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Reproducimos este interesante trabajo publicado en el Periódico Económico Tributario de fecha 27/6/01 que edita La Ley SA

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"Han quedado atrás las épocas en que el Monarca gastaba a su libre jubileo, los esfuerzos de aportes que se imponían al vasallo. Hoy, el respeto al ciudadano tiene tanta jerarquía como el respeto al Estado, es decir, sólo puede existir sanción en el campo tributario cuando existe una fundada ofensa a la ley , pero no cuando la dicha ofensa opera como una medida de protección al despilfarro del gobernantes."

"Es una vana esperanza creer que se puede anidar en la conciencia de los gobernantes actuales el espíritu de Alberdi, y del resto de los constituyentes patrios. Hoy aquellos gigantes del hacer nacional, llorarían desconsolados ante el manoseo y violación que los "economistas-politicos" de turno se suponen autorizados a realizar sobre el orden constituido desde antaño."

"Ante tan cruel realidad, son se puede pedir que el derecho penal sea el freno para moralizar solamente al contribuyente; olvidar esto es consentir la corrupción pública, la que es más dañina que la que proviene del sector privado."

 

LAS CONDUCTAS PUBLICAS CORRUPTAS COMO INCENTIVADORAS DE TRANSGRESIONES ECONOMICAS DE REPERCUSION TRIBUTARIA.

por VICENTE O. DIAZ

  1. I. Es imposible contradecir que, en una sociedad democrática, el objetivo básico del derecho penal es la protección eficaz de ciertos valores e intereses fundamentales de orden social, que cuentan con un amplio y significativo consenso comunitario; pero no corresponde al derecho penal la asignación de otras funciones que pueden estar debidamente cubiertas y protegidas por las restantes ramas del derecho.

Entre aquella protección se encuentran las conductas que contradicen el deber de aportar al sostenimiento de la sociedad; sin embargo, ello no puede ser calificado a la ligera sin considerar, a su vez, la conducta del gobernante en el destino dado a los fondos recaudados coactivamente.

De resultas, el análisis de toda política criminal requiere indagar en los presupuestos básicos de racionalidad en que aquella se asienta, más si se trata de criminalidad conductas tributarias, a las que una corriente doctrinaria las califica dentro de los delitos no convencionales.

Estoy convencido de antemano de que la racionalidad que exige toda política criminal no es la "racionalidad" que pregonan determinados ineficientes gobernantes, o sus administradores tributarios, y prueba de ello se encuentra en los ejemplos que muestran hoy en día ciertas unidades políticas.

También estoy convencido de que incentivar desde afuera la prepotencia administrativa como método de recaudación; los "consejos" que se brindan instando hacia la falta de respeto a la ley por parte del organismo de recaudación, el intentar hacer de la Constitución Nacional una figura decorativa tan solo para "adornar bibliotecas", el gobernar por la vía de "necesidades y urgencia"en el campo tributario, la agraviante e inconstitucional delegación legislativa de atribuciones tributarias no delegables al Poder Ejecutivo transformando en el poder del "principe"sin más control efectivo que su propia voluntad, hace que todo ello forme un bloque de violaciones sociales que le quitan toda autoridad, no sólo legal, sino moral a la Administración para expresar quejas cuando fallos ejemplares ponen coto a tales dislates jurídicos y se los hace conocer públicamente como alerta a favor de la sociedad.

El vivir en un Estado de derecho exige primero respetar para luego exigir respeto, y no resulta principio de la buena fe que debe reinar el cometido de la Administración que el gobernante de turno se "asocie"a los negocios del administrado y que la propia autoridad pública "dibuje"figuras tributarias exonerativas o minimizadoras para descargar la carga fiscal del contribuyente "asociado de imperio" al burócrata.

El dilema de la punición tributaria tiene más identidad, para su configuración, que la que le asignan excesivas leyes penales, nacidas en su mayoría para suplantar o disimular las fallas de actuación del poder político, administrando los recursos públicos.

A esto último, Herbert Packer le asigna el carácter de hipocresía , reñida con la moralidad, y sobre todo, falta de la absoluta neutralidad y de la "última ratio"que debe regir en la materia penal.

La configuración de un falso "bienestar social" a proteger, que se apoya sólo en un apetito de tinte político puro, no es el bienestar al que le debe brindar tutela el derecho criminal, dado que ello no se inserta en el principio retributivo no regabilitorio, ni nada que se le emparenta.

No estoy negando, ni podría hacerlo, que conductas de gran relevancia, constitutivas de fraude tributario deben estar afuera de toda reprimenda penal. Lo que estoy alertando es que la racionalidad de la ley criminal debe medir la real intensidad de la ofensa, por ser ésta la primera norma a conjugar, en tanto que dicha ofensa merezca la debida reprobación social.

Sólo esto último actúa como justificación de la pena criminal, lo cual, sin lugar a dudas , desplaza a la pseuda "racionalidad" anidada, por lo general, en la mente de gobernantes y asesores economistas de turno.

Si asigno importancia, e insisto en la precitada racionalidad, lo hago basado en la experiencia de criminalización tributaria que se observa en determinados países, lo cual resulta sumamente ilustrativo para extraer conclusiones.

La prudencia del legislador, sin traspasar los límites que justifican la sanción criminal, y buscando tan sólo la rehabilitación de las conductas disvaliosas, deben ser reglas a adoptar en nuestra definición.

Así corresponde porque si bien la administración tributaria dispone de un poder importante para cumplir el cometido a su cargo y evitar fraudes , no existe antimonia entre fiscalidad y derechos del hombre, donde estos últimos tienen como objetivo intransable preservar equitativamente la propia dignidad humana de los ciudadanos en el juego de los principios individuales, como representan ser.

Se debe recordar que no existe un Estado absoluto erigido en fin en sí mismo donde la pena es un instrumento tendencialmente ilimitado de sometimiento de los súbditos, porque de así aceptarse, lamentablemente deberíamos admitir que lo que se pretende es instalar el "terror penal".

De lo que antecede puedo extraer que la "defensa del ordenamiento jurídico"’ por intermedio de la criminalización tributaria no es tan sólo un problema de prevención especial, sino de la valorización de la gravedad del hecho; teniendo presente para ello, la posible existencia de normas dudosas o socialmente injustas en el contexto legal, entre uno de los supuestos a tener en consideración, a los fines de definir la política criminal.

Mientras tanto no se ajuste la presión fiscal y la transparencia del gasto público, el derecho penal tributario no dejara de ser una pieza inidónea que puede llegar a conseguir un "conductismo" por miedo a la Justicia, pero nunca una maduración de la conciencia ciudadana en materia fiscal.

II. Cuando se insiste de sobremanera en la necesidad de criminalizar a todo trance las conductas tributarias, se debe mirar en el espejo del destino dado a los fondos públicos por el poder político.

Sólo dicha comparación y meditación nos permiten obtener conclusiones válidas en su integridad, entendiendo que políticas corruptas en el uso de los recursos públicos, carecen de la suficiente autoridad moral para calificar de criminales tributarios a los ciudadanos.

Es imposible ignorar que las corrientes de opinión más científicas y modernas, en especial en el continente europeo, prestan hoy en día singular atención a las posibles conductas del poder público que pueden generar incentivos a las evasión fiscal mediante el ejercicio de políticas corruptas en la aplicación de los recursos públicos obtenidos por la vía tributaria.

Bajo tan calificada advertencia corresponde tener presente que las decisiones sobre el gasto público, a través de la creación de cuentas extrapresupuestarias, creadas para reducir los controles políticos y administrativos, alimentan las conductas evasivas tributarias de la población.

Ello hace poner especial énfasis en que los gastos públicos, excesivos y crecientes y el clientismo político de los gobernantes en el poder, despilfarrando los recursos públicos, actúan como un detonante incentivador de la evasión tributaria, lo cual también es calificado como de corrupción política.

No puede haber política tributaria creíble en nuestro continente sin castigo ejemplar de la evasión, pero también, sin erradicar la corrupción de políticos avezados en dicho arte; la deshonestidad y la ineficacia para que la administración de cada peso fiscal, rinda la máxima productividad en términos sociales y de desarrollo humano.

Autores calificados asignan, entre las causas de la evasión, a la mala imagen del Estado y de políticas corruptas, lo que se denomina causas políticas o estructurales de aquella.

Una política pública despilfarrando los recursos genera a la postre, creando más y más impuestos, una falta de justicia en la medición de la verdadera capacidad contributiva poblacional, lo cual propicia toda clase de resistencia fiscal, sobre todo, cuando la ficha capacidad pretendida en gravabilidad tiene como único objetivo financiar gastos antisociales.

El ejemplo de los objetores de conciencia existentes en la época de 1970 en EE.UU. y con posterioridad en Italia, acerca de su negativa a prestarse a financiar vía impuestos, gastos calificados antiproductivos socialmente, es un antecedente imposible de ignorar.

El aumento del gasto público a moneda constante, fundado en intereses políticos y burocráticos, lo que hace realmente es monetizar el código penal para la variable ingresos, lo que genera el riesgo, por parte de la autoridad pública, de iniciar procesos penales que sólo aspiran a recaudar la deuda y no a penalizar una conducta disvaliosa penal.

El funcionamiento de un sistema tributario no puede ser sustentado en la sola eficacia represiva de la sanción, dado que se debe tener en cuenta a dicho efecto la presión tributaria y la correcta y eficiente gestión de la cosa publica como elementos que inducen al fraude fiscal.

El deber de todo ciudadano de aportar al sostenimiento de la sociedad y del propio sistema democrático encuentra como correlato la inexcusable exigencia del ejercicio de políticas públicas en el gasto, transparente, eficiente y alejado del favoritismo del burócrata de turno.

Sólo cuando el gasto público traduce un auténtico bienestar social, el gobernante se encuentra moralmente legitimado para perseguir las conductas de los que se evaden a sostener la variable ingresos del Estado.

Han quedado atrás las épocas en que el Monarca gastaba a su libre jubileo, los esfuerzos de aportes que se imponían al vasallo. Hoy, el respeto al ciudadano tiene tanta jerarquía como el respeto al Estado, es decir, sólo puede existir sanción en el campo tributario cuando existe una fundada ofensa a la ley , pero no cuando la dicha ofensa opera como una medida de protección al despilfarro del gobernantes.

Si olvidamos lo que antecede cedemos la honra humana al capricho del gobernante. Una vez más no niego que las conductas del administrado deben ser apropiadas en su transito en sociedad; que sus alzamientos a tal mandato deben ser penalizados; empero, condiciono esto último a comparar la conducta desplegada por el poder público en el uso de los recursos obtenidos vía impuestos, visto que si esta última es corrupta o de favoritismo partidario, falta el sustento ético para sancionar al contribuyente.

Como bien sostiene David Lyons, la inmoralidad del gobernante hace a sus leyes represivas también inmorales e irracionales, y cuando la Justicia desnuda dicha falencia, la sociedad tiene el derecho de conocerlo.

La corrupción política es todo lo contrario a lo que pregona un sistema gobernado para sustentar el desarrollo humano. Cuando el gobernante toma para sí y no para el bienestar colectivo los recursos que produce el esfuerzo poblacional, se puede afirmar que no gobierna sino que corrompe el esfuerzo social.

Por ello, cabe afirmar que la corrupción es un síntoma que delata el gerenciamiento de la cosa pública; y crea una discordia en las relaciones entre ciudadanos y gobernantes que no se puede cicatrizar imponiendo penas a quienes no contribuyen a alimentar la corrupción.

Las elites políticas que crean normas elusivas, que son a la postre el soporte de la corrupción, carecen de todo atributo ético y moral, para enfatizar en cuanta ocasión pueden, que el problema fiscal es tan sólo un problema de la variable recaudación tributaria.

La Argentina vive un agregativo de corrupción; que se alimenta de la subsiguiente etapa de gerenciamiento público. Cada vez que el gobernante de turno, sin excepción, ha intervenido en la economía y en la actividad social, so color de proteger la propiedad y los derechos personales, lo que en realidad se ha efectuado es poner en práctica un mercado que agota su cometido con moneda de corrupción.

El sistema impositivo criminalizado o no, es impotente, y por ende no sería moral para solventar los crímenes políticos de mercado; los incentivos "partidarios", las concesiones de influencia; los permisos de actuar fuera de las normas de mercado; los bajos costos de preferencia "política" para realizar negocios... etc.

No se puede recurrir a una penalidad tributaria sin ton ni son para operar como una fuente alimentadora de la influencia política en el destino indebido del gasto publico.

El Gobierno no puede imponer regulaciones, impuestos y crear leyes de ofensa penal par solventar el costo de la corrupción burocrática

El impacto económico de la corrupción pública, genera un Estado ineficiente, cuyas distorsiones se generan en la propia corrupción. Es una utopía pretender formar conciencia tributaria cuando el sujeto tributario ve pasar por ante su presencia una tolerada corrupción local.

Es imposible intentar hacer absorber el costo de la corrupción pública a la vía impositiva, porque a la postre dicha corrupción genera una pobreza poblacional.

La corrupción reduce los ratios del crecimiento económico; premisa que en nuestro país no admite idea en contrario. La permisiva corrupción es señal de una función de pobreza; donde los actores del mercado ante este panorama, desprotegidos de todo lobby, capturan para sí el impuesto en salvaguardia del daño que genera la corrupción.

Un país es pobre cuanto mayor es el índice de corrupción; y va de suyo que la pobreza no es un signo objetivo de capacidad contributiva. Cuando se alcanza un alto nivel de corrupción pública; ésta, potencia la resistencia fiscal, en cuyo alcance los pobres soportan la disminución de las mínimas prestaciones de subsistencia social por parte del Estado.

Ante tal realidad, la provisión por parte del Estado de bienes públicos se hace ilusoria, lo que se intenta "justificar" a nivel político agitando el slogan de la evasión fiscal.

El uso de dicha pancarta es una mentira absoluta, porque a través de la misma se intentan ocultar los verdaderos efectos de la corrupción burocrática.

De todo ello se arriba a considerar que si los índices de corrupción pública no son atacados y eliminados en su total dimensión, existiría complicidad legislativa en toda pretensión acerca de crear nuevas formas impositivas y su persecusión penal para mantener los niveles de corrupción.

Como se expresa en el Papel de Discusión N*3 de las Naciones Unidas, todas las formas de corrupción del poder político, sus favoritismos a precio disinulado, son signos de un gobierno perverso en el manejo de la cosa pública.

A la postre la corrupción pública como signo inequívoco de fraude arbitra en la economía de transgresión e induce a la transgresión del sector privado en defensa de sus intereses.

Si el impuesto es el precio de vivir en sociedad, debe recordarse que el individuo merece el debido respeto para no ser arrojado a la hoguera en intento de salvación de los políticos.

Existen aún sutiles formas que llevan al final de su recorrido a estamentos de corrupción o favoritismo político, So color de mencionar metáforas de "competitividad" no es tolerable que los que gozan del privilegio del lobby o "fuerzas del mercado" sean rescatados de la hoguera tributaria dejando indefensos en dicho holocausto a quienes no gozan del favor político.

Se debe teminar con los mitos acerca de que el deber de contribuir no esta atado a la decencia del gasto publico . Solo los que se inscriben en la teoría de las dictaduras matemáticas sustentan dicha premisa; empero en una visión del mundo moderno donde impera la ética en el ejercicio de la función pública es posible bajar considerablemente los ratios de incumplimiento tributario dando ejemplo el gobernante en el ejercicio transparente de la requerida decencia republicana.

A una exigida y necesaria transparencia fiscal del administrado se le debe exigir en forma previa e inexcusable una absoluta transparencia en el accionar del gobernante en la cosa pública.

Mientras existan privilegios disfrazados de orden tributario del sector público a favor del sector de los "amigos" del mercado, todo ello bajo creaciones gramaticales ingeniosas, la corrupción del gobernante seguirá su curso.

Es una vana esperanza creer que se puede anidar en la conciencia de los gobernantes actuales el espíritu de Alberdi, y del resto de los constituyentes patrios. Hoy aquellos gigantes del hacer nacional, llorarían desconsolados ante el manoseo y violación que los "economistas-politicos" de turno se suponen autorizados a realizar sobre el orden constituido desde antaño.

Ante tan cruel realidad, son se puede pedir que el derecho penal sea el freno para moralizar solamente al contribuyente; olvidar esto es consentir la corrupción pública, la que es más dañina que la que proviene del sector privado.

No es de fácil solución la tesis que expongo, más cuando la mayoría de la población portadora orgullosa de ser nacional no tiene lobby de "mercado" que la represente.

Esa gran porción de población, silenciosa y pacifica, es víctima sistemática de las políticas publicas corruptas y del estigma penal que el legislador le asigna por no alimentar coactivamente el fondo financiador de corrupción.

Serán capaces los Jueces de la Nación de erigirse en árbitros de esta objetiva discordia social?.