 2) apartado b), págs. 4 y 5. (****) Núñez, Ri-cardo, "¿Son ilimitadas las facultades del Congreso?", y lo allí citado: C.S.J.N., Fallos 32:121, en D.P., 1987, pág. 393 y ss.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala I, c. 44.282, "Puccio, Arquímedes", rta: 20/2/95. Respecto del punto a), ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala de Feria I, c. 210, "Troiano, Guillermo A.", rta: 10/1/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 35, punto a). Respecto del punto a), ver en contra, C.N.Crim., Sala IV, c. 44.604, "Troiano, Guillermo A.", rta: 3/3/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 33.

Disidencia del Dr. Donna: La ley 24.390 es constitucional, es más, se acerca al principio plasmado en la norma fundamental (art. 18), que exige que la libertad de la persona,sólo deberá ser restringida mediante condena firme, supuesto éste que el nuevo C.P.P. legisló en el art. 319, como excepción, cuando debió ser la regla para toda restricción de la libertad. Desde que la autolimitación que el propio estado se impone, en bien de los derechos individuales, no puede ser inconstitucional, sino que, es más, hace a la esencia del estado liberal, que consiste en la mínima intervención en el ámbito individual. En virtud de la reforma del art. 24 del C.P. por la citada ley, y en virtud del art. 2 del C.P., al ser esta una ley más benigna, se exige su aplicación al caso aun de oficio.

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EXCARCELACION. LEY 24.390. a) Plazo legal: Compatibilidad. Criterio de ra-zonabilidad. Principio de inocencia. Posible pena de encierro perpetuo. b) CONTROL FISCAL: Omisión. NULIDAD: Prorrogabilidad de los plazos. Inexistencia de caducidad automática de la detención cautelar.

            a) Si bien el instituto de la excarcelación no constituye una excepción a los principios de inocencia y de debido proceso, en todo ordenamiento jurídico deben conciliarse armónicamente los intereses individuales con los de la comunidad, por lo que es deber del magistrado compatibilizar la inicial presunción de inocencia del imputado que pide su excarcelación con la presunción de certeza de una condena no firme, armonizando tanto el plazo legal de duración de la medida cautelar con el criterio de su razonabilidad, cuanto la libertad provisoria del imputado con el efectivo cumplimiento de una posible pena de encierro perpetuo. (*)

            b) La vigencia de la ley 24.390 no supone necesariamente que, vencidos los plazos por ella previstos, se produzca en forma automática la caducidad de la detención cautelar, pues tanto su art. 1 como su art. 2 autorizan la prórroga de dicho plazo, siempre y cuando medie el debido e irrenunciable contralor fiscal (art. 3), ejercido por auto fundado, cuando existieren maniobras dilatorias por parte de la defensa. En consecuencia, constituye un vicio esencial del acto la omisión de dichas formas de contralor, pues, como negación de la justicia material, supone que tanto las libertades procedentes como las improcedentes deberían ser automática e indefectiblemente concedidas a partir de la inoperancia fiscal.

C.N.Crim. Sala de Feria II (Int.) -Piombo, Ouviña- (Sent. "V", sec. 29)

c. 189, IPARRAGUIRRE, Raquel E.

Rta: 31/1/95.-

Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos 272:188; 280:297; 290:363; 302:345.

Nota: Respecto del punto a), ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VI, c. 26.904, "Echeverría Pradena, Lucio A.", rta: 17/2/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 31, punto 5).

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EXTINCION DE LA ACCION. DESISTIMIENTO: Colisión entre el C.P. y el C.P.P.: inexistencia. Constitucionalidad.

            No existe colisión entre los arts. 422, inc. 1° y 423 del C.P.P., y el art. 59, inc. 4° del C.P., puesto que en tanto éste establece un supuesto de extinción de la acción penal a través de una conducta activa del querellante, aquéllos contemplan el caso del desistimiento de dicha parte, en los delitos de acción privada, por un comportamiento de carácter omisivo, cual es no instar el procedimiento por un término superior a sesenta días.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, González Palazzo- (Correc. 9, sec. 64)

c. 2.621, GUTIERREZ, Jorge y otros

Rta: 21/3/95.-

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EXTORSION. TENTATIVA: Estafa. No configuración: amenaza: ausencia de poder determinador. AMENAZA: Inspección por un ente estatal. Idoneidad.

            a) La acción de quien realizó llamados telefónicos a una empresa haciéndoles saber a sus directivos la inminente inspección que se realizaría por parte de la Caja Previsional y que de acceder a una contribución voluntaria, la auditoría sería más benévola, presentándose luego para retirar el dinero requerido -momento en que se lo detuvo-, configuró el delito de extorsión en grado de tentativa y no el conato de estafa, pues aun cuando la amenaza no produjo el amedrentamiento deseado en la víctima, y por ello no fue la causa de la disposición patrimonial, la intimidación extorsionadora es la exigencia ilegítima y la carencia de un poder determinador en la amenaza (como ocurrió en el caso) no desplaza la tentativa. (*)

            b) La amenaza de una inspección y auditoría por un ente estatal resulta de suficiente idoneidad, siendo extraño a la voluntad del autor que la víctima no se atemorice.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Filozof, González Palazzo, Gerome- (Sent. "Z", sec. 46)

c. 32.791, BODEI, Walter O.

Rta: 6/3/95.-

Se citó: (*) Núñez, Ricardo C., "Derecho Penal Argentino", Parte Especial, T. V, pág. 255.

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FALSIFICACION. INSTRUMENTO PRIVADO. USO. ESCRITOS JUDICIALES: Firma de letrado falsificada.

            La presentación ante los tribunales civiles, de numerosos escritos, con la firma falsificada de dos letradas supuestamente patrocinantes, siendo escritos redac-tados y confeccionados por un particular al tiempo de insertarse las firmas falsificadas, obviamente con anterioridad a su presentación e incorporación al respectivo expediente judicial, no deben ser calificados como instrumentos públicos, sino privados, pues se trata de instrumentos procesales suficientemente idóneos para poder causar perjuicios, adecuándose, por ello, la conducta al tipo delictivo del uso de documento privado falsificado.

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Ouviña, Piombo, Bonorino Peró- (Sent. "K", sec. 40)

c. 20.589, SANTIAGO, Mirta C.

Rta: 23/3/95.-

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FALSIFICACION DE DOCUMENTOS. FALSEDAD IDEOLOGICA. INSTRUMENTO PUBLICO. ESCRIBANO: Improcedencia. Falta de verificación fehaciente de las alegaciones de los comparecientes. Actuación negligente. No configuración del delito.

            No resulta cierta ni presumible la mala fe del notario, a quien se le endilgó, una negligencia o ineficacia profesional que en modo alguno invaden el campo penal, al no verificar fehacientemente la documentación aportada por los coprocesados, quienes se presentaron -sin serlo- como presidente y director de una sociedad anónima, provocando que en otra escritura se concretara una operación inmobiliaria anteriormente rechazada por asamblea, pues no es función del escribano verificar cada una de las manifestaciones de las partes, sino nutrirse de los elementos necesarios para el otorgamiento formal del acto y dar fe de lo ocurrido en su presencia, sin quedar comprometido por las falsas alegaciones de los comparecientes que escapen a su contralor funcional.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Barbarosch, Valdovinos- (Instr. 28, sec. 142)

c. 2.647, REYNOLDS, Juan C.

Rta: 29/3/95.-

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FALSO TESTIMONIO. PRUEBA DE TESTIGOS: Forma de la declaración. Falta de instrucción sobre las penas por falso testimonio. Juramento de decir verdad. Fundamento de la sanción.

            La circunstancia de que al testigo que prestó juramento de decir verdad con antelación a deponer, no se le hayan hecho saber expresamente las penalidades establecidas en el art. 275 del C.P., no enerva su eventual responsabilidad en el delito de falso testimonio, toda vez que la sanción prevista en dicha norma tiene sustento en la promesa que podría haber sido incumplida por el deponente.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, González Palazzo- (Instr. 29, sec. 152)

c. 2.692, TRUNFFAT, Mario J.

Rta: 29/3/95.-

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HABEAS CORPUS. EDICTOS POLICIALES. INCONSTITUCIONALIDAD: Vagancia. "Profesional del delito". Tipicidad: falta de requisitos.

            El art. 1, inc. c), del edicto policial sobre vagancia, viola lo dispuesto por el art. 19 de la C.N. en relación con los arts. 14, 16, 18, 28, 31 y 33, pues la simple lectura de esta figura legal demuestra su absoluta incompatibilidad con el principio de reserva, pues importa una indeterminada incriminación que no reúne los requisitos de "tipicidad" exigidos para la formulación legislativa de los "hechos punibles", siendo la expresión "profesional del delito" vagamente alusiva y más cercana a los enunciados metafóricos que a los símbolos precisos que requieren los tipos legales, ya que no se sabe en qué podría consistir tal profesionalidad, pues el delito no constituye un estilo de personalidad sino una acción, por lo cual carece de continuidad y generalidad, atributos esenciales de todo oficio o profesión, sin perjuicio de que tal modo de referencias normativas puedan volverse estigmatizadoras para quienes habiendo purgado su delito anterior, parecen sufrir todavía efectos discriminatorios más allá de la cumplida pena legal, por todo lo cual procede declarar su inconstitucionalidad, pues en la nueva Constitución Nacional, la acción ejercitada y la atribución judicial para declararla, tienen rango constitucional explícito (art. 43).

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Instr. 18, sec. 156)

c. 20.669, DEL VALLE, Víctor D.

Rta: 23/2/95.-

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HOMICIDIO. SIMPLE: Configuración. Conductor de vehículo de transporte público: conducción imprudente y antirreglamentaria. DOLO: Eventual. Tipo culposo: improce-dencia. Homicidio culposo: improcedencia.

            Constituye el delito de homicidio simple en concurso ideal con lesiones graves, la conducta de quien en su calidad de conductor de un vehículo de transporte público de pasajeros, manejaba el mismo en forma alocada, incontrolada y antirreglamentaria, a raíz de lo cual se produjo el accidente, ello es así toda vez que aún siendo irrefutable la ausencia de dolo directo o indirecto por no ser posible atribuir tal intencionalidad al autor, tampoco puede ello inducir automáticamente al delito culposo, en el que habría incurrido el chofer si únicamente hubiese dejado de representarse como posible el resultado o si, habiéndoselo representado, hubiera dejado de prevenirlo. En el caso, el acusado no sólo tuvo que representárselo como posible, sino también probable y coadyuvó a él con indiferencia y temeridad como aportes subjetivos indicentes, es decir, actuó con dolo eventual, porque sin intención directa o indirecta de delinquir, tomó a su cargo lo que por representársele como probables a su conciencia, podría eventualmente ocurrir (*), desencadenando la acción no por simple ligereza, sino en un estado anímico delictivamente reprobable, siendo que tal ánimo puede ser el simple estado subjetivo de indiferencia ante la representación de la probabilidad de que ocurra el delito.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Barbarosch, Valdovinos- (Juzg. de Menores 6, sec. 17)

c. 2.491, OLIVERA, Leonardo R.

Rta: 16/2/95.-

Se citó: (*) Núñez, Ricardo, "Tratado de Derecho Penal", Parte General, T. II, pág. 58.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 4.012, "Farias, Sergio", rta: 19/12/95.

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INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR. Divorcio por culpa concurrente.

            La circunstancia de que en la sentencia civil se haya declarado la culpa concurrente de la querellante en el divorcio vincular, la deja excluida de la protección acuñada en la norma y libera al acusado de ser pasible de inculpación penal, no constituyendo valla obstativa para la absolución, el hecho de que dicha sentencia no se halle firme porque ausente una cuestión prejudicial, el Tribunal debe expedirse con los elementos de juicio disponibles.

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Barbarosch, Navarro- (Sent. "A", sec. 2)

c. 44.363, HELLER, Daniel G.

Rta: 20/3/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 29.726, "Fardin, P.", rta: 12/3/85, con cita de Fontán Balestra, Carlos, "Tratado", T. IV, pág. 386, y C.N.Crim., Sala VI, "Rivero, Hugo", rta: 27/3/73, en J.A. 19-1973-153.

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INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR. Eximentes: pensión graciable a favor del menor. Improcedencia.

            Carece de relevancia la existencia de una pensión graciable en favor de los menores relacionados con la causa, ya que ello no incide en el incumplimiento de la obligación alimentaria que se dice incumplida.

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Barbarosch ,Valdovinos- (Correc. 7, sec. 56)

c. 44.556, LUC, Hugo A.

Rta: 7/3/95.-

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INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR. ALI-MENTOS: Concepto. Entrega de sumas mensuales al menor. Ausencia de dolo: atipicidad.

            La conducta del imputado de dar mensualmente dinero a sus hijos para que cubrieran sus gastos, además de comprarles bienes de uso cotidiano, no constituye el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, pues si bien configura un pago indebido a una menor, que la jurisprudencia civil no acepta como verdadero "alimento", sino como mera "liberalidad" del padre a los hijos menores, y que por tanto no lo exime del deber civil de entregar a la madre y administradora de las sumas convenidas, plantea en materia penal una seria duda sobre la existencia del dolo de hecho, como elemento subjetivo del tipo, que no permite afirmar que, en efecto, el acusado se haya "sustraído" al deber alimentario legal.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini, Rivarola, Donna (por sus fundamentos)- (Juzg. de Menores 7, sec. 21)

c. 44.208, MURUA, Omar

Rta: 14/3/95.-

Fundamentos del Dr. Donna: El concepto de alimentos del art. 372 del Código Civil comprende los medios materiales necesarios para la existencia física de las personas (*). De modo tal que, la suma entregada por el imputado y reconocida por las leyes sobre tal extremo, debe ser por una parte, considerada como alimentos, por lo menos en Derecho Penal, y por otra, demuestra que no hay dolo de omitir una obligación, con lo cual la conducta del procesado es atípica.

Se citó: (*) Belluscio, Augusto C., "Manual de Derecho de Familia", 1988, T. II, pág. 407.

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I. INSTRUCCION. NULIDAD: Iniciación en sede provincial: juez incompetente. Au-sencia de requerimiento fiscal. Normas de procedimiento provincial. Improcedencia de la sanción. II. FALTA DE ACCION. GUARDADOR: Víctima incapaz. Innecesariedad de declaración de demencia. INCAPAZ: Víctima: actuación de oficio. Admisibilidad.

I. INSTRUCCION. NULIDAD: Iniciación en sede provincial: juez incompetente terri-torialmente. Ausencia de requerimiento fiscal. Normas de procedimiento provincial. Improcedencia de la sanción.

            No son nulas las actuaciones, por haberse iniciado la instrucción en sede provincial, realizándose medidas probatorias, con intervención de un juez incompetente y sin que mediara requerimiento fiscal, pues sabido es que los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás, conforme establece expresamente la Constitución Nacional en su art. 7, de modo que los actos llevados a cabo en la provincia de Bs. As. lo fueron con conocimiento e intervención del magistrado quien primero actuó en el caso, conforme las normas ri-tuales que allí rigen, constando que la primera diligencia llevada a cabo por la juez actualmente a cargo de la investigación en esta Capital fue remitir el sumario al Ministerio Público en cumplimiento con el art. 180 del C.P.P., y, además, cabe destacar que el art. 40 del C.P.P., de acuerdo con la disposición constitucional citada, establece que la declaración de incompetencia territorial no producirá la nulidad de los actos de instrucción ya cumplidos.

II. FALTA DE ACCION. GUARDADOR: Víctima incapaz. Innecesariedad de decla-ración de demencia. INCAPAZ: Víctima: actuación de oficio. Admisibilidad.

            a) El progenitor accionante, conviviente con la víctima mayor de edad cuya incapacidad se encuentra demostrada, ha actuado en su condición de guardador de la incapaz, siendo en un todo innecesario la declaración de demencia a que se refiere el art. 140 del C.Civil, pues no lo requiere el art. 72 del C.P., cuando alude en sentido lato a los "incapaces".  

            b) Demostrada la incapacidad de la víctima, el Juez se encuentra habilitado a actuar de oficio, pues las disposiciones que rigen el ejercicio de las acciones no pueden divorciarse de la intención tuitiva que todo el ordenamiento jurídico tiene hacia los incapaces, resultando un contrasentido concluir que el legislador, al derogar el texto del art. 72 establecido por la ley 21.338, que en su disposición final seguía a la ley 17.567, haya excluido de la instrucción oficiosa aquellos casos en los que los incapaces no tienen representantes o se encuentran en situación de abandono, más allá de que se trate de una persona interdicta o no. (*)

C.N.Crim. Sala de Feria I (Int.) -Tozzini, Rivarola- (Instr. 38, sec. 132)

c. 25, NAVARRETE, Román A.

Rta: 10/1/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 37.463, "Palacios, Carlos A.", rta: 27/8/90; Vélez Mariconde, Alfredo, "La acción penal dependiente de instancia privada", en "Cuadernos de los Institutos de la Universidad de Córdoba", N° 83.

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JUEGOS DE AZAR. Dec. ley 6618/57: vigencia. Cambio de doctrina sentada en un fallo anterior.

            Respecto de la vigencia del dec. ley 6618/57, la nueva conformación del Tribunal trajo aparejada la variación en la solución adoptada en el tema y que había sostenido en la causa "Lagorio, José A." (*); en ese sentido se señala que dicho dec. ley ratificado por ley 14.467 y modificado por leyes posteriores, mantiene su vigencia. (**)

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch (en disidencia)- (Correc. 5, sec. 73)

c. 2.558, MOREL, Delti

Rta: 6/3/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 1.340, "Lagorio, José A.", rta. 14/3/94. (**) C.N.Crim., Sala V, c. 701, "Méndez, Aldo O.", rta: 13/9/93.

Disidencia del Dr. Barbarosch: Como se sostuvo en la causa "Lagorio", procede declarar la nulidad.

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LESIONES. CULPOSAS: Policía: disparo de arma. Violación del deber de cuidado. Rebote de proyectil. Caso fortuito. LEGITIMA DEFENSA: Improcedencia. Lesiones a terceros.

            Quien usa un arma, de por sí un objeto riesgoso, lo debe hacer de modo tal que no cause daño, derivado de su obrar negligente, y es por ello que en el caso, el procesado que al perseguir a quien lo había intentado asaltar, como era policía, disparó su arma de manera indiscriminada, lesionando a un vecino, sin observar el deber de cuidado, es responsable del daño causado, no existiendo causal alguna de justificación a su favor, como por ejemplo la legítima defensa, ya que ella no puede ser invocada por lesiones provocadas a terceros.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Rivarola (en disidencia), Tozzini- (Correc. 2, sec. 58)

c. 44.074, NOVOA, Angel R.

Rta: 22/2/95.-

Disidencia del Dr. Rivarola: El procesado no ha violado el deber de cuidado objetivo puesto a su cargo ya que adoptó todos los recaudos y las precauciones posibles tendientes a evitar un resultado dañoso, en terceros e inclusive en el propio delincuente al cual perseguía; la herida fue producto de un rebote de proyectil, y los disparos hechos por el encausado fueron dirigidos hacia arriba, al aire, es decir, que aún en el fragor de la persecusión adoptó una conducta tanto funcional como humanamente irreprochable y sólo por caso fortuito ocurrió el resultado que expresamente trató de evitar.

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MEDIDA DE NO INNOVAR. Juez comercial. Obligación de acatamiento por el juez instructor. Concurso preventivo. Prioridad del fuero comercial.

            Respecto del concurso preventivo seguido al encausado en sede comercial, el juez de instrucción debe atenerse a lo que decida el juez actuante en la materia, y poner la totalidad de los bienes en litigio a disposición de aquel magistrado, debiendo en lo demás, observar el juez de instrucción, la medida de no innovar impuesta por su colega del fuero comercial, que en esta materia, resulta prioritaria.

C.N.Crim. Sala de Feria I (Int.) -Tozzini, Rivarola- (Instr. 28, sec. 142)

c. 233, PERCHIK, Samuel

Rta: 12/1/95.-

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MENOR. COMPETENCIA. JUEZ DE MENORES. NULIDAD: Menor víctima. Estado de abandono: ausencia. Extensión de la intervención del magistrado. Improcedencia de la sanción.

            No existió violación al principio del juez natural al haber extendido su actuación el juez de la especialidad más allá del informe ambiental que consignó que el menor víctima no se encontraba en estado de abandono, pues tal intervención se produjo hasta expedirse el magistrado sobre la situación de dicho menor, no disponiendo de él tutelarmente y remitiendo al juzgado correccional las actuaciones por declararse incompetente, razón por la cual no se dio en el caso el supuesto de nulidad previsto por el art. 36 del C.P.P., sin perjuicio de que, además, debe tenerse en cuenta que el juzgado de menores posee competencia superior al correccional.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola- (Correc. 11, sec. 71)

c. 2.510, MARTINEZ, Gustavo M.

Rta: 8/2/95.-

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MENOR. DECLARACION INDAGATORIA: Ausencia. SOBRESEIMIENTO: Procedencia.

            La situación del menor puede ser resuelta por sobreseimiento, aun cuando no hubiere sido indagado pues dicha declaración no es presupuesto indispensable de una resolución que ponga fin a la causa a su respecto. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Barbarosch, Valdovinos- (Juzg. de Menores, 5, sec. 14)

c. 2.389, D., G. E.

Rta: 3/2/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim. y Correc. Fed., Sala II, "Aulicino Lasalvia, Juan", rta: 7/5/93.

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MENOR. DECLARACION INDAGATORIA. SOBRESEIMIENTO: Pronunciamiento definitivo. Necesariedad.

            Si bien por su condición, un menor de 15 años no puede ser pasible de pena, si fue oído en autos, y sindicado como autor de un hecho delictivo, de manera tal que sus dichos, aún no habiendo sido vertidos de acuerdo a las previsiones del C.P.P. como hubiera correspondido (oyéndolo en declaración indagatoria), sino a tenor del art. 294 de dicho cuerpo y con la fórmula de "al solo efecto de la indagación sumaria" (correspondiente a la antigua legislación procesal), merecen el mismo tratamiento, por tanto debe resolverse su situación por un pronunciamiento definitivo, como lo es el sobreseimiento, atento al carácter de imputado con que fue llamado al acto.(*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Donna, Rivarola- (Juzg. de Menores. 5, sec. 18)

c. 2.604, G., D. H.

Rta: 13/2/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 1.817, "Machado Silveira", rta: 28/7/94 y Clariá Olme-do, Jorge A., "Derecho Procesal Penal", T. IV, pág. 334.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala I, c. 2.297, C., A. G., rta: 21/11/94, publi-cado en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/94, pág. 167.

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NULIDAD DE SENTENCIA. PENA: Inferior al mínimo legal. Subsanación por vía de recurso de apelación: procedencia.

            El error cometido en una sentencia que impone una pena por debajo del mínimo legal previsto, no es esencial o irreparable, y por ende puede ser subsanado en segunda instancia en el marco del recurso de apelación que se deduzca para incrementar la pena.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola, Tozzini, Donna- (Sent. "A", sec. 2)

c. 44.110, SERSOSIMO, Rafael P.

Rta: 14/3/95.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VI, c. 23.886 (a "contrario sensu") "Di Yorio, P. A." , rta: 27/10/92, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/92, pág. 246; y C.N.Crim., Sala II, c. 38.593, "Finger, Luis A.", rta: 28/2/91, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/91, pág. 18.

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PARTICIPACION. INSTIGADOR. FALSIFICACION DE DOCUMENTO PUBLI-CO: Registro de conductor. Conocimiento de la falsificación. Conocimiento de la posi-bilidad de causación de perjuicio. PENA: Ilegal. Inferior al mínimo legal. REFORMA-TIO IN PEJUS: Cambio de la calificación sin cambio de la pena.

            Quien hizo entrega de la foto y proporcionó el número de documento de identidad para que otro realice la falsificación del registro de conductor, es instigador del delito de falsificación de documento público -art. 292 del C.P.-, pues con tal proceder no sólo es innegable el conocimiento de la falsificación, sino que también se extiende al conocimiento de la posibilidad de causación de perjuicio, dada por el riesgo que deriva de la libre circulación de una persona que no ha pasado legalmente el examen teórico-práctico habilitante para conducir automotores, transgrediendo la confianza fundada en la autenticidad y veracidad del documento. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Rivarola, Tozzini (en disidencia)- (Sent. "C", sec. 6) c. 44.171, GAUNA, Fabián A.

Rta: 28/3/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim. Sala I, c. 34.913, "Aquino, Víctor", rta: 31/10/89, publicada en Bol. de Jurisp. N° 4/89, pág. 261.

Disidencia del Dr. Tozzini: Admitiendo que el registro para conducir no es de aquéllos comprendidos entre los instrumentos públicos del inc. 2°, del art. 979 del C.Civil, al no tener "forma" determinada por ley del Congreso, aquél está abarcado por los instrumentos que prevé la segunda parte del art. 292 del C.P., por lo que la pena de un año de prisión, en suspenso, resulta ilegal, por ser inferior al mínimo previsto en la dicha figura calificada, pero ante la falta de recurso fiscal debe aceptarse, modificándose la tipificación por la de falsificación agravada de instrumento asimilado a los que afectan la fe pública.

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PRISION PREVENTIVA. LEY 24.390. CADUCIDAD: 1. APLICACION AUTOMATICA: Improcedencia. Régimen excarcelatorio, procedencia. 2. PLAZO PARA RESOLVER: Oposición fiscal. Contradicción con el régimen excarcelatorio. Inexistencia. 3. COMPUTO: Articulaciones. Descuento. 4. COMPUTO: a) Plazos provisorios y definitivos. b) Comienzo del término. Exclusión de los dos primeros años. 5. EXCARCELACION: Razonabilidad. Interpretación de la C.S.J.N. Subsistencia de la interpre-tación razonable del art. 701 del C.P.M.P.

            1. Respecto del art. 4 de la ley 24.390, cabe consignar que es improcedente el criterio de aplicación automática, pues el espíritu inicial de la ley no dio carácter de automaticidad al beneficio liberatorio, sino de excarcelación, al haberse facultado al Tribunal para fijar una caución, en el caso que ésta fuere de carácter personal o real, lo cual obsta a la soltura inmediata del encartado hasta tanto fuera satisfecha la fianza que establece el primer párrafo de la norma referida.

            2. No existe contradicción alguna entre el art. 3 de la ley 24.390 y los arts. 295 del C.P.M.P. y 331 del C.P.P., pues el legislador quiso evidentemente ampliar el plazo de 24 horas que tiene el juez para resolver un pedido de excarcelación, luego de ser oído el fiscal en el incidente respectivo, con la intención de que el magistrado pueda examinar detenidamente las actuaciones y así determinar si existieron articulaciones dilatorias. Ahora tiene más tiempo para decidir sobre la excarcelación de un individuo, cuando el fiscal se oponga a su libertad por entender que se da la situación descripta en el primer párrafo del mencionado art. 3 y -en caso de no existir oposición- puede continuar aplicando los plazos ya previstos en las leyes de rito preexistentes.

            3. Si un detenido ha satisfecho los plazos máximos de prisión preventiva fijados por la ley 24.390, el juez debe "descontar" de la misma el tiempo exacto en que se prolongaron los efectos de la articulación maliciosa, siempre y cuando la oposición fuera aceptada. Con este cómputo, tendrá que resolver luego sobre la procedencia de la excarcelación a través de la aplicación del código adjetivo que corresponda. En caso de no coincidir con el punto de vista del fiscal, mantendrá el tiempo que resulte computado, sin detrimento alguno, y luego resolverá sobre la procedencia del beneficio, acudiendo también para ello a la ley rituaria correspondiente. Mediante estas nuevas disposiciones, sólo se determinará el tiempo de prisión preventiva de un encausado, pero, en ningún caso, la libertad se producirá en forma automática.

            4. a) El art. 7 de la ley 24.390 es aplicable tanto cuando se realizan cómputos provisorios para resolver una excarcelación, como cuando debe calcularse definitivamente el tiempo de prisión cumplido, en caso de recaer condena; de otro modo no hubiera sido introducido en la citada ley el art. 8, donde se modifica el art. 24 del C.P. "para los casos comprendidos en la presente ley".

            b) En cuanto al momento en que debe comenzar a computarse el plazo del art. 7, debe entenderse que quedan excluidos del mismo, los dos primeros años cumplidos en prisión preventiva, pues de lo contrario se favorecería desmedidamente al detenido y en especial a los que han sido procesados por delitos graves y hasta en algunos casos se tendría por cumplida la totalidad de la pena, cuando en realidad han sido privados de su libertad tan sólo la mitad del tiempo que se les impusiera o requiriera como sanción. (*)

            5. Respecto del art. 379, inc. 6° del C.P.M.P., la Corte Suprema de Justicia ha dado su "interpretación razonable" estableciendo que "resulta procedente denegar la excarcelación, cuando las características del delito que se imputa, las condiciones personales del encartado y la pena con que se reprime el hecho, guardan estrecha relación con la posibilidad de que se pueda intentar burlar la acción de la justicia y con ello impedir la concreción del derecho material". Si bien la ley 24.390 ha determinado un plazo máximo de prisión preventiva y en su art. 9 se expresa que es reglamentaria del pacto de San José de Costa Rica, continúa incólume la interpretación razonable que debe darse a la norma procesal referida y por ende al art. 701 del mismo código adjetivo. (**)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, González Palazzo- (Sent. "LL", sec. 42)

c. 26.904, ECHEVERRIA PRADENA, Lucio A.

Rta: 17/2/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 26.882, "Ledesma, W.", (vid. voto de la minoría), rta: 30/12/94. (**) C.S.J.N., "Firmenich, Mario E.", rta: 28/7/87, en D.J. 1988-I-454.

Nota: Respecto del punto 4. a), ver en contra, C.N.Crim., Sala de Feria I, c. 196, "Solís, Carlos A.", rta: 10/1/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 33. y C.N.Crim., Sala de Feria I, c. 173, "Moreno, Carlos H.", rta: 13/1/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 34. Respecto del punto 5., ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala de Feria II, c. 189, "Iparraguirre, Raquel E.", rta: 31/1/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 18, punto a).

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PRISION PREVENTIVA. LEY 24.390. CADUCIDAD: Arts. 1 y 2. Constitucionalidad.

            De acuerdo a las facultades que posee el Congreso Nacional con respecto a la sanción de las leyes, no se advierte que los artículos 1 y 2 de la ley 24.390 colisionen con normas previstas en nuestra Carta Magna, en consecuencia no puede hablarse de inconstitucionalidad de la misma.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Barbarosch, Valdovinos- (Sent. "W", sec. 31)

c. 44.604, TROIANO, Guillermo A.

Rta: 3/3/95.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 44.605, "Mac Intosh, Hugo", rta: 3/3/95. Ver en contra, Sala de Feria I, c. 210, "Troiano, G.", rta: 10/1/95, punto a) y c. 111, "Fernández Laborda, Guillermo", rta: 3/1/95, ambas publicadas en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, págs. 35 y 13, respectivamente.

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PRISION PREVENTIVA. LEY 24.390. CADUCIDAD. COMPUTO: Aplicación a los casos con imposición de pena.

            La disposición del art. 7 de la ley 24.390 es aplicable después de la sentencia que imponga las penas en él previstas y no antes.

C.N.Crim. Sala de Feria I (Int.) -Tozzini, Rivarola- (Sent. "W", sec. 32)

c. 196, SOLIS, Carlos A.

Rta: 10/1/95.-

Nota: Ver en contra, C.N.Crim., Sala VI, c. 26.904, "Echeverría Pradena, Lucio A.", rta: 17/2/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 31, punto 4. a).

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PRISION PREVENTIVA. LEY 24.390. CADUCIDAD. COMPUTO: a) EXCARCE-LACION: Improcedencia. Art. 7. Alcances: aplicación a los casos con imposición de pena. b) PROCESOS PARALELOS: Imposición de condena en uno de ellos. Inte-rrupción de la prisión preventiva en el otro.

            a) El texto del art. 7, ley 24.390, alude a los casos en que ya se ha impuesto pena, al señalar que un día de prisión preventiva, equivale a dos de prisión y uno de reclusión, de modo que la mención a las citadas especies de pena no puede menos que interpretarse en el sentido indicado.

            b) Sin perjuicio del tiempo cronológico que lleve el imputado privado de su libertad, ese tiempo de manera alguna puede computarse en su totalidad como cumplido en prisión preventiva, si en ese lapso, el encausado recibió sentencia en otra causa pasando así a revestir la calidad de condenado.

C.N.Crim. Sala de Feria I (Int.) -Tozzini, Rivarola- (Sent. "W", sec. 32)

c. 173, MORENO, Carlos H.

Rta: 13/1/95.-

Nota: Respecto del punto a), ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala de Feria I, c. 196, "Solís, Carlos", rta: 10/1/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 33 y ver en contra, C.N.Crim., Sala VI, c. 26.904, "Echeverría Pradena, Lucio A.", rta: 17/2/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 31, punto 4. a).

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PRISION PREVENTIVA. LEY 24.390. CADUCIDAD. COMPUTO: Procesado. Ley más benigna: aplicación retroactiva. Compatibilización: ley 24.390 - disposiciones procesales del C.P.M.P.

            Si bien la reforma al art. 24 del C.P., introducida por ley 24.390, por ser un modo más beneficioso de contar el tiempo de prisión preventiva, debe ser aplicado separada y retroactivamente a quienes vayan a ser condenados (art. 3 del C.P.), las disposiciones de tipo procesal contenidas en la nueva ley, tienen necesariamente que ser integradas con las otras normas vigentes, del C.P.M.P. que regulan el régimen excarcelatorio, cuyas reglas no han sido derogadas por la ley 24.390, pues si el legislador hubiera querido la caducidad retroactiva de todas las detenciones cautelares, que ya tenían un tiempo mayor de duración que el previsto en los plazos de la ley 24.390, no obstante que el régimen legal impidiera la excarcelación de los detenidos, lo hubiera dicho expresamente en el texto de la nueva ley.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Piombo, Ouviña- (Juzg. de Menores 1, sec. 2)

c. 20.530, RIVERO, Horacio H.

Rta: 21/3/95.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VII, c. 20.531, "Putallaz, Víctor O.", rta: 21/3/95.

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PRISION PREVENTIVA. LEY 24.390. CADUCIDAD. a) INCONSTITUCIONALIDAD: Arts. 1 y 2: facultades inalienables del Poder Judicial. b) Encarcelamiento preventivo. Fundamento. Justificación constitucional. Inexistencia de transgresión al Pacto de San José de Costa Rica.

            a) Los arts. 1 y 2 de la ley 24.390, reglamentaria del Pacto de San José de Costa Rica, resultan inconstitucionales, pues exceden los límites de la propia ley reglamentada, al sustituir, legislativamente, la idea de "razonabilidad" por el decurso de un tiempo fijo, sin atender a la entidad ni a la significación ético-social de los hechos atribuidos, sustrayendo así al poder judicial, su facultad inalienable de valoración de los hechos llevados a su conocimiento y de decidir la existencia o inexistencia de razonabilidad en la detención cautelar. (*)

            b) La instrucción preventiva tiene por finalidad asegurar al imputado para el proceso, garantizar la realización y el cumplimiento de la pena futura, de manera que la finalidad tutelar del éxito de la investigación que se asigna al encarcelamiento preventivo resulta constitucionalmente justificada, sin que se observen transgresiones a las normas de razonabilidad -no traducible en términos "fijos"- a que alude el art. 7, inc. 5°, del Pacto de San José de Costa Rica.

C.N.Crim. Sala de Feria I (Int.) -Tozzini, Rivarola- (Sent. "W", sec. 30)

c. 210, TROIANO, Guillermo A.

Rta: 10/1/95.-

           

Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos: 33:162; 143:191; 185:140; "Doctrina Judicial", 1988-1-454; Cafferata Nores, José, "La excarcelación", T. I, 2° Edición, Cap. I, punto 2), apartado b), págs. 4 y 5; "Doctrina Penal", 1987, págs. 393 y ss.; y Clariá Olmedo, Jorge A., "Tratado de Derecho Procesal Penal", 1966, T. V, pág. 334.

Nota: Respecto del punto a), ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala I, c. 44.273, "Puccio, Arquímedes", rta: 10/3/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 15, punto a). Respecto del punto a), ver en contra, Sala IV, c. 44.604, "Troiano, G.", rta: 3/3/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 33.

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PRISION PREVENTIVA. LEY 24.390. CADUCIDAD: Internación del menor imputado. Tiempo no computable.

            El término que el causante permaneció internado no puede ser asimi-lable a la prisión preventiva a que alude la ley 24.390.

C.N.Crim. Sala de Feria II (Int.) -Piombo, Ouviña- (Juzg. de Menores 1, sec. 3)

c. 16, S., P. A.

Rta: 27/1/95.-

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PRISION PREVENTIVA. LEY 24.390. CADUCIDAD: Pacto de San José de Costa Rica. Compatibilidad de la ley con la Constitución Nacional. Razonabilidad judicial: prórroga del plazo de prisión preventiva.

            Aún considerando que el Pacto de San José de Costa Rica, de rango superior a la ley procesal, exige razonabilidad -no medible en plazos "fijos"- en la extensión temporal de la detención cautelar, y sin perjuicio de la cuestionable compatibilidad de la ley "reglamentaria" 24.390 con la Constitución Nacional, cuando aquélla impone a los jueces plazos vencidos y avasalla el juzgamiento que le es propio e indelegable, cabe consignar que, en los casos en que no se halla cumplido el plazo que prevé el art. 1 "in fine" de la mencionada ley, se admite que, en ejercicio de la razonabilidad judicial, se prorrogue el plazo de la prisión preventiva por un año más, mediando resolución fundada, por lo que la aplicación de tal medida no vulnera norma constitucional alguna.

C.N.Crim. Sala de Feria I (Int.) -Tozzini, González- (Sent. "C", sec. 6)

c. 193, MONTAÑA, Lorenzo D.

Rta: 19/1/95.-

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PRISION PREVENTIVA. LEY 24.390. CADUCIDAD: Prórroga. Plazo complementario. Requisitos.

            La ley 24.390 ha establecido expresamente en su art. 1 que la prórroga del año complementario ha de ser instrumentada mediante "resolución fundada" del juez, la que por su naturaleza, deberá disponerse en los autos principales y luego de ello, comunicarse al Superior a sus efectos.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, González Palazzo, Escobar- (Sent. "D", sec. 7)

c. 26.944, WOLF, Mario

Rta: 7/2/95.-

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PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD. ROBO. AGRAVADO. AUTOMO-TOR. CONCURSO: Actividad que excede el apoderamiento.

            El traslado de las víctimas, por lapso prolongado y su abandono en lugar alejado del hecho, ha excedido la razonable actividad del agente dirigida al apoderamiento del automotor, y no procede en consecuencia considerar la figura de la privación ilegítima de la libertad subsumida en aquélla.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Barbarosch, Valdovinos- (Instr. 15, sec. 146)

c. 2.486, VALENTE, Claudio

Rta: 7/2/95.-

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I. PRUEBA. PERICIAL: Historia clínica y asientos documentales hospitalarios. autopsia: Ausencia. Homicidio culposo: absolución. II. HOMICIDIO. CULPOSO. MEDICO: Imputado. Circunstancialmente a cargo del paciente. Estado de necesidad. Existencia de otros pacientes a cargo en terapia intensiva.

I. PRUEBA. PERICIAL: Historia clínica y asientos documentales hospitalarios. autopsia: Ausencia. Homicidio culposo: absolución.

            Conforma un cuadro de duda suficiente, para arribar a la absolución del imputado, el informe pericial que se basa fundamentalmente en la historia clínica y los asientos documentales hospitalarios de la víctima, pues los médicos han basado sus conclusiones en un plano puramente hipotético, de probabilidad, en tanto no pudo practicarse la autopsia para verificar, en los restos de la víctima, elementos de juicio que permitan confirmar esas hipótesis.

II. HOMICIDIO. CULPOSO. MEDICO: Imputado. Circunstancialmente a cargo del paciente. Estado de necesidad. Existencia de otros pacientes a cargo en terapia intensiva.

            Es improcedente la atribución de responsabilidad por el deceso de la víctima, al médico que tuvo que hacerse cargo de la misma, siendo que la atención de ésta no le correspondía, pues es posible asemejar el caso a un estado de necesidad, en tanto se repare en la circunstancia de que el procesado tenía simultáneamente a su cargo pacientes de estado grave en terapia intensiva, a lo que se suma la falta de recursos, personal y apoyo.

C.N.Crim. Sala VI (Correc.) -Elbert, González Palazzo, González- (Correc. 3, sec. 60)

c. 26.742, ROLDAN, Jorge M.

Rta: 28/3/95.-

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PRUEBA. PERICIAL: Informe. Ausencia de requisitos formales. Acto reproducible. NULIDAD: Improcedencia.

            La ausencia de notificación a las partes respecto de la simple descripción de varios trozos de alambre incautados en autos por parte de quien no reviste la calidad de perito en ninguna materia no es susceptible de nulidad alguna, por tratarse de un mero informe pericial, que no requiere los recaudos formales exigidos en el Capítulo V, Título III, del Libro II, C.P.P., es producible en cualquier etapa del proceso -aun durante el juicio a pedido de cualquiera de las partes- y por tanto no acarrea perjuicio alguno a la defensa.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Donna - (Instr. 33, sec. 170)

c. 2.774, CHURRUARIN, Jorge A.

Rta: 24/3/95.-

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PRUEBA. PERICIAL: Licenciados en criminalística: intervención. Imposibilidad de suscribir los dictámenes.

           

            Si bien quien no ostenta el título de Perito Calígrafo Oficial no puede suscribir en forma conjunta los dictámenes con tales profesionales, ello no impide que los licenciados en criminalística participen en ellos. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, González Palazzo- (Instr. 3, sec. 110)

c. 2.298, FAIMBERG, Ricardo

Rta: 7/2/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 43.886, "Schureyer, F. W.", rta: 28/2/94.

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PRUEBA.TESTIMONIAL. HABILIDAD: Relación laboral con una de las partes. Testigo necesario: valor de sus declaraciones.

            Sin perjuicio de la valoración que finalmente deba asignarse a los testimonios, la simple relación laboral que une a los declarantes con una de las partes del proceso, no impide apreciar sus aportes testimoniales a la investigación de un hecho delictivo, si por las circunstancias concretas de tiempo y lugar, aquéllos tenían la calidad de testigos necesarios, máxime cuando se trata de este tipo de delitos -lesiones graves- donde el debido esclarecimiento de los mismos depende principalmente de la prueba testimonial, ya que resulta imprescindible descubrir la conducta de sus protagonistas durante los distintos tramos.

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Ouviña, Piombo, Bonorino Peró- (Sent. "W", sec. 31)

c. 20.300, BARREIRO PRECEDO, Manuel

Rta: 28/2/95.-

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PRUEBA. TESTIMONIAL. NULIDAD: Parcial. a) Presencia de quien no fue legitima-do como querellante. b) Repregunta de quien no es parte. Innecesariedad de anular el acto.

            a) La presencia en la audiencia testimonial de quien no se hallaba legitimado como parte en el proceso, constituye una irregularidad que desde la óptica procesal no alcanza por sí para invalidar la totalidad del acto si ello no ha trasuntado consecuencias distintas de aquellas perseguidas por la diligencia, teniendo en cuenta el carácter restrictivo con que deben apreciarse las nulidades.

            b) Como sólo a quien fuera admitido como parte querellante le es dable, en oportunidad de la audiencia testimonial, ejercer el derecho de repreguntar (art. 302 C.P.M.P.), la sanción nulificante no debe exceder la intervención que en tal sentido asumiera quien no lo era.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Sent. "LL", sec. 41)

c. 20.377, VARAS, Julio G.

Rta: 2/3/95.-

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QUERELLA. DELITOS DE ACCION PRIVADA: Forma y contenido. Inadmisibilidad. Rechazo "in limine". Improcedencia. Necesidad de notificación previa. Aplicación supletoria del C.P.C. y C.

            Toda vez que el art. 418 del C.P.P. en rigor no incorpora la sanción de inadmisibilidad sino para los supuestos que contempla en los seis incisos que contiene y para la hipótesis a que alude el párrafo "in fine" de la norma, el rechazo formal "in limine" de la acción no resulta acertado, debiéndose, previa notificación que impone el art. 142, aguardar el plazo al que alude el art. 120 del C.P.C. y C., de subsidiaria aplicación.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Correc. 13, sec. 80)

c. 2.388, BODO, Osvaldo C.

Rta: 16/2/95.-

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QUERELLA. LEGITIMACION ACTIVA: Carácter de ofendido. Comprobación previa. Innecesariedad. Presupuesto a título de hipótesis.

            El carácter de ofendido por el delito, como presupuesto de la legitimación para querellar, sólo se requiere a título de hipótesis ya que de exigirse su comprobación previa a la iniciación del proceso, implicaría imponer a la parte "ab initio" la demostración de la materialidad del ilícito, que es precisamente uno de los fines de la investigación que se impulsa.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar- (Instr. 30, sec. 164)

c. 2.307, SOLOMONOFF, Ricardo (Dr.)

Rta: 9/2/95.-

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QUERELLA. LEGITIMACION ACTIVA: Controlador General Municipal. Ordenanza Municipal.

            Corresponde mantener como parte querellante la Controladuría General Municipal pues -sin perjuicio de la investigación de los delitos que al respecto se hubiesen podido cometer-, dicho ente se encuentra directamente afectado por la insubordinación del imputado (por ella denunciado) que no brindó la información solicitada reiteradamente por aquél, pues la Ordenanza Municipal N° 40.831 (B.M. 17.671) confía a la Controladuría la misión de proteger los derechos, intereses legítimos y difusos de los habitantes que resulten afectados por la actividad de los funcionarios de la ciudad de Bs. As.; y establece expresamente que la protección debe ser satisfecha por el medio más idóneo (art. 2) y para su cumplimiento le otorga la realización de toda otra acción conducente al mejor ejercicio de sus funciones (art. 13). (*)

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch (en disidencia)- (Correc. 10, sec. 76)

c. 2.435, CARERI, Luis

Rta: 14/2/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 18.668, "Cartaña, A.", rta: 19/4/93.

Disidencia del Dr. Barbarosch: No surge en modo alguno de las atribuciones que el ordenamiento legal otorga al Controlador General Comunal, la facultad de querellar, toda vez que, es función esencial comunicar al Ministerio Público los hechos que, en principio, constituyan ilícitos penales.

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RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES. Elementos imprescindibles. Absolución. DECLARACION INDAGATORIA: Ausencia del acta. Posibilidad de arribar a condena.

                a) Si bien la ausencia del acta de la declaración indagatoria -o su sustituto fehaciente- en los expedientes reconstruidos, no impide al sentenciante llegar a un pronunciamiento condenatorio, no es posible arribar a él, aunque existiere tal acta cuando, como en el caso, durante la reconstrucción, muchos de los elementos que componían el plexo cargoso enunciado por el fiscal en la acusación no se han logrado recuperar -como ser las deposiciones que prestaran los funcionarios policiales y los testigos ante la prevención, acerca de las circunstancias que rodearon el procedimiento, como así tampoco las constancias de los allanamientos efectuados y, fundamentalmente, la resolución donde se decretara la prisión preventiva de los encartados-; elementos todos ellos que resultan imprescindibles para poder dictar una sentencia condenatoria, pudiendo, en cambio, suplirse las indagatorias por ejemplo, con la transcripción que el juez de instrucción, el fiscal y los mismos defensores hubieren realizado de las mismas. (*)

            b) Si bien, siendo diferentes, el derecho procesal penal utiliza normas del civil, como el art. 129 del C.P.C. y C. que se refiere específicamente a la reconstrucción de expedientes, algunas resultan incompatibles con su esencia específica, ya que no es por vía de analogía que debe resolverse si las piezas incorporadas son auténticas, pues la única manera de obtener la realización del derecho penal material es mediante la reproducción, dentro de lo posible, de las actuaciones originales, teniendo como indicios de su existencia los documentos que, de oficio o por medio de las partes, se puedan obtener, siendo insoslayable volver a instruir el expediente siguiendo las secuencias marcadas por la ley a los efectos de garantizar el principio del debido proceso. La declaración indagatoria del procesado en el expediente -que no es lo mismo a una referencia sobre los dichos del inculpado en la acusación y la defensa- es presupuesto especial del debido proceso, diligencia que debe materializarse en la etapa instructoria, salvo petición expresa de las partes durante el plenario, habiéndose cumplido etapas del proceso que, aunque nulas, no pueden volver a transitarse en perjuicio del acusado. Es así entonces que la causa presenta defectos formales insuperables que impiden un pronunciamiento condenatorio. (Del voto del Dr. González Palazzo) (**)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -González Palazzo, Gerome, Filozof- (Sent."P", sec. 17)

c. 32.515, VALCARCE, Omar H.

Rta: 7/2/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario N° 170/171, "Fariña, Mario E.", rto: 21/9/92, publicado en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/93, pág. 28 y en Entrega Especial -Fallos Plenarios- 1983-1993, pág. 8. (**) C.N.Crim., Sala V, c. 25.580, "Barrero Do Santos, J. J.", rta: 8/6/90, publicada en Bol Int. de Jurisp. N° 2/90, pág. 146.

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RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES. INDAGATORIA: Ausencia de acta. Re-levancia. Declaraciones testimoniales: damnificado y preventor. Ausencia. Absolución.

            En el proceso de reconstrucción de expedientes, no pueden invocarse como elementos esenciales de la prueba de cargo, la confesión del procesado, ni las declaraciones de la víctima y del funcionario preventor, si no pudo tomarse conocimiento directo ni cierto de ellas, por haber desaparecido las actas respectivas, máxime cuando el damnificado y el preventor no fueron preguntados puntualmente acerca de sus anteriores declaraciones o intervenciones, sino que ambos se remitieron simplemente a los dichos de la acusación fiscal y la prisión preventiva y siendo que tales actos se sustentaron en las declaraciones originales, es solo aparente la evidencia así elaborada por la reconstrucción, lo que parece introducir una argumentación circular, lógicamente inválida y procesalmente objetable. A consecuencia de lo expuesto, la falta de acta que documente el contenido completo de la declaración indagatoria cobra particular relevancia, por lo que se impone la absolución del procesado por aplicación del beneficio de la duda. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Ouviña, Bonorino Peró (en disidencia), Escobar- (Sent. "P", sec. 17)

c. 20.465, AVECILLA, Carlos A.

Rta: 13/3/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario N° 170/171, "Fariña, Mario E. y otro", rto: 21/9/92, publicado en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/93, pág. 28 y en Entrega Especial -Fallos Plenarios- 1983-1993, pág. 8.

Disidencia del Dr. Bonorino Peró: La ausencia de acta que documente el contenido de la declaración indagatoria, o de un sustituto fehaciente no impugnado por las partes, no impide arribar a un veredicto de condena, a mayor abundamiento debe dejarse constancia que el principio procesal de la progresividad, torna eficaz que los actos cumplidos durante el desarrollo del proceso, se hallan habilitados para que los mismos con anterioridad a las diligencias con antelación al expediente de la reconstrucción, sean tenidos por cumplidos en legal forma. En efecto, la reconstrucción de un expediente no importa la confección de uno nuevo, sino simplemente la recolección de las piezas que reflejan aquellos actos cumplidos en diligencias que, por otra parte, tienden a desalentar la sustracción de expedientes o de algunas fojas que lo integran. Consiguientemente las piezas existentes en autos fueron legítimas y válidas para arribar a la condena del nocente. (**)

Se citó: (**) Kent, Jorge-Figueroa, Federico, "Reconstrucción de un expediente penal", en L.L. 1989-B-805.

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RECURSO DE APELACION. CLAUSURA DEL SUMARIO: (Art. 348, C.P.P.): procedencia. Denegación de medidas procesales.

            Es procedente el recurso de apelación contra la decisión del juez instructor que deniega medidas probatorias, pues si bien el art. 348 del C.P.P. nada dice acerca de la apelabilidad de tal decisión, cabe consignar que, encontrándose el sumario en la etapa de clausura por sobreseimiento o de elevarse a juicio hay una sola oportunidad para que tanto el fiscal como la querella peticionen medidas, sin temor a dilaciones procesales, ya que por el contrario el Tribunal de Alzada en su función encausadora de la preparación del juicio podrá pronunciarse ampliando la colección de pruebas que, de no ser así, sólo podría obtenerse en una posible instrucción complementaria.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Barbarosch, Valdovinos- (Instr. 30, sec. 164)

c. 2.457, SUDAMERICANA SEGUROS

Rta: 9/2/95.-

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RECURSO DE APELACION. ESCRITOS: Telegrama. Improcedencia.

            Si bien el telegrama fue librado en oportunidad de no haberse agotado el término para impugnar el decisorio, no puede considerarse el medio idóneo de peticionar.(*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Barbarosch, Valdovinos- (Instr. 26, sec. 155)

c. 2.613, CARMINATTI de LOPEZ AufranC, Alicia M.

Rta: 14/3/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 3.475, "Plumer, G.", rta: 4/4/78 en "Código de Procedimientos en Materia Penal", Seyahian, José A.-Daray, Roberto R.-Rodríguez, Alejandro A., T. III, pág. 235.

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I. RECURSO DE APELACION. FISCAL. TRIBUNAL DE ALZADA: Potestad revocatoria de la resolución impugnada de nulidad. II. ABANDONO DE PERSONA. Estado desesperante. Defensa de una vida sobre otra. ABSOLUCION. DUDA.

I. RECURSO DE APELACION. FISCAL. TRIBUNAL DE ALZADA: Potestad revocatoria de la resolución impugnada de nulidad.

            El hecho que el Fiscal de Cámara haya propugnado la nulidad de la sentencia y no su revocatoria, no es óbice para que el Tribunal de Alzada pueda revisar lo resuelto por el inferior y modificarlo en definitiva, sin afectar por ello el principio de bilateralidad y de necesidad del juicio contradictorio, pues, mediando recurso de apelación interpuesto por el mismo ministerio en 1ra. instancia, la jurisdicción del Tribunal revisor no puede considerarse limitada a la pretensión invocada por cualquiera de las partes.

II. ABANDONO DE PERSONA. Estado desesperante. Defensa de una vida sobre otra. ABSOLUCION. DUDA.

            No puede asignársele la comisión del delito previsto y reprimido por el art. 106 del C.P., como así tampoco la figura culposa del art. 84 del mismo cuerpo, a la madre que halló a su hija (quien instantes antes había dado a luz), sentada en el sanitario, desvanecida y envuelta en sangre, lo que seguramente no la dejó pensar más allá y la impulsó a defender en un principio la vida de ella y después la del recién nacido -sobre el cual no tenía conocimiento certero de que se encontrara con vida- adunando a tal circunstancia el evidente estado desesperante que aquélla vivió al ver en peligro la vida de su única hija, lo que presumiblemente la llevó a socorrerla y dirigirse al lugar más cercano para solicitar auxilio médico, dejando al óbito dentro del sanitario, el que, según posteriores pericias, se hallaba con vida en aquel momento.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Gerome, Filozof, González Palazzo- (Sent. "Z", sec. 45)

c. 32.760, HERRERA, Virginia R.

Rta: 28/2/95.-

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RECURSO DE APELACION. INSTRUCCION: Extracción de testimonios, hechos ajenos al objeto del proceso. Gravamen irreparable: inexistencia.

            La disposición, para que mediante testimonios de la causa sean investigados separadamente hechos que el juzgador entiende distintos del objeto del proceso a su cargo, no causa gravamen irreparable, pues en definitiva constituye una decisión simplemente ordenatoria de la investigación que a lo sumo acarreará planteos de conexidad de sumarios ajenos a la competencia de una sala del Tribunal.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Instr. 11, sec. 133)

c. 2.814, SAGREDO LEIGHTON, Flavio y otros

Rta: 9/3/95.-

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RECURSO DE CASACION. ARCHIVO: De las actuaciones. Improcedencia.

            No procede el recurso de casación contra la resolución que confirmó el archivo dispuesto por el Juez de grado, pues tal posibilidad no se encuentra dentro de las expresamente recurribles en el art. 457 del C.P.P., al no tratarse de una sentencia definitiva ni de aquéllas que ponen fin a la acción o hacen imposible la continuación de las actuaciones.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Instr. 22, sec. 148)

c. 2.010, PENN CONTROLS ARGENTINA

Rta: 7/3/95.-

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REQUERIMIENTO FISCAL. DE INSTRUCCION: Ausencia. NULIDAD: Denuncia obligada. Médico. Actuación policial no prevencional.

            Corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado sin la necesaria participación del Ministerio Público (art. 180, C.P.P.), toda vez que la intervención policial, que sirvió de base al sumario, no tuvo origen en la actividad prevencional que recepta el art. 195 del C.P.P., sino en la denuncia que por imperio del art. 177, inc. 2° efectuara el facultativo médico del centro asistencial que recibió a la víctima de las lesiones. Ello es así, cualquiera sea la gravedad del daño ocasionado en la salud del damnificado, pues aún en el supuesto del art. 72 del C.P., el órgano encargado de promover la averiguación delictiva no queda exento de la específica actuación conferida por la ley de rito, ya que dicho reparo de procedibilidad no modifica el carácter de la acción para ese ilícito, por lo que el mandato del art. 188 de la ley instrumental debe respetarse.

C.N.Crim. Sala VII (Correc.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Correc. 4, sec. 67)

c. 2.454, MEDICINA, Emilio P.

Rta: 7/2/95.-

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REQUERIMIENTO FISCAL. DE INSTRUCCION. NULIDAD: Petición de reserva de las actuaciones en la primera intervención del Ministerio. (Art. 167, inc. 2° y 172, 1ra. parte del C.P.P.).

            Corresponde declarar la nulidad absoluta del dictamen fiscal y de todo lo actuado en consecuencia (art. 172, 1ra. parte, C.P.P.), por haber peticionado en él la reserva de las actuaciones en la primera intervención de ese Ministerio, más aun cuando no se ha realizado una descripción de los hechos, y en base a ello formular el requerimiento o la desestimación, pues de tal modo se ha violado lo establecido en el art. 167, inc. 2° del C.P.P.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Correc. 4, sec. 67)

c. 2.829, DASANO, Héctor E.

Rta: 31/3/95.-

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REQUISA PERSONAL. ACTA DE SECUESTRO. NULIDAD: Carácter de imputado: ausencia. Inaplicabilidad del art. 230 del C.P.P. Improcedencia de la sanción.

            No es nula el acta de secuestro labrada por personal policial sin cumplir con las previsiones relativas a la requisa personal, al haberse encontrado un documento espurio entre las pertenencias de una persona herida, quien fue socorrida y trasladada a un hospital público, desde donde se dió noticia a la autoridad a raíz de tal hallazgo; pues en tales circunstancia, no estando aún en calidad de imputado de delito alguno y encontrándose el documento adulterado expuesto en el lugar de internación del herido y no en su poder, no eran aplicables las disposiciones del art. 230 del C.P.P.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna (en disidencia)- (Instr. 3, sec. 110)

c. 2.563, CENTANARO, Carlos A.

Rta: 14/2/95.-

Disidencia del Dr. Donna: Debe declararse la nulidad del acta de secuestro, no sólo por no haberse observado los recaudos del art. 230 del C.P.P., sino además porque se han violado normas constitucionales básicas, en este caso el art. 18 de la Constitución Nacional, y el art. 8, g), de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que el imputado se ve en la necesidad de entrar a un hospital al haber sido víctima de un delito; es decir, se llega al hecho delictivo sólo por la necesidad del imputado de acudir al médico, de modo tal que, no puede el Estado, aprovecharse de esa circunstancia para buscar prueba en su contra, en una clara violación del derecho de defensa en juicio, configurándose un caso de prohibición de prueba, por entrar la violación de los derechos fundamentales de una persona. Por otro lado no puede argumentarse una acción de necesidad por parte de los órganos del Estado, pues con su accionar, éste no está defendiendo ningún derecho individual de terceros, sino sólo la fe pública.

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I. ROBO. AGRAVADO. ARMA: Peritación de los proyectiles. Ausencia. Procedencia de la agravante. II. CONCURSO DE AGRAVANTES. ROBO CON ARMAS. BANDA: Exclusión del principio de especialidad. Aplicación conjunta. III. DECLARACION INDAGATORIA. Falta de exhibición de los objetos secuestrados. Defensa en juicio. No afectación.

I. ROBO. AGRAVADO. ARMA: Peritación de los proyectiles. Ausencia. Procedencia de la agravante.

            A los fines de la aplicación de la calificante "arma", cabe consignar que, la falta de peritación de los proyectiles del revólver, no obsta a su procedencia, pues dicha medida es irrelevante cuando las armas utilizadas para cometer el delito están cargadas y resultan aptas para su disparo. (*)

II. CONCURSO DE AGRAVANTES. ROBO CON ARMAS. BANDA: Exclusión del principio de especialidad. Aplicación conjunta.

            En los casos de robo agravado por su comisión en banda y con armas, ambas calificantes concurren entre sí, pudiéndose aplicar conjuntamente sin que la de mayor severidad subsuma a la otra; no afectándose por ello el principio de especialidad. (**)

III. DECLARACION INDAGATORIA. Falta de exhibición de los objetos secuestrados. Defensa en juicio. No afectación.

           

            No lesiona el derecho de defensa en juicio, el hecho de que, al momento de prestar declaración indagatoria, no se le haya exhibido al imputado el arma y demás elementos secuestrados, pues la negación por parte del justiciable de haber cometido el ilícito que se le enrostra y haber poseído los elementos incautados, derivaría en un reconocimiento negativo de los mismos, no pudiendo considerarse en tal caso que

la exhibición del acta de secuestro resulte insuficiente o vaya en desmedro del mentado derecho.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González Palazzo, González, Elbert (en disidencia)- (Sent. "K", sec. 39)

c. 26.554, CALDERON, Mauricio J.

Rta: 7/3/95.-

Se citó: (*) C.S.J.N., c. "Sánchez, Juan A.", 311:2548; C.N.Crim., Sala VI, c. 26.239, "Arruk, M.", rta: 5/8/94. (**) C.N.Crim., Sala VI, c. 25.660, "Díaz, Marcelino", rta: 30/12/93, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/93, pág. 107.

Nota: Respecto del punto II., ver en contra, C.N.Crim., Sala I, c. 43.417, "Bello, Hugo D.", rta: 18/4/94, publicado en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/94, pág. 74 y Sala V, c. 32.568, "Gómez, Néstor", rta: 8/7/94, publicado en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/94, pág. 89. Res-pecto del punto III., ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VII, c. 1.597, "Medardo Bouche, Juan", rta: 6/5/94, publicada en Entrega Especial N° 7, pág. 20.

Disidencia del Dr. Elbert respecto del punto I.: Debe descartarse la calificante de "arma", toda vez que, el revólver fue peritado con una munición que no era la que portaba, la que a su vez, tampoco se peritó, por lo que se impone la duda de la aptitud del arma para ser disparada con los proyectiles con los que estaba provista.

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ROBO. AGRAVADO. AUTOMOTOR. CONCURSO APARENTE. ROBO: Efectos personales. Subsunción. Hecho único con dos resultados lesivos.

            El desapoderamiento de los efectos de la víctima -billetera conteniendo la recaudación del vehículo taxímetro y su licencia de conductor-, mediando violencia e intimidación, así como la utilización del vehículo para facilitar la fuga y abandonarlo a unas cuadras del lugar, luego de obligar al conductor a bajarse de aquél, constituyen un hecho único, es decir que mediante una misma acción se produjeron dos resultados lesivos, debiendo por ende la figura de menor entidad ser subsumida por la mayor, por lo que el encuadre legal debe ser el de tentativa de robo de automotor.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Gerome, Bonorino Peró- (Sent. "V", sec. 29)

c. 32.973, ABAGNALE, Sergio G.

Rta: 16/3/95.-

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ROBO. AGRAVADO. en poblado y en banda: Fundamento de la agravante: mayor intimidación de la víctima.

            Para que opere la agravante del art. 167, inc. 2°, C.P., "en banda", debe ser ejercida sobre las personas y no cuando unicamente se emplea fuerza sobre las cosas, pues de lo contrario habría ausencia de mayor poder intimidatorio que la pluralidad de autores implica como justificativo de la agravación punitiva.

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Navarro, Barbarosch- (Juzg. de Menores. 1, sec. 1)

c. 44.607, FONTANA, Alberto A.

Rta: 20/3/95.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 44.567, "Valenzisi, Daniel O.", rta: 7/3/95.

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ROBO. AGRAVADO. LESIONES -Art. 166, inc. 1°, C.P.-: Tercero distinto de la víctima. Dolo eventual. Procedencia de la calificante.

            La sola circunstancia de que la violencia empleada por un grupo agresor durante la ejecución de un robo cause lesiones, no sólo a la víctima de aquél, sino también al tercero que acude en su auxilio, no autoriza a desvincular necesariamente a ninguno de los asaltantes de la causación de tales resultados, porque la convergencia de las intenciones de cada uno de los integrantes del grupo que decidió sustraer el dinero, no por el mero apoderamiento furtivo, sino con el empleo de violencia, importaba ya la aceptación de las consecuencias que ordinariamente pueden resultar del uso de aquélla sobre las personas, tanto la empleada en el acto de sustracción, como la ejercida para lograr la impunidad, por lo tanto sus integrantes deben responder al menos por dolo eventual, es decir, por las consecuencias que la elegida violencia podía producir, tanto en la víctima como en terceros. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Ouviña, Piombo, Bonorino Peró- (Sent. "D", sec. 8)

c. 20.477, LIMA, Angel D.

Rta: 28/2/95.-

Se citó: (*) Núñez, Ricardo, "Derecho Penal Argentino", T. II, X - V - 1, pág. 303; C.S.J.N., Fallos, 246:121, 251:17, 252:353 y 266:188.

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ROBO. AGRAVADO. Uso de llave falsa o ganzUa. AutomOvil: a) Ausencia de habitabilidad. Improcedencia de la agravante. b) Utilización para forzar la cerradura. Improcedencia de la agravante.

            a) La agravante de ganzúa o instrumento semejante no alcanza a los automotores, porque en ellos no se daría la nota de habitabilidad que califica el lugar donde ha de perpetrarse el ilícito. (*)

            b) Aun demostrado el empleo de la llave falsa o ganzúa, si a tal elemento no se lo utilizó de modo corriente, es decir como procedimiento para sustituir la llave propia en el intento de remover los cerrojos y sí como instrumento para forzar su mecanismo, la figura se desplaza hacia el robo simple.

C.N.Crim. Sala VII ( Def.) -Piombo, Bonorino Peró, Ouviña- (Sent. "W", sec. 31)

c. 20.397, GOMEZ, Julia

Rta: 22/2/95.-

Nota: (*) Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala I, c. 43.409, "Cuenca, Pedro P.", rta: 21/3/94, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/94, pág. 32 y C.N.Crim., Sala V, c. 32.996, "Servin Ayala, Alberto R.", rta: 8/3/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 53. Ver en contra, C.N.Crim., Sala VI, c. 26.601, "Gramajo, Francisco H.", rta: 7/3/95 y c. 26.521, "Frazzoni García, Carlos A.", rta: 2/2/95, ambas publicadas en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, págs. 54 y 52, respectivamente.

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ROBO. AGRAVADO. Uso de llave falsa o ganzUa. AutomOvil: Habitabilidad. Definición de "lugar". Utilización para forzar la cerradura. Configuración.

            No existe motivo alguno para excluir al vehículo automotor de la definición de "lugar" conforme el inc. 3° del art. 163 del C.P., pues es un presupuesto de la agravante que la cosa esté protegida por una cerradura o que sea cualquier instrumento que se oponga a la sustracción por medio de cerraduras que unen la cosa a otras, de modo que se impida o dificulte su apoderamiento, no olvidando que el automotor mismo constituye un contenedor cuyas cerraduras en las puertas pueden configurar el presupuesto de la calificante, siendo hurto calificado, tanto el hecho de abrir sus puertas por medio de los instrumentos típicos para apoderarse de las cosas que están en él, como para apoderarse del propio automotor. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González Palazzo, González, Elbert (en disidencia)- (Sent. "P", sec. 16)

c. 26.521, FRAZZONI GARCIA, Carlos A.

Rta: 2/2/95.-

Se citó: (*) Creus, Carlos, "Derecho Penal", Parte Especial, T. I, pág. 432.

Nota: Ver en contra, C.N.Crim., Sala I, c. 43.409, "Cuenca, Pedro P.", rta: 21/3/94, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/94, pág. 32; C.N.Crim., Sala V, c. 32.996, "Servin Ayala, Alberto R.", rta: 8/3/95 y Sala VII, c. 20.397, "Gómez, Julia", rta: 22/2/95, ambas publicadas en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, págs. 53 y 52, respectivamente.

Disidencia del Dr. Elbert: La llamada "yuga" es un instrumento rústico destinado a romper la cerradura, y que por ende integra la violencia contra las cosas requerida por el tipo del robo simple.

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ROBO. AGRAVADO. Uso de llave falsa o ganzUa. AutomOVil: Lugar donde se encontraba la cosa. Improcedencia de la agravante.

            No resulta aplicable la figura agravada si el lugar donde se encontraba la cosa es un automóvil. (*)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Filozof (en disidencia), Bonorino Peró, Gerome- (Sent. "A", sec. 2)

c. 32.996, SERVIN AYALA, Alberto R.

Rta: 8/3/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 32.729, "Fernández, Gustavo E.", rta: 29/9/94.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala I, c. 43.409, "Cuenca, Pedro P.", rta: 21/3/94, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/94, pág. 32 y Sala VII, c. 20.397, "Gómez, Julia", rta: 22/2/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 52; ver en contra, C.N.Crim., Sala VI, c. 26.521, "Frazzoni García, Carlos A.", rta: 2/2/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 52.

Disidencia del Dr. Filozof: La agravante de uso de llave está destinada a proteger a quien esgrime la adecuada defensa, lo que no sucedería si la víctima hubiese actuado con descuido, por lo que el cerramiento del vehículo demuestra la defensa colocada por el propietario de aquél. El texto legal reza: "cuando se hiciere uso de ...llave falsa..., para penetrar al lugar donde se halla la cosa objeto de sustracción...", por lo que siendo el automóvil el espacio racional, común y corriente donde debe encontrarse el objeto -autoestéreo-, único lugar o sitio lógico del depósito de la cosa cuyo destino es ser utilizada precisamente en tal espacio, lo irregular es que deba ser ocultado bajo los asientos o retirarlo del vehículo, por razones de seguridad, debido a la profusión de determinada actividad delictiva.

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ROBO. AGRAVADO. Uso de llave falsa o ganzUa: "Yuga". Inclusión. Procedencia de la agravante.

            La "yuga" debe considerarse como el "elemento semejante" a que hace alusión el art. 163, inc. 3° del Código Penal, en función del cual se califica el delito de robo en el art. 167, inc. 4° del mismo cuerpo de leyes, pues aún comprobado que la cerradura del rodado se hallaba "violentada", ello no excluye la agravante del precepto citado, pues se utilizó un objeto para superar fraudulenta y violentamente las defensas del bien vulnerado y no la violencia propia que requiere en si el robo simple. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González, Elbert (en disidencia), González Palazzo- (Sent. "K", sec. 40)

c. 26.601, GRAMAJO, Francisco H.

Rta: 7/3/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 25.968, "Rueda, Walter A.", rta: 7/4/95.

Nota: Ver en contra, Sala VII, c. 20.397, "Gómez, Julia", rta: 22/2/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 52, punto b).

Disidencia del Dr. Elbert: La "yuga" es un elemento rústico destinado a romper la cerradura, y que, por ende, integra la violencia contra las cosas requerida por el tipo penal del robo simple, ello es así puesto que en el plano óntico, la operatoria de la "yuga" es de pura violencia, mientras que el de la "ganzúa, llave falsa, u otro instrumento semejante", del art. 163, inc. 3°, C.P., alude necesariamente a un instrumento apto para accionar el mecanismo normal de la defensa predispuesta. Por otra parte interpreto que considerar a la "yuga" equiparable a una ganzúa, llave, etc., conduce a la calificante propuesta sólo sí, como en el caso, se extrae algo de dentro del vehículo mediante violencia, de lo contrario estaríamos ante un hurto calificado, por cuanto la figura del art. 167, inc. 4°, C.P., implica la ejecución de un acceso "fraudulento" al sitio donde se ejerce luego otra violencia para sacar el bien. (**)

Se citó: (**) Creus, Carlos, "Derecho Penal", Parte Especial, Ed. Astrea, 2da. Edición, 1988, pág. 432.

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ROBO. AUTOMOTOR. CICLOMOTOR: Inclusión.

            La inclusión de los ciclomotores en el art. 38 del decreto-ley 6582/58, habida cuenta de sus características y naturaleza, deviene una consecuencia lógica de la interpretación de la norma citada.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, González Palazzo, Escobar (en disidencia)- (Juzg. de Menores 5, sec. 13)

c. 2.600, DI PIETRO, Adrián

Rta: 24/3/95.-

Disidencia del Dr. Escobar: No resulta ajustado al principio de legalidad la inclusión de los ciclomotores al régimen del decreto-ley 6582/58, en base a la resolución ministerial 586/88, ya que no se puede por esa vía ampliar el tipo penal, al no tratarse de un caso de ley penal en blanco y máxime cuando la ampliación la asume el Secretario de Justicia en nombre del Poder Ejecutivo.

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SOBRESEIMIENTO. Provisional: Conversión en definitivo. Improcedencia. Au-sencia de regulación respecto de la caducidad del sobreseimiento provisional.

            Corresponde rechazar el planteo de conversión del sobreseimiento provisorio en definitivo, si desde el dictado del primero no se ha incorporado al expediente elemento alguno que le permita modificar su situación procesal.(*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna (en disidencia)- (Instr. 9, sec. 108)

c. 44.167, RAMOS CUELLO, Luis A.

Rta: 13/2/95.-

Nota: (*) Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 44.588 "Almada, Luis C. y otro", rta: 7/3/95.-

Disidencia del Dr. Donna: La situación del imputado que queda bajo el sobreseimiento provisional tiene el grave defecto que no regula la terminación de ese estado, contraviniendo la idea, con base constitucional, que todo proceso debe concluir en un tiempo limitado, por lo cual he de votar para que se dicte el sobreseimiento definitivo, a fin de terminar definitivamente la causa con respecto al imputado (arts. 18 de la C.N., 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos).

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SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. NULIDAD: Omisión de oír al damnifica-do. Resolución inmotivada. Imposibilidad de decidir la razonabilidad de la reparación del daño.

            Resulta nula por inmotivada la resolución que hizo lugar a la suspen-sión del juicio a prueba, sin haber oído previamente a la parte damnificada, según lo previsto por el art. 76 bis del C.P., pues ello ha impedido al magistrado emitir adecuadamente una decisión sobre la razonabilidad del ofrecimiento del encausado para hacerse cargo de la reparación del daño, toda vez que dicha propuesta es de ineludible valoración y pronunciamiento expreso para concluir en la viabilidad del beneficio que se otorgara.

C.N.Crim. Sala VII (Correc.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Correc. 1, sec. 52)

c. 20.218, MEREGA, Antonio A.

Rta: 29/3/95.-

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SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. NULIDAD: Omisión de vista previa al Fiscal.

            La omisión de correr vista previa al representante del Ministerio Público torna írrito el pronunciamiento de suspensión del juicio a prueba, pues su opinión es condición necesaria para su sustanciación, conforme surge de la correcta exégesis del art. 76 bis del C.P.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Gerome, Bonorino Peró- (Correc. 6, sec. 101)

c. 32.893, SIMIELE, Antonio

Rta: 29/3/95.-

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SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. a) PENA: Inhabilitación especial. Homici-dio culposo. Procedencia del instituto: casos. b) Venia Fiscal: necesariedad: art. 76 bis, 2do. párrafo del C.P.

            a) Si bien la imputación de un delito reprimido con pena de inhabilitación (homicidio culposo), obsta la concesión de la suspensión del juicio a prueba, no es menos cierto que, debido al giro idiomático utilizado por el legislador al estipular la mencionada pena para el delito de homicidio culposo, su imposición procede únicamente en aquellos supuestos en que la conducta negligente o imprudente se vincule -en forma efectiva- con la realización de una actividad regulada, sea a través de una habilitación expresa expedida por un organismo profesional competente o por una licencia que pudiera otorgar el estado o una persona dedicada a la prestación de un servicio público o cualquier otra actividad, arte o profesión que, para su realización requiera de conocimientos especiales.

            b) A los fines de la concesión de la suspensión del juicio a prueba, sólo es necesaria la venia del fiscal en aquellos casos previstos en el 4to. párrafo del art. 76 bis del C.P. en los que se imputa la comisión de uno o más delitos cuya escala penal -siempre en abstracto-, supera el límite impuesto por el legislador, pero teniendo en cuenta las circunstancias del hecho y las condiciones personales del judiciable, la sanción que en definitiva podría imponérsele en caso de sustanciarse íntegramente el proceso y que si aquél fuese condenado, procedería dejar su cumplimiento en suspenso (art. 26, C.P.).

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Gerome, Filozof, González Palazzo- (Sent. "C", sec. 6)

c. 2.183, ORUE, Francisco J.

Rta: 28/2/95.-

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USURPACION. TENENCIA: Examen de legitimidad del título. Improcedencia. CO-TENEDORES: Cambio de cerradura del inmueble: configuración.

            a) A los fines de la configuración del delito de usurpación, es improcedente el examen en sede penal de la legitimidad o ilegitimidad del título que confiere el derecho a la tenencia. Ello es así puesto que las cuestiones relacionadas con el aspecto instrumental que pueden conferir el derecho a "tener", son propias de la instancia civil.

            b) Constituye el delito de usurpación, la conducta de quien cambia la cerradura de la puerta del inmueble e impide el acceso a quien es cotenedor del mismo, porque es la exclusión violenta lo que configura el delito, ya que la ejecución de la acción descripta implica oponer una amenaza latente del uso de fuerza física ante el supuesto pretensor que quiera entrar de nuevo al uso o goce efectivo de la posesión o tenencia que dispuso antes de ser excluído. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Elbert, González Palazzo, González- (Sent. "Z", sec. 45)

c. 26.692, MANASSERO, Ernesto E.

Rta: 31/3/95.-

Se citó: (*) Creus, Carlos, "Derecho Penal", Parte Especial, T. I, pág. 584.

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USURPACION DE TITULOS Y HONORES. No configuración: falsa calidad de sa-cerdote. Calidad mentida: estafa.

            Ostentar falsamente la calidad de sacerdote no significa, según la interpretación tradicional del art. 247 del C.P., arrogarse ningún grado académico, título profesional u honor (distinción oficial), antes bien, ésta sería la calidad mentida, propia de la estafa, a que alude el art. 172 del C.P.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Barbarosch, Valdovinos- (Instr. 26, sec. 134)

c. 2.497, GUEDES, Carlos A.

Rta: 20/2/95.-

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VISTA DE ACTUACIONES. DEFENSOR: Previa a la aceptación del cargo. Improcedencia. Ausencia de secreto de sumario. Disposición del imputado para presen-tarse ante el Tribunal. Necesariedad.

            Aún no habiendo sido decretada la reserva del expediente que lo impida, el acceso al conocimiento de lo actuado por parte de la defensa sólo puede concretarse en la instancia previa a la aceptación del cargo para las hipótesis de los arts. 73 y 279 del C.P.P. si es que no fue el imputado convocado directamente a prestar declaración indagatoria, y siendo ello así, no puede sustraerse el sumario de la órbita pesquisitiva para someterlo a la lectura de la parte peticionante si ésta no ha manifestado claramente su disposición para dichos extremos.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Instr. 23, sec. 139)

c. 2.459, QUANTIN, Norberto (Dr.) s/ denuncia

Rta: 9/2/95.-

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VISTA DE ACTUACIONES. QUERELLA: Ausencia de indagatoria: impedimento. Desnaturalización de la función del accionante.

            La imposibilidad de compulsa de las actuaciones a la querella por no haberse recibido declaraciones indagatorias, no sólo lesiona su derecho de defensa, -garantizado por igual a todas las partes del proceso (art. 18, C.N.)-, sino que, además, tratándose del accionante el que requiere su examen, impedírselo desnaturaliza su función en el proceso; ello es así desde que, a instancia suya precisamente, se impulsa la investigación y mal puede cumplirse acabadamente ese papel si le es desconocido todo cuanto se ha actuado en la causa.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Correc. 12, sec. 77)

c. 2.663, SCHOLOTTHAVER, Mónica

Rta: 6/3/95.-

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ABUSO DE ARMAS. TIPO SUBJETIVO: Intención real de disparar contra una persona. Ausencia de certeza.

            No puede atribuirse con certeza la comisión del delito de abuso de armas, si no se logró establecer la intención real del imputado al disparar su arma, en cuanto a si lo hizo contra la persona que se encontraba dentro del local, o para romper la cerradura, con el fin de ingresar a dicho lugar, pues el art. 104 del C.P. exige que el disparo haya sido contra una persona, es decir que se apunte directamente sobre ella, y por ello en el caso, el tipo subjetivo se encontró seriamente cuestionado.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola (en disidencia), Donna, Tozzini- (Sent. "V", sec. 29)

c. 44.406, GOMEZ, Alberto M.

Rta: 22/6/95.-

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ABUSO DESHONESTO. CONFIGURACION. SORPRESA: Violencia. Concepto legal del tipo.

            La norma del art. 127 del C.P. se integra con los supuestos previstos por el art. 119 del mismo ordenamiento y por ello en el caso de autos en donde se imputa al procesado haber efectuado tocamientos impúdicos a la denunciante, en el interior de un ascensor, el hecho resultaría típico a consecuencia de lo prescripto por el inc. 2°, pues la víctima no habría podido resistir a la agresión sexual como consecuencia del estupor que podría haber causado en su ánimo lo súbito de aquélla, toda vez que, lo imprevisto de la conducta, por otra parte, veda cualquier tipo de oposición. (Del voto del Dr. Piombo)

            La violencia que requiere la configuración del abuso deshonesto no resulta ser la misma que aquella que demanda el delito de violación, pues basta que aquélla se adecue al fin propuesto, y así en la especie, cuando la víctima refiriera el "modus operandi" empleado por el procesado, relató que procedió a "tocarle sus glúteos con una mano por debajo de su vestido el cual es enterizo y termina con una minifalda", lo que inocultablemente, impone una fuerza en su criminosa gestión que se encuentra aprehendida por la norma ya invocada. (Del voto del Dr. Bonorino Peró)

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Ouviña (en disidencia), Piombo, Bonorino Peró- (Instr. 26, sec. 155)

c. 2.680, PIACENZI, Hugo A.

Rta: 6/4/95.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VII, c. 2.161, "Joudrier de Badenas, G.", rta: 29/9/94.

Disidencia del Dr. Ouviña: En atención a la exigencia del tipo previsto en el art. 127, C.P., por la cual el abuso deshonesto requiere la concurrencia de alguna de las circunstancias del art. 119, C.P. y no habiéndose demostrado, que la denunciante estuviera en alguna de tales circunstancias, el auto de procesamiento además de prematuro, sólo se sustentaría en una improcedente extensión del concepto legal de violencia, pues no es posible extender analógicamente sus alcances, más allá de los límites semánticos del vocablo y los que han sido previstos expresamente en la interpretación auténtica hecha en el art. 78 del C.P., pues lo impide la precisa prohibición del art. 2 del C.P.P.

            El legislador no ha tipificado en el art. 127 del C.P. al simple manoseo, pues expresamente se remite a las circunstancias del art. 119 del C.P. Si el legislador hubiera querido incriminarlo en todos los casos, lo hubiera aclarado, sea por el camino de utilizar la expresión "en cualquier caso", sea implícitamente, al no enunciar ningún modo de ejecución.

            En la descripción legal del abuso deshonesto, no se alude a ninguna situación de sorpresa, por lo que, respecto al caso de la violencia, demostrada su existencia, en nada importa que haya sido esperada o no por la víctima, pues la invocada sorpresa no quita, ni pone, a la concurrencia o no concurrencia del medio típico.

            En tanto no se encuentre probado el empleo de violencia, el juez no puede presumirla, por la misma razón que no puede presuponer la existencia no demostrada de cualquier elemento de un tipo legal. Tal imposibilidad no puede ser sorteada por el procedimiento de recurrir a una segunda suposición, esto es, a presumir que en el caso debe haber existido sorpresa en la víctima.

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ALLANAMIENTO. NULIDAD. ESTUDIO JURIDICO: Notificación al Colegio Público de Abogados. Omisión de fecha y hora de la diligencia. Improcedencia de la sanción.

            Es improcedente la declaración de nulidad del allanamiento efectuado en un estudio jurídico, con el solo argumento de que en el oficio librado al Colegio Público de Abogados, no se consignaba la fecha y hora de la diligencia, pues acreditada la oportuna recepción del oficio por aquella entidad colegiada -la que no adoptó medida alguna respecto de la diligencia- la omisión dataria carece de relevancia procesal frente a la ausencia de vicios intrínsecos en el allanamiento, pues se presume que la inclusión de aquellos datos en el oficio en nada hubiese modificado los hechos, y, por otra parte, la concurrencia del veedor del colegio no resulta indispensable (ley 23.187), bastando con que la entidad profesional tenga noticia oficial de la diligencia, lo que en el caso pasó sin que se opusieran reparos al acto o al contenido de la comunicación.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Barbarosch, Valdovinos- (Instr. 27, sec. 124)

c. 2.831, POLEMANN SOLA, Horacio G. (Dr.)

Rta: 9/5/95.-

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I. ALLANAMIENTO. NULIDAD: Proveído que lo ordenó: ausencia de constancia. II. CONCURSO DE DELITOS. REAL. TENENCIA DE ARMA DE GUERRA. ENCUBRIMIENTO.

I. ALLANAMIENTO. NULIDAD: Proveído que lo ordenó: ausencia de constancia.

            No es admisible la nulidad de allanamiento solicitada por la defensa, fundándose en la ausencia en autos de constancia del proveído que lo dispuso, por tratarse ello de una cuestión formal que no incide en la validez de lo actuado, toda vez que el instrumento habilitante ha cumplido con los requisitos de ley.

II. CONCURSO DE DELITOS. REAL. TENENCIA DE ARMA DE GUERRA. ENCUBRIMIENTO.

            Es real el concurso existente entre los delitos de tenencia de arma de guerra y encubrimiento, pues el último se consumó con su ilegítima adquisición y el primero cuando la tenencia alcanzó cierta duración. (Del voto del Dr. Navarro) (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos- (Sent. "V", sec. 29)

c. 44.433, FRAGA COBAS, Eleuterio

Rta: 31/5/95.-

Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos 306:597.

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AUTO DE PROCESAMIENTO. a) NOTIFICACION: A la defensa e imputado. Ne-cesariedad. b) RECURSO DE APELACION: Términos. Cómputo: notificación al procesado.

            a) Si bien el art. 146 del C.P.P. exige sólo la notificación al defensor, la naturaleza del acto -auto de procesamiento- afecta directamente al imputado, lo que conlleva la necesidad de que sea también éste anoticiado de lo resuelto, toda vez que dicha excepcional notificación a ambas partes debe realizarse si el acto afecta o libera al imputado, en su faz ambulatoria o patrimonial. (*)

            b) El término para interponer el recurso de apelación contra el auto de procesamiento, debe computarse a partir de la fecha en la que el encartado fue impuesto del procesamiento dictado en su contra, aun cuando ya hubiese sido notificado su letrado defensor.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Instr. 26, sec. 134)

c. 3.112, GRANERO, Horacio R.

Rta: 24/5/95.-

Se citó: (*) Donna, Edgardo - Maiza, Cecilia, "Código Procesal Penal de la Nación", pág. 158.

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AUTOMOTOR. USO ILEGITIMO. EXCESO EN EL USO: Vehículo estacionado en un garaje: autorización limitada. Exceso en el consentimiento. Inexistencia.

            Cometió el delito de uso ilegítimo de automotor ajeno -art. 37 del dec.-ley 6582/58-, quien estando autorizado solamente a encender el motor de un vehículo estacionado en un garaje -a fin de asegurar el arranque diariamente cuando llegara el dueño-, utilizó el automóvil sin la pertinente autorización, con el cual tuvo posteriormente un accidente, pues dicho uso fue abusivo al no estar permitido, por exceder ya sea el modo o el tiempo de la autorización dada por el titular, que legitimaba la tenencia, no importando ello un exceso en el consentimiento -y por ende una causal de justificación-, sino en el uso no permitido del vehículo, que es justamente el contenido del tipo penal. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Rivarola, Tozzini- (Sent. "D", sec. 8)

c. 44.326, YUSTE, José A.

Rta: 7/6/95.-

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I. CALUMNIAS E INJURIAS. DESACATO: Derogación. Voluntad de proseguir la acción. Defensa en juicio. Derecho a obtener un pronunciamiento. II. PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO. DESACATO: Acusación particular anterior a la derogación. Calumnias e injurias. Prosecución.

I. CALUMNIAS E INJURIAS. DESACATO: Derogación. Voluntad de proseguir la acción. Defensa en juicio. Derecho a obtener un pronunciamiento.

           

            Al ser derogada la figura del desacato, el legislador ha señalado como uno de los motivos que llevaron a esta decisión, la suficiente protección que otorgan los delitos contra el honor, por lo que no puede coartarse el derecho de los accionantes de querer obtener un pronunciamiento relativo al fondo del suceso sin afectarse de ese modo un derecho de rango constitucional, tal como es la garantía de defensa en juicio, siempre que haya sido expuesta inequívocamente la voluntad de aquéllos de perseguir y proseguir la acción por el delito de injurias.

II. PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO. DESACATO: Acusación particular anterior a la derogación. Calumnias e injurias. Prosecución.

            Plasmada en los autos la voluntad de los accionantes en punto a pretender perseguir al imputado por el delito de calumnias en base a los reclamos que ya efectuaran por los hechos detallados en su acusación particular por la figura del desacato -luego derogada-, voluntad que ha sido sostenida luego de dicho acto procesal, resulta ilógico obligar a reeditar la pretensión punitiva en otro expediente por este evento, ya que habrá de versar sobre idéntico objeto procesal, y por ello tal pieza acusatoria conserva su aptitud interruptiva en los mismos autos que iniciados por desacato, luego prosiguieron por calumnias.

C.N.Crim. Sala V (Correc.) -Gerome, González Palazzo- (Correc. 2, sec. 58)

c. 32.768, ITHURRALDE, Estela L.

Rta: 3/4/95.-

Nota: Respecto del punto I, ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala I, c. 44.154, "Wiater, Carlos", rta: 8/5/95, punto I.

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CALUMNIAS E INJURIAS. VERTIDAS EN JUICIO: a) Abogados. Eximentes. b) Alcances del término tribunales en el art. 115, C.P.: admisión de organismos administrativos.

            a) Las expresiones vertidas por los abogados de una de las partes dentro del marco del proceso judicial o las actuaciones administrativas y que forman parte de las habituales réplicas y contrarréplicas, por más duras que se muestren, si se ha utilizado para ello el lenguaje y hecho referencia a disposiciones vigentes, no pueden constituir un ilícito penal, máxime cuando no aparecen empleadas desmedidamente ni en forma grosera o arbitraria, ni fuera del entorno jurídico y procesal tribunalicio apropiado para el debate, pues tal proceder por parte de los letrados está amparado por el derecho de defensa en juicio, y debe convenirse que el art. 18 de la C.N. legitima este tipo de conducta. (*)

            b) A los fines del art. 115, C.P., la actividad jurisdiccional puede ser cumplida por organismos administrativos, cuando ante ellos se asegura el debido proceso adjetivo, el derecho de ser oído, a ofrecer y producir pruebas (**), pues los tribunales a que alude el citado artículo no son únicamente los judiciales sino también los administrativos, por cuanto dicha disposición tiende a conceder resguardo para el ejercicio del derecho de defensa en juicio ante toda autoridad investida de capacidad para conocer y resolver sobre causas de cualquier índole.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola, Tozzini, Donna- (Correc. 3, sec. 61)

c. 44.254, OTAEGUI, Joaquín y otro

Rta: 17/5/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 34.869, "Cardamone, Eugenio", rta: 29/6/89. (**) C.N.Crim., Sala II, c. 26.949, "Linares, Juan F." y otros, rta: 15/2/83.

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CAUCION. REAL: Plazo fijo renovable. Procedencia.

            Debe aceptarse la afectación de la caución a plazo fijo renovable, pues en virtud de la ley de convertibilidad vigente y sin que se adviertan cambios en la paridad cambiaria, la moneda nacional resulta suficiente para garantizar los derechos del Estado como de la parte peticionante.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Instr. 27, sec. 124)

c. 3.059, FRAIBERG, Efraín J.

Rta: 5/6/95.-

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CAUCION. REAL: Plazo fijo. Retiro periódico de los intereses. Improcedencia.

            Si bien la afectación de dinero a una caución real no desplaza de su titularidad al depositante, ni tampoco de los intereses devengados por dicha suma que fuera constituida en plazo fijo renovable a petición del propio interesado, debe entenderse que el cumplimiento de la exigencia legal de la que deriva la cuestión no puede confundirse con el ejercicio de una actividad lucrativa y por ello no es viable el reclamo para retirar periódicamente los intereses, pues llevaría a desnaturalizar el instituto, cuya función es estrictamente garantizadora.

            En tales condiciones, deberá ser en las oportunidades previstas por el art. 327 del C.P.P. que corresponda discriminar la cantidad y disponer la devolución de los excedentes ajenos a la originaria caución fijada, si no mediara legítima actualización de la fianza.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Instr. 27, sec. 106)

c. 3.155, PIEROZZI, Hugo U.

Rta: 22/6/95.-

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CAUCION. REAL: Sustitución del dinero: embargo de bienes. Automóviles. Procedencia.

            La propuesta del beneficiario de sustituir parcialmente la caución prestada en dinero por el embargo de dos automóviles, resulta de legítima procedencia, pues ello no desnaturaliza la modalidad impuesta de la exención de prisión otorgada, si se tiene en cuenta que el art. 324 del C.P.P. prevé distintas maneras de aseguramiento real, donde incluso la prenda cuenta con expresa acogida legal. No es óbice para ello, el argumento referente a la desvalorización que sufren los automotores y la posibilidad de que próximamente los modelos ofrecidos pudieran dejar de fabricarse, pues no puede desconocerse que constituyen bienes de intercambio comercial cuya justipreciación puede obtenerse a través de las tasaciones correspondientes, que pueden imponerse obligaciones accesorias al fiador para la adecuada conservación crediticia y más aún para la periódica actualización de los valores que también podría exigirse para mantener los fines del instituto en cuestión.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña- (Instr. 27, sec. 106)

c. 2.791, ORZANCO, Raúl

Rta: 25/4/95.-

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CLAUSURA DEL SUMARIO. SOBRESEIMIENTO. COSTAS: Pronunciamiento respecto de un hecho quedando otro pendiente. Decisión sobre las costas: obligatoriedad.

            Aun cuando el sobreseimiento dispuesto por el Juez "a quo" -art. 348, C.P.P.-, no implicó la conclusión del proceso para el imputado -dado que se encontraba procesado por otro acontecimiento- de hecho tal pronunciamiento trae aparejado la finalización de la imputación en orden a la intimación que se le efectuara al prestar declaración indagatoria, por lo que el Magistrado debe expedirse en los términos del art. 530 del C.P.P., del cual se desprende sólo la obligatoriedad sobre la decisión de las costas y no de su imposición.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Instr. 7, sec. 121)

c. 2.942, EDESUR S.A.

Rta: 30/5/95.-

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COMPETENCIA. DECLARACION. NULIDAD: Resolución de mérito: ausencia. Imposibilidad de recurrir.

            La ausencia de una resolución de mérito por la que el juzgado remitente declara la incompetencia en razón de la materia, priva a las partes de recurrir el decisorio, lo que significa una inobservancia en el procedimiento fijado con la consiguiente violación a la garantía de defensa en juicio, por lo tanto y como consecuencia de ello, debe declararse la nulidad del auto y los actos que dependan del mismo.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Barbarosch, Valdovinos- (Instr. 38, sec. 132)

c. 2.736, DEGANIS, Angela

Rta: 18/4/95.-

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COMPETENCIA. DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Lu-gar de ejecución del acto infiel. Domicilio de la administración.

            El delito previsto en el art. 173, inc. 7° del C.P., en principio debe estimarse cometido en el lugar donde se ejecuta el acto infiel perjudicial en violación al deber, y sólo en el supuesto de ignorarse aquella circunstancia se debe estar al domicilio de la administración. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Instr. 16, sec. 111)

c. 2.898, GERMAN, Pablo

Rta: 23/5/95.-

Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos, 308:1372 y 2470, J.A., 1991-III-337; L.L. 1988-D-196 y sus citas.

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COMPETENCIA. FEDERAL. VIOLACION DE CORRESPONDENCIA: Correo privado. Fundamento de la norma.

            Sin entrar a discutir el carácter del servicio que presta la empresa privada, la especial protección que acuerda la norma a la correspondencia con fundamento en la libertad individual y que trasciende la mera ejecución de aquel servicio para afectar el interés de la comunidad, impone que conozca en la causa la justicia de excepción, de conformidad con lo dispuesto por el art. 33, inc. 1°, c) del C.P.P.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, González Palazzo- (Instr. 37, sec. 129)

c. 2.936, LAFRANCHI, César

Rta: 4/5/95.-

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COMPETENCIA. MENORES: Art. 29, inc. 3°, C.P.P. Abandono material o peligro moral. Necesariedad.

            En virtud del art. 29, inc. 3°, C.P.P., es competente el Juzgado de Menores, sólo en el supuesto de abandono material o peligro moral que imponga la disposición del menor.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch-

c. 2.994, PIOMBO, Hugo

Rta: 30/5/95.-

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I. CONCURSO DE DELITOS. IDEAL. HURTO. ESTELIONATO: Bien sustraído con propósito de venta. Unidad delictual. II. PARTICIPACION. COAUTORIA. ES-TELIONATO: Tentativa: venta del bien. Sustracción anterior. Ajenidad.

I. CONCURSO DE DELITOS. IDEAL. HURTO. ESTELIONATO: Bien sustraído con propósito de venta. Unidad delictual.

            El procesado que ilícitamente sustrajo un bien del lugar donde trabajaba, para luego venderlo, actuó con clara unidad delictual, pues se apoderó del objeto con el único propósito de venderlo al denunciante, constituyendo su conducta un accionar continuo desde su primitiva decisión de lucrar con la cosa de otro, por lo que debe calificarse el hecho como hurto en concurso ideal con estelionato tentado. (*)

II. PARTICIPACION. COAUTORIA. ESTELIONATO: Tentativa: venta del bien. Sustracción anterior. Ajenidad.

            La coprocesada que se contactó con el comprador del bien sustraído en el lugar donde fue detenida, luego de haber recibido el pago acordado, es coautora de estelionato tentado, pues su voluntad fue encaminada a colaborar con la venta de la cosa ajena y no puede hablarse de hecho cometido después de la ejecución del anterior, pues el crimen inicial no había concluido cuando intervino la nombrada.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Filozof, Bonorino Peró, Gerome- (Sent. "D", sec. 8)

c. 33.124, PACHECO, Luis A.

Rta: 4/5/95.

Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos: 211:1702.

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CONCURSO DE DELITOS. REAL. ROBO. VIOLACION DE DOMICILIO: Huida del imputado. Escalamiento de la medianera. Ingreso al inmueble vecino.

            Existe concurso real entre los delitos de robo y violación de domicilio, toda vez que en el intento del imputado de huir del inmueble donde cometió el primer delito, escaló la medianera de esa finca ingresando a la vecina contra la voluntad de sus moradores, ello es así puesto que el comportamiento del encartado, posterior a la sustracción perpetrada, constituye un hecho fáctica y jurídicamente independiente del robo anterior, por lo que el tipo legal de violación de domicilio no se encuentra desplazado por subsidiariedad.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Instr. 37, sec. 129)

c. 3.128, MONTENEGRO, Jorge A.

Rta: 8/6/95.-

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DECLARACION INDAGATORIA. NULIDAD. NOTIFICACION A LA DEFENSA: Ausencia. Imputado: negativa a declarar y a entrevistarse con el defensor. Improcedencia de la sanción.

            Es improcedente el planteo de nulidad efectuado por la defensa, por no habérsele notificado de la declaración indagatoria de su asistido, pues éste ejerció su derecho de negarse a declarar, y explicitó que no deseaba la entrevista con la defensora oficial, por lo cual cabe concluir que no existió agravio alguno.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Donna- (Juzg. de Menores 7, sec. 21)

c. 3.174, MONTERO, Abel M.

Rta: 27/6/95.-

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DECLARACION INDAGATORIA. NULIDAD. NOTIFICACION A LA DEFENSA: Ausencia.

            Es obligatoria la notificación a la defensa previo a la indagatoria del imputado, ya que de otro modo se veda no sólo la presencia del letrado en el trascendental acto, sino que primordialmente priva al causante de la realización de la audiencia privada de asesoramiento, pues la facultad contemplada en el art. 197 del ordenamiento procesal vigente debe quedar al arbitrio del abogado quien se encuentra en mayor medida en condiciones de peticionar ese derecho previsto en función del imputado, más allá de la manifestación que éste formule en el sentido apuntado, debiendo declararse la nulidad de la declaración indagatoria sin haber cumplido previamente con dicha diligencia.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Barbarosch, Valdovinos- (Juzg. de Menores 3, sec. 8)

c. 2.709, GRANDI, Marcos y otro

Rta: 7/4/95.

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA. ABOGADO: Cobro de dinero en un juicio. Omisión de entrega al cliente.

            Es autor del delito de defraudación por administración fraudulenta -art. 173, inc. 7° del C.P.-, el abogado apoderado de la querella que cobró una suma dineraria como consecuencia de haber arribado a un acuerdo conciliatorio en los autos judiciales, no rindiendo cuenta por ello a su cliente, ni entregándole el dinero, omitiendo así el pago de algo que hacía al derecho de su cliente y a su obligación como letrado.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Bonorino Peró, Gerome, Filozof- (Sent. "D", sec. 7)

c. 33.147, MICHEL, Jaime A.

Rta: 4/5/95.-

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: a) CONFIGURA-CION: Desorden administrativo de una empresa acreedora. Injustificación. b) PENA: Multa. Aplicación conjunta. Improcedencia. c) ACTOS INFIELES: Pluralidad. Unidad delictual.

            a) No es posible confundir el desorden administrativo de una empresa de servicios públicos -que en algunas ocasiones reclamó a un consorcio pagos aparentemente adeudados, que éste ya había abonado-, con el notorio y espurio aprovechamiento del dinero que efectuó el administrador de dicho consorcio al percibir sumas para abonar los servicios bimestrales de aquella empresa, asentándolo en las liquidaciones como canceladas, no pudiendo luego respaldar dichas transacciones con los pertinentes recibos, al figurar impagos esos períodos en la empresa acreedora.

            b) Para que proceda la aplicación conjunta de la pena de multa respecto del delito de defraudación por administración fraudulenta, es necesario que el afán de enriquecimiento sea tan desmedido y perjudicial que exceda el simple ánimo de lucro, explícitamente inserto en la descripción de la acción típica en cuestión, y además propio de los delitos contra la propiedad, los que se cometen motivados por un interés patrimonial ilegítimo, por ello, en el caso, no debe aplicarse.

            c) A los fines del delito de defraudación por administración fraudulenta, los episodios infieles no implican reiteración, no convierten al delito en plural, ni multiplican el ilícito, porque se tiene en mira la gestión total del agente. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González, González Palazzo, Elbert (en disidencia)- (Sent. "W", sec. 31)

c. 26.815, FERNANDEZ, Luis J.

Rta: 26/6/95.-

Se citó: (*) Navarro, Guillermo R., "Fraudes", Nuevo Pensamiento Judicial Editora, 1994, págs. 121/122.

Disidencia del Dr. Elbert respecto del apartado a): La sola desprolijidad en el manejo de una administración, o aun el exceso imprudente en la ejecución de las facultades conferidas, no importan, por sí mismos, y pese a la existencia de un perjuicio, responsabilidad de tipo penal, si no se comprueba, inexcusablemente, el propósito de lucro o daño en la gestión del agente. (**)

Se citó: (**) C.N.Crim., Sala IV, c. 43.339, "Folgar, C.A.", rta: 12/10/93 y Sala VI, c. 25.685, "Torres, M.A.", rta: 17/12/93.

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Gerente de ventas. Bienes fungibles. Omisión de su entrega. Configuración. Retención indebida: no configuración.

            Constituyó el delito de defraudación por administración fraudulenta, la conducta de quien siendo miembro de la gerencia de ventas de una empresa, realizó el cobro de sumas adeudadas a su empleadora, omitiendo posteriormente entregarle ese dinero, ello es así debido a que, si bien en casos como el presente, el agente carece del poder de disposición del dinero, éste es puesto a su cuidado, es decir, a cargo de la vigilancia o protección de los intereses patrimoniales ajenos, afectados a una aplicación determinada. Al respecto, sería improcedente la figura del art. 173, inc. 2° del C.P., puesto que la retención indebida de dinero sin individualizar, esto es, fungible, constituye un depósito irregular (art. 2.189, inc. 1° del C.C.), que no puede configurar la conducta sindicada.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Sent. "A", sec. 2)

c. 44.183, SEGURA, Bernardo J.

Rta: 12/4/95.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 38.175, "Gasparrini, Juan C.", rta: 27/9/90, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 5/90, pág. 220 y en contra C.N.Crim., Sala V, c. 32.932, "Mina, Roberto A.", rta: 6/4/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 77.

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DEFRAUDACION. CONFIGURACION: Deuda documentada. Posterior reconocimiento: irrelevancia.

            El posterior reconocimiento de deuda documentada a través de pagarés no borra el origen mismo de la obligación incumplida y de ésta podría trasuntarse eventualmente la comisión de alguna modalidad delictiva en los términos del art. l73 del C. P.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Instr. 5, sec. 116)

c. 2.973, PASQUALETTI, Roberto O.

Rta: 6/6/95.-

DEFRAUDACION. DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS: PRENDA FLOTANTE: No configuración. Garante negligente. Inadmisibilidad de la forma culposa. Atipicidad.

            La ley 12.962 permite la disponibilidad de los bienes sujetos a prenda flotante, de manera que su inexistencia o falta de reemplazo al vencimiento de la obligación no genera responsabilidad penal, y por otro lado, la negligencia en el contralor de asuntos administrativos por parte del presidente de la empresa obligada, en su condición de garante, resulta extraña a la figura de defraudación de derechos acordados, pues ésta no admite formas culposas.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Instr. 24, sec. 112)

c. 2.861, BUNGE, Diego

Rta: 30/5/95.-

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DEFRAUDACION. ESTAFA. a) APARIENCIA DE BIENES: Alcance de la locu-ción. b) GARANTE. FIADOR: Ausencia de ardid. c) Ausencia de garantía real. No configuración.

            a) "Aparentar bienes" no es sólo decir que se los tiene, sino suscitar falsas representaciones acerca de la existencia de ellos. (*)

            b) No configuró el delito de estafa, la acción de quien se constituyó en fiador en un contrato de locación, avalando su capacidad patrimonial con la enunciación de bienes personales, tales como dos inmuebles, siendo que uno de ellos se hallaba registrado como bien de familia y el otro había sido enajenado con anterioridad al incumplimiento contractual, pues no existió en la conducta descripta ardid o engaño con entidad suficiente para hacer caer en error al sujeto pasivo, toda vez que éste podría haber tomado los recaudos necesarios para advertir la indisponibilidad de los bienes.

            c) Resulta atípica la conducta de quien, habiéndose constituido en fiador de un contrato de locación avaló su capacidad patrimonial con la enunciación de un bien inmueble, que luego, antes del incumplimiento contractual, enajenó, pues éste no se ofreció como garantía real, sino como aval del carácter mencionado.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, Gerome (en disidencia)- (Instr. 12, sec. 137)

c. 2.747, GONZALEZ, Oscar L.

Rta: 7/4/95.-

Se citó: (*) Núñez, Ricardo, "Tratado de Derecho Penal", T. IV, pág. 318.

Nota: Ver en igual sentido respecto del apartado c): C.N.Crim., Sala I, c. 44.096, "Rodríguez, Claudio R.", rta: 14/3/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 10.

Disidencia del Dr. Gerome: En virtud al compromiso asumido por el fiador no es posible descartar alguna de las hipótesis previstas en el inc. 11° del art. 173 del C.P.

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DEFRAUDACION. ESTAFA: Ardid: promesa de venta. Posición de garante. Silencio. Configuración.

            A los fines de la configuración del delito de estafa, constituye ardid suficiente el silencio del imputado que prometió algo en venta, sabiendo que ese acto jurídico no podrá llevarse a cabo, recibiendo sin embargo una contraprestación a cambio por parte de la víctima, pues en tales casos el sujeto que vende, se posiciona como garante, y por lo tanto su obligación consiste en decir la verdad, ya que si calla, y el silencio motiva el error en la víctima, no hay duda que es un ardid suficiente. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Rivarola- (Sent. "Q", sec. 18)

c. 44.366, MARCHISELLA, Rodolfo

Rta: 22/6/95.-

Se citó: (*) Finzi, Marcelo, "La estafa y otros fraudes", pág. 98; Spolansky, Norberto E., "La estafa y el silencio", pág. 66.

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DEFRAUDACION. ESTAFA. FALSIFICACION. Cheque: fecha adulterada. Ausencia de perjuicio en la relación de las partes. Atipicidad.

            La adulteración de un cartular consistente en la modificación de la fecha contenida en él, no configura acto ilícito penal alguno, siempre que ese accionar no altere la relación entre las partes y por lo tanto no se derive ningún perjuicio concreto distinto de la deuda preexistente que originara la entrega del cheque.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña- (Instr. 16, sec. 111)

c. 2.601, POMPONI, Jorge F.

Rta: 20/4/95.-

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DEFRAUDACION. ESTAFA PROCESAL. CONSUMACION: Causación real del perjuicio.

            Quien procuró, mediante la introducción de un contrato simulado en un juicio comercial, hacer caer en error de apreciación al Juez de la causa a fin de lograr un desplazamiento patrimonial fraudulento a su favor, cometió el delito de estafa procesal en grado de tentativa, pues a los fines de su consumación, es necesario que el perjuicio se concrete mediante el efectivo menoscabo en el patrimonio de la víctima, toda vez que la figura requiere la real causación de un perjuicio.

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Piombo, Bonorino Peró, Ouviña- (Sent. "D", sec. 8)

c. 20.478, FERNANDEZ DELLEPIANE, Jorge S.

Rta: 24/5/95.-

Nota: Ver en contra, C.N.Crim., Sala VI, c. 2.868, "Castro, Sergio G.", rta: 22/6/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 76.

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DEFRAUDACION. ESTAFA PROCESAL. CONSUMACION: Presentación de ins-trumentos espurios ante el órgano jurisdiccional.

            El delito de estafa procesal es un tipo penal que se consuma y agota al momento de la presentación de los documentos reputados como espurios ante el órgano jurisdiccional. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, González Palazzo- (Instr. 12, sec. 137)

c. 2.868, CASTRO, Sergio G.

Rta: 22/6/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 26.587, "Faraone, A.", rta: 3/11/94.

Nota: Ver en contra, C.N.Crim., Sala VII, c. 20.478, "Fernández Dellepiane, Jorge S.", rta: 24/5/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 76.

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DEFRAUDACION. ESTELIONATO. AUTOMOVIL AJENO: Ausencia de ins-cripción registral. Irrelevancia.

            No corresponde descartar la figura del estelionato por la ausencia de inscripción en el Registro de la Propiedad del Automotor de la respectiva transferencia a un tercero del bien, que había sido sustraído, pues el delito de estafa se perfeccionó al pagar el precio la víctima, quien fue inducida a error por el sujeto activo, con independencia de un trámite registral de imposible realización.

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Navarro, Barbarosch- (Sent. "Q", sec. 18)

c. 44.668, MIR, Marcelo F. y otros

Rta: 16/5/95.-

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DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA: "Cadete". Bienes fungibles. Confi-guración. Administración fraudulenta: no configuración.

            Configura el delito de defraudación por retención indebida la conducta de quien en su calidad de "cadete" de una empresa, realiza el cobro de cartulares que le fueran entregados por ésta para tal fin, sin efectuar luego la entrega del dinero correspondiente a la misma. Además cabe consignar que es improcedente en la especie la figura del art. 173, inc. 7° del C.P., puesto que si bien el sujeto activo puede sustituir el objeto por otro, dado que se trata de una cosa fungible, lo cierto es que no se encuentra autorizado para tal actuar, toda vez que la cosa no le fue entregada por ningún título que le permita disponer o sustituirla, por no estar comprendida la función de "cadete" en la condición de administrador que requiere el tipo en análisis, dado que no ejercía poder sobre los bienes cobrados. (*)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Filozof, Gerome, González (en disidencia parcial)- (Sent. "P", sec. 17)

c. 32.932, MINA, Roberto A.

Rta: 6/4/95.-

Se citó: (*) Núñez, Ricardo C., "Tratado de Derecho Penal", T. IV, págs. 373 y ss.; Creus, Carlos, "Derecho Penal", Parte Especial, T. I, págs. 517 y ss.

Nota: Ver en contra, C.N.Crim., Sala I, c. 44.183, "Segura, Bernardo", rta: 12/4/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 73.

Disidencia parcial del Dr. González: La acción llevada a cabo por el imputado encuadra en el art. 173, inc. 7°, puesto que éste en su condición de empleado de la damnificada, estaba obligado a conservar y vigilar los bienes que por un acto jurídico -contrato laboral- se le entregaran en base a la confianza emanada de esa relación, para realizar diversas gestiones con los valores encomendados, siendo improcedente la figura de defraudación por retención indebida porque la voluntad del reprochado no ha sido la de negarse a restituir o no devolver a su debido tiempo las cosas fungibles del ilícito, sino fraguar una tardía coartada para aprovecharse de los dineros que, por su función, se le confiaban habitualmente, en desmedro del patrimonio de su empleadora. (**)

Se citó: (**) C.N.Crim., Sala VI, c. 26.373, "García, Hugo D. y otro", rta: 21/11/94.

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DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA: Mandato. Omisión de restituir dinero para la compra de pasajes aéreos. Configuración. Exclusión del contrato de depósito.

            La conducta de la procesada consistente en omitir, en unos casos, la entrega a su mandante de diversas sumas de dinero recibidas de sus clientes con el objeto de oblar pasajes que ya habían entregado varias empresas de aviación, y en otros, de hacer lo propio con dinero de sus clientes, recibido con el único objeto de adquirir billetes de viaje por parte de dichas compañías aéreas, es constitutiva del delito de defraudación por retención indebida, toda vez que no es dable sostener -atento a su calidad de agentes de viajes-, que la encausada mantuvo los valores que se le exigen a título de depósito irregular, pues los actos que debía realizar, conforme las instrucciones que se le impartieran, son actos jurídicos que importan representación, y por lo tanto, la prevenida se hallaba obligada a rendir cuenta de sus operaciones y entregar a los querellantes los valores que resultaran de las mismas.

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Piombo, Bonorino Peró- (Sent. "P", sec. 17)

c. 20.221, AVELLANEDA, Julia S.

Rta: 24/5/95.-

Nota: Ver en contra, C.N.Crim., Sala I, c. 44.183, "Segura, Bernardo", rta: 12/4/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 73 y en igual sentido, C.N.Crim., Sala V, c. 32.932, "Mina, Roberto A.", rta: 6/4/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 77.

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I. DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA. TRANSPORTE PUBLICO: Con-figuración. Desvío del recorrido. Sustracción de autopartes y recaudación. Concurso de delitos: inexistencia. Posesión "invito domino". Robo en poblado y en banda. Concurso: ideal. II. PARTICIPACION. DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA: Desvío de transporte público. Sustracción de autopartes y recaudación. a) Secundaria. b) Coautoría.

I. DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA. TRANSPORTE PUBLICO: Con-figuración. Desvío del recorrido. Sustracción de autopartes y recaudación. Concurso de delitos: inexistencia. Posesión "invito domino". Robo en poblado y en banda. Concur-so: ideal.

            La calificación de la acción del acusado, que desvió del recorrido asignado el colectivo que conducía como empleado, para luego sustraerle al mismo -junto con otras tres personas-, distintas autopartes y el dinero recaudado, trasladándose con el vehículo a una vivienda donde dejaron parte de lo sustraído, debe ser la de defraudación por retención indebida (art. 173, inc. 2° del C.P.), y no la de hurto de automotor, por cuanto aquél obtuvo el vehículo a través de un mandato que le fuera conferido por su propio dueño -es decir que hubo una entrega voluntaria de aquél, en virtud de un contrato de trabajo- y finalmente, como consecuencia del atraco pergeniado, no cumplió con su deber de devolverlo, no configurando, por otra parte, el desapoderamiento de las autopartes y de la recaudación, un hecho independiente, por quedar subsumidos dentro de la figura de la retención, en virtud de que todo ello constituyó parte del todo que debía entregar. (*)

II. PARTICIPACION. DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA: Desvío de transporte público. Sustracción de autopartes y recaudación. a) Secundaria. b) Coautoría.

            a) Debe considerarse partícipe secundario del delito de defraudación por retención indebida a quien colaboró con el autor del desvío del colectivo que conducía como empleado, a la sustracción de varias de sus autopartes, para luego dejarlas en una vivienda.

            b) Debe considerarse coautor del delito de defraudación por retención indebida a quien prestó su colaboración al autor del desvío de la unidad, sustrayendo sus autopartes y brindando la vivienda en donde serían ocultas, pues no puede desconocerse que para la ejecución de tales actos, debió haber existido un concierto previo entre el colectivero y este último y en virtud de ello una clara distribución de tareas.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Filozof (en disidencia), Gerome, Bonorino Peró- (Sent. "P", sec. 16)

c. 32.991, RIAL, Roberto H. y otros

Rta: 19/5/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 32.395, "Paladea, R. R.", rta: 2/6/94 y c. 32.928, "Cosmedi, R. J.", rta: 16/5/95.

Disidencia del Dr. Filozof, respecto del punto I: El acusado es autor de robo en poblado y en banda, que concurre en forma ideal con retención indebida, toda vez que debía restituir el vehículo y el dinero recaudado a la empleadora, dado que dichos bienes los tenía en virtud de una tenencia temporal, y dicha obligación de entrega hace que su accionar, y consecuentemente el de sus consortes, quede comprendido en la figura del art. 173, inc. 2° del C.P., debiendo confirmar la calificación de hurto de automotor, por no existir recurso habilitante, de acuerdo con el principio de "no reformatio in pejus". (**)

Se citó: (**) C.N.Crim., Fallo Plenario, "Morich, Federico", rto: 27/3/24, C.C.C., Fallos Plenarios, T. I, pág. 386; Fontán Balestra, Carlos - Millán, Alberto S., "La Reforma Penal", págs. 138 y ss.; Creus, Carlos, "Derecho Penal", Parte Especial, T. I, págs. 503 y ss.

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I. DENUNCIA. ABORTO. DEBER DE DENUNCIAR. NULIDAD: Parcial. Secreto profesional. Confesión al médico del aborto practicado. Validez de la instrucción para responsabilizar a otros implicados. Fallo plenario, "Frías, Natividad". II. PRUEBA. DE TESTIGOS. ABORTO. NULIDAD: a) Declaración de la abortante. Obligación de decir verdad. Principios. Derecho a no declarar contra sí mismo. Fallo plenario, "Frías, Natividad". b) Declaración de la madre de la abortante. Posible participación en el hecho. Principios. Derecho a no declarar contra sí mismo.

I. DENUNCIA. ABORTO. DEBER DE DENUNCIAR. NULIDAD: Parcial. Secreto profesional. Confesión al médico del aborto practicado. Validez de la instrucción para responsabilizar a otros implicados. Fallo plenario, "Frías, Natividad".

            El inc. 2° del art. 177 del C.P.P. impone a los médicos el deber de denunciar los delitos de acción pública, salvo que los hechos conocidos estén bajo el amparo del secreto profesional, y si la comisión del aborto no fue inferida científicamente a partir del estado de la paciente, sino que fue confiada por ésta a quien le prestaba el auxilio de su profesión, (sin perjuicio de que en la colisión de ambos deberes la facultativa creyera erróneamente que tenía preeminencia el que la obligaba a denunciar), tal revelación -por aplicación del fallo plenario "Frías, Natividad"-, no podía dar origen a la instrucción de un sumario en contra de aquélla, no obstante que, deben mantener su validez las actuaciones encaminadas a responsabilizar a instigadores, coautores y cómplices, y, con esos alcances, la iniciación del sumario no está afectada por un vicio esencial que lo invalide.

II. PRUEBA. DE TESTIGOS. ABORTO. NULIDAD: a) Declaración de la abortante. Obligación de decir verdad. Principios. Derecho a no declarar contra sí mismo. Fallo plenario, "Frías, Natividad". b) Declaración de la madre de la abortante. Posible partici-pación en el hecho. Principios. Derecho a no declarar contra sí mismo.

            a) La mujer que consiente un aborto incurre en la comisión de un delito (art. 85, C.P.), por lo cual, ella no puede dar noticia del mismo a través de su declaración testimonial, pues si así fuera interrogada, al ser obligada a prestar juramento de decir verdad y estar conminada por las penas previstas para quien mienta o calle lo que sepa -C.P.P., arts. 240, 247, 249 y 252, y art. 275 del C.P.- estaría coaccionada para declarar contra sí misma, lo que importaría una grosera violación a la respectiva garantía constitucional -art. 18 de la C.N.-, por lo que tal actuación deviene insanablemente nula, no quitando ni poniendo nada al respecto, los alcances del fallo plenario "Frías, Natividad", pues la plena vigencia de una garantía constitucional no depende ni puede ser alterada por un fallo judicial, obviamente susceptible de ser modificado por otro acuerdo plenario.

            b) La madre de quien ha practicado un aborto no debió ser interrogada como testigo, pues su relato no sólo constituye una imputación para el médico que habría practicado el legrado, sino también para su propia hija, lo que viola lo dispuesto en el art. 242 del C.P.P., sin perjuicio de que podría importar el reconocimiento de haber participado en el hecho, al abonar al profesional la suma convenida de antemano, por lo que tan improcedente testimonio también constituye una violación a la garantía constitucional del art. 18 de la C.N.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña- (Instr. 26, sec. 155)

c. 2.748, SEQUEIROS, Ismael

Rta: 4/5/95.-

Se citó: C.N.Crim., Fallo Plenario, "Frías, Natividad", rto: 26/8/66, J.A. 1966-V-69; C.C.C., Fallos Plenarios, 1970, T. I, pág. 9.

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DENUNCIA. PROHIBICION DE DENUNCIAR: Guardador de la víctima. Superación del ligamen sanguíneo. Inaplicabilidad del impedimento.

            Es admisible la denuncia formulada por la guardadora de una menor por el delito de violación a ésta, cometido por el nieto de la denunciante, pues obedeció a su obligación de velar por la salud e integridad física de la menor, dado su calidad de guardadora, que supera al ligamen sanguíneo que la emparenta con el imputado, por lo que no resulta de aplicación el impedimento previsto en el art. 178 del C.P.P.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Barbarosch, Valdovinos- (Juzg. de Menores 2, sec. 5)

c. 2.665, PONCE, Alfredo O.

Rta: 4/4/95.-

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I. DESACATO. Derogación. DELITO CONTRA EL HONOR: Subsistencia de los tipos penales. II. PRESCRIPCION DE LA ACCION. RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES. ACCION PRIVADA: Actos interruptivos: decreto que da por reconstruido el expediente.

I. DESACATO. Derogación. DELITO CONTRA EL HONOR: Subsistencia de los tipos penales.

            El hecho de haberse derogado la figura del desacato, no obsta la adecuación típica del suceso como delito contra el honor individual, toda vez que la acción del querellado habría "prima facie", afectado la honra y el crédito del querellante. En tal sentido cabe destacar que al ser derogada la figura del desacato, el legislador ha señalado como uno de los motivos que llevaron a esa decisión, la suficiente protección que otorgan los delitos contra el honor, por lo que no puede coartarse el derecho del accionante de querer obtener un pronunciamiento relativo al fondo de la cuestión.

II. PRESCRIPCION DE LA ACCION. RECONSTRUCCION DE EXPEDIEN-TES. ACCION PRIVADA: Actos interruptivos: decreto que da por reconstruido el ex-pediente.

           

            Ante la desaparición del expediente original y por ende del escrito promotor de la acción, debe considerarse como último acto interruptivo el decreto que tuvo por reconstruido dicho expediente.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Correc. 3, sec. 60)

c. 44.154, WIATER, Carlos

Rta: 8/5/95.-

Nota: Ver en igual sentido, respecto del punto I, C.N.Crim., Sala V, c. 32.768, "Ithurralde, Estela L.", rta: 3/4/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 64, punto I.

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EXACCIONES ILEGALES. FUNCIONARIO PUBLICO: a) CONFIGURACION: Dádiva para el Estado. Intervención del funcionario. Irrelevancia. b) DADIVA: Aspectos del tipo. Exigencia. Persuasión o error.

            a) Es autor de exacciones ilegales el funcionario público que exige una dádiva, no para él sino para el Estado, en virtud de la facultad de influir en los contratos de un grupo musical, aunque tuviera una buena intención, como es la de fomentar la música en las escuelas, pues el sistema republicano de gobierno, implica que el funcionario debe trabajar con los fondos públicos que se le asignan, y no sacarlos del salario de las otras personas, y menos con exigencias, reales o ficticias.

            b) El tipo penal del art. 266 del C.P. tiene dos partes, en cuanto a la dádiva: la primera es hacerse pagar o entregar, lo que requiere además del abuso del funcionario público, una especie de exigencia, esto es una demanda imperiosa, que se hace en virtud del cargo, por lo que tal exigencia se apoya en el temor hacia el funcionario público (en el caso, por su mayor jerarquía); la segunda parte es cuando el funcionario actúa no ya mediante una forma de extorsión, sino más cercano a la estafa, esto es, la persuasión o el error, siempre solicitando algo que la persona que entrega no deba, y que el funcionario público no esté, como tal, dentro de sus funciones, facultado a recibir. (Del voto del Dr. Donna)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini (en disidencia), Donna, Rivarola- (Sent. "K", sec. 40)

c. 44.153, BARBIERI, Flavio E.

Rta: 12/4/95.-

Disidencia del Dr. Tozzini: Los numerosos testimonios contestes en afirmar que nunca el acusado ni otro alguno, les pidió o exigió dinero para contratarlo o renovarle el contrato, y que si entregaron dinero alguna vez, lo fue en forma de donación voluntaria para que, con un fondo así formado, pudieran adquirir bienes y servicios para el buen logro y prosecución del programa, no registrándose queja alguna sobre el modo como administraba los dichos fondos ni el destino que a ellos les daba, no permiten determinar con la debida claridad si medió un comportamiento delictivo, más allá de lo ilegítimo que aparece su conducta, de aceptar y administrar dinero ajeno sin autorización, desde el punto de vista administrativo, por aplicación estricta del beneficio de la duda.

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EXCARCELACION. LEY 24.390: Condena pasible de recurso extraordinario. Condición de procesado: subsistencia.

            Ante un pronunciamiento condenatorio de segunda instancia susceptible aún de recurso extraordinario, cabe considerar que, a todos los efectos de la ley 24.390, el imputado mantiene la calidad de procesado y, por lo tanto, es pasible de ser incluido en el beneficio de la excarcelación, pero aun cuando haya excedido en detención los plazos estipulados en dicha norma, cuya aplicación se pretende, debe resultar encuadrable su situación en alguna de las hipótesis liberatorias previstas en el art. 379 de la ley ritual, como ya lo tiene dicho la jurisprudencia de la Sala. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, González Palazzo- (Sent. "V", sec. 29)

c. 26.898, SILVA GONZALEZ, Rodolfo A.

Rta: 2/5/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 26.904, "Echeverría Pradena, Lucio A.", rta: 17/2/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 31.

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EXHIBICIONES OBSCENAS. CONFIGURACION: Elementos constitutivos del tipo. Positivos y negativos.

            Incurrió en el delito de exhibiciones obscenas quien, habiendo invitado a dos menores a pasear en su auto, les exhibió, mientras circulaban, revistas y otros elementos pornográficos, dándoles explicaciones groseras sobre su uso, pues a los fines de la configuración de dicho ilícito han concurrido ciertos elementos positivos, como que el autor ha puesto algo de manifiesto, que ese algo exhibido era obsceno y el peligro de que esa acción pueda ser de posible observación involuntaria y sorpresiva por parte de quien pueda sentirse legítimamente ofendido por ello, así como el elemento negativo que consiste en que tales actos no hayan sido de tocamiento ni corruptores de la sexualidad de las víctimas.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini, Donna, Rivarola- (Sent. "V", sec. 29)

c. 44.329, VERA DOMINGUEZ, Esteban

Rta: 25/4/95.-

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FALSA DENUNCIA. CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, LUGAR Y OBJETO. FALSO TESTIMONIO: No configuración. Declaración del damnificado.

            Configuró el delito de falsa denuncia y no el de falso testimonio la deposición en sede policial de la vicepresidenta de una sociedad anónima y otro procesado, quienes denunciaron un robo a la empresa, falseando la verdad en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar, "quantum" y especie de los bienes sustraídos, pues no lo hicieron testimonialmente, sino por considerarse damnificados, la primera en representación de la empresa y el segundo a título personal.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Gerome, Filozof, Bonorino Peró - (Sent. "A", sec. 2)

c. 32.994, VARELA, María T. y otros

Rta: 25/4/95.-

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FALSO TESTIMONIO. ABOGADO: Declaración sobre hechos percibidos por sus sentidos. Inhabilidad como testigo (art. 275, inc. 4°, C.P.M.P.). Atipicidad.

            Resulta ser atípica la conducta del abogado de la firma damnificada, a quien se le imputa haber falseado la verdad en una audiencia de careo, pues sus deposiciones fueron vertidas en violación a lo dispuesto en el art. 275, inc. 4° del C.P.M.P., tornándose nulas como actos procesales tales declaraciones, ello es así, porque desconocer esta limitación implicaría colocar a los abogados en la alternativa de cometer el delito de violación de secretos, o el de desobediencia, resultando así que su conducta se hallaría justificada.

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos- (Sent. "P", sec. 16)

c. 44.511, PALMA, Gustavo R.

Rta: 22/6/95.-

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FALSO TESTIMONIO. TESTIGO - DEMANDANTE: Dichos contrapuestos como testigo y luego como demandante.

            No constituyó el delito de falso testimonio, la conducta del imputado que realizó una declaración testimonial en sede laboral y luego inició una demanda contrapuesta en su contenido con lo declarado, siendo que el citado escrito promotor fue confeccionado por medio de un apoderado, pues no sólo tal instrumento no es idóneo como prueba de cargo en su contra, sino que tampoco cabe considerar al actor como testigo, ya que fue, en cambio, parte en lo hechos que demandó.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Instr. 39, sec. 135)

c. 44.223, MARGULIS, Sergio E.

Rta: 26/5/95.-

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FRAUDES AL COMERCIO Y A LA INDUSTRIA. CHEQUE. FRUSTRACION MALICIOSA DEL PAGO: Entrega de cheques de cuenta corriente ajena. Consen-timiento del librador. Frustración del pago. Configuración. Exclusión de la figura de abuso de firma en blanco.

            Configuró el delito reprimido en el art. 302, inc. 3° del C.P., la conducta de quien hizo entrega, en pago de mercaderías, de cheques pertenecientes a las cuentas corrientes de un amigo suyo, el cual, previamente, los había firmado en blanco, a sabiendas que los cartulares iban a ser llenados para pagar a terceros, los que se vieron perjudicados por el rechazo de los documentos (unos por falta de pago y otros por denuncia de extravío). A tal efecto cabe consignar que, en tales condiciones no se configuró el delito de abuso de firma en blanco, pues para ello se requiere que se extienda un documento para un uso o cuantía distinto a aquél para el que se lo había confiado y en el caso el propio denunciante, titular de la cuenta, sabía para que iban a ser destinados los cheques que firmó, con lo cual, además, no puede descartarse de plano su propia intervención en el ilícito.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Instr. 28, sec. 142)

c. 2.720, CATVIN, Leonardo A.

Rta: 15/5/95.-

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I. HOMICIDIO. CALIFICADO. CRIMINIS CAUSAE: a) ROBO CON ARMAS: Disparos a funcionario policial durante la huida. b) PARTICIPACION CRIMINAL: Coautoría: campana. Plan previo, distribución de funciones. Dominio funcional del hecho. Responsabilidad de los partícipes por el homicidio cometido tras el asalto. II. SENTENCIA. NULIDAD. RETRACTACION DE LA CONFESION: Declaración de oficio. Análisis de cuestiones de prueba. Procedencia de la sanción.

I. HOMICIDIO. CALIFICADO. CRIMINIS CAUSAE: a) ROBO CON ARMAS: Disparos a funcionario policial durante la huida. b) PARTICIPACION CRIMINAL: Coautoría: campana. Plan previo, distribución de funciones. Dominio funcional del hecho. Responsabilidad de los partícipes por el homicidio cometido tras el asalto.

            a) Configuró el delito de homicidio, tipificado por el art. 80, inc. 7° del C.P., la acción de los encausados, quienes sorprendidos por un policía al momento de cometer su acción delictiva (robo a mano armada), intercambiaron disparos para cubrir su escape, dando muerte a dicho funcionario.

            b) Aún no habiéndose comprobado la autoría de los disparos que produjeron el deceso de la víctima, corresponde condenar en calidad de coautor al imputado por el delito de homicidio calificado (art. 80, inc. 7°, C.P.) toda vez que, según las reglas de la participación de nuestro Código Penal éste -aun habiendo desempeñado el rol de "campana" en el atraco-, participó no sólo de un plan previo, sino de una precisa distribución de funciones para efectuar el hecho típico, de lo que se concluye que todos los integrantes del grupo que efectuó el asalto tuvieron un dominio funcional del hecho, y cada actividad fue un aporte decisivo, incluso la de él, en tanto posibilitó la comisión del ilícito.

II. SENTENCIA. NULIDAD. RETRACTACION DE LA CONFESION: Declaración de oficio. Análisis de cuestiones de prueba. Procedencia de la sanción.

            Corresponde declarar de oficio la nulidad en la Alzada, respecto del punto resolutivo de la sentencia de primera instancia que hizo lugar a una retractación de la confesión del imputado, pues tal decisión definitiva, como proceso lógico que es, debe decidir sobre el fondo de los temas a juzgar. No es un interlocutorio que introduce o resuelve situaciones transitorias sobre la marcha del proceso. El Juez sentenciante tiene el derecho (e incluso la obligación) de valorar libremente la prueba reunida para construir la solución, pero ello no implica que pueda vedar a las instancias de revisión de su fallo el análisis de una parte de la prueba, pues de seguir este mecanismo se generaría una situación de arbitrariedad procesal para las partes y la instancia revisora.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Elbert, González Palazzo, González (en disidencia parcial)- (Sent. "D", sec. 7)

c. 26.489, AGUIRRE, Miguel A.

Rta: 26/6/95.-

Nota: Ver en igual sentido, respecto del punto I a): C.N.Crim., Sala VI, c. 21.298, "Cabrera, Mario A.", rta: 21/5/91, y respecto del punto II, C.N.Crim., Sala VI, c. 26.625, "Guajardo Ulloa, Segundo R.", rta: 26/6/95.

Disidencia parcial del Dr. González, respecto del punto I a): El ilícito atribuible al caso es el del art. 165 del C.P., pues la víctima (policía), no parece haber sido el resultado que perseguían los forajidos, ni aun a título de dolo eventual, sino un resultado imprevisible ante la aparición de un extraño en el lugar donde iba a perpetrarse el robo, que decide frustrarlo, cayendo abatido en el intento. Es decir, que para poder diferenciar ambas hipótesis delictivas, es necesario determinar si los agentes han matado para robar (art. 80, inc. 7°, C.P.), o si al robar han matado, como parece ser el caso de autos, pues el latrocinio del art. 80 está caracterizado por la existencia de esa circunstancia de carácter subjetivo consistente en el propósito voluntario y conciente dirigido a lograr directamente la muerte de la víctima elegida, debiendo limitarse la figura del robo agravado del art. 165, C.P. a aquellos casos en que la muerte no ha entrado en el designio del reo y acaece como resultado accidental de la violencia propia del atentado patrimonial.

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HOMICIDIO. CULPOSO. MALA PRAXIS. MEDICO: a) Posibilidad de evitar el resultado. Creación de riesgo mayor que el autorizado. b) CUERPO DEL DELITO. AUTOPSIA: Medio sustituible por otras pruebas. Necropsia negativa. Presunción de error médico.

            a) El informe médico forense que atribuyó a la acusada el haber efectuado controles espaciados no acordes a la patología del caso, así como también estudios esporádicos, mala atención y, finalmente, un traslado extemporáneo, la inculpa válidamente del delito de homicidio culposo, pues su desatención incrementó el riesgo de una muerte, que posiblemente no habría ocurrido de prestarse a la paciente la atención a la que aquélla estaba profesionalmente obligada, no siendo imperiosa la acreditación plena del nexo causal entre la mala praxis denunciada y el óbito ocurrido.

            b) La autopsia no es un medio insustituible para acreditar la causa de la muerte, de manera que una necropsia negativa no constituye valla obstativa para la presencia del cuerpo del delito, por lo que descubierto un error galénico de incidencia letal e invisibles otros factores de igual rango, cabe inferir que aquel error fue causa eficiente del deceso.

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Valdovinos, Barbarosch, Navarro- (Correc. 1, sec. 52)

c. 44.610, AUBIA, Beatriz I.

Rta: 4/5/95.-

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HONORARIOS. INSTANCIA EXTRAORDINARIA: Regulación: no previsibilidad.

            No existe previsión expresa sobre la forma en que se deben regular los honorarios correspondientes a los trabajos tendientes a provocar o no la apertura de la instancia extraordinaria, siendo dicha regulación autónoma del eventual monto que deba fijarse en la instancia anterior.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Sent. "P", sec. 17)

c. 43.187, MAIORANO QUIROGA, Carlos

Rta: 20/6/95.-

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HONORARIOS. PATROCINIO CONJUNTO: Continuación por uno de los letrados. Imposibilidad de fijación.

            No resulta posible, sin transgredir el dispositivo del art. 10 de la ley 21.839, acceder al reclamo de honorarios del letrado cuyo patrocinio fue conjunto con el abogado que, a diferencia de aquél, continúa en el ejercicio del ministerio conferido.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña- (Instr. 27, sec. 124)

c. 2.826, LAZZARI, Hugo y otra

Rta: 16/5/95.-

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HURTO. PROPIETARIO DE LA COSA: Ausencia de identificación. Configuración.

            A los fines de la configuración del delito de hurto, nada obsta en tal sentido la circunstancia de que no se haya podido identificar al propietario de la cosa, pues basta a ese fin con que ella sea ajena para el ladrón, y que éste lo sepa, sin que se requiera, paralelamente, que esté individualizado el patrimonio al que pertenece o quién ejerce su tenencia. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini, Donna- (Sent. "W", sec. 31)

c. 44.323, LARSEN, Pablo C.

Rta: 26/5/95.-

Se citó: (*) Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", T. IV, pág. 198; Núñez, Ricardo, "Derecho Penal Argentino", Parte Especial, T. V, pág. 177; Fontán Balestra, Carlos, "Tratado de Derecho Penal", Parte Especial, T. V, pág. 444; Creus, Carlos, "Derecho Penal", Parte Especial, T. I, pág. 419, y Laje Anaya, Justo, "Comentarios al Código Penal", Parte Especial, T. II, pág. 24.

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HURTO. TENTATIVA: Esfera de custodia de la cosa: ocultamiento dentro del radio.

            Configuró el delito de hurto, en grado de tentativa, la acción de quien, habiendo sustraído ilegítimamente del interior de una caja que se hallaba en la oficina, una suma de dinero, la ocultó en el sótano, para poder transportarla impunemente en mejor ocasión, pues así nunca salió de la esfera de custodia de la empresa.

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Ouviña, Bonorino Peró, Piombo- (Sent. "W", sec. 31)

c. 20.813, GOMEZ, Sergio D.R.

Rta: 29/6/95.-

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HURTO. UNIDAD DE HECHO: Pluralidad de damnificados: improcedencia de la calificación de hurto reiterado.

            Constituye el delito de hurto y no de hurto reiterado, la conducta del sujeto activo que tras ingresar a un garaje intentó sustraer varios efectos que se hallaban en diferentes vehículos, pues el hecho único no pierde su singularidad porque sean varios los damnificados cuando no se advierten circunstancias que permitan independizar los actos consecutivos signados por una determinación común. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Navarro, Barbarosch- (Sent. "D", sec. 8)

c. 44.735, UMPIERREZ VEGA, Oscar D.

Rta: 13/6/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 38.729, "Romero, J.", rta: 22/11/90.

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IMPUTABILIDAD. ESTADO DE INCONCIENCIA: a) VALORACION: Ingesta alcohólica. Comprensión de la criminalidad del hecho. b) INIMPUTABILIDAD: Interpretación legal: sistema mixto. Aspecto normativo.

            a) Aun habiéndose intentado probar con testigos una ingesta alcohólica por parte del acusado, si no se acreditó asimismo que ella lo llevara a un estado de inconciencia, para cuya determinación el juzgador debe ponderar el comportamiento del acusado durante el suceso delictuoso, no puede, en tal sentido abrigarse duda alguna del pleno dominio conciente y volitivamente final del acto y de su valoración como antilegal, que puso de relieve el procesado a lo largo del suceso, al concretar la apropiación ilegítima mediante intimidación, reforzando su amenaza de estar armado mediante gestos precisos, tomando a continuación el comando de un vehículo para huir con rapidez del lugar del hecho y, finalmente, procurando escapar a la carrera de sus perseguidores, con suma eficacia, todo lo cual demuestra perfectamente la capacidad del acusado para comprender la criminalidad de lo que había hecho y su posibilidad de dirigir las acciones.

            b) El sistema mixto de inimputabilidad elegido por el legislador en el inc. 1° del art. 34 del C.P. implica que, por un lado, en cuanto al apartado psicobiológico debe acreditarse no sólo la existencia de uno de los estados de enfermedad o anormalidad mental en él especificados -que en este caso sería el de "inconciencia"-, sino también que esa enfermedad, además, incapacitó al sujeto, en el mismo momento de la comisión del hecho, para comprender la criminalidad del acto o para dirigir sus acciones de acuerdo a esa comprensión.

            La otra característica del mencionado sistema es la que resulta un deber inexcusable e indelegable del juzgador, la valoración de la capacidad de comprensión y dirección de la acción, no obstante la existencia del problema psicobiológico, pues este aspecto de la fórmula legal es netamente normativo.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Sent. "Z", sec. 46)

c. 44.444, GIANONI, Rubén O.

Rta: 22/6/95.-

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IMPUTADO. DECLARACION VOLUNTARIA: Sede policial. Validez de sus dichos. Nulidad. Improcedencia.

            Lo que se encuentra vedado al personal policial es proceder al interrogatorio de los imputados (art. 184 del C.P.P.), pero, si la prevención no lleva a cabo un acto de esa naturaleza y el detenido voluntariamente formula manifestaciones que pueden servir para ahondar la pesquisa nada obsta a que se utilice la versión a fin de ahondar aquélla, no pudiendo reprocharse nada en ese sentido, por lo que no procede nulificar dicho acto.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Valdovinos, Barbarosch- (Instr. 38, sec. 132)

c. 3.112, CARABAJAL, Rubén

Rta: 27/6/95.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VII, c. 20.822, "Bocchio, Horacio L.", rta: 29/6/95.

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INMUNIDAD PARLAMENTARIA. PROCESO PENAL: Formación de sumario. Posibilidad. Libertad ambulatoria. Imposibilidad de afectación. Proximidad de sentencia. Innecesariedad de desafuero.

            a) La inmunidad parlamentaria no impide la formación de un sumario criminal para investigar la conducta de un legislador -excepto en el supuesto del actual art. 68 de nuestra Carta Magna-, en tanto no se afecte su libertad personal por orden de arresto o prisión provisional o definitiva, de manera que obstaculice sus funciones específicas, pues el mencionado privilegio no contempla a la persona, sino que constituye una garantía al libre ejercicio de la función legislativa para mantener la integridad de los poderes del Estado, siendo un privilegio cuya protección es de carácter excepcional y que debe ser delimitado en función del irrestricto ejercicio del cargo que se protege, y solamente por él, preservando la autonomía de la voluntad del mandatario en cumplimiento de la manda constitucional para la cual ha sido asignado, por lo cual la inmunidad es inoperante ante el próximo dictado de una sentencia de primera instancia que, cualquiera fuera su contenido, será pasible de los recursos establecidos por la ley ritual. (*)

            b) El desafuero sólo es imprescindible para que el juez de la causa pueda privar de libertad al legislador; hasta entonces, el juicio puede promoverse y proseguirse.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, González Palazzo- (Correc. 3, sec. 60)

c. 26.924, MARCOLLI, Miguel

Rta: 4/5/95.-

Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos 14:223; 135:250; 139:67; 185:360; 190:271; 261:33; 169:76; 217:122; 248:462; 252:184.

Nota: Ver en contra, respecto del apartado b), C.N.Crim., Sala I, c. 44.184, "Varela Cid, Eduardo", rta: 9/5/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 94, apartado b).

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INMUNIDAD PARLAMENTARIA. PROCESO PENAL: a) FUNDAMENTO: Garantía del libre ejercicio de la función. b) CALUMNIAS: Reiteradas. Vertidas con anterioridad y posterioridad a la asunción del cargo de legislador. Ausencia de desa-fuero: suspensión del proceso.

            a) El instituto de la inmunidad parlamentaria no debe entenderse como privilegio personal sino en resguardo de la garantía del libre ejercicio de la función legislativa, y como consecuencia de la incolumnidad de los poderes del es-tado. (*)

            b) Debe suspenderse el proceso seguido a un legislador por calumnias reiteradas, tanto por los hechos cometidos con anterioridad a la asunción del cargo, como por aquéllos ocurridos vigente el período de su mandato, hasta tanto el imputado cese en su función por imperativo constitucional (art. 70 de la C.N.).

C.N.Crim., Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Correc. 2, sec. 58)

c. 44.184, VARELA CID, Eduardo

Rta: 9/5/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala III, "Urriendo, Luis", rta: 30/10/90 y "Toma, Miguel A.", rta: 21/9/92; Sala II, "Albamonte, Alberto", rta: 26/4/91.

Nota: Ver en contra, respecto del apartado b), C.N.Crim., Sala VI, c. 26.924, "Marcolli, Miguel", rta: 4/5/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 94, apartado b).

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INSOLVENCIA FRAUDULENTA. CONDENA CIVIL: Enajenación a título gratui-to de un único bien embargable. Configuración.

            Configuró el delito de insolvencia fraudulenta, la conducta de la imputada que, una vez condenada en juicio civil y notificada debidamente de ello, con el consecuente deber del pago de las costas y la traba del embargo decretada, donó con reserva de usufructo, el único bien susceptible de afectación para cumplir con tales obligaciones.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Gerome, Bonorino Peró, Filozof- (Sent. "A", sec. 2)

c. 32.987, TOSCHI, Thelma R.

Rta: 19/4/95.-

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INSOLVENCIA FRAUDULENTA. CONSUMACION: Dictado de sentencia condenatoria.

            El delito de insolvencia fraudulenta se consuma con el dictado de la sentencia condenatoria, pues es en ese momento cuando efectivamente se ha frustrado el cumplimiento de la obligación, ya que si la sentencia llegase a rechazar el reclamo, no habría obligación que frustrar. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Instr. 35, sec. 120)

c. 44.301, UCELATORE, Rita R.

Rta: 20/6/95.-

Se citó: (*) Creus, Carlos, "Derecho Penal", Parte Especial, T. I, pág. 559; Hendler, Edmundo, "Doctrina Penal", 1978, T. I, pág. 775, y C.N.Crim., Sala I, c. 2.456, "Pegasano de Mignaquy", rta: 20/12/94.

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MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS. CONSUMACION: Expresión "sustraer": alcances.

            a) El delito de malversación previsto en el art. 263 del C.P., en los casos de depósito judicial de bienes embargados, se consuma con la sustracción de dichos bienes del ámbito de la administración, custodia o depósito, con prescindencia del perjuicio patrimonial que con ello pueda sufrir o no el embargante. (*)

            b) A los fines del art. 261 del C.P., la expresión "sustraer" no exige apoderamiento ni apropiación, siendo suficiente la violación de la custodia.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González Palazzo, Elbert, González- (Sent. "Z", sec. 46)

c. 26.714, DIAZ, César

Rta: 24/4/95.-

Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos, 221:105 y 242:529.

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MENORES. DECLARACION DE INIMPUTABILIDAD. QUERELLANTE: Ausen-cia de agravio. Competencia de mayores.

            Las leyes 22.278 y 10.903, y la normativa de la 23.984, no han conferido ninguna injerencia al querellante para interferir en el régimen de disposición de menores, por lo cual no pueden acogerse los agravios de aquél que limite su recurso a la situación de un menor declarado inimputable y sujeto de sobreseimiento, que ha dado paso a la declaración de incompetencia para que fuera entonces el Tribunal de mayores el que asuma el trámite.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña- (Juzg. de Menores 2, sec. 4)

c. 2.714, DIAZ, María T. y otro

Rta: 16/5/95.-

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NULIDAD. ACUSACION PARTICULAR: Notificación a la defensa. Ausencia. Improcedencia de la sanción.

            No invalida lo actuado, la ausencia de notificación a la defensa del auto que declaró la nulidad de la acusación particular, pues tal decisión no ocasiona agravio a aquella parte ni da lugar a recurso alguno.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Correc. 1, sec. 52)

c. 44.412, GANT, José y otros

Rta: 30/6/95.-

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NULIDAD. DECRETO DE LLAMADO DE AUTOS. ACCION PRIVADA: Ausen-cia de notificación. Procedencia de la sanción.

            Deviene nulo el decreto judicial que, siendo dictado de oficio y sin notificar al encausado ni a su defensa, dispone el pase de los autos a despacho para dictar sentencia, puesto que se trata en la especie de un delito de acción privada -calumnias e injurias- debido a que el Juez no puede impulsarla de oficio sino sólo a requerimiento de la parte querellante, lo que no aconteció en el caso.(*)

C.N.Crim. Sala V (Correc.) -Filozof, Bonorino Peró, Gerome- (Correc. 7, sec. )

c. 32.811, ROMAY, Argentino A.

Rta: 12/4/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim. Sala V, c. 30.872, "Acuña, Carlos M.", rta: 30/11/94 y c. 32.685, "Kelly, Guillermo P.", rta: 21/9/94.

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PARTICIPACION. AUTORIA. DELITOS CULPOSOS: Teoría de la autoría conco-mitante o conjunta: coautoría. Admisibilidad.

            En los tipos culposos es dable consignar la existencia de la coautoría, según las circunstancias del caso, más no por la división de funciones, ya que ella es incompatible con esta clase de delito, caracterizado por la ausencia de voluntad criminal, sino que proviene de la situación denominada de la "autoría concomitante o conjunta" caracterizada por la ausencia del "plan sceleris". (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola, Donna, Tozzini- (Correc. 2, sec. 58)

c. 44.266, DAMNOTTI, Pedro H. y otro

Rta: 25/4/95.-

Se citó: (*) Fernández y Pastoriza, "Autoría y participación", págs. 108 y ss.

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PARTICIPACION. NECESARIA. ROBO: Funcionario policial que facilitó su unifor-me para la comisión de un robo.

            Debe calificarse como partícipe primario a quien, desempeñándose como agente de la Policía Federal, facilitó a otro individuo parte de su uniforme reglamentario y una citación policial apócrifa a nombre de la víctima, mediante lo cual este último junto con otros dos sujetos y mediante intimidación, intentaron sustraer bienes del domicilio de la víctima, pues de tal modo aquél prestó una cooperación sin la cual el hecho no hubiera podido cometerse.

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Barbarosch, Navarro- (Sent. "V", sec. 29)

c. 44.724, CHAVEZ, Jesús O.

Rta: 30/5/95.-

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PENA. REFORMATIO IN PEJUS: Cambio de calificación en 2da. instancia. Eleva-ción del "quantum". Ausencia del recurso fiscal. Improcedencia.

            La ausencia de recurso fiscal inhabilita, en el caso -en el que el procesado fue condenado en primera instancia por tentativa de extorsión- a recalificar la conducta del enjuiciado, ya que se vulneraría el principio de la "reformatio in pejus" si se eliminara el grado de conato impuesto en primera instancia, puesto que el monto mínimo previsto para la extorsión consumada supera ampliamente la sanción que a aquél se le impusiera, estando vedado al juzgador la imposición de una pena no legislada.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Filozof, González, Gerome (en disidencia parcial)- (Sent. "V", sec. 29)

c. 32.928, COSMEDI, Roberto J.

Rta: 16/5/95.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VI, c. 26.998, "Yurgel, Martín H.", rta: 29/6/95 y en contra, C.N.Crim., Sala I, c. 44.382, "León Garay, Pedro R.", rta: 8/6/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 99.

Disidencia parcial del Dr. Gerome: Es legítima la modificación por la Alzada de la figura legal seleccionada por el sentenciante de 1era. instancia aun cuando la pena impuesta devenga en ilegal por quedar por debajo del "quantum punitivo" mínimo establecido por el legislador, pues es deber del Juez circunscribir la conducta disvaliosa ejecutada por el encausado a la figura legal que es la correcta, no vulnerándose el principio de "reformatio in pejus", al no acrecentarse el "quantum punitivo". (*)

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 32.395, "Paladea, R. R.", rta. 2/6/94 y Sala III, c. 31.046, "Barbalarga, Ricardo", rta. 17/9/92.

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PENA. REFORMATIO IN PEJUS: Cambio de calificación. No alteración del "quantum". Procedencia.

            No afecta el principio de la "no reformatio in pejus", el hecho de que habiendo solo apelación por parte de la defensa, se modifique la calificación del hecho atribuido, pero sin modificar la sanción impuesta en primera instancia. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini, Rivarola, Donna (en disidencia parcial)- (Sent. "D", sec. 8)

c. 44.382, LEON GARAY, Pedro R. A.

Rta: 8/6/95.-

Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos 304:1270; 306:784; 310:2094.

Nota: Ver en contra, C.N.Crim., Sala V, c. 32.928, "Cosmedi, Roberto J.", rta: 16/5/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 98.

Disidencia parcial del Dr. Donna: Ninguna modificación en la calificación que agrave la situación del imputado, puede hacerse, cuando éste apela y aunque la cuestión no sea referente a la pena sino al injusto, eventualmente podría causarle más problemas si se tuviera que hacer una unificación de condenas.

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PRESCRIPCION DE LA ACCION. ACTOS INTERRUPTIVOS. Incidente de cali-ficación de conducta -ley 19.551, art. 243-. Interrupción de la prescripción.

            En virtud del art. 243 de la ley 19.551 el plazo de la prescripción de la acción penal no se suspende, sino que se interrumpe.(*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña- (Instr. 21, sec. 165)

c. 2.831, NAVARRO, Roberto H.

Rta: 17/4/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 17.052, "González Yebra, Eliodoro D.", rta: 8/5/92.

Nota: Ver en contra, C.N.Crim. Sala V, c. 1.867, "Kessler, Otto J. C.", rta: 21/9/94, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/94, pág. 111, apartado a).

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PRESCRIPCION DE LA ACCION. RECURSO DE APELACION: Declaración de oficio: alcance a los procesados no recurrentes.

            Habiendo sido elevada la causa por apelación de uno de los encausados, la falta de recurso habilitante por parte de otro, no veda asumir la jurisdicción de la Alzada en los supuestos en que, también respecto de él, debe declararse de oficio prescripta la acción penal. (*)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Filozof, Navarro, Gerome- (Sent. "W", sec. 31)

c. 33.214, TREJO, Roberto J.

Rta: 6/6/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 5.543, "Martínez, Ramón y otro", rta: 19/9/85; C.N.Crim., Sala IV, c. 4.846, "Policastro, M.", 31/12/64, J.P.B.A., 11-287 y 37-111; C.C.C., Fallos, 2da. serie, T. I, pág. 335.

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PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Fiscal de Cámara: dictamen. Procedencia de la interrupción.

            La requisitoria del fiscal de Cámara, interrumpe el plazo de la prescripción, pues tal pretensión no importa la contestación de una mera vista en trámites de rutina, sino que constituye un claro acto persecutorio en el sentido procesal que implica el concepto de secuela de juicio.

C.N.Crim Sala VII (Def.) -Bonorino Peró, Ouviña- (Sent. "K", sec. 40)

c. 20.195, RUIZ MORENO, Juan C. y otro

Rta: 12/5/95.-

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PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Ley 23.984. Declaración indagatoria: acto interruptivo.

            El llamado a prestar declaración indagatoria constituye el primer acto al que corresponde asignar entidad de secuela de juicio aun con la vigencia del nuevo ordenamiento procesal. Siendo a tal efecto improcedente la interpretación de que la declaración indagatoria es acto de defensa, pues significa confundir la responsabilidad de ejercer ese derecho de defensa, con un acto procesal ineludible y que traduce una voluntad inequívoca y fundada de vincular al sujeto al proceso con carácter de imputado. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Correc.) -González, Escobar, González Palazzo-(Correc. 7, sec. 57)

c. 2.993, GARCIA HUIDOBRO, José

Rta: 31/5/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 2.348, "Lagorio, José.", rta: 9/2/95.

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PREVENCION POLICIAL. JUEZ INSTRUCTOR: Constituido en comisaría. Admisibilidad. Retiro del sumario prevencional. Prohibición.

            La presencia del Juez instructor en la comisaría preventora no implica que se hubiere presentado a formar el sumario, sino simplemente que dió instrucciones para su mejor tramitación. Lo vedado es que el juez retire (o reciba) el sumario de la prevención, se avoque a su conocimiento y luego delegue sus funciones.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Navarro, Gerome- (Sent. "C", sec. 5)

c. 33.089, ORIBONI, Fabián A. y otros

Rta: 7/6/95.-

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PRISION PREVENTIVA. CADUCIDAD: Ley 24.390. Prórroga. Inapelabilidad.

            Resulta irrecurrible el auto que prorroga la prisión preventiva -art. 1, ley 24.390- pues es una facultad privativa del juez.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, González Palazzo- (Sent. "D", sec. 7)

c. 27.064, WOLF, Mario

Rta: 4/4/95.-

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PROCEDIMIENTO DE CONSULTA. ARCHIVO. VISTA FISCAL DE CAMARA: Procedencia. Fallo de Casación: "Avila, Blanca Noemí".

            La solución jurisprudencial brindada por el Tribunal de Casación en el fallo "Avila, Blanca Noemí" no impide que el Fiscal ante la Alzada emita opinión en cuestión que a criterio de la Sala es de su interés, pues sigue siendo el Ministerio Público el órgano encargado de promover la correspondiente acción.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña- (Instr. 10, sec. 130)

c. 3.000, ZAPATA, Silvio O.

Rta: 16/5/95.-

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PRUEBA. CAUCION: Eventual pérdida o deterioro del material a peritar. Improcedencia.

            La producción de una medida de prueba no puede verse supeditada al depósito de una caución fijada ante una eventual pérdida o deterioro del material a peritar, máxime cuando aquélla ya fue declarada procedente por un Tribunal Superior sin establecer ninguna condición previa.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Instr. 2, sec. 107)

c. 2.993, ROPINT, S.A.

Rta: 6/6/95.-

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I. PRUEBA. a) DECLARACION INDAGATORIA. LEY 2.372. INCULPACION A OTRO PROCESADO: Validez. Sólo como indicio. Regla de la sana crítica. b) CUER-PO DEL DELITO. HOMICIDIO: Ausencia de partida de defunción. Prioridad de la verdad real sobre el ritualismo. II. HOMICIDIO. a) ROBO. AGRAVADO. SEGUIDO DE MUERTE: Diferencia con el homicidio "criminis causae" interpretación de la nor-ma: criterio amplio y restrictivo. b) CALIFICADO. CRIMINIS CAUSAE: Configuración.

I. PRUEBA. a) DECLARACION INDAGATORIA. LEY 2.372. INCULPACION A OTRO PROCESADO: Validez. Sólo como indicio. Regla de la sana crítica. b) CUER-PO DEL DELITO. HOMICIDIO: Ausencia de partida de defunción. Prioridad de la verdad real sobre el ritualismo.

            a) Si bien ante la carencia de todo otro elemento probatorio, las inculpaciones de un coprocesado a otro carecen de significación probatoria, analizando lógicamente las disposiciones del código de procedimientos que en su art. 241 del C.P.M.P. obliga a preguntar en la indagatoria por cómplices, auxiliares y demás hechos y circunstancias conducentes a descubrir los antecedentes y causas del delito, con el obvio propósito de utilizar tales declaraciones para el debido esclarecimiento de los hechos (incs. 5° y 8°), y de la interpretación armónica de los arts. 314, 305 y 308 del mismo cuerpo, surge también que las respectivas indagatorias no pueden ser tenidas nunca por declaraciones testimoniales, pero sí como meras declaraciones con habilidad y fuerza probatoria según la regla de la sana crítica, por lo que constituyen un indicio que puede apoyar otros elementos probatorios para arrimar convicción, sin constituirse nunca en prueba sólida y concluyente.

            b) La circunstancia de no hallarse agregada la partida de defunción de la damnificada no impide tener por acreditado el presupuesto de incoación del art. 207 del C.P.M.P., ya que por más ritualista que sea nuestro código adjetivo, él no llega al extremo de dar prioridad al formalismo, vacío de contenido substancial, por sobre la verdad real cuya obtención se procura para hacer efectivo el derecho sustantivo, pues de otro modo se vulnera la exigencia del adecuado servicio de justicia que garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional. (*)

II. HOMICIDIO. a) ROBO. AGRAVADO. SEGUIDO DE MUERTE: Diferencia con el homicidio "criminis causae" interpretación de la norma: criterio amplio y restrictivo. b) CALIFICADO. CRIMINIS CAUSAE: Configuración.

            a) El art. 165 del C.P. debe aplicarse cuando el homicidio simple o preterintencional ocurra en ocasión del robo, produciéndose como un resultado previsible pero eventual, que no haya entrado en los planes del autor del robo, dejando la sanción del art. 80 del C.P. para aquellos delincuentes que con el mayor desprecio por la vida humana no trepidan en suprimirla para obtener el fin de lucro que se propusieron, ya que el criterio restrictivo -por el cual el art. 165 del C.P. comprende solamente al homicidio accidental en el robo (proyecto de 1891)-, no interpreta correctamente la ley, toda vez que la pena aumentada por el código actual con referencia al proyecto de 1891 ha modificado fundamentalmente la figura de ese proyecto; y el criterio máximo -por el cual el art. 165 del C.P. comprendería todos los casos, aun los reflexivamente preparados, en que con motivo del robo se produjera la muerte de una persona-, tiene el defecto de dejar sin función al art. 80, inc. 7°, C.P., que comprende precisamente a aquellos casos en que el homicidio es preordenado al robo y fue utilizado como medio de lucro.

            b) Cometen homicidio en ocasión del robo los procesados que, habiendo ingresado al domicilio de la víctima con fines de robo la sujetaron por el cuello, comprimiéndoselo, tapándole asimismo la nariz y la boca además de atarla de pies y manos para inmovilizarla ante la resistencia que oponía, manteniéndose en aquella acción hasta ocasionarle la muerte.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Escobar, González Palazzo- (Sent. "LL", sec. 42)

c. 26.859, MINGORANCE, Claudio G.

Rta: 24/4/95.-

Se citó: (*) C.S.J.N., c. "IMAI S.A.", rta: 22/9/88.

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I. PRUEBA. a) INVESTIGACION PRIVADA: Invalidez: damnificada que toma a su cargo la actividad investigativa. b) ESCRIBANO: Fedatario de interrogatorio privado. Actas elaboradas: no constitución de instrumentos públicos. Invalidez. II. DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Administrador. Mero manejo de fondos para negocios determinados. Atipicidad.

I. PRUEBA. a) INVESTIGACION PRIVADA: Invalidez: damnificada que toma a su cargo la actividad investigativa. b) ESCRIBANO: Fedatario de interrogatorio privado. Actas elaboradas: no constitución de instrumentos públicos. Invalidez.

            a) Las pruebas colectadas por la damnificada, que en lugar de dar la "notitia criminis", decidió realizar una especie de antejuicio, asumiendo, con otros directivos de la empresa damnificada, el rol de un seudo órgano judicial, efectuando incluso, un interrogatorio al presunto imputado, resultan pruebas prohibidas a la luz de nuestro ordenamiento procesal, y no pueden ser valoradas en contra del imputado, ello es así toda vez que no puede transferirse la actividad del órgano jurisdiccional que pretende averiguar la verdad real, a través de una tarea heurística, a la mera iniciativa privada, con potestades que no le son inherentes, ni le corresponden. Esto no importa desconocer el derecho de los damnificados a realizar una investigación privada en relación a los hechos que los agraviaron, más no se puede renunciar a limitar esta posibilidad, a la no violación de principios de raigambre constitucional, o la normativa vigente.

            b) Ni las leyes de procedimiento, ni las que regulan la actividad notarial, facultan al escribano público para interrogar a los sospechosos de un delito, o dar fe de interrogatorios realizados por terceros, resultando por consiguiente, que las actas así efectuadas no constituyen instrumentos públicos, a pesar de que intenten ser disfrazadas como simples actas de constatación.

II. DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA. Administrador. Me-ro manejo de fondos para negocios determinados. Atipicidad.

            A los fines de la configuración del delito de defraudación por administración fraudulenta, no reviste la calidad de administrador de la empresa, quien tiene el manejo de los fondos para negocios determinados. Por otra parte, la denominada estafa, consiste en la dación de un automóvil en resarcimiento de una deuda, ocultando la falta de pago de patentes del vehículo, resultando en el caso "sub-examine" la atipicidad de la conducta de imputado toda vez que no recibió nada de la querellante en pago del vehículo. (Del Voto del Dr. Navarro)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Barbarosch, Valdovinos, Navarro- (Sent. "K", sec. 40)

c. 44.489, MARTINEZ, Christian E.

Rta: 26/5/95.-

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PRUEBA. PERICIAL: Ley 23.984. Inconstitucionalidad, arts. 254 y 259 del C.P.P. Improcedencia de su declaración. a) Derecho al trabajo. b) Debido proceso. c) Igualdad ante la ley.

            a) La exigencia del art. 254 del C.P.P. que impone para actuar la inscripción previa del perito ante el órgano judicial competente, si perteneciere a profesión reglamentada, extendida a los expertos que propongan las partes por imperio del art. 259, C.P.P., no es inconstitucional, pues no colisiona con el derecho de trabajar consagrado por el art. 14, la garantía de defensa en juicio prevista por el art. 18 ni la igualdad ante la ley que proclama el art. 16 de la C.N.

            b) La admisión previa del perito por un órgano jurisdiccional que valore su específica idoneidad para actuar en juicio, no lesiona la garantía de defensa que consagra la ley suprema, pues el debido proceso que asegura el art. 18 importa la sujeción a normas reguladoras que den adecuado cauce a la acusación, defensa, prueba y sentencia que habrán de integrarlo, y en ese marco legal el código de procedimientos permite a las partes ser asistidas por un experto distinto del designado por el juez (art. 259, C.P.P.), cuyo compromiso impuesto por el art. 257 habría de velar por un desempeño imparcial distinto del interés particular del legitimado sujeto procesal que lo propusiere.

            c) No afecta el principio de igualdad ante la ley la normativa aludida, pues desde antiguo tiene dicho la Corte Suprema que dicha garantía importa el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. Es evidente que los peritos que se someten a los requisitos exigidos por la puntual normativa procesal, están en idénticas condiciones para desempeñar el cargo que las partes, también desde un mismo plano de igualdad procesal, quisieron conferirle en cada examen concreto.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña- (Instr. 19, sec. 159)

c. 2.672, IRIBARREN, Juan J.

Rta: 17/4/95.-

Nota: Ver en igual sentido, con respecto al apartado b), C.N.Crim., Sala V, c. 1.297, "Banco de Boston s/denuncia", rta: 4/4/94, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/94, pág. 70.

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PRUEBA. PERICIAL: Ley 2.372. Pericia caligráfica. Unilateral. Unico elemento incri-minatorio. Valoración. Absolución por duda.

            No invalida necesariamente una pericia, la circunstancia de que sólo un idóneo sea el que la realice, aunque le pueda restar eficacia sólo sustituible por vía indiciaria -arts. 357 y 358, C.P.M.P.-, pero tratándose la pericia caligráfica de una ciencia que, pese a su aceptada viabilidad, resulta ser siempre opinable, puede ser peligrosa su aceptación, ante una cerrada negativa del procesado y a la ausencia de otras probanzas, como único elemento incriminatorio para fundar una condena, en un proceso que se rige por el principio de pruebas legales, por lo que corresponde la absolución a la luz de lo preceptuado por el art. 13 del C.P.

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Sent. "A", sec. 2)

c. 20.704, ZURITA, Edith B.

Rta: 12/4/95.-

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PRUEBA. RECONOCIMIENTO FOTOGRAFICO. DECLARACION TESTIMONIAL: Ley 2.372. Ausencia de requisitos procesales para los reconocimientos judiciales. Ausencia de justificación para la medida. Nulidad.

            Deviene nulo el reconocimiento fotográfico efectuado por un testigo, sin los requisitos que se exigen para un reconocimiento judicial, previa notificación y control de las partes, ello es así en razón de no haber existido ningún motivo de urgencia que llevara al reconocimiento por medio de fotos -perfectamente legal, cuando no se puede realizar con personas- ni constancia alguna en autos de que haya habido impedimento para ello.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Tozzini- (Juzg. de Menores. 1, sec. 1)

c. 44.333, BUSTOS, José R. y otros

Rta: 25/4/95.-

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PRUEBA. TESTIMONIAL. AUDIENCIAS: Ley 2.372. Facultad de participación de las partes.

            Cualquiera de las partes constituidas como tales tiene derecho a participar en las testimoniales a celebrarse en los cuadernos formados por la otra, con independencia de haber ofrecido o no al testigo de que se trate, ello sin perjuicio de la facultad del Juez de examinar la procedencia de las repreguntas que pudieran formularse en el transcurso de la audiencia.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, González Palazzo- (Sent. "V", sec. 29)

c. 27.061, STATUTO, Horacio

Rta: 7/6/95.-

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I. PRUEBA. TESTIMONIAL. LEY 2.372. SEDE POLICIAL: Ausencia de ratifica-ción en sede judicial. Validez. II. ROBO. AGRAVADO. ESCALAMIENTO: Para salir del inmueble: procedencia y concurrencia de agravantes.

I. PRUEBA. TESTIMONIAL. LEY 2.372. SEDE POLICIAL: Ausencia de ratifica-ción en sede judicial. Validez.

            La falta de ratificación en sede judicial de los testimonios cuestionados no produce su exclusión de la condición de prueba idónea, máxime si no puede tachárselos de imparciales o carentes de objetividad, por no surgir de la causa que los testigos se manifiesten movidos por algún tipo de interés, afecto u odio.

II. ROBO. AGRAVADO. ESCALAMIENTO. Para salir del inmueble: procedencia y concurrencia de agravantes.

            Corresponde la aplicación de la calificante "escalamiento", aunque no se haya acreditado que ese fue el medio para acceder al inmueble, sí quedó demostrado que fue la forma de salir de él, lo cual también implica dicha agravante, que puede concurrir con la del art. 167, inc. 2° del C.P.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -González Palazzo, Gerome, Filozof (en disidencia parcial)- (Sent. "Z", sec. 45)

c. 32.859, MESA, Carlos W.

Rta: 31/5/95.-

Disidencia parcial del Dr. Filozof con respecto al punto II: En lo que se refiere a la calificación no puede ser doblemente agravada, y debe ser robo en poblado y en banda.

Nota: Ver en igual sentido con respecto al punto I, C.N.Crim., Sala I, c. 43.939, "Moreno, Mariano E.", rta: 27/12/94, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/94, pág. 177.

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QUEBRANTAMIENTO DE INHABILITACION. ATIPICIDAD: Sanción impues-ta por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados. Control judicial pos-terior. Persistencia del carácter administrativo de la sanción.

            El posterior control que realizara la Excma. Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo sobre la sanción de inhabilitación impuesta a un abogado por el Tribunal de disciplina del Colegio Público de Abogados, no transforma "per se" a aquélla en la judicialmente impuesta, que exige el art. 281 bis del C.P. pues su función es constatar la legitimidad de la sanción y verificar que durante el procedimiento no se haya vulnerado el derecho de defensa en juicio, por lo que el hecho de haber sido quebrantado el cumplimiento de tal sanción, no configura el delito previsto y reprimido por dicha norma legal.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Gerome, Filozof, Bonorino Peró- (Sent. "K", sec. 40)

c. 32.961, LUCERO FUNES, Guillermo R.

Rta: 16/6/95.-

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REAPERTURA DEL SUMARIO. DAMNIFICADO: Proposición de medidas probatorias. Sujeto no constituido como parte. Valoración por el Juez.

            La reapertura del sumario a pedido del damnificado resulta plenamente válida, toda vez que la posibilidad de proponer medidas probatorias eficaces para la dilucidación del "thema decidendum" no es facultad exclusiva de las partes legalmente constituidas, pues es el juez de la causa quien en definitiva valora la pertinencia de su realización.

C.N.Crim. Sala I (Int.) - Rivarola, Donna- (Correc. 4, sec. 66)

c. 44.327, ROMERO, Andrés J.

Rta: 28/4/95.-

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RECURSO DE APELACION. SUSPENSION DEL TRAMITE: Audiencia de debate. Improcedencia del recurso.

            Fijada la fecha de la audiencia de debate, no es materia del recurso de apelación a la Alzada, la decisión del juez de grado de suspender el trámite de la cau-sa. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Correc. 1, sec. 51)

c. 3.199, MAGDALENA, Pastor O.

Rta: 12/6/95.-

Se citó: (*) Cám. Nac. Casación Penal, Sala III, c. 20, "Silleta, Alfredo", rta: 8/9/93, Boletín de Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal, N° 4/93, pág. 70.

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RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. LEY 23.984. SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA: Denegación. Improcedencia.

            Es improcedente el recurso de inconstitucionalidad contra el auto que deniega la suspensión del juicio a prueba, pues el instituto no es asimilable a ninguna de las hipótesis del art. 474 del C.P.P.

C.N.Crim. Sala VII (Correc.) -Bonorino Peró, Ouviña- (Correc. 3, sec. 62)

c. 2.616, ESCUDERO, Ramón

Rta: 4/5/95.-

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RECURSO DE QUEJA. IMPUTADO: Notificación de la resolución que lo agravia. Ausencia. Habilitación del término para apelar.

            Es procedente el recurso de queja interpuesto por el imputado, pues no puede considerarse extemporáneo el recurso de apelación que éste ha deducido, si no ha sido notificado de la resolución que lo agravia, y habiéndose enterado por su propia iniciativa, debe considerarse que recurrió la misma en los plazos legales.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Correc. 2, sec. 59)

c. 3.035, HAIMOVICI, Hugo R.

Rta: 31/5/95.-

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RECUSACION. PREJUZGAMIENTO. Recusante llamada a declaración indagatoria. Cuestión de competencia pendiente: inexistencia de la causal.

            La decisión de la magistrada de llamar a prestar declaración indagatoria a la recusante, mientras se sustancia la cuestión de competencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en manera alguna importa prejuzgamiento, dado que se trata de un acto propio de sus funciones.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Navarro, Gerome- (Instr. 1, sec. 105)

c. 2.760, VILA, Nora A.

Rta: 19/4/95.-

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ROBO. AGRAVADO. AUTOMOTOR. CONCURSO: Vehículos de distintos dueños. Pluralidad de hechos: improcedencia. Unidad de acción.

            El robo de dos vehículos pertenecientes a distintos dueños, efectuado por dos individuos armados en un estacionamiento, es un solo hecho, pues la actividad plural de la misma especie constituye una unidad de acción basada en una resolución volitiva unitaria.

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Sent. "D", sec. 8)

c. 44.609, OJEDA, Alberto O. y otro

Rta: 16/5/95.-

ROBO. AGRAVADO. AUTOMOTOR: Constitucionalidad del art. 38 del dec. ley 6582/58. Principio de igualdad.

            a) El art. 38 del dec. ley 6582/58 cumple con todas las exigencias formales que nuestra Carta Magna impone en sus arts. 18 y 67, inc. 11°, debiendo entenderse un remedio excepcional la declaración de inconstitucionalidad de una norma por constituir una circunstancia que gravita de manera fundamental en nuestro sistema jurídico, cuya seguridad el juez debe salvaguardar aun en detrimento de su propia convicción.

            b) No se advierte qué norma expresa de aquélla hubieran violado los miembros del Congreso al establecer el aumento de penalidades para los delitos de hurto y robo, cuando versan sobre automotores y, resultando que las sanciones reguladas por el Congreso son decisiones ejercidas dentro del ámbito del Poder Legislativo, la inconstitucionalidad planteada es improcedente. Ello es así, pues la cuantía de pena prevista por la ley para un delito, difícilmente pueda tener respaldo en la Constitución Nacional, ante la ausencia de normas expresas que señalen topes invalidantes de cualquier exceso legislativo.

            c) El agravamiento de la escala penal por el objeto previsto en la norma en cuestión no resulta violatorio del principio de igualdad establecido en el art. 16 de la C.N., ya que determinar el "quantum" sancionatorio para cada conducta considerada delito se tienen en cuenta diversidad de factores. La comparación de la escala penal mencionada con aquéllas que constituyen ataques a la vida o integridad de las personas -que deben realizarse teniendo en cuenta los mínimos y los máximos establecidos-, no transgrede el principio de mención en su sentido constitucional. (*)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -González Palazzo, Gerome, Filozof- (Sent. "K", sec. 40)

c. 32.812, CARRIZO, Ricardo y otros

Rta: 29/5/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 26.622, "Sequeira, Angel", rta: 13/9/94; Sala VII, c. 8.250, "Baracat, Ezequiel", rta: 23/6/87; Sala I, c. 35.633, "Byrne y Morete, Juan C.", rta: 21/9/89.

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I. SANCION DISCIPLINARIA. ABOGADO: Facultad del Juez. II. RECURSO DE APELACION. FACULTADES DISCIPLINARIAS: Resolución que dispone la inter-vención del Colegio Público de Abogados. Ausencia de gravamen.

I. SANCION DISCIPLINARIA. ABOGADO: Facultad del Juez.

            Es innegable la facultad disciplinaria que le confiere a la judicante el art. 18 del dec. ley 1285/58, ratificado por ley 14.467 y modificado por ley 24.289, para juzgar la conducta de las partes y de sus abogados respecto a su actuación durante la sustanciación del proceso puesto a su conocimiento.

II. RECURSO DE APELACION. FACULTADES DISCIPLINARIAS: Resolución que dispone la intervención del Colegio Público de Abogados. Ausencia de gravamen.

            La resolución que dispuso la intervención del Colegio Público de Abogados, para el juzgamiento de la conducta del abogado defensor, no causa gravamen alguno al querellante que solicitó que el Juez le imponga una sanción disciplinaria, toda vez que en el seno del Tribunal de Disciplina de aquel Colegio, se debatirá la cuestión traída a estudio, por lo que debe declararse mal concedido el recurso.

C.N.Crim. Sala V (Def.)- Gerome, Filozof, Bonorino Peró- (Sent. "V", sec. 29)

c. 33.093, BULLEJOS, Roberto M.

Rta: 19/4/95.-

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SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. a) CONDENACION CONDICIONAL: Distinción. Inaplicabilidad. b) REQUISITO. PENA MAXIMA: Inferior a 3 años. c) PRINCIPIO DE IGUALDAD: No afectación. d) NATURALEZA DEL INSTITUTO: Extinción de la acción penal.

            a) Cabe diferenciar el sistema de la ley 24.316, de la institución de la condena condicional, sin que corresponda parificarlos, pues en el primero, cuando es exitoso, se extingue la acción penal (arts. 4 y 76 bis, C.P.), mientras que por el art. 26, C.P. no sucede lo mismo, pues queda pasada en autoridad de cosa juzgada una condena penal con su necesaria declaración de culpabilidad, y a partir de ello, obviamente, con consecuencias muy distintas que se derivan de uno y otro caso. Tal diferencia impide aplicar la institución de la ley 24.316 a cualquier delito, como también lo impide el límite que resulta del texto expreso del art. 1 de tal disposición, cuyo contenido no puede verse alterado como resultado de una interpretación extensiva del cuarto apartado del artículo citado, pues tal amplitud no armoniza con el sentido general de la ley, ni con la voluntad del legislador evidenciada en los debates parlamentarios.

            b) La suspensión del juicio a prueba corresponde cuando se imputan uno o más delitos cuyo máximo de pena no supera los tres años de prisión (art. 3, 1er. párrafo de la ley 24.316); tanto es así que, en su art. 4, 4to. párrafo, la citada disposición menciona, como causa para dejar sin efecto la suspensión del juicio a prueba ya dispuesta, el que se conocieran circunstancias que modifiquen el máximo de la pena aplicable.

            c) No se vulnera el principio de igualdad, dentro del ámbito de aplicación de la ley 24.316, pues él supone un tratamiento igualitario dispensado a quienes se encuentran en igual situación, lo cual no sucede cuando se compara la entidad de un delito sancionado con pena máxima de tres años de prisión o de reclusión, con la de otro sancionado con penas más elevadas, distingo que inclusive encuentra su correlato en el trámite que a unos y a otros se les otorga en la ley procesal penal.

            d) La suspensión del juicio a prueba es la introducción de una tercera vía de reacción, junto con la pena y la medida de seguridad (*). Se está ante una forma distinta de aplicación de la pena privativa de libertad y, sin duda, de otra forma de medición de la pena que, tiene además claros fines de política criminal, como son el buscar la resocialización de aquellas personas que hayan infringido la norma por primera vez, por lo que, si se cumple con las condiciones fijadas, se extinguirá para ello la acción penal (art. 7 de la ley 24.316) sin perjuicio de los problemas que se susciten en orden a sanciones contravencionales, disciplinarias o administrativas. (Del voto en disidencia del Dr. Donna)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna (en disidencia)- (Sent. "A", sec. 2)

c. 44.335, CARCIONE, Norberto R.

Rta: 26/5/95.-

Se citó: (*) Maurach-Zipf, AT, par. 65, II, Dreher, Strafgesetzbuch, 37 edición, par. vor. 56, Schönke-Schröder-Lenkner, Strafgesetzbuch, Kommentar, par. 56, 3). Olazábal, Julio de , "La suspensión del proceso a prueba", Astrea 1994, pág. 108.

Nota: Ver en igual sentido, respecto del apartado b), C.N.Crim., Sala I, c. 2.513, "Ramallo Mariño", rta: 7/2/95; Sala V, c. 33.301, "Oieta, José L.", rta: 28/6/95; Sala VI, c. 27.058, "Arias, Gladys L.", rta: 16/5/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 116.

Disidencia del Dr. Donna con respecto al apartado b) y c): El instituto de la ley 24.316 se trata de una forma modificada de aplicación de la pena privativa de libertad, y no hay motivo alguno para interpretar la ley de manera restringida, esto es, sólo para delitos cuya escala penal no exceda de tres años, más aun, cuando la ley da pie para ello. Por el contrario, deberá estarse a la pena que puede llegar a imponerse en concreto, esto es, que pueda ser de ejecución condicional (art. 26, C.P.). Sería de dudosa constitucionalidad que la institución se redujera a un problema de tipos penales, y no a montos de penas, ya que con ello se estaría violando el principio del art. 16 de la C.N. sobre la igualdad constitucional que obliga a una igualdad de tratamiento para igualdad de circunstancias, en virtud de lo cual, por ej. seis meses de prisión es igual para la persona, y para la sociedad, se trate de un hurto o una estafa por lo que no se entiende un dispar tratamiento.

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SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. FISCAL DE 1ra. INSTANCIA: Omi-sión. Nulidad. Imposibilidad de subsanación por medio del dictamen del Fiscal de Cámara.

            La circunstancia de no haber sido oído el Ministerio Público en la instancia inferior, como lo requiere el art. 76 bis del C.P., no puede ser subsanado con el dictamen del Fiscal de Cámara, por lo que debe dictarse la nulidad de lo actuado en consecuencia.

C.N.Crim. Sala VII (Correc.) -Bonorino Peró, Ouviña- (Correc. 5, sec. 75)

c. 20.538, YUNES, Adriana H.

Rta: 25/4/95.-

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SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. FISCAL: Requerimiento: sanción infe-rior a los tres años de prisión. Escala penal superior. Improcedencia del instituto.

            Corresponde rechazar el pedido de suspensión del juicio a prueba, toda vez que, si bien el "quantum" de la sanción requerida por el Fiscal es inferior a los tres años, la escala penal atribuida a los delitos que se le endilgan al procesado superan aquel tope (art. 76 bis, 1er. párrafo del C.P., "a contrario sensu").

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Sent. "W", sec. 31)

c. 44.788, DE CICCO, Héctor D.

Rta: 6/6/95.-

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SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. OPOSICION FISCAL: Opinión infunda-da o errónea. Irrelevancia. Tribunal de Alzada: admisión del instituto.

            No existiendo institución o figura penal o procesal que dependa exclusivamente de la voluntad del Fiscal como representante del Estado, la opinión infundada o errónea del Fiscal en contra de la decisión fundada del juez, admitiendo la suspensión del juicio a prueba, habilita al Tribunal de Alzada a establecer la forma de cumplimiento de la pena alternativa que importa la imposición de la "probation".

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, González Palazzo- (Correc. 3, sec. 60)

c. 27.102, ORTIZ, Jorge H.

Rta: 13/6/95.-

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SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. PENA. MONTO MAXIMO: Requisitos: condicionalidad. Escala penal: irrelevancia de la condena que se imponga.

            El requisito de condicionalidad de la sanción a aplicarse, condición necesaria en todos los supuestos, debe conjugarse con la escala penal establecida por el Código Penal para el delito de que se trata, sin perjuicio de la pena que en definitiva pudiera corresponder al encausado, de ser condenado, circunstancia ésta no contemplada en la norma cuya aplicación se pretende, por lo que la penalidad que tiene establecida el hecho, que, en su máximo, excede los tres años de prisión, veda la concesión del beneficio.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, González Palazzo- (Sent. "Q", sec. 19)

c. 27.058, ARIAS, Gladys L.

Rta: 16/5/95.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala I, c. 44.335, "Carcione, Norberto R.", rta: 26/5/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 113, apartado b).

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UNIFICACION DE CONDENAS. REINCIDENCIA: Inexistencia de cosa juzgada. Posibilidad de revocación.

            El art. 58 del C.P. prevé dos supuestos, el primero es la unificación de condenas, y el segundo, la unificación de penas, en el primer caso no hay cosa juzgada material de las diversas condenas, habida cuenta de la existencia del concurso real de hechos, que, de haberse juzgado todos en la misma sentencia, hubiera dado como resultado una condena distinta, por lo que, tratándose de tal unificación, no hay duda que se pueden analizar nuevamente las valoraciones que tuvo en cuenta cada uno de los jueces, motivo por el cual, si la reincidencia era totalmente improcedente, se ajusta a derecho revocar ese punto, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 50 del C.P. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Tozzini- (Sent. "LL", sec. 41)

c. 44.363, GRAMAGLIA, Alcides E.

Rta: 5/5/95.-

Se citó: (*) Zaffaroni, Eugenio, "Tratado de Derecho Penal", Parte General, T. V, pág. 407.

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USURPACION. ADMINISTRADOR DE EDIFICIO: Remoción de una construcción levantada en espacio común. Atipicidad.

            Deviene atípica la conducta de la imputada que en calidad de administradora del edificio, procede a la remoción de la precaria construcción levantada por la querellante en un espacio común (terraza) pues no existió tenencia legítima, posesión o derecho real por parte de esta última que dé sustento a esta figura.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Instr. 31, sec. 115)

c. 2.920, BARBARA, Roxana

Rta: 30/5/95.-

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VISTA DE ACTUACIONES. ABOGADO: Defensor. Aceptación del cargo. Acceso al expediente posterior a la indagatoria. Arts. 106 y 204 del C.P.P. No contradicción.

            No causa gravamen al imputado ni a su defensor la decisión del juez de permitirles examinar las piezas del sumario, recién luego de la indagatoria, ni colisiona dicha disposición, fundada en el art. 204 del C.P.P., con la norma prevista en el art. 106 del mismo cuerpo, toda vez que esta última se dirige a consagrar la garantía de defensa en juicio impidiendo que el abogado pueda considerar afectado el servicio que debe emprender, si es que en el caso en que va a intervenir observara algún impedimento de conciencia que lo obstaculizara para cumplir bien y fielmente el cargo conferido. (*)

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Gerome, Navarro (según su voto)- (Instr. 23, sec. 158)

c. 2.405, D’AGOSTINO, César A.

Rta: 25/4/95.-

Se citó: (*) D'Albora, Francisco J., "Código Procesal Penal de la Nación", pág. 207; Darritchon, Luis, "Opúsculo", T. II, pág. 98 y Clariá Olmedo, Jorge A., "Derecho Procesal Penal", T. II, pág. 591.

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VISTA DE ACTUACIONES. PERIODISTA: a) COMPULSA DE EXPEDIENTE: Archivado. Caducidad del secreto. b) ACTOS DE GOBIERNO: Publicidad.

            a) Si bien en principio el sumario es secreto, el tiempo transcurrido y la falta de procesamiento de persona alguna habilita que se interprete que la resolución que sobresee provisionalmente haya adquirido alcance o carácter definitivo o equiparable, al no advertirse interés público en continuar con el secreto instaurado por la ley, pudiendo equipararse así, a las resoluciones aludidas en los arts. 63, inc. c) y 103 de los reglamentos para la Justicia Nacional y para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional.

            b) La publicidad de los actos de gobierno representa más que una pretensión a la información, uno de los elementos constitutivos o configurantes del sistema establecido por nuestra Constitución Nacional, determinando la ley los casos y oportunidades en que aquél deber del Estado será limitado o suspendido, pero jamás impedido.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, González Palazzo- (Instr. 4, sec. 111)

c. 25.471, GOLDEMBERG ELENTER, S.

Rta: 16/5/95.-

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ACTA DE DETENCION. NULIDAD. TESTIGOS: Ausencia de uno de los requeridos por el art. 138, C.P.P. Falta de constancia del motivo.

            Es nula el acta de detención en la cual no se dejó constancia del motivo por el cual los funcionarios policiales prescindieron de la asistencia de uno de los testigos requeridos por el art. 138, C.P.P.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Juzg. de Menores 4, sec. 10)

c. 3.123, SORACCO, Gabriel

Rta: 4/7/95.-

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ACTA DE SECUESTRO. NULIDAD. TESTIGOS: Ausencia al momento de incautación del "corpus instrumentorum". Improcedencia de la sanción.

            El hecho de que los testigos del acta de secuestro no estuvieran presentes en el momento en que se incautó el elemento supuestamente utilizado para forzar la cerradura, no obsta a su validez, toda vez que lo plasmado en dicho instrumento encuentra corroboración con los restantes elementos de juicio arrimados a la causa.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, González Palazzo- (Juzg. de Menores 2, sec. 4)

c. 3.503, SOSA, Cristian F.

Rta: 28/9/95.-

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AUTOMOTORES. ADULTERACION DE NUMERACION: Grabado en el chasis: empresa fabricante. Atipicidad.

            Resulta atípica la modificación del número de chasis grabado por la empresa fabricante del automotor, pues el art. 33 del dec. ley 6582/58, pena la alteración de numeración individualizante del automotor estampado por orden del Registro Nacional del Automotor.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Ouviña, Piombo- (Instr. 38, sec. 132)

c. 3.281, ZAPPIA, Ricardo F.

Rta: 16/8/95.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 2.015, "Porta, Alfredo N.", rta: 29/9/94, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/94, pág. 82.

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CALUMNIAS E INJURIAS. PERSONAS JURIDICAS: Colectivas: ausencia de legitimación activa y pasiva.

            Las personas jurídicas colectivas no pueden, por sí mismas -abstrac-ción hecha de los componentes que las forman-, ser sujeto pasivo de injurias, cuya objetividad se concreta solamente en el honor de la persona humana, y no en la de una ficción de la ley. Por otra parte debe observarse que, al no poder ser castigadas bajo ninguna de las formas de la participación criminal previstas en el art. 45 del C.P. respecto de delitos comunes, tampoco pueden ser ofendidas por una imputación reputada como calumniosa, ya que tan solo las personas, por propia definición, son capaces de ejecutar las acciones o incurrir en las omisiones que legítimamente puedan entrar en el ámbito del derecho penal.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, González Palazzo- (Correc. 6, sec. 101)

c. 3.294, EURNEKIAN, Eduardo

Rta: 7/9/95.-

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CLAUSURA DE LA INSTRUCCION. RECURSO DE APELACION. MEDIDAS PROBATORIAS: Declaración indagatoria. Denegación del Juez. Procedencia del recurso.

            Si bien el Código Procesal Penal no posee una norma específica como la prevista en el art. 429 C.P.M.P. a través de la cual se faculta al Ministerio Público a recurrir el cierre del sumario ante la negativa por parte del magistrado a tomar declaración indagatoria a otros sujetos presuntamente involucrados en la causa, el art. 346 del C.P.P., resulta ser la oportunidad propicia para tal fin, ya que en tal instancia es posible obtener un panorama global del proceso.

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Correc. 11, sec. 71)

c. 3.031, MASCULIATE, José

Rta: 4/7/95.-

Nota: Ver en contra, C.N.Crim., Sala VII, c. 3.372, "D'Amato, Enrique", rta: 24/8/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/95, pág. 156.

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COMPETENCIA. FEDERAL. VIOLACION DE CORRESPONDENCIA: Correo público.

            La competencia atribuida por el art. 33, inc. 1°, c) del C.P.P. a la Justicia Federal, abarca sólo los delitos dirigidos a violentar o estorbar la correspondencia, cuando obstruyan el normal funcionamiento de una institución oficial, característica que sólo reúne el correo público. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Instr. 6, sec. 118)

c. 3.553, ROJAS, Rubén A.

Rta: 18/8/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 37.904, "D.D.A.", rta: 21/2/91, E.D., 142-669, f. 43.512.

Nota: Ver en contra, C.N.Crim., Sala VI, c. 2.936, "Lafranchi, César", rta: 4/5/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 68.

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COMPETENCIA. MENORES: Menor víctima. Delito cometido por un mayor: disposición tutelar. Juez de Menores.

            Por aplicación del art. 29, inc. 3° del C.P.P. corresponde conocer al Juez de Menores, en los casos que, la víctima es un menor de edad que resulta golpeado por el padre, respecto de quien el Juez de grado dispuso tutelarmente. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Juzg. de Menores 7, sec. 21)

c. 3.496, RODRIGUEZ, Pastor N.

Rta: 5/9/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 2.561, "Limberti, Silvia", rta: 9/2/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 7.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VI, c.1.242, "Amarilla Avalos, A.", rta: 4/2/94, publicada en Entrega Especial N° 7, pág. 8.

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CONCURSO DE AGRAVANTES. ROBO AGRAVADO:, en poblado y en banda. Procedencia.

            La comisión del delito de robo en poblado y en banda y con armas, hace procedente la aplicación de la doble agravante. (*)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -González, Gerome, Filozof (en disidencia parcial)- (Sent. "D", sec. 8)

c. 32.902, SALTO, Carlos A. y otro

Rta: 21/9/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 25.770, "Belisone, R.", rta: 17/12/93.

Nota: Ver en contra, C.N.Crim., Sala VI, c. 26.188, "P., S.P.", rta: 8/11/94, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/94, pág. 135.

Disidencia parcial del Dr. Filozof: La concurrencia de tipos agravados y oriundos de un tipo básico encuentra solución en la relación de especialidad, por lo que los encausados deben responder por el delito previsto en el art. 166, inc. 2° del C.P. (**)

Se citó: (**) C.N.Crim., Sala VII, c. 10.406, "Favareto, Juan S.", rta: 24/7/89 y Jiménez de Asúa, Luis, "Tratado de Derecho Penal", T. II, págs. 589 y ss., con cita de Gavier, Ernesto R.

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CONCURSO DE DELITOS. IDEAL. USO DE DOCUMENTO PRIVADO FALSO. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: CHEQUE: Endoso. Falsificación: desvío de otra cuenta a la propia.

            Debe calificarse como administración fraudulenta en concurso ideal con uso de documento privado falso, la conducta de quien, mediante el endoso falsificado de un cheque, librado a favor de otro, de quien él era apoderado, lo depositó a favor suyo en su cuenta bancaria.

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Piombo, Ouviña, Bonorino Peró- (Sent. "K", sec. 40)

c. 20.843, ESTELLA, Ricardo E.

Rta: 11/8/95.-

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CONCURSO DE DELITOS. REAL: Rapto. Abuso deshonesto. IDEAL: Lesiones. Tentativa de violación. Chofer que retuvo a la víctima mediante engaño.

            La conducta de un chofer de colectivo que retuvo a la víctima (pasajera) en el vehículo, haciéndole creer que le avisaría el lugar en que debía descender, esperando en cambio, quedar con ella a solas, para desviarse hacia un descampado, con el fin de someterla sexualmente, logrando solamente infligir roces y tocamientos en sus partes pudendas ya que aquella opuso resistencia forcejeando -por lo que además resultó lesionada-, configuró el delito de rapto, en concurso material con abuso deshonesto, e ideal con el delito de lesiones leves, pues la privación de la libertad típica (como lo exige la doctrina) superó temporalmente, el lapso que al autor le insumió cumplir con sus planes deshonestos, haciendo total abstracción de que haya logrado o no concretar sus miras. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini, Donna (en disidencia), Rivarola- (Sent. "A", sec. 2)

c. 44.468, JARA, José L.

Rta: 12/9/95.-

Se citó: (*) Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", T. III, pág. 407; Núñez, Ricardo, "Derecho Penal Argentino", T. IV, pág. 323; y Creus, Carlos, "Derecho Penal", Parte Especial, T. I, pág. 252.

Disidencia del Dr. Donna: La falta de recurso fiscal impide modificar la calificación de la conducta analizada, que debe encuadrarse en la de rapto en concurso real con tentativa de violación, que por la violencia que requiere el tipo, lleva a que las lesiones concurran idealmente.

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COSTAS. ALZADA: Desistimiento fiscal. Imposición al condenado.

            Corresponde la imposición de costas en la alzada al enjuiciado, cuando es el Fiscal de Cámara el que desistió del recurso interpuesto por su inferior jerárquico.

C.N.Crim. Sala V (Def.) - Gerome, González (en disidencia), Filozof- (Sent. "Q", sec. 19)

c. 33.367, PRESAS FARIAS, Silvia M.

Rta: 18/9/95.-

Disidencia del Dr. González: Corresponde eximir al perdidoso del pago de las costas en la alzada, aun cuando se haya producido el desistimiento del recurso interpuesto en su oportunidad por el fiscal de 1ra. instancia.

Nota: El Dr. González sustentó su disidencia según el criterio seguido por la Sala VI que integra.

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COSTAS. SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA: Imposición a cargo del imputado.

            Al haber un beneficio exclusivo del imputado, la lógica indica que la parte querellante no debe cargar con los gastos causados en forma directa por el proceso, los cuales deben ser asumidos por el imputado, ya que forman parte de las condiciones de la suspensión del proceso a prueba.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Donna- (Correc. 9, sec. 64)

c. 3.241, FERNANDEZ, Marcelo A.

Rta: 22/8/95.-

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I. CULPA. CONCURRENCIA. DELITOS CULPOSOS: Inaplicabilidad. Participación culposa de la víctima. Graduación de la pena: pautas. II. PRUEBA. PERICIAL. VALORACION: Jueces: posibilidad de apartarse de sus conclusiones.

I. CULPA. CONCURRENCIA. DELITOS CULPOSOS: Inaplicabilidad. Participación culposa de la víctima. Graduación de la pena: pautas.

            En el orden penal no es de aplicación la llamada concurrencia de culpas, ya que la imputación penal culposa es personal y sólo exige que el autor haya obrado con culpa, por lo cual, la participación culposa de la víctima debe apreciarse para considerar la medida de la pena, porque limita la responsabilidad del autor respecto del daño causado (art. 41, inc. 1°, C.P.) y la importancia de su participación en el hecho (art. 41, inc. 2°, C.P.). (*)

II. PRUEBA. PERICIAL. VALORACION: Jueces: posibilidad de apartarse de sus conclusiones

            La prueba pericial, aun siendo importante, no necesariamente resulta definitoria, pues es facultad de los jueces el apartarse de las conclusiones de los peritos sobre la base de otras pruebas que disienten con el examen. (**)

C.N.Crim. Sala VI (Correc.) -González, Escobar, González Palazzo- (Correc. 10, sec. 74)

c. 27.123, BRUNO, Juan C.

Rta: 18/9/95.-

Se citó: (*) Núñez, Ricardo, "Derecho Penal", Parte General, T. II, págs. 92/vta.; (**) C.N.Crim., Sala VI, c. 25.922, "Lazzarini, Patricia M.", rta: 16/11/93.

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DECLARACION INDAGATORIA. Ley 23.984. NULIDAD: Hecho impuesto en el acto. Requerimiento de instrucción: omisión. Procedencia de la sanción

            Corresponde declarar la nulidad de lo actuado toda vez, que habiendo sido impuesto el imputado -al prestar declaración indagatoria-, de la presunta sustracción de placas individualizadoras de dominio de un automotor, hecho por el que se le dictara auto de procesamiento, y cuya denuncia fuera formulada originalmente, no ha sido cumplimentado previamente el pertinente requerimiento de instrucción que estipulan los arts. 180 y 188 del C.P.P. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Correc.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Correc. 10, sec. 74)

c. 3.357, BARROS, José R.

Rta: 5/9/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 1.995, "Téllez, Carlos y otro", rta: 2/9/94.

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Agencia de prode. Agenciero que vendió boletas de juego no autorizadas.

            Incurrió en el delito de administración fraudulenta por infidelidad del autor (art. 173, inc. 7°, C.P.) y no en el de estafa, el agenciero que, habiendo omitido habilitar las boletas de juego mediante la previa autorización por la Lotería Nacional, igualmente las puso a la venta, apropiándose del dinero de los apostadores resultante de dichas ventas, de lo cual tampoco rindió cuentas al mencionado ente estatal, por lo que, infringiendo así lo dispuesto por el art. 10 del Reglamento del Juego del Prode (disposición 111/90), se configuró el delito antes mencionado.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Rivarola, Tozzini- (Sent. "K", sec. 39)

c. 44.454, PEREYRA, Alejandro

Rta: 14/9/95.-

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Ausencia de libros que acrediten la relación laboral del imputado con la empresa damnificada. Absolución.

            Ante la falta de otra prueba fehaciente que acredite el hecho, si de la pericia realizada, surgió que la empresa damnificada no llevaba la contabilidad en forma adecuada, ni tampoco los libros que acrediten que el imputado por administración fraudulenta era dependiente de aquella, mal puede analizarse el resto de la prueba existente en su contra, relacionada con tal falencia, como algunos cheques depositados en su propia cuenta, porque no se pudo determinar cuál fue la causa por la que esos documentos llegaron a su poder, y si su tenencia era legítima o ilegítima, todo lo cual conlleva a su absolución; no porque se haga un juicio de condena a la víctima, sino porque fue ésta la que se situó desde un primer momento en la ilegalidad y mal puede desde esa posición exigir pruebas del actuar ilícito de la otra parte.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Tozzini, Rivarola- (Sent. "D", sec. 7)

c. 44.437, GONZALEZ, Pedro A.

Rta: 15/9/95.-

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA: Despachante de aduana. Retención de documentación y dinero. Concurso aparente: retención indebida.

            Constituye el delito de defraudación por administración fraudulenta, el accionar de quien -en su calidad de despachante de aduana-, luego de recibir del denunciante la documentación necesaria para el retiro de la mercadería, que este último tenía en la aduana, así como una suma de dinero en concepto de gastos y honorarios, no realizó el despacho encomendado ni devolvió la documentación y el dinero entregado. Ello es así, pues si bien no se encuentra cuestionada la retención indebida respecto de la documentación entregada, en el caso se advierte un concurso aparente de leyes penales, pues la acción de retener indebidamente el dinero, queda comprendida -como ya lo ha sostenido la Sala-, entre las acciones del tipo de la administración infiel, en cuyo caso, la primera actúa en forma subsidiaria de la segunda y retrocede en su aplicación frente a ella. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola, Tozzini, Donna- (Sent. "D", sec. 7)

c. 44.507, BENCARDINI, Gustavo F.

Rta: 14/9/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 44.309, "Quinteros, Ricardo", rta: 5/4/95; c. 41.023, "Berchadsky, Luis A.", rta: 17/7/92; Fallo Plenario N° 193, "Brondolo de Ortelli, Beatriz", rto: 3/11/94, J.A. 1995-I-301.

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DEFRAUDACION. ESTAFA. ARDID: Inducción al error. Ocultamiento de la situación jurídica de un inmueble. Suscripción de boleto de compraventa. Negativa a escriturar. Configuración.

            Corresponde calificar como estafa, la conducta del imputado que, ocultando a los adquirentes el estado jurídico del imnueble (que se encontraba en sucesión), suscribe con los mismos un boleto de compraventa, recibiendo una suma de dinero en concepto de arras y reserva, negándose luego a suscribir la escritura correspondiente, mediante su retiro intempestivo del negocio. Ello es así porque el error de las víctimas no provino de su torpeza, inexperiencia o credulidad, sino de la conducta del inculpado, con lo que poco importa el instrumento legal que hubiera usado para consumar su afán defraudatorio, porque cualquier tipo de proceder enderezado intencionalmente a inducir a otro a un error, comporta el engaño de estafa y su eficiencia debe apreciarse en las circunstancias propias de cada evento, ya que el engaño o ardid son idóneos cuando en el caso concreto han logrado éxito. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Navarro, Barbarosch- (Sent. "V", sec. 29)

c. 44.830, TORRES DURAN, Martín

Rta: 5/9/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., c. "Ale", rta: 14/6/46, C.C.C., Fallos, T. V, pág. 196.

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DEFRAUDACION. RETENCION DE BIENES: Intimación de devolución: desconocimiento de la personería del firmante. Responsabilidad penal.

            El desconocimiento, por parte de la procesada, de la personería del firmante de la carta documento por la que se la intimó a devolver el automóvil del cual era sólo tenedora, no la exime de responsabilidad penal, pues debió extremar los recaudos para poner a disposición del directorio, el rodado, de reconocida propiedad de la empresa de la cual ella era integrante.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Ouviña, Piombo- (Instr. 25, sec. 145)

c. 3.376, BALATTI, Lidia I.

Rta: 31/8/95.-

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DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA. HONORARIOS: Cobro por el abogado: pacto anterior de no percibirlos. Atipicidad.

            No es susceptible de configurar el delito de defraudación por retención indebida, la conducta del letrado que, habiendo actuado profesionalmente en distintos juicios, promovió y ejecutó el cobro de sus honorarios en algunos, percibiéndolos en otros, desatendiendo así el compromiso asumido por el cual declaraba: no mantener crédito contra sus colegas, que los honorarios regulados o que se le regulasen en el futuro les pertenecían y que en caso de tener que efectuar ejecuciones, se obligaba a reintegrar las sumas respectivas al estudio del cual se desvinculaba. Ello es así pues las acciones desplegadas en tal sentido deben considerarse enmarcadas en el legítimo ejercicio del derecho que la ley 21.839, específicamente en los capítulos IV y V, le reserva al abogado, de manera que descartada la hipótesis de procesos regulatorios o ejecuciones en trámite donde todavía no hay posesión de cosa alguna que deba entregarse o devolverse, y por tanto excluyente del tipo del art. 173, inc. 2° del C.P., tampoco la percepción líquida de los honorarios importa un apoderamiento delictivo, toda vez que sólo el letrado beneficiario de los trabajos, exclusivamente propios, se encuentra legitimado para ello, recibiendo las sumas a título de propiedad, sin perjuicio que una relación contractual, como la antes mencionada, autorice al quejoso a efectuar los reclamos legales que deriven de dicho acuerdo.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Instr. 22, sec. 148)

c. 3.208, GUITER, Juan F.

Rta: 11/9/95.-

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DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA: Requisitos para su configuración: obligación de devolver: concomitancia con el acto de la receptación del bien.

            A los fines de la configuración del delito de defraudación por retención indebida, es necesario que la obligación devolutiva del art. 173, inc. 2° del C.P., sea concomitante al acto mismo de la recepción del bien, resultando atípicas aquellas retenciones que, sin reunir esa condición, se derivan de circunstancias fácticas o jurídicas sobrevinientes. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Instr. 26, sec. 155)

c. 3.260, VITTONE, Emilio N.

Rta: 22/8/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 35.103, "Marti, R.", rta: 11/4/89 y Núñez, Ricardo, "Tratado de Derecho Penal", 1978, T. IV, pág. 373.

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DENUNCIA. Ley 23.984. PROHIBICION DE DECLARAR. NULIDAD: Madre de la imputada. Perjuicio mayor. Improcedencia de la sanción.

            Es improcedente la declaración de nulidad de lo actuado, solicitado por la defensa, en virtud de que todo el proceso fue consecuencia de la denuncia promovida por la madre de la imputada, por la supuesta violación al art. 242 del C.P.P., ello es así puesto que si bien la mencionada norma pretende conservar la cohesión familiar, en la especie, el perjuicio resultó más grave que el bien que se pretende custodiar, por lo cual, la declaración de la madre de la imputada debe ser tomada como "notitia criminis", puesto que luego el Juez y la prevención fueron los encargados de llevar adelante las investigaciones conjuntamente con la participación obligatoria del Fiscal.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Bonorino Peró, Gerome- (Juzg. de Menores 5, sec. 14)

c. 3.352, WAIGEL, Norma

Rta: 18/9/95.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 2.665, "Ponce, Alfredo O.", rta: 4/4/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 82.

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ENTREGA DE EFECTOS. INMUEBLE: Devolución al titular ajeno a la investigación. Procedencia.

            Corresponde hacer lugar a la devolución de un inmueble en el cual se hallaron los efectos referentes a la causa, a la persona titular del mismo, en tanto ésta es ajena al proceso, pues no existe disposición legal alguna que autorice al magistrado a mantener afectado al proceso bienes de terceros, y sin que medie razón de interés alguno para la investigación, pues el necesario resguardo de los efectos que se encuentran en el interior del local clausurado, en ningún caso deberá ser soportado por quien es un particular ajeno a la investigación.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Donna- (Instr. 26, sec. 134)

c. 3.395, GASPARRI de CASELLA, María L.

Rta: 29/8/95.-

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ESTUPEFACIENTES. TENENCIA: Escasa cantidad, objetos para su medición y embalaje.

            Constituye el delito de tenencia ilegal de estupefacientes, el secuestro en poder de los imputados de escasas cantidades de cocaína y marihuana, pues si bien están exentas de tipicidad aquellas tenencias que, por su insignificancia y por no exceder el ámbito de la privacidad, se revelan inocuas para lesionar el bien jurídico protegido, no es menos cierto que, no obstante la poca cantidad incautada, siendo la figura delictiva de peligro abstracto (*), su configuración debe ponderarse a la luz de la aptitud lesiva del interés vital "salud pública" con la que cuente la sustancia estupefaciente, lo cual deriva de su naturaleza y efectos, sin perjuicio de señalar que presentan singular relevancia el decomiso de una balanza, un plato, una hoja de afeitar y pequeños sobres de papel metalizado.

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Navarro, Barbarosch- (Sent. "Z", sec. 45)

c. 44.868, MASO, Pablo

Rta: 15/9/95.-

Se citó: (*) C.S.J.N., c. "Montalvo, Ernesto A.", rta: 11/12/90, L.L. 1991-C-80

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VI, c. 26.829, "Ramírez, R.", publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/95, pág. 132.

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ESTUPEFACIENTES. TENENCIA: Vía pública. Punibilidad. Uso personal. Salud pública: peligro de afectación.

            Para que la tenencia de estupefacientes resulte atípica, es necesario que, ni siquiera por vía de peligro, tenga aptitud para vulnerar el bien jurídico protegido y tal imposibilidad de afectación no se da cuando el tenedor se encuentra en la vía pública y en compañía de otras personas, sin que sea relevante la cantidad de material estupefaciente secuestrado en su poder, pues el uso personal crea, normalmente, un peligro de afectación a la salud pública, por la verificada tendencia del tenedor al consumo grupal y al logro de más "adeptos". (*)

C.N.Crim. Sala VI (Def) -González Palazzo, Elbert (en disidencia), González- (Sent. "Z", sec. 46)

c. 26.829, RAMIREZ, Rafael B.

Rta: 10/7/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 70, "Karczewski, Daniel", rta: 25/9/80.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 44.868, "Maso, Pablo", rta: 15/9/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/95, pág. 132.

Disidencia del Dr. Elbert.: Si no logra probarse que la sustancia estupefaciente que le fuera secuestrada al imputado, iba a utilizarse para convite o comercio, y que hiciere con ella exhibición, debe deducirse que la tenía para su consumo personal, por lo que debe absolverse al imputado al ser atípica su conducta, toda vez que no se afectó el bien jurídico, por falta de desvalor del resultado.

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FALSIFICACION DE DOCUMENTOS. CHEQUE. INSTRUMENTO PRIVADO: Alteración de la fecha. Configuración.

            Constituye el delito de falsificación de instrumento privado, el accionar del imputado consistente en la presentación de un cheque al cual le había agregado un número en la fecha, para evitar que sea rechazado por su vencimiento e iniciar la acción ejecutiva ante la imposibilidad de su cobro por carecer de fondos.

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Bonorino Peró, Gerome, Filozof (en disidencia)- (Instr. 30, sec. 109)

c. 2.941, GARCIA DI TATA, Estela M.

Rta: 28/8/95.-

Nota: Ver en contra, C.N.Crim., Sala VII, c. 2.601, "Pomponi, Jorge F.", rta: 20/4/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 75.

Disidencia del Dr. Filozof: La modificación de la fecha del cheque, no importa falsificación de documento privado dado que el agregado referido no indica falsedad documental ya que ésta se da cuando hay alteración de la verdad real o modificación de la situación jurídica a que se refiere el cartular, tal accionar sólo le permitiría al encartado la presentación al cobro en el banco, dentro de la fecha que estipula la legislación al respecto, ello sin perjuicio que la misma ley de fondo permitiría el cobro en algunas situaciones, no obstante haya expirado el plazo (art. 29, dec.-ley 4776/63).

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FALSIFICACION DE DOCUMENTOS. IDEOLOGICA: Documento de identidad: falso cambio de domicilio. Ausencia de perjuicio. Atipicidad.

            El falso cambio de domicilio en un Documento Nacional de Identidad realizado en un Concejo Vecinal, sede del Registro Civil, no constituye "per se", delito alguno por su falta de aptitud para causar perjuicio.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Instr. 3, sec. 110)

c. 3.072, FERREIRA, Héctor

Rta: 4/7/95.-

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FALTA DE MERITO. DETENCION: Orden de captura por contumacia: ausencia de variación de la prueba. Improcedencia.

            Una vez declarada la falta de mérito a una persona, mientras no varíe la prueba, no es posible ordenar luego su detención por contumacia, sino que debe recurrirse al comparendo compulsivo por la fuerza pública o al arresto del individuo en cuestión, hasta el cumplimiento de la diligencia procesal de que se trate.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, González Palazzo- (Instr. 32, sec. 114)

c. 3.329, FERNANDEZ ECHEVERRY, J.

Rta: 13/7/95.-

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HOMICIDIO. CULPOSO. MEDICO. MALA PRAXIS: Relación de causalidad. No acreditación. Absolución.

            Corresponde absolver por el delito de homicidio culposo a quien, en su calidad de médico intervino quirúrgicamente a la víctima en su consultorio, toda vez que no se ha podido acreditar en forma fehaciente que la no internación de la paciente, fuera determinante del resultado muerte, es decir, la relación de determinación entre el óbito y la violación del deber de cuidado puestas en cabeza del imputado, puesto que aun probándose tal violación, no resulta éste el único requerimiento para la configuración de la actividad culposa .

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Barbarosch, Valdovinos, Navarro- (Correc. 9, sec. 64)

c. 44.850, CASTIGLIONE, Carlos O.

Rta: 15/8/95.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VI, c. 26.969, "Rossi, Roberto", rta: 28/9/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/95, pág. 138, y en contra, C.N.Crim., Sala IV, c. 44.610, "Aubia, Beatriz I.", rta: 4/5/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 89.

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HONORARIOS. EJECUCION. INTERVENCION DE TERCEROS: Auto no recurrible.

            a) Aun no existiendo jurisprudencia y doctrina uniforme respecto de la citación de terceros en el juicio ejecutivo, es de mejor criterio su admisión, aunque extremando la interpretación restrictiva. (*)

            b) No es factible revocar la decisión por la cual se admitió la citación en garantía de un tercero, en el proceso ejecutivo de honorarios, toda vez que el art. 96 del C.P.C. y C., que en la especie es la normativa aplicable, lo prohibe.

C.N.Crim. Sala VII (Correc.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Correc. 10, sec. 74)

c. 20.784, ROSSI, Raúl R. y otro

Rta: 23/8/95.-

Se citó: (*) Fenochietto - Arazi, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación", Comentado, Ed. Astrea, 1993, 2da. edición actualizada, T. I, pág. 389.

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HONORARIOS. LETRADO DEFENSOR. NULIDAD: Intervención al imputado: omisión . Derecho de defensa: violación.

            La omisión de otorgar intervención al imputado en el trámite incidental por el que se regulan honorarios a su letrado patrocinante, importa una violación al derecho de defensa y acarrea la nulidad del decisorio, pues a la luz de las previsiones de los arts. 48, 49 y 50 de la ley 21.839, no puede desconocerse su calidad de parte interesada en dicho proceso.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Ouviña, Piombo- (Instr. 23, sec. 158)

c. 20.911, MAZZILLI, Victorino M. A.

Rta: 29/8/95.-

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INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR. Dificultades laborales y económicas: ausencia del dolo requerido. No configuración.

            No configura el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, la conducta del imputado que omitio durante cierto tiempo cumplir con dicho deber, si éste ha podido acreditar la circunstancia de haber padecido, durante ese lapso, dificultades laborales y económicas, pues su comportamiento aparece ausente del dolo requerido por el delito atribuido, máxime cuando después de superar los problemas económicos, afrontó nuevamente sus obligaciones alimentarias, ello es así toda vez que el incumplimiento asistencial contenido en el art. 1 de la ley 13.944, no se configura cuando quien se sustrae de prestar los medios indispensables para la subsistencia, se encuentra imposibilitado de satisfacerla, salvo que se haya colocado voluntariamente en situación de insolvencia, lo cual no se advierte en la especie.

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Juzg. de Menores 7, sec. 21)

c. 44.815, PORTUNATO, Julio

Rta: 10/8/95.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala V, c. 32.976, "Yañes Martínez, Leovigildo", rta: 24/8/95.

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INSOLVENCIA FRAUDULENTA. HONORARIOS IMPAGOS: Proceso penal: asistencia técnica del imputado: no configuración.

            Para que se configure el delito de insolvencia fraudulenta, es necesario que sea el damnificado por la frustración quien ejerció la acción destinada a obtener una sentencia que repare el perjuicio ocasionado por el incumplimiento de la obligación, y siendo que el asistente técnico de un imputado en proceso penal, no tiene tal carácter contra su pupilo, mal puede constituir el mentado ilícito la falta de pago de honorarios.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Barbarosch, Valdovinos- (Instr. 28, sec. 122)

c. 3.531, TERZA, José E. (Dr.)

Rta: 28/9/95.-

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JUICIO CORRECCIONAL. ACCION PRIVADA. AUDIENCIA DE CONCILIACION: Ley 23.984. Comparecencia: apoderados de querellante y querellado: procedencia.

            Es procedente la comparecencia, tanto del querellante como del querellado, a la audiencia de conciliación a través de representantes facultados con poder especial otorgado al efecto, toda vez que la actuación de un apoderado así investido, presupone en éste el cabal conocimiento de los hechos de la causa.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, González Palazzo- (Correc. 7, sec. 57)

c. 3.541, GOLDFARB, Mauricio

Rta: 21/9/95.-

Nota: Ver en igual sentido , C.N.Crim., Sala V, c. 1.756, "Herrera de Noble, E.", rta: 7/9/94.

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JUICIO CORRECCIONAL. HONORARIOS. RECURSO DE APELACION: Ley 23.984. Regulación. Calidad de alimentario. Procedencia.

            Invistiendo los honorarios la calidad de alimentarios y siendo la resolución que los regula susceptible de causar gravamen irreparable, el no preverse recurso alguno específico a su respecto en la ley procesal vigente, debe interpretarse que dicho auto es susceptible de recurso de apelación ante la Alzada, más allá del estadio procesal en que pudiera haber sido dictado.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, González Palazzo, Escobar (por sus fundamentos)- (Correc. 10, sec. 74)

c. 3.495, APARICIO, Oscar T.

Rta: 26/9/95.-

Fundamentos del Dr. Escobar: Se citó: C.N.Crim., Sala IV, c. 980, "Ardura Díaz, Maximino", rta: 26/10/93, publicada en Bol. Int. de Jurisp., Entrega Especial N° 6, pág. 8.

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LESIONES. CULPOSAS. RELACION DE CAUSALIDAD: Inobservancia de reglamentos: producción del resultado. Teoría de la "causalidad adecuada".

            Debe absolverse por el delito de lesiones a quien dejó estacionado su vehículo en lugar prohibido, -mano izquierda- contra el cual colisionó otro automotor, momentos después, pues en los supuestos de resultados dañosos producidos por la inobservancia de los reglamentos, es menester señalar que así como la observancia cabal de los reglamentos no puede eximir, en forma genérica de responsabilidad penal, en los delitos cometidos por culpa como consecuencia de esa inobservancia, no basta con crear el riesgo, sino que es necesario que tal inobservancia sea la causal determinante y efectiva del hecho, para cuyo caso deviene aplicable la teoría de la "causalidad adecuada" para fijar esa relación, y si así resultó que aquella transgresión reglamentaria no guardó vínculo de causación alguno con el resultado dañoso, deberá eximirse de responsabilidad penal en el evento.

C.N.Crim. Sala VI (Correc.) -Escobar, González, González Palazzo- (Correc. 9, sec. 64)

c. 26.969, ROSSI, Roberto

Rta: 28/9/95.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 44.850, "Castiglione, Carlos O.", rta: 15/8/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/95, pág. 135.

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LESIONES. GRAVES: Pérdida de piezas dentales. Configuración.

            Debe calificarse como grave -y no simple-, la lesión que produce la pérdida de dos piezas dentales, pues tal contusión produce disturbios en la masticación, provocando una deficiencia funcional que debe ser meritada, en especial habida cuenta que al tratarse de dientes de los denominados permanentes como acontece en toda persona mayor, su ausencia no sólo afecta la anatomía de quien lo padece, sino que es viable suponer que en tal caso se pueda estar hablando de la disminución del órgano de la masticación. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Sent. "C", sec. 5)

c. 20.975, SOSA, Cristian J.

Rta: 29/9/95.-

Se citó: (*) Rubianes, Carlos J., "Código Penal", 1983, T. 2, pág. 587, punto 8, ap. b); C.N.Crim., c. "Urruspuru", rta: 2/12/38, en Fallos, T. IV, pág. 445.

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MALA PRAXIS. MEDICO. DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA: Reutiliza-ción de jeringas descartables. Sanatorio: posición de garante. Responsabilidad.

            Es pasible de configurar alguno de los tipos descriptos por el Título VII, Capítulo IV del Código Penal, ya sea en las figuras dolosas o culposas, la conducta de quienes realizaban el lavado y la reutilización de jeringas descartables, extendiéndose la responsabilidad a los médicos del sanatorio, pues su condición de profesionales en el arte de curar, sus específicos conocimientos y la experiencia adquirida a lo largo de su actividad los colocó en la obligación de actuar conforme su posición de garantes, al haber tomado conocimiento de que esos materiales eran reutilizados en el centro asistencial, quedando también aprehendidos por este deber, los profesionales médicos que permitieron o toleraron la entrega o distribución de los materiales descartables con destino a su reutilización.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, González Palazzo- (Instr. 27, sec. 106)

c. 26.761, VITAVER, Daniel E.

Rta: 24/8/95.-

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NOTIFICACION. NULIDAD: Efectivo cumplimiento de la diligencia. Imposibilidad de establecerla: procedencia de la sanción.

            Debe declararse la nulidad de la notificación cuando no es posible establecer con exactitud que la diligencia ha cumplido su propósito. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Correc. 8, sec. 63)

c. 3.129, BERTONI, Eduardo

Rta: 11/7/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 2.934, "Cascioli, Andrés", rta: 1/6/95.

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PARTICIPACION CRIMINAL. HOMICIDIO. TENTATIVA: No configuración. Modalidad de "ruleta rusa". Incomunicabilidad de la agravante. Ausencia de daño físico. Dolo eventual: inadmisibilidad.

            No es posible atribuirle al procesado el delito de tentativa de homicidio, por la circunstancia de que su compañero haya hecho durante la comisión del ilícito, exhibición de la llamada "ruleta rusa", al que éste permaneció ajeno, pues resulta imposible atribuirle el propósito deliberado de matar. Por otra parte resulta improcedente la ubicación del hecho en el plano del dolo eventual, dado que el acto no produjo daño físico, quedando en nivel conativo, lo cual le resta tipicidad penal, al no ser admisible aquel dolo en ese grado comisivo, ya que la intención de matar exige siempre la presencia del dolo directo.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Juzg. de Menores 7, sec. 21)

c. 3.130, ARGAÑARAZ, Pablo y otro

Rta: 7/7/95.-

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PENA. MULTA. MONTOS (Ley 24.286): Actualización: aplicación retroactiva de la ley. Procedencia.

            Luego de sancionarse la ley 24.286, corresponde su aplicación retroactiva, actualizándose las multas previstas en el Código Penal, sin que se vulneren por ello los principios del art. 2 del C.P., dado que los mayores montos que ella dispone no constituyen un agravamiento de la pena, sino su lógica actualización, corrigiendo un deprecio monetario que tornara irrisorio los valores previstos en su oportunidad.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -Escobar, González, González Palazzo- (Correc. 9, sec. 64)

c. 27.080, MARQUEZ, Claudio G.

Rta: 31/8/95.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala V, c. 32.235, "Córdoba, Luis U.", rta: 4/7/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/95, pág. 141.

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PENA. MULTA. ULTRAACTIVIDAD DE LA LEY: Improcedencia. Actualización de los valores. Procedencia.

            Es improcedente la aplicación del principio de ultraactividad de la ley penal respecto de la pena de multa, toda vez que, de aplicarse, se arribaría a una suma irrisoria que torna a la postre en verdaderamente inoperante los fines represivos tenidos en cuenta por el legislador al momento de su establecimiento, es más, la modificación de la cuantía, en puridad, no constituye un aumento de la pena sino que se traduce en una mera actualización de los valores afectados por el envilecimiento de la moneda y el cambio de los signos monetarios, por ello, lejos de agravar la sanción prevista, impide que ésta se desnaturalice. (*)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Gerome, Filozof, Navarro (en disidencia parcial)- (Sent. "C", sec. 6)

c. 32.225, CORDOBA, Luis U.

Rta: 4/7/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 32.101, "Lahera, Guillermo", rta: 31/8/95; C.S.J.N., c. 44.695, "Bruno Hnos. y otro c/Adm. Nac. de Aduanas", rta: 12/5/92.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VI, c. 27.080, "Marquez, Claudio G.", rta: 31/8/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/95, pág. 140.

Disidencia parcial del Dr. Navarro: Resulta improcedente la modificación de la pena de multa a imponer, por respeto al art. 2 del C.P. que no permite reajustes, y menos aun ante la imprevisión del legislador.

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PENA. UNIFICACION. CUMPLIMIENTO EFECTIVO. INCONSTITUCIONALI-DAD: Art. 27 del C.P. Condena anterior de carácter culposo. Hecho menor doloso. Rigorismo excesivo de la norma.

            Debe declararse la inconstitucionalidad del art. 27 del C.P., por ser esa la única vía con que cuentan los jueces para remediar lo que de otra forma constituiría una injusticia, cuando, como en el caso, un condenado por un hecho menor doloso, debe cumplir pena efectiva -por un corto plazo-, por registrar una condena anterior por otro hecho delictivo, de carácter culposo (lesiones culposas), aun siendo éste el único antecedente que registra (contando además con un informe socioambiental favorable).

            En el caso, no se trató de un delincuente peligroso o con capacidad de repetir sus conductas dolosas en el futuro y no habiendo causado su conducta delictiva daños cuantiosos (incluso no habiendo desplegado una astucia mínimamente apta para disimular el hecho cometido) desde un punto político criminal, sería una respuesta excesivamente rigurosa la aplicación estricta del art. 27 del C.P. para denegarle la condicionalidad de la pena, pues habría una desproporción que excede el marco de lo razonable y que a todas luces puede considerarse una solución derivada de la mera aritmética prefijada en el Código Penal que, como es obvio, no pudo regular todas y cada una de las circunstancias que puede acarrear consigo el acto del juzgamiento de una persona culpable. Por ello podría decirse que la modalidad de pena a imponer actúa mecánicamente para esta situación.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González Palazzo (en disidencia parcial), Elbert, Escobar- (Sent. "Z", sec. 45)

c. 26.826, CORDOBA, Carlos V.

Rta: 25/8/95.-

Disidencia parcial del Dr. González Palazzo: La pena impuesta por el delito, resulta ajustada a derecho, por lo que corresponde la reducción de la pena única impuesta, teniendo en consideración el antecedente que es culposo y la forma de cumplimiento, que a estar con el art. 27 del C.P. ha de ser de ejecución efectiva.

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PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Delitos de acción privada. Actos de la querella. Traslado a la defensa.

            En los procesos por delitos de acción privada, constituye secuela de juicio el pedido de traslado a la defensa por parte de la querella, ya que dicha diligencia resulta imprescindible para el avance del proceso, pero carecen de tal entidad sus escritos posteriores, por tratarse de reiteraciones de esa medida.

C.N.Crim. Sala VI (Correc.) -González, González Palazzo- (Correc. 9, sec. 64)

c. 27.120, KELLY, Guillermo P.

Rta: 7/7/95.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala VI, c. 27.093, "Ríos Seoane, F.", rta: 11/7/95.

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PRESCRIPCION DE LA ACCION. SECUELA DE JUICIO: Llamado de autos para sentencia. Configuración.

            El llamado de autos para sentencia resulta ser un acto procesal de naturaleza interruptiva de la prescripción, no teniendo la misma entidad, la reiteración de ese decreto por resultar innecesario. (Del voto del Dr. Gerome) (*)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Navarro (en disidencia), Gerome, Filozof - (Sent. "W", sec. 32)

c. 33.281, BARRIENTOS, Héctor R.

Rta: 24/8/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 32.609, "Belascuain, Lucio M.", rta: 29/9/94 y c. 33.214, "Trejo, Roberto", rta: 6/6/95.

Disidencia del Dr. Navarro: No admite el carácter de acto interruptivo de la prescripción, el llamado de autos para sentencia por carecer de manifestación inequívoca de la voluntad persecutoria estatal. (**)

Se citó: (**) C.N.Fed.Crim. y Correc., Sala I, c. "Shulton Ltda.", rta: 4/9/90, L.L. 1991-B-380.

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PRESCRIPCION DE LA ACCION. SUSPENSION. INCONSTITUCIONALIDAD: Art. 67 del C.P. Colisión con el art. 81 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Improcedencia. Interpretación armónica.

            Debe rechazarse el recurso de inconstitucionalidad planteado respecto del art. 67 del C.P., por considerarlo en colisión con el art. 81 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues mientras la primera de las normas establece que el cumplimiento de determinados actos procesales en la causa, patentizan la voluntad del Estado de perseguir una determinada conducta que, en principio, se reputa criminosa, la segunda se limita a enunciar una garantía de carácter general que tiende a preservar el derecho de todo encausado de obtener una definición procesal en un "plazo razonable", lapso que deberá examinarse en cada caso concreto. Cabe concluir entonces, -de la interpretación armónica de ambos preceptos-, que el plazo de juzgamiento se tornará irrazonable transcurido el término establecido en el art. 62, inc. 2° del C.P., sin que se verifiquen actos con virtualidad interruptiva, cuales son aquellos que doctrinaria y jurisprudencialmente se les ha asignado la calidad de secuela de juicio.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -Escobar,González, González Palazzo, (Sent. "W", sec. 31)

c. 27.083, VIVONE, Alejandro C.

Rta: 19/9/95.-

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PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. LEY 2.372. ACUSACION FISCAL: Art. 278, C.P. y procesamiento por art. 277, inc. 3° del C.P. Afectación del principio.

            Importa una afectación al principio de congruencia, el hecho de que el acusador público haya efectuado su requerimiento con base en el art. 278, C.P., y el reproche judicial lo sea por el art. 277, inc. 3°, C.P., pues se produce incongruencia toda vez que "los elementos materiales o solamente psíquicos (dolo, preterintención, culpa) que lo constituyen, y que deben ser jurídicamente valorados, son distintos y más graves que los especificados en la imputación". (*)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Sent. "W", sec. 31)

c. 44.768, CHAMORRO, Iván

Rta: 10/8/95.-

Se citó: (*) Avalos, R.W., "Derecho Procesal Penal", T. I, pág. 202.

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PRISION PREVENTIVA. CADUCIDAD: Ley 24.390. Aplicación a condenados: doctrina emanada de la Cám. Nac. de Casación Penal, Fallo Plenario, "Molina, Roberto, C.". Interpretación. Limitación.

            Si bien la doctrina plasmada por la Cámara Nacional de Casación Penal en ocasión de dictar el fallo plenario "Molina, Roberto Carlos" (*), incluye a los condenados por sentencia firme en la aplicación de los beneficios establecidos por la ley 24.390, existe una limitación, cual es que el peticionante se encuentre cumpliendo la pena respectiva.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, González Palazzo- (Sent. "P", sec. 17)

c. 27.306, LUCERO, José A.

Rta: 21/9/95.-

Se citó: (*) Cám. Nac. de Casación Penal, Fallo Plenario N° 3, "Molina, Roberto Carlos", rto: 16/8/95, J.P.B.A., 91:190 y L.L., 1995-D-475.

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PROCEDIMIENTO DE CONSULTA. COMPETENCIA: Ley 23.984. Divergen-cias entre el Fiscal y el Juez de Instrucción. Improcedencia de la aplicación del art. 348 C.P.P. por vía de la analogía.

            Es improcedente la aplicación por analogía del art. 348 del C.P.P. en el caso de divergencias en cuanto a la competencia planteada entre el Fiscal y el Juez de Instrucción.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Instr. 27, sec. 106)

c. 3.156, CARO, José M.

Rta: 13/7/95.-

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PROCEDIMIENTO DE CONSULTA. DESESTIMACION DE DENUNCIA. OMISION. NULIDAD: Fiscal: actuación de oficio por el Juez. Procedencia de la sanción.

            Es nulo todo lo actuado a partir del dictamen fiscal que postuló la desestimación de la denuncia, ya que de no compartir el criterio, el juez de grado, debió llevar la causa a la Alzada en consulta, por aplicación analógica del art. 348 del C.P.P., más no proceder de oficio, ya que la impulsión inicial de la acción en los supuestos de denuncia, corresponde al Ministerio Público.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, González Palazzo- (Instr. 16, sec. 111)

c. 3.589, STABIO, Adriana

Rta: 12/9/95.-

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PROCEDIMIENTO DE CONSULTA. LEY 23.984. DESESTIMACION: Aplica-ción analógica del art. 348 del C.P.P. Procedencia.

            El Tribunal posee atribuciones -por vía analógica del art. 348, C.P.P. o por apelación fiscal- para decidir la controversia planteada entre el Juez de grado y el Representante del Ministerio Público, en los casos en que este último solicita la desestimación de la denuncia en lugar de efectuar requerimiento en la oportunidad prevista en el art. 180 del C.P.P. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna (en disidencia)- (Instr. 4, sec. 113)

c. 3.315, CERBIN, Lorenzo

Rta: 19/7/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 2.923, "Akgulian, Ricardo", rta: 26/5/95; C.N. de Casación Penal, Sala II, c. 7, "Avila, Blanca N.", rta: 2/7/93, L.L., 1994-A-364.

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PROPIEDAD INTELECTUAL. a) DEFRAUDACION: Reproducción de un diseño gráfico. Mínimas diferencias. Configuración. b) DERECHOS INTELECTUALES: Ausencia de registración por parte del autor. Publicación extranjera. Protección legal.

            a) Incurre en el delito previsto en el art. 71 de la ley 11.723 quien reproduce un diseño gráfico (logotipo) sin autorización de su autor, no obstando a ello la presencia de insignificantes diferencias entre ambas obras, pues la protección de la ley 11.723 no sólo alcanza a las obras que han sido íntegramente calcadas, sino también a los despojos parciales de la producción del intelecto como consecuencia del obrar del agente al apropiarse de aspectos sustanciales o esenciales del ingenio de los demás, ya que la tutela penal tiene su mira en la defensa de la actividad creadora fruto de la iniciativa del autor.

            b) La no registración de la obra en forma personal por parte de su autor, no obsta a la protección de sus derechos sobre ella, toda vez que su diseño fue publicado en dos ediciones, y la protección que ampara estas publicaciones se extiende al trabajo del damnificado. Respecto de la reproducción ilegal de una publicación extranjera, la falta de acreditación de registración por parte de su autor, no habrá de jugar en favor del procesado (*), pues conforme a las directivas de la Convención de Derechos del Autor (**), la única formalidad para el amparo de la obra, es la consignación en la misma, del símbolo formado por la letra "C", rodeada de un círculo (Copyright), acompañada del nombre del titular del derecho y la indicación del año de la primera publicación, circunstancias verificadas en la revista de marras, no resultando necesario el cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 13 y ss. de la ley 11.723, para que se configure el delito previsto por el art. 71 de dicha normativa.(***)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Filozof, Gerome, González- (Sent. "Q", sec. 19)

c. 33.328, ORTIGOZA, Ricardo R.

Rta: 28/8/95.-

Se citó: (*) C.N.Com., Sala A, "Cesani, Pedro E. v. Mortero y Cía. y/u otros", rta: 19/10/89; C.N.Civil., Sala B, Fallo N° 32.204, "Rivas, Daniel A. v. Plus Ultra y otras", rta: 3/8/82. (**) Convención Universal de Derechos de Autor, Ginebra, 1952, ratifica-da: dec.-ley 12.088/57; Arpad Bgosch, "El derecho del autor según la Convención Universal", pág. 93 y ss. (***) C.N.Crim., Fallo Plenario, "Ferrari de Gnisi, Noemí y otro", C.C.C. Fallos Plenarios, T. III, vol. 1, pág. 322; C.N.Crim., Sala I, c. 36.820, "Potokski, Pablo G.", rta: 31/5/90, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/90, pág. 131; Goldschmidt, Werner, "Derecho Internacional Privado", 6ta. ed, pág. 283, infra. 247.

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PROSTITUCION. FACILITACION: Art. 125, inc. 3°, C.P. Sujeto pasivo mayor de edad -art. 126 del C. Civil-. Atipicidad.

            Deviene atípica la conducta de quien, con ánimo de lucro, intentó facilitar la prostitución de una mujer que de acuerdo a la ley civil, era mayor de edad (art. 126, C.C.), pues resulta inadmisible que por un olvido del legislador, se interprete que el art. 125, inc. 3° del C.P., crea una nueva edad para la capacidad de las personas -22 años-, lo cual resulta violatorio del art. 18 de la Constitución Nacional y de los demás pactos incorporados a ella, ya que trataría una ampliación ilegal del referido tipo legal. Esta interpretación tiene su base en que el artículo 125 se refiere a casos en que la víctima sea menor de edad, en cuyo caso aun con su consentimiento, hay pena, y esto es así porque el menor -de acuerdo a la ley civil- no puede válidamente dar su consentimiento, en cambio en el art. 126 se habla de la corrupción o prostitución de los mayores de edad y allí exige que exista engaño, violencia, amenazas, abuso de autoridad, o cualquier otro medio de coerción, porque en estos casos, el consentimiento de la víctima elimina el tipo penal, debido a la mayoría de edad. De allí que para poder distinguir entre el art. 125 y 126, C.P., hay que remitirse al Código Civil, que es el que regula específicamente el tema. (Del voto del Dr. Donna)

C.N.Crim., Sala I (Def.) -Tozzini (en disidencia), Donna, Rivarola- (Sent. "P", sec. 17)

c. 44.393, CABRERA, José E.

Rta: 30/8/95.-

Disidencia del Dr. Tozzini: La conducta dolosa que cometió el imputado es la prohibida por el art. 125, inc. 3° del C.P., ello es así porque, al tutelar expresamente la citada norma legal a las personas mayores de 18 años y menores de 22, debe entenderse, en resguardo del principio de legalidad, que el legislador penal, ha querido proteger de los daños psíquicos graves que, en materia de sexualidad, ocasiona el establecimiento o mantenimiento de los estados de corrupción o prostitución, y que hace necesario ir más allá del límite máximo de edad prevista por la ley civil para asumir derechos y obligaciones en ese campo.

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PRUEBA. CARGA. INVOCACION DE JUSTIFICATIVO O EXCUSA: Incumben-cia de la prueba. Imputado.

            Si bien en el proceso penal la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, la invocación por parte del imputado de alguna causal de justificación o excusa, debe ser probada por él, pues quien sostiene lo excepcional debe comprobarlo.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -Escobar (en disidencia), González Palazzo, González- (Sent. "Z", sec. 45)

c. 26.634, CACIOS, Jorge V.

Rta: 31/8/95.-

Disidencia del Dr. Escobar: En materia criminal se debe aplicar en toda su extensión, la máxima "onus probandi incumbit actori", exigiéndose al acusador una demostración plena y completa de la culpabilidad del acusado, más no ocurre lo mismo con la máxima "reus excipiendo fit factor", pues el acusado que alega un hecho justificativo o una excusa no está obligado a probarlo de una manera precisa, ya que es suficiente la posibilidad de la existencia de un hecho alegado para motivar su absolución. (*)

Se citó: (*) Mittermaier-Bonnier, "Tratado de la Prueba en Materia Criminal", T. I, pág. 29.

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PRUEBA. CONFESION: Ley 2.372. Dichos del procesado al personal policial. Art. 316, inc. 1° del C.P.M.P.: exclusión. Valor probatorio.

            Merece pleno valor como prueba de cargo, el dato aportado por el incuso al personal policial que lo condujo a la seccional, pues el procedimiento que culminó con el esclarecimiento del hecho, no se originó en una declaración policial de las que trata el art. 316, inc. 1° del C.P.M.P. Ello es así toda vez que la mera revelación de ese dato, en la medida en que no sea producto de coacción, no es un indicio que deba desecharse de la investigación criminal, ya que de lo contrario llevaría a sostener que la restricción procesal antes mencionada impide a los preventores investigar las pistas que pudieran surgir de esa comunicación.

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Barbarosch, Navarro- (Sent. "A", sec. 2)

c. 44.734, SUAREZ, Carlos

Rta: 26/9/95.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala V, c. 32.716, "Lobo, Juan J. y otros", rta: 12/9/94, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N°3/94, pág. 115 y C.N.Crim., Sala IV, c. 3.112, "Carabajal, Rubén ", rta: 27/6/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 93.

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PRUEBA. Ley 2.372. a) DECLARACION DE LA VICTIMA: Impugnación de falsedad: desestimación: improcedencia: valor indiciario. b) DECLARACION DEL COPROCESADO: Admisibilidad: valor indiciario. Valoración judicial.

            a) Aun ante falencias e imprecisiones en las que pueda incurrir la víctima de un delito no corresponde desestimar su declaración por haber sido tachada de falsa, pues de otro modo se tornarían ineficaces los dichos de las personas perjudicadas por cualquiera de los delitos contemplados en la ley sustantiva, pues es lógico que se pronuncien con la afectación que ello implica, sin que tal circunstancia mengüe su valor convictivo o impida que sean valorados como indicios para apoyar las restantes probanzas.

            b) No pueden desecharse las manifestaciones de los coprocesados, que son legalmente admisibles para demostrar la realidad objetiva del hecho sometido a juicio, cuando coinciden en lo principal con los demás elementos acopiados al legajo, a los que se unen como un eslabón más de la misma cadena, adquiriendo así entidad probatoria indiciaria. Cabe destacar que el principio del "favor rei" no implica estar a favor de las declaraciones del encausado cuando se encuentran en contraposición con otras versiones, tratándose, en definitiva de un problema de valoración judicial.

C.N.Crim., Sala VI (Def.) -González Palazzo, Escobar- (Sent. "A", sec. 2)

c. 26.953, ARNAIZ, Gustavo

Rta: 8/9/95.-

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PRUEBA. INFORME PERICIAL. NULIDAD: Delito tributario: opinión de peritos. Delegación de facultades: imposibilidad. Procedencia de la sanción.

            El Juez de grado carece de facultades para derivar en los Peritos Contadores Oficiales la decisión de establecer si del estudio que se les encomienda surge la infracción a la Ley Penal Tributaria, dado que esa decisión es propia de la actividad jurisdiccional, por lo cual el informe emanado en esas circunstancias deviene nulo.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Instr. 13, sec. 140)

c. 2.966, GUAZZONE de PASALACQUA, Ilara C.

Rta: 11/7/95.-

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PRUEBA. PERICIAL: Ley 23.984. Peritos de parte. Ausencia de deliberación conjunta con el forense. NULIDAD: Procedencia.

            Corresponde declarar la nulidad del informe pericial que no constituye el resultado de una conjunta deliberación profesional como lo establece el art. 262 C.P.P., pues habiendo sido designados especialistas que habrían de impulsar el debido contralor que a la parte imputada reserva el art. 259 del mismo cuerpo legal, no podía el forense que lo suscribe, desentenderse de esa intervención ni tampoco el juzgado admitir que ello ocurriera, pues dicha omisión afecta el derecho de defensa.(*)

 

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Instr. 37, sec. 129)

c. 3.268, REDECILLA, Juan A.

Rta: 12/7/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 1.705 "Manes, Darío A.", rta: 31/5/94.

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PRUEBA. RUEDA DE PERSONAS. NULIDAD: Identificación anterior por la víctima, álbum fotográfico. Improcedencia de la sanción.

            La circunstancia de que la víctima haya sido citada con anterioridad a la dependencia policial en donde se le anotició de la detención de una persona en similares circunstancias al hecho que la perjudicara, reconociendo aquella al imputado en el álbum de malvivientes, que allí se le exhibiera, no trae aparejada la nulidad del acta en ocasión del reconocimiento en rueda de personas, toda vez que esta diligencia fue llevada a cabo de conformidad con lo dispuesto por los arts. 272 y concordantes del C.P.P.

C.N.Crim., Sala VI (Int.) -González, Escobar, González Palazzo- (Instr. 16, sec. 111)

c. 3.480, BONINO, Alejandro P.

Rta: 19/9/95.-

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PRUEBA. TESTIMONIAL: Ley 2.372. Habilidad para declarar. Sujeto que declaró en los términos del art. 236, 2da. parte, C.P.M.P. Admisión.

            Nada se opone a la declaración como testigo de quien declaró a tenor de la segunda parte del art. 236 del C.P.M.P.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Sent. "V", sec. 30)

c. 44.889, ALAPONT, Sergio

Rta: 10/8/95.-

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PRUEBA. TESTIMONIAL: Reconocimiento de objetos secuestrados: ausencia. Posi-bilidad del acto durante el debate del juicio. Validez.

            Son perfectamente válidos los actos que receptan los dichos de los testigos, a quienes no se requirió el reconocimiento de los efectos incautados, por tratarse éste, de un aspecto sobre el que igualmente pueden deponer en el debate del juicio, si no lo hicieran ante el Juez de Instrucción durante el trámite sumarial.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Instr. 10, sec. 130)

c. 2.999, CORONA, Jorge O.

Rta: 13/7/95.-

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QUERELLA. ABANDONO. DESISTIMIENTO TACITO: Inactividad procesal. Improcedencia.

            La inactividad procesal en las querellas por delitos de acción privada no puede ser asimilada a la institución de la renuncia del agraviado (art. 59, inc. 4° del C.P.), sin comprometer la estructura constitucional de la República, desde que las legislaturas locales no pueden introducir modificaciones que interfieran en cuestiones de derecho de fondo que, por ser tales, corresponden a la legislatura federal. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Correc. 7, sec. 56)

c. 3.045, TARSIA, Silvia D.

Rta: 8/8/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario N° 190, "Pacitti, María T. y otro", rta: 12/11/93 (según el voto de los Dres. Tozzini, Rivarola y Donna), D.J., 1993-II-1057; L.L. 1994-A-163.

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QUERELLA. ACUSACION: Ley 2.372. NULIDAD: Ausencia de requisitos. Acusación fiscal: ausencia (art. 138 del R.J.C.C.). Procedencia de la sanción.

            Ante la falta de acusación fiscal, la querella está habilitada para suplir la tarea que inicialmente le está encomendada al Ministerio Público, pues si bien el art. 138 del R.J.C. y C. no menciona -inexplicablemente- a la querella, va de suyo que si el fiscal no acusa, tales reglas tendrán como destinataria a la querella, la cual a su vez, debe ajustar su proceder de acuerdo a lo preceptuado por la citada norma, pues lo que está en juego es la pretensión penal, que debe ser razonada y autosuficiente, razón por la cual debe declararse la nulidad de la acusación particular que no revista los requisitos exigidos para tal fin.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Sent. "W", sec. 31)

c. 20.858, VUCINOVICH, Horacio V.

Rta: 4/7/95.-

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QUERELLA. LEGITIMACION ACTIVA: Procesado rebelde en causa conexa. Inadmisibilidad.

            Es improcedente la asunción al proceso como parte querellante, de quien encontrándose procesado y rebelde, pretende desvirtuar los cargos que sobre su persona recaen en la causa inicial, dando forma a una denuncia de convergente contenido material con las expresiones exculpatorias volcadas al prestar declaración indagatoria, cuya investigación se encuentra imposibilitada de avanzar por no encontrarse aquél a derecho, habiendo sido ya fijada la conexidad.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Instr. 38, sec. 132)

c. 20.352, PIRILLO, José

Rta: 12/7/95.-

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QUERELLANTE. LEGITIMACION ACTIVA: Procurador penitenciario: improcedencia.

            Corresponde desestimar el pedido del Procurador Penitenciario, de ser tenido por parte querellante en delitos que, más allá de su afectación personal, damnifican directamente a la administración pública, cuya tutela en la causa se encuentra suficientemente resguardada por el representante del ministerio público fiscal, pues del decreto 1.598/93 que crea dicho cargo, no surgen atribuciones para asumir aquel rol.

C.N.Crim. Sala VII (Correc.) -Ouviña, Piombo- (Correc. 3, sec. 62)

c. 2.992, SANCHEZ, Isaías

Rta: 6/7/95.-

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QUERELLANTE. LEGITIMACION ACTIVA: Sociedad protectora de animales. Crueldad contra animales. Desestimación.

            El derecho de constituirse en parte querellante debe emanar de la ley, no basta que los estatutos de una institución -Sociedad Protectora de Animales- le otorgue tal derecho.

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Correc. 7, sec. 57)

c. 3.139, KIM CHE CHUM

Rta: 11/7/95.-

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RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES. DOCUMENTOS VALIDOS. CONDENA: Auto que lo tuvo por reconstruido. Absolución posterior. Defensa en juicio. No afectación.

            Los documentos públicos autenticados, parte policial, auto de prisión preventiva y acusación fiscal, donde se transcriben los testimonios y otras pruebas de cargo, suplen la ausencia de las actas originales donde esas versiones y probanzas se volcaron, de manera que, demostrada legalmente la responsabilidad penal de los procesados, deben ser condenados, siendo inadmisible que el Juez de primera instancia, luego de tener por reconstruido el expediente extraviado, y sin que los letrados de las partes -notificados de ello-, objetaran lo resuelto, arribe a la absolución de aquéllos por considerar que tal reconstrucción impidió u obstaculizó su defensa en juicio. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola, Tozzini, Donna- (Sent. "Z", sec. 46)

c. 44.325, DUARTE, Jorge E. y otro

Rta: 10/7/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario N° 170/171, "Fariña, Mario E. y otro", rto: 21/9/92, J.P.B.A., 78-227.

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RECURSO DE APELACION. DESESTIMACION DE DENUNCIA: Ley 23.984. Interposición por el pretenso querellante. Procedencia.

            Resulta procedente el recurso de apelación por desestimación de denuncia interpuesto por el pretenso querellante, toda vez que tal presentación se produjo en el término legal y con la debida motivación, aportando poder suficiente para ello.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna (en disidencia)- (Instr. 25, sec. 145)

c. 3.506, BOUZO, Oscar A.

Rta: 11/9/95.-

Disidencia del Dr. Donna: Deviene improcedente la apelación deducida, pues el codificador al aludir al art. 180, última parte del C.P.P. quienes tienen derecho a apelar el auto de desestimación de la denuncia y "referirse" a quien "pretendía" ser tenido como parte querellante, ha excluido la posibilidad de que el denunciante pretenda introducirse como parte, luego del dictado de la respectiva resolución.

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RECURSO DE APELACION. FISCAL. MEDIDAS PROBATORIAS: Denegación. Improcedencia del recurso.

            El agravio de la fiscalía por la respuesta negativa del juez de instrucción a recibirle declaración indagatoria a un imputado, no puede dilucidarse a través del recurso de apelación contra dicho temperamento, pues no importa ello auto que cause gravamen irreparable, desde que el magistrado no se ha pronunciado de conformidad con los modelos previstos por la normativa instrumental (ley 23.984), ya sea para la incorporación del denunciado al proceso o para su directa desvinculación, sin perjuicio que a ese efecto deba el fiscal adecuar su petición a las previsiones del art. 180 del ordenamiento adjetivo.

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Instr. 8, sec. 125)

c. 3.372, D'AMATO, Enrique

Rta: 24/8/95.-

Nota: Ver en contra, C.N.Crim., Sala IV, c. 3.031, "Masculiate, José", rta: 4/7/95 y c. 3.320, "Olivera, Leonardo", rta: 10/8/95, ambas publicadas en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/95, págs. 121 y 156, respectivamente.

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RECURSO DE APELACION. FISCAL. MEDIDAS PROBATORIAS: Denegación. Procedencia del recurso.

            Son susceptibles de causar agravio, y por ende resultan materia de apelación, las medidas de prueba solicitadas por el fiscal en los términos del art. 347, inc. 1° del C.P.P., ya que más allá de las pruebas que puedan ser producidas en la etapa del juicio, el fiscal debe contar con todos los elementos de evaluación suficientes para elaborar el dictamen, máxime ante la existencia de una posible relación entre lo peticionado y el encuadre legal que a su criterio sea atribuible al acontecimiento. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Instr. 15, sec. 146)

c. 3.320, OLIVERA, Leonardo

Rta: 10/8/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala IV, c. 1.543, "Croux, Félix", rta: 13/5/94.

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RECURSO DE APELACION. JUICIO CORRECCIONAL: Ley 2.372: clausura de la instrucción. Procedencia del recurso.

            Ante la inexistencia de una norma en el procedimiento correccional, equivalente al art. 429 del C.P.M.P., ley 2.372 la denegatoria de la apelación interpuesta en oportunidad de corrérsele traslado en los términos del art. 575 de ese cuerpo legal, causa agravio susceptible de ser corregido por la vía del recurso de queja.(*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Correc. 5, sec. 75)

c. 44.620, GIUDICE BRAVO, Juan (Dr.)

Rta: 8/8/95.

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 37.131, "Suárez, Manuel", rta: 15/8/90 y c. 43.919, "Gamboa, Enrique J.", rta: 1/9/94.

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RECURSO DE APELACION. PROPOSICION DE DILIGENCIAS: Ley 23.984. Etapa de clausura para el sobreseimiento o elevación del sumario a juicio. Procedencia del recurso.

            Debe concederse el recurso de apelación interpuesto por el fiscal respecto del auto que denegó una diligencia probatoria, por él solicitada durante la etapa de clausura del sumario, para el sobreseimiento o elevación a juicio (art. 348, C.P.P.), pues la irrecurribilidad señalada en el art. 199 de la ley de rito hoy vigente, que recuerda el art. 180 de la anterior ley procesal, trata de poner al sumario a cubierto de continuas interrupciones a que se vería sometido si todas las medidas solicitadas en el decurso instructorio fuesen recurribles, desapareciendo este peligro cuando la causa se encuentra en la etapa antes dicha creándose, en tal circunstancia una sola posibilidad para que las partes acusadoras soliciten medidas, que permitirán las posibilidades de la colecta probatoria que en caso contrario estaría sólo posibilitada por una instrucción complementaria.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Instr. 24, sec. )

c. 3.105, DONOSO CASTEX, Carlos M. (Dr.)

Rta: 4/7/95.-

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RECURSO DE QUEJA. MOTIVACION: Remisión al escrito de apelación. Procedibilidad.

            Si bien el art. 438 del C.P.P. exige que los recursos deben ser interpuestos, bajo pena de inadmisibilidad, con específica indicación de los motivos en que se basen, en la especie, resulta procedente el recurso de queja en el que el recurrente ratificó y mantuvo los fundamentos expuestos en su anterior escrito de apelación.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Instr. 11, sec. 133)

c. 3.199, JIMENEZ, Francisco

Rta: 13/7/95.-

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REQUERIMIENTO FISCAL. DE INSTRUCCION: Denuncia anónima: investiga-ción. Procedencia.

            El requerimiento fiscal es idóneo y suficiente como forma de iniciar la investigación de los hechos, pues ese ministerio debe ejercer la acción penal aun de oficio, tratándose de delitos de acción pública, sin perjuicio del carácter anónimo de la "notitia criminis".

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Instr. 29, sec. 136)

c. 3.258, PRINCIPE, Luis

Rta: 11/8/95.-

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REQUERIMIENTO FISCAL. DE INSTRUCCION: Inicio de las actuaciones. Ausencia. Cumplimiento posterior. NULIDAD: Improcedencia.

            Aun en el supuesto en el que no mediara desde el inicio de las actuaciones, el requerimiento fiscal instructorio previsto en el art. 188 del C.P.P., la actividad posterior desplegada por el Ministerio Público, suple tal formalidad, por lo que no corresponde declarar la nulidad de lo actuado en consecuencia. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, González Palazzo- (Instr. 32, sec. 114)

c. 3.431, FERNANDEZ, Mónica G.

Rta: 12/9/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 1.887, "Redruello, O.", rta: 16/8/94 y c. 1.824, "Melntzky, Hugo G.", rta: 23/8/94.

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REQUISA PERSONAL. NULIDAD: Ausencia de orden judicial. Presencia de dos testigos. Resistencia del imputado. Improcedencia de la sanción.

            No cabe declarar la nulidad de la requisa personal, efectuada por personal policial sin orden fundada de Juez competente, siempre que la misma se materializó en presencia de dos testigos y en circunstancias en que el imputado se resistía con ademanes violentos a ser indentificado, pues en tal estado, bien pudieron presumir los preventores que el incuso portara elementos peligrosos para sí o para terceros.

C.N.Crim. Sala de Feria I (Int.) -Bonorino Peró, Rivarola, Donna (en disidencia)-

c. 75, NUÑEZ, Fernando O.

Rta: 3/8/95.-

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REQUISA PERSONAL. PROCEDIMIENTO POLICIAL: Validez del acto: detenido "in fraganti".

            Es válido el procedimiento policial por el que se efectuó la requisa en la persona del imputado, con el fin de asegurar el estado de cosas, pertenencias y rastros materiales que contribuyen a demostrar la ocurrencia del delito pues tal proceder es inherente a la naturaleza misma de la función de aquellos, quienes no sólo deben velar por el resguardo de las garantías constitucionales de los imputados -que en el caso no se vieron conculcadas ante el aviso posterior e inmediato a la autoridad judicial- sino que también deben procurar que se conserven los rastros materiales del delito y evitar males mayores para sí, para terceros y para el propio detenido, v.gr. comprobando que éste no esté armado. (*)

            El acto procesal cuestionado por la defensa, es válido en la medida que el imputado fue detenido "in fraganti". Este hecho habilita el actuar policial, motivo más que suficiente para rechazar la nulidad planteada, más aún que no hay violación de las normas constitucionales. (Fundamentos del Dr. Donna)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Donna (por sus fundamentos)- (Instr. 20, sec. 162)

c. 3.602, MAGLIO, Roberto

Rta: 28/9/95.-

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ROBO. AGRAVADO. MOTO-VEHICULOS: Exclusión del dec.-ley 6582/58.

            Los moto-vehículos no pueden considerarse comprendidos en el dec.-ley 6582/58 ratificado por ley 14.467, ni aun bajo su incorporación por una resolución administrativa como lo fuera la N° 586/88 de la Secretaría de Justicia. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Instr. 1, sec. 105)

c. 3.393, KURZHAIS, Guillermo A.

Rta: 13/9/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 15.005, "Leone, E. C. ", rta: 30/4/91.

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 1.859, "Del Ponte, Elio F.", rta: 16/8/94, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/94, pág. 106 y en contra, C.N.Crim., Sala IV, c. 2.600, "Di Pietro, Adrián", rta: 24/3/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 55.

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ROBO. AGRAVADO. MOTO-VEHICULOS: Inconstitucionalidad de la resolución Ministerial N° 586/88 - S.J.

            No procede incluir a los moto-vehículos entre los automotores considerados por el dec.-ley 6582/58, como agravantes de la sanción, en razón de la inconstitucionalidad de la Resolución Ministerial N° 586/88 - S.J. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Sent. "K", sec. 40)

c. 44.493, OLIVERA, Héctor C.

Rta: 12/9/95.-

(*) Resolución Ministerial N° 586 - S.J.-, 29/10/88.

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SOBRESEIMIENTO. OPORTUNIDAD: Solicitud de parte. Pronunciamiento obliga-torio sobre su procedencia.

            Ante el pedido de sobreseimiento formulado por la parte, el Juez de Instrucción deberá pronunciarse expresamente respecto de la procedencia o no de tal pretensión, pues tal solución contempla acabadamente el derecho a la jurisdicción y el legítimo interés del requirente de obtener la respuesta procesal adecuada a sus peticiones, en cualquier estado de la causa, como lo expresa el art. 334 del C.P.P., pues limitar la obligación del magistrado a pronunciarse sólo en la oportunidad prevista en el art. 350 del código ritual, contraría el enunciado y el espíritu de la citada norma.

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, Escobar, González Palazzo- (Instr. 24, sec. 131)

c. 3.325, PEREIRO, José A.

Rta: 31/8/95.-

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SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. Ley 2.372. OPORTUNIDAD: Etapa del

contradictorio. Dictado de sentencia: analogía: juicio realizado.

            Habiendo sido superado el momento procesal oportuno para solicitar la suspensión del juicio a prueba, conforme ley 24.316 -esto es, por analogía, en el procedimiento de la ley 2.372, la etapa del contradictorio-, y existiendo sentencia de primera instancia deberá rechazarse aquella solicitud, en cuanto ha sido por haber precluido la instancia oportuna para reclamar el beneficio, pues el juicio, ya se realizó. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Rivarola, Donna- (Sent. "C", sec. 6)

c. 44.501, VILELA, Oscar M.

Rta: 27/9/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 44.456, "Vázquez, Carlos E.", rta: 31/8/95.

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SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. Ley 2.372 a) RETROACTIVIDAD: Ley penal más benigna. b) OPOSICION FISCAL: Primera instancia. Fiscal de Cámara: en favor del imputado. Improcedencia.

            a) La ley 24.316, al incorporar como art. 76 bis al Cód. Penal sus disposiciones, las torna aplicables a procesos iniciados con anterioridad al nuevo ordenamiento procesal (art. 2, C.P.).

            b) Mediando oposición del Fiscal de Primera instancia a la concesión del instituto de la "probation", el Fiscal de Cámara, en el marco del régimen procesal anterior, carece de agravios para peticionar en favor del procesado ante la decisión del Juez de grado que proveyó de conformidad a lo dictaminado por el primer fiscal, dado que tan solo podría desistir de un recurso anterior.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Sent. "D", sec. 8)

c. 44.822, TABOADA, Alfonso

Rta: 4/7/95.-

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SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. CONDENADOS: Improcedencia.

            Surge de la letra del art. 76 bis del C.P. que, la suspensión del proceso a prueba sólo podrá ser aplicada a los "imputados" de un delito y no a los "condenados", a pesar de que pudiera hablarse de mayor benignidad de la ley.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González Palazzo, Escobar- (Sent. "A", sec. 1)

c. 26.872, POPOVICH, Juan C.

Rta: 10/7/95.-

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SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. PENA: Alternativa. Inhabilitación: lesiones culposas. Improcedencia del instituto.

            No procede la suspensión del juicio a prueba, cuando el delito se encuentra penado con inhabilitación y ésta no es pena alternativa con la de prisión, como es el caso de la hipótesis del art. 94 del C.P., en que la conjunción "e", indica, sin duda alguna, que la inhabilitación concurre con la prisión.

C.N.Crim. Sala V (Correc.) -Filozof, Bonorino Peró, Gerome- (Correc. 7, sec. 56)

c. 33.426, GROSSE, Walter G.

Rta: 5/9/95.-

Nota: Ver en igual sentido, C.N.Crim., Sala IV, c. 44.220, "Bessone, Ricardo", rta: 29/8/94, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/94, pág. 123.

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SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. PENA: Monto máximo. Cómputo: grado y modalidad de participación. OPORTUNIDAD: Petición del beneficio. Posterioridad al requerimiento de elevación a juicio. Procedencia.

            a) El tope legal para la concesión de la suspensión del juicio a prueba a que alude el art. 76 bis del C.P., debe verificarse conforme al delito que se le atribuye al causante en el grado (tentado o consumado) y con la modalidad de participación en que se lo imputa (autor, cómplice primario, etc.) y no la pena correspondiente al autor del delito consumado. (*)

            b) Si bien la legislación no determina en forma específica la oportuni-dad en que debe llevarse a cabo la petición, es admisible que se produzca tras el requerimiento de elevación a juicio en el cual se posee una visión más completa en cuanto a la conducta reprochable.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Valdovinos, Barbarosch- (Instr. 33, sec. 170)

c. 3.231, ALE, Roberto

Rta: 15/8/95.-

Se citó: (*) Tamini, Adolfo L. y Freeland López Lecube, Alejandro, "La probation y la suspensión del juicio penal a prueba" (Comentarios a la ley 24.316), L.L., 1994-D-854.

Nota: Ver en contra, respecto del apartado a), C.N.Crim., Sala I, c. 44.335, "Carcione, Norberto R.", rta: 26/5/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 113, apartado b) y c) y C.N.Crim., Sala VI, c. 27.058, "Arias, Gladys L.", rta: 16/5/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 116.

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SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. PENA: Principal o accesoria. INHABILI-TACION: Falso testimonio. Improcedencia.

            Es improcedente la concesión del beneficio de suspensión del juicio a prueba para los casos que, como el delito de falso testimonio, se encuentran reprimidos con pena de inhabilitación, sin interesar que ésta se encuentre prevista como pena principal o accesoria, pues el legislador no ha hecho discriminación al respecto (art. 76 bis, último apartado del C.P.)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Instr. 23, sec. 158)

c. 20.767, BONAHORA, Héctor R.

Rta: 17/8/95.-

Nota: Ver en contra, C.N.Crim., Sala V, c. 2.183, "Orue, Francisco J.", rta: 28/2/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/95, pág. 58.

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SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA. REPARACION DEL DAÑO: Ofreci-miento del imputado. Disconformidad del damnificado: Improcedencia como causal que obsta a la concesión del derecho.

            El texto del art. 76 bis, tercer párrafo, no establece obstáculos insalvables, privilegiando la aplicación del instituto por sobre el concepto de reparación integral del daño emergente del ilícito, al decir "en la medida de lo posible", dejando librado al Juez el juzgamiento de la razonabilidad del ofrecimiento, por lo cual, una pretensión resarcitoria distinta de la ofrecida no puede obstar a la concesión del derecho solicitado, por cuanto éste no se halla subordinado sino a las previsiones de la norma citada, todo ello sin perjuicio de los derechos que la parte damnificada pudiera hacer valer en el fuero correspondiente.

C.N.Crim. Sala VI (Correc.) -González, Escobar, González Palazzo- (Correc. 4, sec. 74)

c. 3.167, RUBIOLO, Horacio

Rta: 11/7/95.-

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TENENCIA DE ARMA DE GUERRA. AUTORIZACION: Ausencia de actualiza-ción para la tenencia. Configuración.

            Para que se configure el tipo del art. 189 bis, tercer párrafo del C.P., es necesaria la tenencia del arma calificada como de guerra, y que permita ubicarla dentro del ámbito de custodia del agente con un poder de hecho y de disponibilidad sobre ella, por lo que la circunstancia de que le faltara la actualización en el registro para su tenencia, no resulta excusa válida y por ello tal conducta se adecua a dicho tipo penal.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Escobar, González Palazzo, González- (Sent. "W", sec. 31)

c. 26.990, BARCALA, Héctor

Rta: 31/8/95.-

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TENTATIVA. ROBO AGRAVADO. AUTOMOTOR: Dispositivo corta corriente. Ausencia de disposición del bien.

            Corresponde calificar como robo de automotor en grado de tentativa, la sustracción de un vehículo que, al poseer un dispositivo corta corriente, tornó posible su hallazgo pocos instantes después del suceso y a corta distancia, pues mal puede interpretarse que existiera una efectiva disposición del bien por parte del imputado, toda vez que el concepto de tentativa es relativo, debiendo adecuarse a las circunstancias de cada caso, resultando inapropiada la creación de una regla general, que enlace el fin de la esfera de custodia al mero límite del alcance sensitivo del sujeto pasivo.

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos- (Sent. "V", sec. 30)

c. 44.810, BADIN, Aldo J.

Rta: 15/8/95.-

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TERMINOS. AUTO DE PROCESAMIENTO: Ley 23.984. NULIDAD: Vencimiento del plazo procesal. Improcedencia de la sanción.

            Debe rechazarse el planteo de nulidad efectuado sobre la base de la extemporaneidad del auto de procesamiento dictado el onceavo día posterior a la indagatoria, pues los plazos procesales son ordenatorios para el Juez, y la validez de ese acto no depende de una declaración especial de prórroga. (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola- (Instr. 26, sec. 134)

c. 3.281, PITEO, Jorge O.

Rta: 14/7/95.-

Se citó: (*) Donna, Edgardo - Maiza, Cecilia, "Código Procesal Penal", Ed. Astrea, 1994, pág. 169 y C.N.Crim., Sala I, c. 1.144, "Marchetti, Alejandro G.", rta: 6/12/93.

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USURPACION. INMUEBLE: Encargado de edificio. Ausencia de intencionalidad dolosa. Atipicidad.

            A los fines de la configuración del delito de usurpación, resulta atípica la conducta del imputado que, en carácter de encargado de un consorcio, omite la restitución de la vivienda ocupándola durante mayor período (6 meses), pues si bien la conducta imputada es susceptible de tipicidad penal, en la especie no puede atribuirsele una intencionalidad dolosa, sino la necesidad de solucionar los problemas emergentes del traslado a una nueva vivienda, con trastornos familiares y laborales acuciantes y comprensibles.

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Valdovinos, Navarro, Barbarosch- (Sent. "LL", sec. 41)

c. 44.751, SAMBUCETTI, Luis A.

Rta: 10/8/95.-

Nota: Ver en contra, C.N.Crim., Sala VII, c. 18.118, "Consorcio Propietarios Guayaquil", rta: 23/11/92, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 4/92, pág. 247; Sala V, c. 32.349, "Martínez, Sócrates A.", rta: 28/4/94; Sala I, c. 41.962, "Gusmerotti, Julio", rta: 29/4/93, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/93, pág. 62.

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ALLANAMIENTO. Orden judicial: ausencia. Autoridad judicial: convalidación posterior. Teoría del "fruto del árbol envenenado": improcedencia.

            Es improcedente la declaración de nulidad de todo lo actuado a partir del allanamiento practicado, pues si bien la diligencia fue llevada a cabo en flagrante transgresión a lo estatuido en el art. 188 del C.P.M.P. -dado que nada indica que el policía interventor haya sido invitado a penetrar a la vivienda del encartado, aun cuando se presuma un consentimiento tácito por parte de la persona que lo atendió-. El Juzgado de Instrucción convalidó lo actuado en esa oportunidad, lo cual pese a no tornar válida en modo alguno la actuación, evidencia un conocimiento previo por parte de la autoridad judicial, de la actividad que venía desplegando la policía. Por otra parte, aun cuando aparezca como desprolija y burda la actuación policial puesta de manifiesto al comienzo de la investigación, no puede hacerse caer todo lo que legítimamente se llevara a cabo con posterioridad, dado que no es aplicable la denominada teoría del "fruto del árbol envenenado". (*)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González, González Palazzo- (Sent. "W", sec. 31)

c. 27.192, PALMISANO, Gabriel A.

Rta: 28/12/95.-

Se citó: (*) Suprema Corte Estados Unidos de Norteamérica, "Stone vs. Powel"; De la Rúa, Fernando, "La doctrina de los frutos del árbol prohibido", L.L., 1995-E-941.

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APREMIOS ILEGALES. PARTICIPACION CRIMINAL: Funcionario público: orden ilegal. Actos materializados por sus subordinados. AUTORIA.

            El funcionario público que en ocasión de encabezar y dirigir personalmente una requisa llevada a cabo en un establecimiento penitenciario, da una orden ilegal -vejaciones y malos tratos a los internos bajo su custodia- debe responder en orden al delito tipificado en el art. 144 bis, inc. 3° del C.P. a título de autor, aunque el acto lo materialice un subordinado, no configurando un delito de omisión, sino de acción, resulta indiferente la exclusión del garante de la normativa del art. 144 bis del C.P. (Del voto del Dr. Valdovinos)

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Navarro (en disidencia), Valdovinos, Barbarosch (según su voto)- (Sent. "V", sec. 29)

c. 44.934, MARTINEZ, Jorge L.

Rta: 28/11/95.-

Disidencia del Dr. Navarro: No se ha configurado un delito impropio de omisión, pues de una interpretación sistemática del Capítulo I del Título V del Libro II del Código Penal, surge que el legislador introdujo expresamente la posición de garante en el inc. 1° del art. 144 cuarto del mismo cuerpo legal, de donde se deduce que fue su voluntad excluirla en los casos del art. 144 bis, que comprende delitos de menor gravedad.

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AUTOMOTORES. Chapa patente: sustitución. Error de prohibición: no configuración.

            Siendo el bien jurídico protegido a través de la placa o patente, la identificación exacta de un vehículo, configura el delito de sustitución ilegítima mencionado por el art. 33 del dec.- ley 6582/58, quien coloca en el automotor nuevas chapas patentes con idéntica numeración a las que antes tenía haciéndolo con pleno conocimiento de que esa identificación no era la que legalmente le correspondía llevar. Su conducta, entonces, no se vio afectada por un "error de prohibición", en tanto esa clase de error versa sobre la equivocada suposición de una causa de justificación inexistente (error de prohibición en concreto) o sobre el desconocimiento de la norma respectiva (error de prohibición en abstracto).

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González, González Palazzo- (Sent. "C", sec. 5)

c. 27.126, VADALA, Luis A.

Rta: 21/12/95.-

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CALUMNIAS E INJURIAS. VERTIDAS POR LA PRENSA: a) Imputación dirigida a funcionario de una empresa del estado. Consignación de datos verdaderos previamente constatados. Absolución. b) EDITOR: Responsabilidad objetiva: exclu-sión. Absolución. c) CONSTITUCION NACIONAL: Conflicto de derechos: de libre información y honor.

            a) Corresponde absolver al imputado en orden al delito de publicación de calumnias e injurias, pues la crónica incriminada (que hacía referencia a un funcionario de una empresa del estado), no hizo más que aludir a información suministrada por quien era autoridad oficial de una empresa estatal. Al citar la respectiva fuente informativa, se desprende que no fue superada la esfera legítima de la libertad de prensa en cuanto a derecho amparado que permita dar cuenta a la sociedad de conductas, hechos y acontecimientos de interés público actual atinentes inclusive a la gestión de una empresa cuyo patrimonio se integra con fondos públicos, de indudable interés para la comunidad toda, como también lo es el comportamiento de sus autoridades y funcionarios.

            b) Corresponde absolver al director del diario en virtud de que en nuestro derecho, la responsabilidad penal -sin dolo o culpa de autor-, está vedada desde el punto de vista constitucional, con lo cual, cualquier presunción de elemento subjetivo sería un caso de responsabilidad objetiva vedado por el ordenamiento constitucional. (*)

            c) El conflicto planteado es entre dos derechos fundamentales de la persona, reconocidos ambos por la Constitución Nacional: por una parte, el derecho a la libre información, y por otra, el derecho a la propia honra; se debe analizar en cada caso cuándo el derecho a la información tendrá mayor valor que el derecho al honor, y la respuesta es clara, en el sentido que "debe existir un interés preponderante en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión o de información con relación a la protección del honor, y ésta aparece cuando el ejercicio del derecho de informar tenga por objeto comunicar a la opinión pública sobre asuntos del estado, o de la comunidad, o finalmente de interés público". (**) (Del voto del Dr. Donna)

C.N.Crim. Sala I (Def.) - Rivarola, Donna, Tozzini- (Correc. 9, sec. 64)

c. 44.567, CHAMORRO, Ricardo y otro

Rta: 31/10/95.-

Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos 274:487; 282:193; 314:1517; 257:308 y c. "Campillay, Julio C.", 308:789. (**) Bacigalupo, Enrique, "Colisión de Derechos fundamentales y justificación en el delito de injuria", Revista Española de Derecho Constitucional, Año 7, N° 20 (mayo-agosto), 1987, págs. 83 y ss.

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COMPETENCIA. FEDERAL: Inscripción de automóvil en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor: poder apócrifo.

            La maniobra desplegada ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor para lograr la inscripción de un automóvil valiéndose de un certificado apócrifo, afecta el normal funcionamiento de dicho organismo, por lo que resulta competente la Justicia Federal. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Ouviña, Piombo- (Instr. 19, sec. 159)

c. 3.326, B., C.

Rta: 19/10/95.-

Se citó: (*) C.S.J.N., competencia N° 302, "Morchón, A.", rta: 28/2/80, J.P.B.A. 41-8491 y competencia N° 353, "Scarinci, A. V.", rta: 6/5/80, J.P.B.A., 41-8492.

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DECLARACION INDAGATORIA. Imputado sordomudo: lectura de derechos y cargos. NULIDAD: Improcedencia.

            Es improcedente declarar la nulidad de lo actuado si el imputado, en su condición de sordomudo no habría entendido sus derechos por haberle sido leídos los mismos, ello así porque si bien se halla acreditado que el procesado padece de un 99,83% de sordera, también se afirma que entiende lo que se le dice por lectura de los labios y está perfectamente oralizado para, a su vez, darse a entender, pudiendo responder en forma puntual los cargos que se le dirigían a tal punto que pudo explayarse y negar el hecho, así como relatar a su letrado el proceder policial.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna (en disidencia)- (Instr. 9, sec. 108)

c. 3.373, ROGER, Eduardo

Rta: 6/10/95.-

Disidencia del Dr. Donna: Corresponde declarar la nulidad de la indagatoria y de todo lo actuado en consecuencia, pues a los fines de asegurar la defensa en juicio, las preguntas debieron hacerse por escrito a los efectos del mejor entendimiento del imputado (arts. 199, C.P.P. y 18 de la C.N.), ya que si bien ha respondido a la imputación originaria, su sordera es casi total, y no es posible saber hasta dónde realmente pudo defenderse y hasta donde no.

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DECLARACION INDAGATORIA. FISCAL: Expresa oposición. NULIDAD: Procedencia.

            Corresponde declarar la nulidad de la indagatoria y todo lo actuado en consecuencia, toda vez que el Fiscal dejó sentado en su dictamen que no se debía oír en tales términos al sujeto, habida cuenta que está alcanzado por la excusa absolutoria prevista en el art. 185 bis del C.P., de modo tal que la ausencia de requerimiento impedía que el Juez dictara la resolución mediante la cual decide recibirle declaración indagatoria, sin que obste a lo expuesto la circunstancia de que tal pronunciamiento le fuera notificado al Ministerio Público sin que éste lo recurriera, pese a su oposición inicial, pues con lo resuelto se encuentra comprometida la estructura misma del proceso, desde que ninguna norma del código respectivo autoriza al magistrado a recibir indagatoria y avanzar el trámite de la causa con oposición expresa del titular de la acción pública.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Instr. 39, sec. 135)

c. 3.583, BUJAN, Jorge A. y otro

Rta: 31/10/95.-

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DEFRAUDACION. ADMINISTRACION FRAUDULENTA. DOLO: Necesidad de su acreditación. Desorden contable: atipicidad.

            La prueba del dolo es requisito indispensable para adecuar una conducta reprochada al tipo penal esencialmente defraudatorio del art.173, inc. 7° del C.P., ya que no sólo requiere tal modalidad subjetiva, sino que carece de una previsión legal que hubiera descripto la posibilidad culposa.

            Dado que el desorden contable no constituye una presunción "iure et de iure" de administración fraudulenta, aunque si un indicio relevante de una deficiente gestión, resultan atípicos los perjuicios patrimoniales causados por administradores negligentes o que actúen con impericia en cualquiera de los actos relativos a su gestión, los que, no obstante ser penalmente impunes, pueden ser susceptibles de generar responsabilidad civil por los daños causados.

C.N.Crim. Sala VII (Def) -Ouviña, Bonorino Peró, Piombo- (Sent. "D", sec. 8)

c. 20.879, VILELLA, Stella M. y otro

Rta: 6/11/95.

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DEFRAUDACION. APROPIACION DE COSA PERDIDA: a) Innecesariedad de uso. Consumación. b) Cheque al portador. Momento consumativo. TENTATIVA DE ESTAFA: Improcedencia.

            a) La apropiación de cosa perdida es un delito formal e instantáneo que se consuma en el momento en que los actos especiales o las circunstancias de tiempo, forma o retención de la cosa traducen una apropiación, siendo independiente del uso de la misma pues puede haber apropiación sin uso. (*)

            b) El delito de apropiación de cosa perdida -un cheque al portador- se consuma en el momento de su presentación para el cobro, pues es éste un acto que exterioriza la voluntad del imputado de apropiarse del cartular que había encontrado. (**)

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González Palazzo, Escobar, González- (Sent. "D", sec. 8)

c. 27.185, LUQUE, Mauricio

Rta: 5/10/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 25.577, "Martín, Carlos", rta: 3/9/93. (**) Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", T. IV, pág. 377.

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DEFRAUDACION. DESBARATAMIENTO DE DERECHOS ACORDADOS: Bo-leto de compraventa. ATIPICIDAD: Conducta incriminada.

            Corresponde absolver en orden al delito de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, al imputado que, tras suscribir con el damnificado el boleto de compraventa de un inmueble, enajena el mismo a un tercero, ello es así toda vez que el instrumento mencionado no transmite el dominio sobre el bien, sino que se trata de una promesa de escrituración, conforme el art. 1184, inc. 1° del C.C., por lo cual, la obligación asumida por el acusado era de hacer y no de dar, que son las amparadas por el tipo penal (*).

            Toda vez que la posesión fue el único derecho real adquirido se debió recurrir a las acciones posesorias del derecho civil y no al ejercicio de una acción penal, por ende, la conducta incriminada, resulta atípica.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -Elbert, González Palazzo, González- (Sent. "K", sec. 40)

c. 26.493, KESLER, Félix

Rta: 4/10/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VI, c. 26.693, "De Santis", rta: 21/10/94 y Creus, Carlos, "Derecho Penal", Parte Especial, Ed. Astrea, 1989, 2da. edición, T. I, pág. 530.

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DEFRAUDACION. ESTAFA: Alteración del medidor de energía eléctrica. Configuración.

            La alteración del aparato que registra el consumo de energía eléctrica, tiene en principio adecuación en el art. 172 del C.P., puesto que produjo un perjuicio a la empresa prestadora del servicio, induciendola a engaño pues facturó en base a ese registro. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Int.) -Bonorino Peró, Ouviña- (Instr. 5, sec. 116)

c. 3.844, LEOTTA, Jorge A.

Rta: 12/12/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 3.218, "Haikins, Mario L.", rta: 24/8/95.

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DEFRAUDACION. ESTAFA: Boleto de compraventa. Corredor inmobiliario: responsabilidad. ESTELIONATO: No configuración.

            No constituye el delito de estelionato, la conducta de quien, en su calidad de intermediario inmobiliario, y en connivencia con los co-procesados, realiza un aporte fundamental para que éstos simularan ser propietarios de un inmueble -sobre el que pesaban embargos e hipotecas-, logrando así la suscripción de un boleto de compraventa con el damnificado, para luego apoderarse de la suma abonada por éste a la celebración del acto. No importa gravamen alguno sobre un inmueble la firma del boleto de compraventa, dado que el tipo en análisis requiere que los gravámenes se realicen a través de instrumentos públicos, ello sin perjuicio de configurar dicho accionar, el delito de estafa, puesto que la calidad de corredor del procesado, implica un deber de garantía en relación a cada una de las partes de la operación, por lo que al silenciar las irregularidades que poseía el inmueble, indujo a error a la víctima, quien de tal forma, dispuso de su patrimonio en forma lesiva para sus intereses.

C.N.Crim. Sala IV (Def.) -Barbarosch, Navarro, Valdovinos- (Sent. V, sec. 29)

c. 44.871, FERNANDEZ, Hugo H.

Rta: 17/10/95.-

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DEFRAUDACION. ESTAFA. FALSIFICACION: Instrumento privado: vales. CONCURSO IDEAL. Improcedencia.

            Constituye el delito de tentativa de estafa, la conducta de quien presenta en la boletería de una empresa de transporte, vales falsificados -similares a los que la empresa entrega a sus agentes a título de adelanto de haberes-, con el fin de cobrar los importes respectivos. Es improcedente el concurso ideal con el delito de falsificación de instrumento privado, puesto que si bien dichos vales pueden tener relieve de instrumentos privados, sólo lo es desde el punto de vista civil, porque penalmente aquéllos sirven como simple medio ardidoso para la estafa, pues, destinados al uso financiero dentro del círculo interno conformado por la empresa y sus agentes, resultan inidóneos para vulnerar la fé pública.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola (en disidencia parcial), Tozzini, Donna- (Sent. "V", sec. 29)

c. 44.668, CHACON, Armando E. y otro

Rta: 13/12/95.-

Disidencia parcial del Dr. Rivarola: En la especie, se ha configurado el delito de tentativa de estafa mediante falsificación de instrumento privado.

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DEFRAUDACION. ESTAFA. TENTATIVA: Imputado: apropiación e intento de cobro de un cheque ajeno por medio de un tercero. Existencia de denuncia de extravío. TENTATIVA DE DELITO IMPOSIBLE: No configuración.

            Constituye el delito de tentativa de estafa, la conducta del procesado que habiendo encontrado un cheque extraviado, lo entrega al coprocesado quien lo presentó para su cobro, viéndose frustrado su accionar, por registrar el cartular denuncia de extravío. Cabe descartar la tentativa de delito imposible, puesto que para que se dé es necesario un error que recaiga sobre la existencia o inexistencia de una cualidad jurídica y no sobre una cualidad de hecho, mientras que en el caso "sub-examine", el nocente tuvo la oportunidad de cobrar el cheque si la denuncia de extravío no hubiera llegado a tiempo, razón por la cual, la tentativa es viable. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Bonorino Peró, Ouviña, Piombo- (Sent. "D", sec. 8)

c. 20.901, TARANCO TUCICH, Alberto W.

Rta: 13/10/95.-

Se citó: (*) Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", T. II, parágrafo 50: VII.

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DEFRAUDACION. ESTAFA PROCESAL. TENTATIVA: Configuración. Renova-ción de plazo fijo con error bancario. Juicio ejecutivo para su cobro. APROPIACION INDEBIDA: Improcedencia.

            Constituye el delito de tentativa de estafa procesal la conducta de quien se vale de un error material en la confección de un certificado de plazo fijo renovado en el banco, y con el fin de apropiarse del mayor dinero estipulado erróneamente, intima extrajudicialmente a la entidad bancaria e inicia juicio ejecutivo en sede comercial para lograr su objetivo, obteniendo en aquélla el embargo preventivo.

            Si bien el imputado se valió de documentos verdaderos, los usó fraudulentamente, y a sabiendas que su contenido no se ajustaba a la realidad, tratando de inducir a error al juez comercial en desmedro del patrimonio ajeno. No se configura el delito previsto en el art. 173, inc. 2° del C.P., pues el imputado no se apropió de un documento ajeno, toda vez que el certificado de depósito le pertenecía. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) - Rivarola, Donna, Tozzini- (Sent. "V", sec. 29)

c. 44.525, GUEZUGUTCHIKIAN, Esteban

Rta: 30/10/95.-

Se citó: (*) Núñez, Ricardo, "Tratado de Derecho Penal", T. V, págs. 309 y ss. y Rojas Pellerano, Héctor, "El delito de estafa y otras defraudaciones", pág. 271.

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DEFRAUDACION. INSOLVENCIA FRAUDULENTA: a) Necesidad de sentencia civil condenatoria como requisito previo. b) Omisión de depositar el importe de la venta efectuada.

            a) La ausencia de sentencia condenatoria firme en el proceso civil suspende la posibilidad de dictar sentencia condenatoria firme por insolvencia fraudulenta. (*)

            b) La desobediencia consistente en la omisión de depositar el importe de la venta que constituiría el acto frustrante es acto independiente, ya que es posterior al primero y su cumplimiento hubiera obrado como un pago carente de significación desincriminante, en el caso de haberse cometido el primer delito. (**)

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Barbarosch, Valdovinos- (Correc. 2, sec. 59)

c. 3.606, FUCCI, Néstor

Rta: 17/10/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, "Gens Miguens, J.", rta: 18/3/69, E.D., 27-576; C.N.Crim., Sala III, "Cucione, Carlos", rta: 20/8/92, L.L., 1993-A-469. (**) C.N.Cim., Sala I, "Volcovich, Arnoldo C.", rta: 9/3/89, J.A., 1990-IV-54.

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DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA: Ejecución de cheques en virtud de una obligación inexistente. No configuración.

            No constituye el delito de defraudación por retención indebida, la conducta del imputado que, ante el rechazo de los cartulares que le fueran entregados en virtud de un contrato de compraventa de automotor, retuvo los mismos y efectuó su cobro por medio de juicio ejecutivo, no obstante haberle sido devuelto el automotor por su deudor al no poder hacer frente al pago de los cheques. Ello es así toda vez que el convenio fue cumplido por la vendedora con la entrega del rodado y no así por el comprador pues sus órdenes de pago fueron rechazadas por cuenta corriente cerrada. Por otra parte cabe consignar que la expresión "a su debido tiempo" del art. 173, inc. 2° del C.P. se refiere a una fecha cierta fijada por las partes o por la ley, que ante su ausencia requiere la intimación correspondiente, circunstancias todas éstas que no se han dado y tornan atípica la conducta.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Filozof, Bonorino Peró, Gerome (en disidencia)- (Sent. "P", sec. 16)

c. 33.292, ZAMBELLI, Eduardo

Rta: 30/11/95.-

Disidencia del Dr. Gerome: Al haberse rescindido el contrato de compraventa que celebraran las partes y ejecutado el encausado los cartulares que habían sido entregados como consecuencia de aquélla, queda configurado por su parte un accionar defraudatorio (art. 173, inc. 2° del C.P.), no habiéndose acreditado que aquél tenía derecho a retener como consecuencia de un crédito subyacente de esa relación, máxime cuando con antelación recibió el vehículo que constituyó el objeto del contrato y, mediante maniobras dilatorias, no hizo entrega de los cartulares finalmente ejecutados.

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DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA: Imputado que actúa como productor de seguros. Omisión del pago de las primas a la empresa aseguradora.

            Incurre en el delito de defraudación por retención indebida, quien, ganándose la confianza de los damnificados -y sin ser productor de seguros- recibió de éstos el dinero de las primas correspondientes para luego retrasar el pago en algunos casos y quedándose con dichos importes en otros. Ello es así toda vez que nos hallamos frente a un contrato de mandato y no de depósito (art. 2182, C.C.) pues el imputado no tuvo el dinero de sus ocasionales clientes para guardarlo, sino para realizar el pago de las cuotas hasta concluir el contrato de seguro. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Def.) -Bonorino Peró, Piombo- (Sent. "Q", sec. 19)

c. 20.864, DIEZ, Guillermo E.

Rta: 7/12/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala VII, c. 20.221, "Avellaneda, Julia", rta: 24/5/95, publicado en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 78.

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DESOBEDIENCIA. Configuración. Fajas de clausura colocadas por la autoridad municipal: violación.

            La conducta de quien violó, en forma reiterada, las fajas de clausura colocadas legítimamente por la autoridad municipal para impedirle la actividad que desarrollaba en zona que no la admite, constituye delito de desobediencia.

C.N.Crim. Sala IV (Correc.) -Navarro, Barbarosch- (Correc. 4, sec. 66)

c. 44.982, SALVIA, Rubén A.

Rta: 26/10/95.-

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I. EXTORSION. CONFIGURACION: Dádiva. Empleado de una empresa del Estado. EXACCIONES ILEGALES: Sujeto activo: falta de calidad de funcionario público. Atipicidad. II. REFORMATIO IN PEJUS. Ausencia de recurso fiscal. Cambio de calificación: mantenimiento del "quantum punitivo". Procedencia.

I. EXTORSION. CONFIGURACION: Dádiva. Empleado de una empresa del Estado. EXACCIONES ILEGALES: Sujeto activo: falta de calidad de funcionario público. Atipicidad.

            Configura el delito de extorsión la conducta de quien en su calidad de empleado de una empresa del Estado, solicita una suma de dinero a un particular -usua-rio de la misma-, a cambio del restablecimiento del servicio que le fuera suspendido. Resulta atípica la calificación del delito de exacciones ilegales, debido a que el autor carece de los atributos de funcionario público requeridos por el tipo.

II. REFORMATIO IN PEJUS. Ausencia de recurso fiscal. Cambio de calificación: mantenimiento del "quantum punitivo". Procedencia.

            Aunque no medie recurso fiscal, se puede cambiar la calificación de la conducta si no se modifica la sanción apelada, al no afectarse así la garantía que preserva la "reformatio in pejus", salvo que, la sanción infligida se vuelva ilegal por ser menor que la mínima aplicable conforme a la diferente figura legal que se propicia.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini, Donna (según su voto), Rivarola- (Sent. "C", sec. 6)

c. 44.227, BASSO, Carlos A.

Rta: 4/10/95.-

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FISCAL. INVESTIGACION: Ausencia de delegación (art. 196, C.P.P.). NULIDAD: Procedencia.

            Devienen nulas las diligencias efectuadas por el Fiscal a fin de llevar a cabo por su cuenta actuaciones complementarias en función del supuesto ilícito investigado, pues el Juez es el único autorizado a realizar la pesquisa, tanto más si no usó de la facultad que le otorga el art. 196 del C.P.P., correspondiéndole con exclusividad la dirección de la misma. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Barbarosch, Valdovinos- (Instr. 10, sec. 130)

c. 3.665, POLVERGIANI, Walter

Rta: 12/10/95.-

Se citó: (*) Núñez, Ricardo, "Código Procesal Penal", Ed. Lerner, Córdoba, 1986, 2da. edición, pág. 150.

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HOMICIDIO. CULPOSO. PRISION PREVENTIVA: Auto de procesamiento sin prisión preventiva.

            Es improcedente el dictado de prisión preventiva junto con el auto de procesamiento por comisión del delito de homicidio culposo, pues si bien la conducta inmediata de la imputada fue la de huir del lugar de los hechos y realizar una denuncia -en principio falsa-, la posterior conducta no demuestra ninguno de los extremos de excepción del art. 319 del C.P.P., puesto que en esta etapa procesal la imputada prestó declaración indagatoria, fijó domicilio, cumplió con las condiciones impuestas por el Tribunal, ofreció prueba a su favor y cumplió con la fianza impuesta, debiendo valorarse, además, la falta de antecedentes de la procesada.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Donna, Rivarola (en disidencia)- (Correc. 3, sec. 62)

c. 3.723, MON, María V.

Rta: 5/10/95.-

Disidencia del Dr. Rivarola: Corresponde el dictado de prisión preventiva pues las actitudes de la imputada -huir del lugar luego de embestir con su automóvil al menor y realizar una falsa denuncia de sustracción del vehículo- al margen de su desprecio por la vida ajena, dan cuenta de la palmaria y demostrada intención de burlar la acción de la justicia y entorpecer la investigación. Actitud que no está descartada por su conducta procesal, y que puede reiterar en tanto las alternativas del proceso se presenten comprometedoras para ella.

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HOMICIDIO. TENTATIVA. DESISTIMIENTO VOLUNTARIO: Imputado que deja escapar a la víctima herida. LESIONES. GRAVES: Configuración.

            Importa desistimiento voluntario la conducta del imputado que, tras haber comenzado a lastimar a la víctima, la deja escapar (esto aunado a que se trata de un experto en artes marciales), ya que al analizar el "iter criminis" se determina que hubo comienzo de ejecución por parte del procesado al infligir las heridas que dan cuenta las pericias médicas, pero éste interrumpió su conducta antes de haber hecho todo lo que tenía que hacer para consumar el delito (homicidio), por lo que al dejar de hacer por propia decisión, el acto futuro, se configura la tentativa incompleta o desistimiento propiamente dicho, ya que desistió eficazmente en forma voluntaria interrumpiendo los efectos de la acción anterior cumplida. Ergo, al limitarse la falta de punibilidad al hecho desistido y no a los ya consumados, el imputado queda eximido de la pena de la tentativa por el desistimiento voluntario y debe responder por el delito de lesiones graves, consumadas en el tramo del camino de la realización del delito, que va desde el comienzo de los actos de ejecución al desistimiento voluntario.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González Palazzo, González, Escobar- (Sent. "A", sec. 1)

c. 26.923, ROJAS, Jesús S.

Rta: 12/10/95.-

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HURTO. APODERAMIENTO DE DINERO. DEFRAUDACION: Retención indebida. Exclusión.

            Para que se configure el delito de defraudación por retención indebida, el sujeto activo debe tener un poder de hecho sobre la cosa, concedida voluntariamente por quien podía hacerlo. Cuando se trata de dinero, no es posible la aplicación del art. 173, inc. 2° del C.P., pues al ser cosa fungible, se transmite la propiedad en el caso que hubiera pasado a poder de otro, por lo tanto el apoderamiento de dinero constituye el delito de hurto. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Rivarola, Tozzini- (Sent. "A", sec. 1)

c. 44.517, PEROTTI, Néstor E.

Rta: 4/10/95.-

Se citó: (*) Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", T. IV, pág. 380, 2do. párrafo.

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HURTO. AUTOMOTOR: Sustracción y ocultamiento. Condómino. Configuración. DEFRAUDACION. RETENCION INDEBIDA: Improcedencia.

            Configura el delito de hurto la conducta de quien en su calidad de condómino sustrae el automotor sujeto a ese régimen, ocultándolo sin anunciar el sitio en que éste se hallaba; ello es así puesto que su proceder importó el apoderamiento ilegítimo de una cosa parcialmente ajena ejecutando esa acción al poner el vehículo bajo su dominio exclusivo y bajo su poder inmediato consolidando esa exclusividad en su favor y en detrimento del resto de los condóminos. Resulta improcedente, la tipificación del delito de defraudación por retención indebida, pues "ab initio" existió el ánimo propio del apoderamiento ilegítimo cuya concurrencia retrotrae a ese tiempo la conducta dolosa desplazando la mentada figura, cuya estructura demanda un poder de hecho legítimo sobre la cosa, inexistente en el caso, pues el propósito inicial y exclusivo fue el de apoderarse del bien y desapoderar a la querellante.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola, Tozzini- (Sent. "A", sec. 2)

c. 44.566, BARRACHINI, Leticia B.

Rta: 13/12/95.-

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INCONSTITUCIONALIDAD. Resolución: Secretaría de Justicia 586/88. Violación al principio de legalidad. MOTO-VEHICULOS.

            Deviene inconstitucional la resolución 586/88 de la Secretaría de Justicia, pues la C.N., atribuye la potestad reglamentaria, expresamente al titular del Poder Ejecutivo Nacional (art. 99, inc. 2°), y el dictado de aquélla resulta un complemento indispensable y accesorio de la atribución de ejecutar y hacer cumplir las leyes inherentes a dicho poder gubernativo. Al respecto, la doctrina administrativa considera que cuando el Congreso ha delegado una determinada facultad en el Poder Ejecutivo, sin mencionar la posibilidad de que la misma sea ejercida, también mediante subdelegación por otro órgano, resulta evidente que esta última, si se produce, es inconstitucional, siendo su fundamento que la delegación, de por sí, es un régimen excepcional y que, por lo tanto debe ser interpretado siempre en forma restrictiva. Unicamente podría considerarse válida la delegación realizada por el Poder Ejecutivo Nacional a esa Secretaría Ministerial, a través del dictado del decreto 4560/73, si consideramos que aquélla tuvo como objetivo propender a la organización del Registro de la Propiedad del Automotor, estableciendo la obligatoriedad del patentamiento de los moto-vehículos, pero, en modo alguno, puede entenderse que su dictado suple la reglamentación encomendada en el art. 5 del dec.-ley 6582/58 -ratificado por leyes 14.467 y 23.077- al órgano ejecutivo. (*)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Gerome, Filozof- (Sent. "Q", sec. 19)

c. 33.366, CARDOZO VILLALBA, César O. y MINOZZI, Gastón

Rta: 31/10/95.-

Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos 181:255; 184:660; 174:299; 176:353; 190:58; 191:514; Bidart Campos, Germán, "El Derecho Constitucional del Poder", T. II, pág. 148/9; Linares Quintana, Segundo V., "Tratado de la ciencia del Derecho Cons-titucional", T. IX, pág. 690; C.N.Crim., Sala II, c. 37.871, "Retamozo, Sergio", rta: 29/8/90; Sala VI, c. 20.993, "Peralta, J.", rta: 15/4/91 y c. 21.669, "Rodríguez, L. P.", rta: 5/9/91.

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LESIONES. CULPOSAS. MEDICO. MALA PRAXIS: Daño en la armonía corporal. Configuración.

            Configura el delito de lesiones culposas, el accionar del médico que empleando la técnica de lipoaspiración, produce a su paciente heridas punzocortantes, observables aún luego de 6 meses de la intervención, ocasionando un daño en la armonía corporal de la damnificada, pasible de corrección con nuevas cirugías y con resultado incierto; cabe agregar que el imputado no acreditó poseer la idoneidad para efectuar dicho tratamiento.

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Correc. 13, sec. 80)

c. 3.614, GIORDANO, Humberto

Rta: 8/11/95.-

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PRESCRIPCION DE LA ACCION. ACTOS INTERRUPTIVOS: Audiencia: art. 41 del C.P. No configuración.

            La audiencia establecida en el art. 41 del Código Penal, no puede considerarse como parámetro para decidir si ha operado o no la prescripción de la acción penal, ya que el ordenamiento legal no especifica el momento en el cual la misma debe realizarse, dejando el mismo al arbitrio o discrecionalidad del Juzgador; se impone que se realice antes del dictado de la sentencia. (*)

C.N.Crim. Sala V (Int.) -Filozof, Gerome, Bonorino Peró (por sus fundamentos)- (Sent. "Z", sec. 45)

c. 33.384, ROJAS, Jorge

Rta: 6/10/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 32.609, "Belascuain, Lucio M.", rta: 29/9/94 y c. 32.929, "Ramírez, Ariel", rta: 15/5/95.

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PRESCRIPCION DE LA ACCION. SOBRESEIMIENTO: Nulidad. Omisión del tratamiento prioritario de un instituto de orden público. Prelación de normas. Nulidades virtuales o implícitas.

            Corresponde declarar la nulidad del auto de sobreseimiento dictado con posterioridad a la iniciación de un incidente de prescripción de la acción por parte del imputado, ello así, porque si bien el art. 340 del Código adjetivo autoriza a continuar la instrucción, tramitándose por separado las excepciones contempladas en el mismo ordenamiento, esta permisión abarca todos los actos propios de la pesquisa, más de ningún modo parece consentir que pueda ponerse punto final a un proceso aplicando la solución del art. 334, cuando aún resta definir un instituto de orden público, cual es la prescripción de la acción penal que, en caso de prosperar, impediría cualquier otro tipo de pronunciamiento sobre el fondo del asunto porque el hecho deja de ser perseguible penalmente.

            Las nulidades virtuales o implícitas impiden circunscribir y limitar la facultad sancionatoria de los tribunales ante la detección de un vicio manifiesto, no especificado explícitamente en el ordenamiento ritual y autorizan a subsanar la anomalía procesal. (*)

C.N.Crim. Sala VI (Int.) -González, González Palazzo- (Instr. 31, sec. 119)

c. 3.313, SCELSI, (Dr.) s/Incidente de Nulidad

Rta: 21/12/95.-

Se citó: (*) Clariá Olmedo, Jorge A., "Tratado de Derecho Procesal Penal", Marcos Lerner Editora Córdoba S.R.L., 1985, T. III, pág. 182, acápite 796.

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PRUEBA. EXACCIONES ILEGALES: Grabaciones. Validez.

            No puede objetarse la legitimidad de las grabaciones efectuadas por los damnificados, a los efectos de probar las exacciones ilegales de que fueran víctimas, puesto que si bien éstas no han sido reconocidas por los acriminados, ni sometidas a peritaje a fin de determinar su origen, lo cierto es que no se trata de simples grabaciones que fueran llevadas por la querella de resultas de haber sido tomadas sin autorización ni apoyo judicial, sino que su emisión se produjo con el aporte material idóneo que fuera suministrado por técnicos policiales y corroborada por la presencia del Secretario del Juzgado interviniente y por la participación de testigos convocados a tales fines.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Valdovinos, Escobar, Bonorino Peró- (Sent. "W", sec. 32)

c. 33.360, MORDCOVICH, Alicia V. y otros

Rta: 9/11/95.-

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QUERELLA. DELITOS DE ACCION PRIVADA: a) Desistimiento tácito: art. 422, inc. 1°, C.P.P. Innecesariedad de petición de parte. b) INCONSTITUCIONALIDAD: Art. 423, 1ra. parte del C.P.P.

            a) Deviene innecesaria la petición de parte para habilitar al organismo jurisdiccional, a declarar desistida la acción por inactividad de la querella, en los términos del art. 422, inc. 1° del C.P.P.; puesto que de la propia letra de la ley se desprende el sentido imperativo de la norma al vencimiento del plazo establecido, que no requiere ni pedido ni intimación alguna, sin perjuicio del arbitrio del magistrado para valorar, en cada caso concreto, los motivos de la inactividad del accionante.

            b) Deviene inconstitucional el art. 423, 1ra. parte del C.P.P., pues la inactividad de la querella en los delitos de acción privada no puede ser asimilada a la renuncia del agraviado, regulada en el art. 59, inc. 4° del Código Penal, ya que legislar sobre una cuestión de fondo, como lo es el instituto bajo examen, es materia delegada a la Nación por las Provincias (arts. 75, inc. 12° y 126 de la Constitución Nacional). (*)

C.N.Crim. Sala I (Int.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Instr. 8, sec. 125)

c. 3.501, RAMIREZ de QUINTELA, Marta E.

Rta: 24/10/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario N° 190, "Pacitti, María T. y otros", rto: 12/11/93, L.L., 1994-A-163, D.J., 1993-2-1057.

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I. QUERELLANTE. Presencia durante la declaración indagatoria. (Art. 203 C.P.M.P.) Validez. II. ACCION RESARCITORIA. a) Límites. b) Art. 29 C.P.: derogación del art. 1.096 del C.C.: vigencia de las normas de la responsabilidad civil.

c) Terceros: responsabilidad por daños causados por sus dependientes (art. 1.113 del C.C.)

I. QUERELLANTE. Presencia durante la declaración indagatoria. (Art. 203 C.P.M.P.) Validez.

            Si bien el art. 203 del C.P.M.P. prohíbe la presencia del querellante durante la declaración indagatoria del imputado, lo cierto es que tal circunstancia debe analizarse en cada caso concreto para de ese modo, establecer si su presencia pudo constituirse en una suerte de coacción del indagado.

II. ACCION RESARCITORIA. a) Límites. b) Art. 29 C.P.: derogación del art. 1.096 del C.C.: vigencia de las normas de la responsabilidad civil. c) Terceros: responsabilidad por daños causados por sus dependientes (art. 1.113 del C.C.)

            a) La acción resarcitoria en sede penal presenta tres límites, 1°) que la responsabilidad del citado resulte del hecho mismo del delito cometido, 2°) la existencia de una norma legal que ponga a cargo del tercero las consecuencias patrimoniales de la actividad desarrollada por aquél y 3°) que el perjudicado la solicite expresamente.

            b) Por aplicación del principio "lex posterior derogat priori" debe entenderse que el art. 29 del C.P. derogó la normativa prevista en el art. 1.096 del C.C. en lo que a la reparación del daño civil en el proceso penal se refiere. No obstante lo expuesto, no debe inferirse que quede derogado todo el sistema de responsabilidad civil, sino única y exclusivamente la norma mencionada, lo cual lleva implícito que también pueda aplicarse en esta sede las normativas civiles que responsabilizan por las consecuencias del delito a terceros que -sin ser siquiera sospechados como autores, cómplices o encubridores-, deben responder por el vínculo que aquellos mantienen con la persona que efectivamente causó el daño (arts. 1.113, 1.114, 1.117, 1.118, 1.119 y 1.122 del C.C.). (*)

            c) Si bien el principio general es que nadie puede ser responsabilizado sino por su hecho propio, existe una normativa que fija dos excepciones, cual es el art. 1.113 del C.C. el cual comprende dos situaciones: la responsabilidad indirecta o refleja del principal por los hechos dañosos causados por personas que están bajo su dependencia y la derivada de las cuales una persona se sirve de una cosa, siendo necesarios para la aplicación de ese principio genérico ciertos requisitos: 1) relación de dependencia entre el autor del hecho y el tercero, 2) antijuridicidad del hecho del dependiente, 3) factor de atribución con relación al dependiente con base en la culpa "in vigilando" por parte del principal, 4) daño a un tercero y 5) nexo entre las funciones del dependiente y el hecho dañoso, los cuales, acreditados, ponen en cabeza del principal la responsabilidad civil. (**)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Gerome, Filozof, Bonorino Peró- (Sent. "V", sec. 29)

c. 32.936, CASTAGNOLA, Roberto F.

Rta: 31/10/95.-

Se citó: (*) Vélez Mariconde, Alfredo, "Acción resarcitoria", Lerner Editora, 1965, págs. 169/171. (**) Belluscio, Augusto C., "Código Civil", Comentado, Anotado y Concordado, Ed. Astrea, T. V, págs. 421/441.

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RECURSO DE APELACION. Recurso fiscal: ausencia. REFORMATIO IN PEJUS: Imposibilidad de recalificación. Pena ilegal.

            Existiendo desistimiento por parte del Fiscal de Cámara respecto del recurso interpuesto por su inferior jerárquico, el Tribunal queda inhabilitado para recalificar la conducta del encausado, ya que -si bien dicho requisito no es óbice para variar el encuadre en otras situaciones distintas a la planteada- podríase vulnerar en la especie el principio de la "reformatio in pejus", puesto que el monto mínimo previsto para la calificación que se propicia la alzada, supera la sanción que se le aplicara en la anterior instancia, estando vedado al juzgador la imposición de una pena no legislada.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Gerome (en disidencia), González, Elbert- (Sent. "D", sec. 7)

c. 33.316, OLIVERA LAGO, Daniel G.

Rta: 19/12/95.-

Disidencia del Dr. Gerome: Si bien como consecuencia de la modificación de la figura legal propuesta, la pena impuesta en primera instancia deviene en ilegal por hallarse por debajo del mínimo establecido por el legislador, se considera legítima la modificación porque debe circunscribirse la conducta disvaliosa a la figura legal que aparece como correcta, de donde surge la imposibilidad de propiciar la anulación de esa resolución puesto que, de ese modo y en forma indirecta, se violaría la garantía constitucional ya mencionada. (*)

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala V, c. 32.928, "Cosmendi, Roberto J.", rta: 16/5/95, publicado en Bol. Int. de Jurisp. N° 2/95, pág. 98; Sala III, c. 31.046, "Barbalarga, Ricardo", rta: 17/9/92, publicado en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/92, pág. 163; Sala III, c. 30.200, "Machiarena, Néstor", rta: 4/3/92, publicado en Bol. Int. de Jurisp. N° 1/92, pág. 29 y Sala VII, c. 20.058, "Aviles Castro, Juan", rta: 29/8/94, publicado en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/94, pág. 109.

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RECURSO DE APELACION. Tribunal: limitación al pedido fiscal.

            El tribunal se encuentra limitado en cuanto a la apelación del Fiscal, que sólo pide un aumento de la pena, manteniendo la calificación del delito (robo), ya que en el contradictorio no debe el juzgador ir más allá del pedido de las partes, más aun si es en contra del imputado. (Del voto del Dr. Donna)

            La opinión jurídica del Fiscal no obliga al órgano jurisdiccional (*), el que se encuentra facultado para aplicar el derecho, que entienda corresponda a los hechos incluidos en la acusación fiscal y que, por ello, pudieron a su vez ser objeto de respuesta defensiva y de prueba de descargo en la etapa pertinente. De modo que, en rigor, el Tribunal no está limitado por el sentido específico de la apelación fiscal -concretada al monto de la pena- sino tan solo por la congruencia que en orden a los hechos debe existir entre la acusación, la defensa, la prueba y la sentencia. (Del voto del Dr. Rivarola)

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Rivarola- (Sent. "Q", sec. 19)

c. 44.591, FRANCO, Marisa J.

Rta: 1/12/95.-

Se citó: (*) Oderigo, Mario A., "Derecho Procesal Penal", T. II, pág. 159.

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RECURSO EXTRAORDINARIO. RECUSACION: Rechazo. Improcedencia.

            El rechazo de la recusación no es sentencia definitiva que habilite el recurso extraordinario. (*)

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Barbarosch, Valdovinos- (Instr. 24, sec. 131)

c. 44.883, ECHARRI, Stella M.

Rta: 7/11/95.-

Se citó: (*) C.S.J.N., Fallos 314:649; 308:1347 y 2264.

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REGIMEN PENAL DE LA MINORIDAD. Evolución del menor: informe sicológico ambiental. No implementación por parte del Juez. PENA: Conforme al art. 4, inc. 3° "in fine": ley 22.278.

            La circunstancia de no haberse dado cumplimiento a las medidas aconsejadas por el equipo sicológico del instituto donde se hallaba internado el menor, tendientes a su recuperación, genera un serio margen de dudas en cuanto a que si se lo hubiese internado, en un instituto especializado, el menor no se hubiera fugado de aquél, ni hubiera sufrido internaciones sucesivas, ni cometido los hechos delictivos que perpetró en uno de los centros, por lo cual la pena a imponer será en grado de tentativa (art. 4 "in fine", ley 22.278), dado que la debilidad del sistema y el convencimiento de sus falencias aconsejan apostar por la positiva evolución del procesado.

C.N.Crim. Sala VI (Def.) -González Palazzo, Escobar, González- (Juzg. de Menores 1, sec. 1)

c. 27.371, MONTIEL, Eduardo H.

Rta: 7/11/95.-

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REQUISA PERSONAL. a) ACTOS DE LA POLICIA JUDICIAL. b) Conducta de "interrogar" distinta de la de "plasmar" acontecimientos.

            a) Si bien la competencia para disponer requisas personales corresponde por regla general al magistrado; como excepción también se otorga decidir la medida a la autoridad policial, siempre y cuando se cumplan ciertos extremos contemplados en el art.184, incs. 4° y 5° del C.P.P., como ser la existencia de motivos vehementes que autoricen a presumir que el sujeto porte elementos de interés o útiles a la pesquisa, por razones de urgencia que no aconsejen posponer la diligencia; medidas éstas sujetas al control judicial y tendientes a preservar el debido respeto de las garantías individuales. (*)

            b) En cuanto a las atribuciones que le competen al personal policial, cabe hacer la distinción entre dos conductas bien diferenciadas, la de "interrogar", vedada por el art. 184, C.P.P., y la de "plasmar" toda circunstancia ocurrida dando fe de su existencia, siendo su incumplimiento pasible de reproche penal.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Barbarosch, Valdovinos- (Instr. 33, sec. 169)

c. 3.884, AGUIRRE, Oscar B. y otros

Rta: 29/11/95.-

Se citó: (*) Cám. Nac. de Casación Penal, Sala II, c.118, "Gutiérrez, Víctor W.", rta: 3/6/94, en Cám. Nac. de Casación Penal, Bol. de Jurisp. N° 2-b/94, pág. 11.

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ROBO. Configuración. Medidor de gas: alteración. Exclusión del delito de estafa.

                        Configura el delito de robo, la conducta de quien, por intermedio de un tercero, hizo dañar el medidor de gas colocado dentro de su comercio, de modo tal que aquél quedó trabado, sin funcionar, tras alterarse su contador a cifras de consumo inferior al de la facturación anterior. La tipificación del delito de estafa, resulta improcedente, pues si bien es factible su configuración por medio de dichos medidores, en este caso no se han dado maniobras ardidosas, capaces de inducir a error a la empresa prestataria por medio de su empleado, sino que directamente se ejerció fuerza sobre el aparato anulando su funcionamiento; fue como si el acusado, al haber anulado el medidor, hubiera tomado el fluido directamente de la cañería, y como medió fuerza en las cosas para el logro del dicho apoderamiento, la conducta encuadra en la figura del delito de robo de energía, tal como denomina la ley civil a las cosas inmateriales a partir de la disposición que, como 2do. apartado del art. 2.311 del Código Civil, introdujo la ley 17.711.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini, Rivarola, Donna- (Sent. "Z", sec. 45)

c. 44.459, DIAZ LEDO, Pedro

Rta: 4/10/95.-

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ROBO. AGRAVADO. EN POBLADO Y EN BANDA: Tentativa. Interrupción del curso de la acción: intervención policial. Tentativa inidónea: improcedencia.

            La imposibilidad de consumar el delito de robo en poblado y en banda, por la presencia predispuesta de la policía, no comporta un supuesto de tentativa inidónea, pues los medios asegurativos permanentes o transitorios, puestos para impedir la consumación de delitos o para crear datos probatorios, no excluye jamás la idoneidad de la tentativa y su punibilidad; sino que por el contrario, el delito no fue consumado, debido a que el personal policial detuvo el curso de la acción que, al quedar interrumpida, ha asumido la figura de tentativa, puesto que tanto desde el plan de los autores como desde el punto de vista objetivo, aquella no estaba determinada a ser puesta en descubierto.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Rivarola, Tozzini, Donna- (Sent. "C", sec. 6)

c. 44.487, GOMEZ, Jorge H. y otro

Rta: 4/10/95.-

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ROBO. AUTOMOTOR. AGRAVADO. ARMAS: Art. 38, dec.-ley 6582/58. CONS-TITUCION NACIONAL: No afectación de garantías constitucionales.

            No vulnera principio constitucional alguno la agravación de la pena para el robo de automotor con armas que fija el art. 38 del dec. ley 6582/58 ratificado por la ley 14.467. (*)

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Filozof (en disidencia), González, Gerome- (Sent. "LL", sec. 42)

c. 33.195, DE SENA, Ricardo A.

Rta: 29/12/95.-

Se citó: (*) C.S.J.N., "Pupelis, María C. y otros", rta: 14/5/91, J.A., T. 1991- III, págs. 391/407; C.N.Crim., Sala V, c. 32.215, "Almirante, A. O.", rta: 17/5/94 y c. 32.101, "Lahera, Guillermo", rta: 31/8/94.

Disidencia del Dr. Filozof: El art. 38 del dec.-ley 6582/58, agrava la sanción prevista por el art. 166 del C.P. resultando contrario a nuestra Constitución, debiendo, por ende, los hechos quedar comprendidos en la figura del art. 166, inc. 2° del C.P. (**)

Se citó: (**) C.S.J.N., M 896 XXI, "Martínez, José Agustín", rta: 6/6/89, 312:826 y S. 40 XXI, "Senseve Aguilera, Freddy y otro", 12/3/87, 310:495.

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ROBO. TENTATIVA: Persecución ininterrumpida. Dinero sustraído: utilización.

            Corresponde calificar como robo en grado de tentativa y no de consumación, el accionar de quien, tras sustraer dinero, huye del lugar, y asciende a un colectivo pagando su boleto con el dinero producto del ilícito; ello es así toda vez que el imputado fue perseguido en forma ininterrumpida, primero por el damnificado y luego por la policía, de modo que el procesado no tuvo la libre disponibilidad del objeto sino que éste seguía bajo el ámbito de custodia tanto del dueño, como de la policía que ayudaba. A mayor abundamiento cabe consignar que, si el hecho se hubiera consumado, no hubiese podido la víctima ejercer la legítima defensa, que en este caso, era todavía realizable y posible, a punto tal que la víctima estaba facultada a responder a la agresión ilegítima de la cual había sido víctima.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Tozzini, Rivarola (en disidencia parcial)- (Sent. "K", sec. 39)

c. 44.554, LAGO, Cristian A.

Rta: 24/11/95.-

Disidencia parcial del Dr. Rivarola: Existe la posibilidad de actuar en legítima defensa aun después de consumado jurídicamente el hecho que la motiva. (*)

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 44.105, "Santos, Horacio", rta: 19/7/95.-

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ROBO. TENTATIVA: Tipicidad. Art. 165, C.P. HOMICIDIO. EN OCASION DEL ROBO: Dolo eventual. Configuración.

            a) Es improcedente argumentar que el robo habría quedado en grado de tentativa al no haberse probado que los imputados se llevaron algo del lugar, pues tal como está redactado el art. 165 del C.P., se requiere que el homicidio se produzca con motivo u ocasión del robo, por lo que, producido aquél, la norma prohibitiva queda completada, al margen de que el robo se halla o no consumado. (*)

            b) Constituye el delito tipificado en el art. 165 del C.P., la conducta de quien, en el domicilio donde se perpetró el robo, da muerte a uno de los habitantes a causa de su resistencia, es decir, que puesto el fin, y presentado el escollo, actuó con dolo eventual, prefiriendo darle muerte, aceptando seguir con su conducta aunque tuviera que matar.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Navarro, Filozof- (Sent. "W", sec. 32)

c. 44.357, LESCANO, Luciano R.

Rta: 12/10/95.-

Se citó: (*) Núñez, Ricardo, "Derecho Penal Argentino", Bibliográfica Omeba, T. V, pág. 231; Creus, Carlos, "Derecho Penal", Parte Especial, Ed. Astrea, T. I, págs. 452/3; C.N.Crim., Sala I, c. 40.149, "Campos, Néstor U.", rta: 31/12/91, publicado en Bol. Int. de Jurisp. N° 5/91, pág. 417.

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SECUESTRO EXTORSIVO. a) Configuración. Desplazamiento del tipo del art. 142 bis, C.P. Relación de especialidad: "lex specialis derogat generali". b) CONCURSO IDEAL: Lesiones graves.

            a) La conducta de quien priva ilegalmente de la libertad a otra persona, con el fin directo e inmediato de afectar la propiedad de la secuestrada y de sus hijos, mediante la obtención de un pago por la liberación de aquélla, configura el delito tipificado en el art. 170 del C.P., por ser más específico que el tipo genérico del 142 bis del mismo cuerpo legal, pues el primero contiene elementos especificadores de lesión predominante al bien jurídico de la propiedad, aunque este perjuicio se logre por medio de vulnerar el bien jurídico de la libertad individual. Entre los arts. 142 bis y 170 del C.P., media una relación de especialidad, que está dada sobre todo por la finalidad tenida en mira por el sujeto activo, la cual en los delitos contra la libertad personal resulta impulsada por la voluntad de obligar a la víctima, o a un tercero, a hacer o tolerar algo en contra de su voluntad, para obtener un lucro o beneficio -como el cobrar por hacer menos gravosa la detención-, o hacer trabajar a la persona en provecho del agente o de un tercero (*), que sea totalmente ajeno al propósito que, en cambio, es específico del secuestro extorsivo prohibido por el art. 170, cual es el de obtener rescate -precio o valor económico- por la liberación del rehén, afectando así, la propiedad de éste o de un tercero.

            b) Las lesiones graves inferidas al sujeto pasivo, concurren en forma ideal con el secuestro extorsivo de que fue víctima, puesto que las mismas no fueron infligidas mediante una voluntad autónoma con respecto a la del secuestro -como hubiese sido la de aprovechar la situación fáctica creada por la privación de libertad para golpear corporalmente o violar a la víctima secuestrada (**). Las secuelas psíquicas son prácticamente coetáneas de la consumación y casi inherentes a este delito, aunque también, y en el moderado trastorno en la marcha, que ocurrió como consecuencia de la necesidad de asegurar a la víctima y, de este modo, lograr la continuidad del delito permanente hasta el logro efectivo del rescate.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Tozzini, Donna (en disidencia parcial), Rivarola- (Sent. "W", sec. 32)

c. 44.283, PUCCIO, Arquímedes R. y otros

Rta: 21/11/95.-

Se citó: (*) Núñez, Ricardo, "Derecho Penal Argentino", Bibliográfica Omeba, 1967, T. V, pág. 275 y Gómez, Eusebio, "Tratado de Derecho Penal", Cía. Arg. de Editores, 1940, T. III, pág. 345. (**) Maurach-Gössel-Zipf, "Derecho Penal", 1995, Ed. Astrea, T. II, págs. 568/9.

Disidencia parcial del Dr. Donna respecto del punto b): El delito del art. 170 del C.P. y las lesiones graves ocasionadas a la víctima, concurren realmente entre sí, pues los autores han actuado en forma tal que las lesiones producidas, cobran independencia respecto del hecho principal, ello es así dado que atar con una cadena a la víctima, inmovilizándola a la cama, situación ésta que le causa lesiones, eran por demás previsibles, dada la edad del sujeto pasivo. Pudiéndose observar que el hecho se hubiera podido llevar a cabo sin ningún tipo de problemas, manteniendo a la víctima en el sótano, que estaba con llave, con una mínima posibilidad de movimiento, evitándose de esa manera las lesiones luego producidas. (***)

Se citó: (***) Kindhäuser, cit. por Maurach-Gössel, par. 54, II.

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SENTENCIA. Condena condicional. Imputado: registro de una primera condena en suspenso y de una segunda de efectivo cumplimiento. Aplicación inadecuada del derecho. NULIDAD: Improcedencia. Ausencia de recurso fiscal: homologación de la sentencia. REFORMATIO IN PEJUS.

            Es improcedente la declaración de nulidad de la sentencia de primera instancia, que otorga al imputado una nueva suspensión del cumplimiento de la pena, no obstante registrar éste una primera condena en suspenso, y una segunda de efectivo cumplimiento, pues la sentencia en sí, no incurre en un vicio formal que haga a la propia estructura del decisorio, sino una inadecuada aplicación del derecho. Ello es así por cuanto, aun cuando se optara por la declaración de nulidad como medio para subsanar tamaño error, la nueva sentencia no podría agravar la situación del imputado, debido a que sólo interpuso recurso el procesado, por lo que a fin de no incurrir en la "reformatio in pejus", debe homologarse la sentencia apelada. (*)

C.N.Crim. Sala I (Def.) - Rivarola, Donna, Tozzini- (Sent. "Q", sec. 19)

c. 44.555, FERRAN, Jorge E.

Rta: 2/10/95.-

Se citó: (*) Almeyra, Miguel A., "La prohibición de la reformatio in pejus y la imposición de una pena ilegal", J.A., 1986-III-408.

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SOBRESEIMIENTO. PROCEDENCIA: Declaración indagatoria previa.

            El sobreseimiento no necesita como antecedente la declaración indagatoria del imputado -aunque ésta resultaría la vía más adecuada- siendo suficiente al efecto la existencia de una imputación dirigida a persona determinada.

C.N.Crim. Sala IV (Int.) -Navarro, Barbarosch, Valdovinos- (Instr. 10, sec. 130)

c. 3.564, CONDOMI ALCORTA, Roberto

Rta: 5/10/95.-

Nota: Ver en contra, C.N.Crim., Sala VI, c. 2.928, "Peralta Ramos, Fernando", rta: 3/10/95.-

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TESTIGO. Declaración por la que resulta imputado. PRUEBA: Ilegal. ABSOLUCION.

            Corresponde absolver a la imputada en base a que ésta declaró como víctima en la causa seguida a su marido, y por ende, como testigo resultando posteriormente imputada por sus propias declaraciones, a partir de las cuales se llegó a la conclusión de que ella también era autora de los hechos que se imputaban a su pareja. Ello es así, puesto que no consta que se le hayan hecho saber sus derechos -nombrar abogado defensor, abstenerse de declarar- por lo que colocada así, ya sea por su torpeza procesal, ya sea por su forma de ser interrogada por la policía, lo cierto es que la imputada queda en estado de indefensión, que la lleva a declarar en contra de ella misma, o lo que es más grave, a mentir como testigo. Al haber sido la prueba de esta causa, obtenida con respecto a la imputada, de manera ilegal, esto es en violación a garantías constitucionales -art. 18, C.N.- y art. 9 del Tratado de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, y siendo ésta la única prueba incriminatoria, al excluírsela, es imposible llegar a una condena.

C.N.Crim. Sala I (Def.) -Donna, Tozzini- (Juzg. de Menores 1, sec. 1)

c. 44.637, MENDOZA, Enrique H. y otro

Rta: 8/11/95.-

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USURPACION. Encargado de edificio: mantenimiento de la ocupación del inmueble pese a la extinción del vínculo laboral. Configuración.

            Constituye el delito de usurpación, al configurarse el medio comisivo del abuso de confianza por interversión de título, la conducta de quien, en su calidad de portero de un edificio, permanece en el inmueble negándose a abandonarlo, pese a la resolución del contrato de trabajo, esta circunstancia extingue para el encargado todo derecho a permanecer en la vivienda precariamente cedida por esa causa, y sin que exista derecho a retención de su parte. (*)

C.N.Crim. Sala VII (Correc.) -Bonorino Peró, Piombo- (Correc. 12, sec. 78)

c. 3.593, LUCERO, Avelino

Rta: 5/12/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Fallo Plenario,"Contarino, Mario", rto: 13/8/64, C.C.C., Fallos Plenarios, T. II, pág. 539.

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USURPACION. Encargado de edificio: ocupación del inmueble: extinción del vínculo laboral. Configuración.

            Constituye el delito de usurpación, el accionar del encargado de un edificio, que pese a la extinción del vínculo laboral con el consorcio, al cual iba anexo su derecho al goce del inmueble, mantuvo injustificadamente su ocupación, desoyendo las intimaciones que se le cursaron y despojando por abuso de confianza a la querellante, de la tenencia del inmueble referido. (*)

C.N.Crim. Sala I (Correc.) -Tozzini, Rivarola, Donna (en disidencia)- (Correc. 7, sec. 56)

c. 3.728, MORETTA, Humberto M.

Rta: 24/11/95.-

Se citó: (*) C.N.Crim., Sala I, c. 41.962, "Gusmerotti, Julio", rta: 29/4/93.

Nota: Ver en contra, C.N.Crim., Sala IV, c. 44.751, "Sambucetti, Luis", rta: 10/8/95, publicada en Bol. Int. de Jurisp. N° 3/95, pág. 166.

Disidencia del Dr. Donna: La usurpación consiste en la acción de despojar, esto es, privar de la ocupación del inmueble a su tenedor, poseedor, o cuasi poseedor, quienes deben ser reemplazados o excluidos de aquélla ocupación. Quien ya detenta o posee no intervierte el título, porque siendo ya tenedor o poseedor, no despoja.

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USURPACION. Locador: cambio de cerradura. Sustracción de objetos del interior del inmueble: ROBO: Configuración.

            Configura el delito de usurpación en concurso real con robo, la conducta de quien, en su calidad de locador, ingresa al inmueble alquilado y no sólo cambia la cerradura del mismo, sino que además, previo contrato de un flete, sustrajo la casi totalidad de la mercadería que se hallaba en su interior. La violencia empleada para ingresar al lugar, resulta distinta a la utilizada luego para efectuar el desapoderamiento de la tenencia del inmueble mediante el cambio de cerradura de aquél.

C.N.Crim. Sala V (Def.) -Gerome, Filozof, González (en disidencia parcial)- (Sent. "V", sec. 30)

c. 33.351, SZKLANNY, Margarita

Rta: 2/11/95.-

Disidencia parcial del Dr. González: El imputado actuó con dolo de usurpar y posteriormente decidió apoderarse ilegítimamente de los objetos que allí guardaba el perjudicado y sacarlos de la esfera de su custodia mediante su traslado a otro lugar, en base a lo cual no puede atribuirse a la violencia ejercida para penetrar al inmueble otra finalidad distinta, cual es la de adueñarse de los elementos en cuestión, porque ello podría implicar el desdoblamiento del hecho único en perjuicio del acusado, por lo que corresponde la calificación de hurto simple.


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