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LA REFORMA DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO Y LA NECESIDAD DE CONTEMPLAR  SOLUCIONES PARA LOS SINIESTROS ANTERIORES A ELLA

 

Por Pedro A Prado

 

El fallo de la Corte en la causa Aquino puso en crisis el sistema asegurativo de riesgos del trabajo, al  declarar inconstitucional al art. 39 inc. 1 de la ley 24.577 para los casos en que las indemnizaciones previstas  sean juzgadas insuficientes, habilitando al trabajador a demandar a su empleador por la mayor suma que pueda corresponderle. Sin embargo, no se determinó  específicamente la responsabilidad que pueda caberles a las ART como aseguradoras, ni tampoco al Estado en su calidad de responsable del  fracasado sistema, pues no eran cuestiones materia del recurso.  

 

Y afirmamos que ha fracasado, aún cuando el fallo del Alto Tribunal rescate ciertas cualidades del mismo –que no desconocemos-,  porque el riesgo que emerge para los empleadores a partir de Aquino, contradice abiertamente el principio de indemnidad y de cobertura integral que era la esencia misma del sistema.

 

Y no vale decir que el riesgo es acotado y sólo para ciertos supuestos, pues de otro modo no se justificaría la queja públicamente expresada por la representación de las ART  en cuanto a la supuesta imposibilidad de asumir mayores responsabilidades –como  la civil- sin una previa tarifación de las indemnizaciones, por resultar imprevisibles e inconmensurables las consecuencias  de una sentencia.

 

A los fines de merituar los alcances de las necesarias reformas a introducir, es indudable que no pueden dejarse de lado los antecedentes históricos y sociales que llevaron a la sanción de esta ley, que por conocidos no vale seguir repitiendo, pero sí tenerlos presentes, dejando  al mismo tiempo a salvo de responsabilidades a las autoridades que han heredado esta situación y que tienen hoy la difícil misión de recomponer este complejo rompecabezas .

 

La cuestión a nuestro juicio excede del marco trabajador-empleador al que lo redujera la información difundida al conocerse la sentencia del caso Aquino, pues no debe perderse de vista que unos y otros fueron obligados por la ley  a someterse al sistema de riesgos del trabajo, no dejándoles otra opción. No puede entonces dejar de merituarse el papel del Estado, en su carácter de  responsable del sistema implementado y fracasado, ni tampoco el  de las ART,  que son las únicas que se incorporaron al sistema voluntariamente, conociendo que el espíritu y le letra de la ley apuntaban a brindar a los empleadores una cobertura integral, que en consecuencia les podría terminar siendo exigible, por encima de ciertas disposiciones de la ley que pudieran contradecir dicho principio, y cuya legitimidad resultaría en tal hipótesis objetable.

 

El tema tiene según se ve algunas connotaciones que lo asemejan al corralito financiero,  pues a través del sistema de riesgos del trabajo  se le garantizaba a los empleadores indemnidad y por ende cobertura integral -igual que a los ahorristas su moneda- y no parece lícito ahora que estos derechos adquiridos sean violentados, sin respetar su intangibilidad.

 

Pero es más grave aun la situación de los empleadores que la de los ahorristas, pues mientras estos últimos pudieron juzgar y decidir si depositaban o no su dinero en el sistema financiero, los empleadores ni siquiera  tuvieron esta alternativa, pues la ley los obligó a asegurarse en forma exclusiva y excluyente en el sistema de riesgos del trabajo, afectando así  la libertad de contratación y de elección que  a todo individuo le garantiza  nuestra Constitución.

 

En este último aspecto, no puede dejar de recordarse que cuando se implementó la ley de riesgos del trabajo se señaló que la afectación de estos derechos individuales de los empleadores -que algunos invocaron- no los perjudicaba, en la medida que si bien no tenían la opción de elegir otro seguro, el sistema les garantizaba una cobertura integral. 

 

Siendo así, resulta hoy impensable que los empleadores, que fueron obligados a tomar este seguro que los cubría integralmente de los riesgos del trabajo, puedan ser considerados únicos responsables frente al trabajador del pago de las mayores indemnizaciones a que éstos pudieren tener derecho.

 

Y no se trata ciertamente de expresiones en abstracto, siendo que los tribunales de trabajo de todo el país están plagados de demandas contra empleadores, basadas en la misma invocación de  inconstitucionalidad de la ley de riesgos del trabajo declarada por el Alto Tribunal, sin contar con las que seguramente se iniciarán a instancias de dicho fallo, y que por sí solas son generadoras de elevados costos para la Justicia y para los demás involucrados, en especial el sector empresario, más allá del monto de las condenas extra-sistema  que generen los casos que puedan prosperar, y que está por verse aún quien  o quienes  terminarán  absorbiendo.

 

En este sentido en los tribunales está  planteada por algunos empleadores -en pleitos promovidos por trabajadores- la inconstitucionalidad de la LRT en cuanto a las normas que limitan la responsabilidad del sistema, en procura de  la cobertura integral que emerge de la ley.  Es probable que ahora, ante el fallo Aquino, éste u otros planteos que sean derivación del mismo se multipliquen, incluso en procesos en trámite,  pues en principio  pareciera no haber trabas para su introducción  por la vía incidental. Sobre el punto tiene dicho la Corte que .”el cuestionamiento debe hacerse en la primera oportunidad que brinda el procedimiento” Fallos 267:119 y 267:427 y E. 173. XXIII, idem Fallos 314:313,  y 316:361. También hay quienes ya estudian aceleradamente  otras alternativas, como demandar e incluso citar como tercero al Estado a los procesos, amén de las acciones contra las ART en los términos del art. 1074 del Código Civil, sobre cuya procedencia hay ya fallos de Alzada, y que se están generalizando como un atajo para hacerlas directas responsables de las indemnizaciones derivadas de los infortunios laborales.  .

 

En este complejo y desordenado contexto,  creemos imprescindible que a la reforma legislativa -hacia delante- se le sume -hacia atrás- una solución adecuada a los siniestros anteriores a ella, que contemple y satisfaga la cobertura prevista en la LRT, lo que además de ser un acto de justicia, evitaría también las disputas entre empleadores, ART y el propio Estado para dirimir quien o quienes deben en definitiva en cada caso responder por las  mayores indemnizaciones que puedan  eventualmente corresponderles  a los trabajadores