Secciones
Página Inicial
Legislación
Jurisprudencia
Doctrina
Novedades
Práctica Profesional
Proyectos de Ley
Libros Jurídicos
Eventos
Organismos Públicos
Instituciones Privadas
Educación
Servicios Pagos
Portales Jurídicos y Otros
 
 

 JURISPRUDENCIA

 RIESGOS DEL TRABAJO

AMPARO. MEDIDA CAUTELAR. LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. INCONSTITUCIONALIDAD. COBERTURA INCIERTA. CONTRATACION DE SEGUROS COMPLEMENTARIOS. SUSPENSION DE LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE PUDIEREN IMPEDIRLA

Juzgado Nacional del Trabajo nro. 37

 

Expte 21021/04

 

Autos: ASOCIACION PANADEROS DE CAPITAL FEDERAL Y OTRO C/PODER EJECUTIVO NACIONAL Y OTRO S/ACCION DE AMPARO

 

El fallo de la Corte en la causa Aquino puso en crisis todo el sistema, al  considerar inconstitucional a la ley de riesgos del trabajo para los casos en que las indemnizaciones que prevé resultan insuficientes, habilitando al trabajador a demandar a su empleador por la mayor suma que pueda corresponderle, pero no determinó la responsabilidad de las ART como aseguradoras, ni del Estado en su calidad de responsable del  sistema legal que ha fracasado.  

 

Ante la situación de incertidumbre que se ha creado, la Asociación Panaderos de Capital Federal  y su presidente sr Luis Benito promovieron  acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y la Superintendencia de Seguros de la Nación para que, mientras se dirime en otros ámbitos quiénes deben responder por esa mayor indemnización, se les permita contratar coberturas que reemplacen o complementen la actual de la ley de riesgos del trabajo ante la eventualidad de que tuvieran que afrontar el pago de las mismas.

 

La Dra Ruiz de Galarreta, jueza a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo nro. 37, hizo lugar a la medida solicitada, autorizando a los industriales del pan de la Capital Federal a contratar seguros complementarios al de las ART,  que cubran las contingencias o infortunios laborales, ordenando al Poder Ejecutivo Nacional  suspender la aplicación  de las normas que limiten o prohíban su contratación, que podrá concretarse incluso a través de aseguradoras autorizadas a operar por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Para así resolver, tuvo en cuenta la magistrada entre otras circunstancias, el carácter de pequeñas empresas de las industrias panaderiles y la imposibilidad que tendrían para afrontar el pago de hipotéticas indemnizaciones que pudieran imponérseles en el futuro. 

 

Seguidamente transcribimos el fallo:

 

JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO NRO.37

EXPTE NRO. 21.021/2004 AUTOS: “ASOCIACIÓN PANADEROS DE CAPITAL FEDERAL Y OTRO C. PODER EJECUTIVO NACIONAL Y OTRO S. AMPARO.”

Sentencia Interlocutoria Simple Nro: 900/04

Buenos Aires, 13 de octubre de 2004

Y VISTOS:

La presente acción de amparo iniciada por el Sr. Luis Benito por derecho propio, como en su calidad de presidente de la Asociación Panaderos de Capital Federal, representación que acredita con los instrumentos agregados a autos, contra el Poder Ejecutivo Nacional, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y/o demás organismos que correspondan; con el objeto de que se deje sin efecto la obligación de los empleadores que proviene de la Ley de Riesgos del Trabajo nro. 24.557, en cuanto determina que deben ser asegurados los riesgos del trabajo de los trabajadores, en forma exclusiva y excluyente, a través de una ART con sujeción a la citada norma, y en lo que atañe a los establecimientos que dicha asociación representa en la Capital Federal, incluido el del propio accionante.

Asimismo, peticionan la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de las normas de dicha ley, en cuanto a la obligación de contratar dicho seguro de riesgos en los términos y condiciones allí expuestos y que por ende, impiden la contratación, en su reemplazo o en forma adicional de otras coberturas, tanto sean con una ART o con otras aseguradoras. Para fundar lo expuesto, narran los hechos que, a sus criterios, conculcan los derechos constitucionales que detallan; haciendo especial relevancia en la falta de cobertura integral que ostenta en la actualidad tal seguro y, que, consideran, atenta contra los fines con que fue creada. De modo particular, mencionan el reciente de la C. S. J. N. in re: “Aquino”, por lo que piden, asimismo, el dictado de una medida cautelar, con el objeto de que se exima a las empresas representadas de la obligación de contratar un seguro de riesgos del trabajo conforme las pautas de la ley 24.557 y que se disponga autorizarlas a contratar, tanto con las ART o compañías de seguros generales, pólizas que contemplen dichas contingencias, incluida la responsabilidad civil. Ofrecen prueba y reservan el caso federal.

A fs. 28 / 29 obran el dictado emitido por la Sra. Fiscal.

 

Y CONSIDERANDO:

I. Que, en principio y sin que ello, implique abrir juicio sobre el fondo de la cuestión, estimo con los mismos fundamentos que vierte la Sra. Fiscal en el dictamen precedente, que el debate o meollo de la cuestión en torno al impedimento dispuesto por el poder estatal respecto a la contratación de un seguro integral o bien adicional, ameritan la vía formal escogida del amparo; ello así, ya que el proceso ordinario conspiraría por su lógica extensión, con la dilucidación en forma rápida y expedita de una cuestión que atañe, tanto a empleadores como a trabajadores, en orden a eventuales resarcimientos y responsabilidades- De lo que se infiere que estimo procedente que el marco del presente proceso siga los cauces previstos de conformidad con lo normado en el Art. 43 de la Ley Suprema y Art.  8° de la ley 16.986, que rige específicamente en la materia. Por otra parte, no puede perderse de vista que, dado los alcances de la demanda articulada, amerita la integración de la litis con la Superintendencia de Seguros de la Nación, en cuanto goza de las atribuciones que le confiere la ley 20.091 en su Art. 67 y 36 inc. 2° de la ley impugnada nro. 24.557. amén del resguardo de naturaleza constitucional que hace a la defensa en juicio. Razón por la cual, admitiré la procedencia del trámite de amparo promovido e integraré a la litis al organismo mencionado, lo que así dispongo

II. En orden a lo resuelto en el considerando anterior y, teniendo en cuenta los alcances de la demanda articulada, con la integración a la litis antes dispuesta, de conformidad con lo normado en el Art. 8° de la ley 16.986 requiérase a las demandadas Poder Ejecutivo Nacional, Superintendencia de Riesgos del Trabajo y Superintendencia de Seguros de la Nación, que en el plazo de cinco días, produzcan el informe previsto en la normativa citada, oportunidad en la que deberán ofrecer la totalidad de la prueba de la que intenten valerse, rigiendo en forma supletoria lo prescripto en el Art. 498 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a cuyo efecto, deberán librarse oficios de estilo, cuya confección y diligenciamiento, pónese a cargo de las amparistas.

III. Despejada esta cuestión y en relación a la cautela peticionada, comparto el razonamiento formulado por la Sra. Fiscal, en cuanto a que la petición de eximición de mantener la cobertura de seguro impuesta por la ley 24.557, constituiría en este estado un anticipo jurisdiccional, que coincidiría con el objeto de la demanda, lo que se encuentra vedado conforme reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por resultar el objetivo final del presente proceso y asimismo, ya específicamente en orden a los recaudos que deben reunirse en materia de medidas cautelares, sin perjuicio de que su interpretación debe ser efectuada en forma amplia, entiendo que prima-facie no se encuentra demostrado cabalmente el requisito de verosimilitud del derecho invocado. Ello no obstaculiza, al otorgamiento de una cautelar, aunque con diferentes alcances y en este aspecto, considero acertado habilitar a las actoras para contratar una cobertura se seguro adicional, suplementaria o complementaria de la establecida de la establecida en el marco de la afiliación dispuesta en su carácter de empeladotas en los términos de la ley 24.557. En otros términos, tal contratación, no implicará suplir o reemplazar en este estado del proceso, a la impuesta por las normas legales vigentes. Tal conclusión tiene como finalidad conjurar un eventual “peligro en la demora”, que pudiera producirse con motivo de una hipotética reparación posterior, no susceptible de ser afrontada por las accionantes, tomando como base, los argumentos que han esgrimido en torno a su carácter de pequeñas empresas. En consecuencia, por el presente resolutorio, es que habilitaré a los amparistas a contratar seguros que contemplen las contingencias o infortunios laborales, ya sea, a través de las propias aseguradoras de riesgos del trabajo creadas por la L. R. T. o bien a través de otras compañías aseguradoras autorizadas a operar en esa materia, dado el criterio de especialidad que debe primar en esta clase de indemnizaciones, sin eximición de la obligación que les impone la ley 24.557.

IV. Sentado ello y dado lo sugerido por la Sra. Fiscal como complemento de la cautelar otorgada en el considerando anterior, se hace necesario ordenar a las demandadas, incluida la Superintendencia de Seguros de la Nación, que mientras se sustancie este proceso, suspendan los efectos de las eventualmente vigentes directivas que limiten o prohíban la contratación de seguros que cubran indemnizaciones por daños laborales (llámense accidentes o enfermedades) con fundamento en el Código Civil y que sean – valga la redundancia -, complementarios de los reparados en el ámbito de la ley 24.557, que podrá abarcar a las propias aseguradoras autorizadas a operar en la materia en relación a la Asociación de Panaderos de la Capital Federal y al señor Luis Benito como propietario de su establecimiento panaderil sito en el ámbito de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires.

Por ello, citas legales invocadas y dictamen fiscal que comparto, RESUELVO: 1) Declarar procedente el trámite de amparo intentado en su aspecto formal, (Art. 43 de la Constitución Nacional y Ley 16.986). 2) Integrar a la litis en el carácter de demandad a la Superintendencia de Seguros de la Nación (Art. 67 de la Ley 20.091 y 36 inc. 2° de la Ley 24.557). 3) De conformidad con lo dispuesto en el Art. 8 de la Ley de amparo 16.986 requiérase a las demandas: Poder Ejecutivo Nacional, Superintendencia de Riesgos de Trabajo y Superintendencia de Seguros de la Nación, que en el plazo de cinco días, produzcan el informe previsto en la citada norma, oportunidad en la que deberán ofrecer la totalidad de la prueba de la que intenten valerse, rigiendo en forma supletoria lo dispuesto en el Art. 498 del CPCCN. Líbrense oficios de estilo, cuya confección y diligenciamiento pónese a cargo de las amparista. 4) Otorgar la cautelar peticionada aunque con diferente alcance, razón por la cual, habilitaré a las amparistas a contratar seguros que contemplen las contingencias o infortunios laborales, ya sea a través de las propias aseguradoras de riesgos del trabajo creada por la L. R. T. o bien, a través de otras compañías aseguradoras autorizadas a operar en esa materia, sin que ello implique eximición de la cobertura que les compete, de conformidad con lo dispuesto en la ley 24.557. 5) Ordenar a las demandas, incluida la Superintendencia de Seguros de la Nación, que mientras se sustancie este proceso, suspendan los efectos de las eventualmente vigentes directivas que le limiten o prohíban la contratación de seguros que cubran indemnizaciones por daños laborales de conformidad con lo dispuesto en el considerando cuarto al que me remito.

Regístrese, notifíquese y líbrense los oficios ordenados.

                                                        DRA. DELIA MARIA RUIZ DE GALARRETA

                                                                            Juez Nacional